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El 8 de abril por la mañana la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) citó al Estado argentino, a petición de varias organizaciones de la sociedad civil, a raíz de las afectaciones al derecho a la libertad de expresión por parte del gobierno de Mauricio Macri con sus decretos que modificaron el marco regulatorio previo de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones. El video y la síntesis de la reunión dan cuenta de las perspectivas presentes en el encuentro. En este post también se incluyen los primeros balances públicos de los actores presentes en la audiencia y el comunicado posterior de la CIDH.

fono Dali

 

En la audiencia se expusieron los argumentos de los peticionantes, que mostraron y ejemplificaron regresiones a partir de la adopción de los DNUs en el sector de los medios, y las respuestas del gobierno, que se limitó a criticar el desempeño de los gobiernos kirchneristas y a prometer una futura ley que repararía, hipotéticamente, algunos de los abusos enunciados. A continuación se presenta el video de la audiencia pública, un comunicado del CELS, una de las organizaciones que formularon la petición ante la CIDH, un resumen de Observacom y los primeros balances de la Coalición por una Comunicación Democrática y del gobierno nacional.

Video de audiencia pública en la CIDH (Washington):

 

Comunicado del CELS:

Audiencia sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Ante la Comisión Interamericana el Estado no respondió sobre el impacto de los decretos en la concentración de medios

 

Hoy, el CELS, la Coalición por una Comunicación Democrática, representantes de medios comunitarios, cooperativos y comerciales, universidades y especialistas en políticas de comunicación expusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los efectos de los decretos que reformaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Las exposiciones de los representantes del Estado argentino evaluaron la gestión del gobierno anterior y plantearon un futuro escenario de diálogo pero no respondieron sobre la afectación de derechos que ya está ocurriendo.

Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer” y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.

Horacio Verbitsky, presidente del CELS, afirmó que “con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”. Verbitsky también se refirió a los efectos de la reforma de la LSCA en el ejercicio del derecho a la comunicación: “El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.”

Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación, recordó que “la Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración” y remarcó “que la concentración excesiva de la palabra es una antítesis de la democracia”. Becerra también afirmó: “la Argentina exhibe altos niveles de concentración. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. En la televisión de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares accede a la tv, casi el 70% de los abonos está controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto, potencian la concentración. La audiencia tiene por propósito examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y que es preocupante no sólo porque agrava el problema de la concentración sino, además, porque decretó con la creación del ENACOM una completa gubernamentalización de la aplicación de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.

Damián Loreti, secretario del CELS y representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, afirmó que tanto la creación de una autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo y sin ningún ámbito de participación de los actores de la comunicación como quitar la televisión por cable de los servicios regulados por el Estado y la consiguiente eliminación de la obligación de los cables de transmitir señales producidas por terceros (must carry) son contrarias a los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Daniel Badenes, en representación de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Red de Carreras de Comunicación, relató que los decretos desplazaron a las universidades de todos los espacios de toma de decisiones sobre el sistema de medios, tanto del directorio del AFSCA como del Consejo Federal. Se pasó de una autoridad de aplicación plural, integrada por representantes de diversos sectores, a una representación en la que, de los siete integrantes del directorio, cuatro son nombrados a discrecionalidad por el Poder Ejecutivo y de los tres designados por el Congreso, uno es integrante por el oficialismo y solo dos por las minorías. Además, pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo en forma directa, eliminando las garantías de independencia.

Néstor Busso en representación de las radios comunitarias, populares e indígenas, afirmó que “mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión –abierta y por cable- están demorados”. Busso también destacó que “la declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión de 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión recomienda a los Estados: ‘Crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos’. Ese marco jurídico existía en la Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión”.

Osvaldo Francés, en representación de los radiodifusores privados, afirmó que “la nueva reglamentación hace desaparecer en los cableoperadores la obligación del must carry. Esta situación conlleva a la desaparición de estos canales locales y la pérdida de fuentes de trabajo en el corto plazo, hechos que ya se está produciendo”.

Oscar Nocetti, cooperativista, destacó que los decretos “desguazan el carácter antimonopólico de la ley. Les han quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que les impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Esos decretos afectan nuestros derechos económicos y nuestros derechos culturales. Quiebran con nuestra concepción de que la comunicación es un derecho humano y quitan voz a las comunidades que se dignifican a través de sus cooperativas”.  La eliminación de la regulación de los cables también afecta a los canales universitarios, como lo señaló Badenes en su exposición.

Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús, resumió el petitorio a la CIDH en el cual las organizaciones pidieron que se solicite al Estado argentino la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones y cumplan con los principios de protección de la libertad de expresión, entre otras cuestiones disponibles.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edizon Lanza manifestó su preocupación por determinados aspectos de los decretos. Sobre el ENACOM, el Relator afirmó que su composición y atribuciones “prima facie, como está hoy diseñado, no cumpliría con estos estándares [de libertad de expresión], debido a que debe estar blindado de toda injerencia política o económica”. Lanza también se refirió a “la preocupación especial que tiene la Relatoría, la Comisión y la Corte [Interamericana] que acaba de decir en la sentencia del caso de RCTV que la búsqueda de la diversidad y el pluralismo es una finalidad imperiosa también, y una obligación de los Estados. Particularmente nos preocupa la obligación que tiene el Estado de facilitar el acceso a todas las plataformas, más allá de que sean convergentes o no, de todos los medios de comunicación, sean estos comerciales, públicos o comunitarios. En ese sentido, el tratamiento que se le da actualmente a la televisión por suscripción en Argentina, que es muy importante porque el 83% de la población tiene acceso a la televisión por suscripción, y la desaparición de las reglas del deber de transmisión pueden afectar justamente a algunos sectores de la comunicación”.

La mayoría de las intervenciones del Estado argentino fueron para relatar episodios y decisiones del gobierno anterior más que para responder a las denuncias sobre la afectación de derechos ocasionada por los decretos que crearon un escenario difícil de revertir. Los representantes del Estado afirmaron que la futura regulación del sistema de medios contemplará principios de pluralismo, diversidad y participación social acordes a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Tal como quedó expuesto en la audiencia, no es eso lo que ha ocurrido en sus primeros cuatro meses de gestión.

Centro de Estudios Legales y Sociales

Resumen de Observacom:

Sociedad civil denuncia ante la CIDH por cambios a Ley Audiovisual. Gobierno promete “nuevo marco regulatorio acorde con el derecho internacional”

8 de abril 2016
Con exposiciones desencontradas entre los representantes de la sociedad civil y los representantes del Estado argentino se desarrolló la audiencia pública sobre “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”, que se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 8 de abril.
Los peticionarios centraron sus exposiciones en denunciar los efectos al acceso, la diversidad y el pluralismo del decreto de necesidad y urgencia (DNU N°267/15) aprobado por el nuevo gobierno argentino presidido por Mauricio Macri y reclamaron a la Comisión solicite al Estado el “apego a los principios interamericanos de democratización de los medios, pluralismo, diversidad, no concentración, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual”, que “repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados”, que “acepte el asesoramiento técnico ofrecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la reciba en visita oficial” y que “garantice la transparencia, participación plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación”.
Las nuevas normas “obstaculizan la competencia y potencian la concentración” fue uno de los efectos señalados por el investigador Martín Becerra, quien indicó que casi el 40% de las licencias de TV están en manos de dos grupos económicos y que el 83% de los hogares del país reciben TV de pago, de los cuales casi el 70% está controlado por dos grupos”.
Por su parte, Damián Loreti, Secretario de la Comisión Directiva del CELS y Vicepresidente la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) explicó que el decreto -validado recientemente por la cámara de Diputados- violenta tres estándares internacionales. En primer lugar, la autarquía de la autoridad de aplicación, ya que se estableció al Ministerio de Comunicaciones como titular de derechos de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (COFECA), cuya composición incluía distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades, entre otros. En segundo lugar, Loreti precisó que se viola la obligatoriedad de reglas de “must carry” al determinar que las empresas de TV por cable sean consideradas como servicio de telecomunicaciones, por ende no están obligadas a transportar señales de terceros, lo cual vulnera las condiciones de acceso de la población. Por último, aludió al principio de legalidad de la medida regulatoria, ya que se modifica una ley aprobada por el Congreso mediante un decreto presidencial.
Por su parte, Daniel Badenes, Presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) se refirió al impacto que la normativa tiene para las universidades. “La nueva conformación de la autoridad regulatoria excluye por completo representación universitaria”, explicó. Además señaló que el mecanismo de prórrogas automáticas de las licencias tiene impacto en los proyectos de radio en universidades y dificulta el desarrollo uso del 33% del espectro atribuido a organizaciones sin fines de lucro por la Ley SCA. En una dirección similar, Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), afirmó que con la disolución del COFECA “hay más de 200 concursos pendientes de resolución…180 radios censadas esperan tener sus licencias para ocupar el espectro como plantea la Ley”.
Durante la audiencia, los representantes del Estado refirieron a su percepción respecto del escenario en materia de libertad de expresión previo a la asunción del nuevo gobierno y las medidas adoptadas con posterioridad. “Desde 10 de diciembre, la confrontación con el periodismo ha terminado en Argentina”, afirmó Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, quien además resaltó el “compromiso de Mauricio Macri para restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país”.
En un sentido similar, Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la CIDH, manifestó que “es esencial ver el contexto en el cual se producen las violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión… que llevó al actual gobierno a cambiar prácticas”. Luego detalló distintos ejemplos tomados del reciente Informe 2015 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión en la que se consignaron campañas de persecución a medios y periodistas, discrecionalidad en el reparto de la publicidad oficial y uso indebido de la cadena oficial, entre otras cuestiones.
Por su parte, el Director Nacional de Protección de Datos Nacionales y ex Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni, aseguró que “el nuevo marco regulatorio que se propone es acorde con el derecho internacional”, haciendo referencia al proyecto de Ley que el oficialismo prevé enviar al Congreso para reemplazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Y agregó que “la base del proyecto busca facilitar acceso a los medios y tecnologías de la información y la comunicación mediante criterios democráticos; garantizar la diversidad y pluralidad de contenidos; reservar el 33% del espectro a entidades sin fines de lucro; garantizar el pluralismo político y religioso; y asegurar participación ciudadana”.
El Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Miguel de Godoy, manifestó que “si no se piensa una política de convergencia, se limita la libertad de expresión. Es imposible pensar el futuro mirando la realidad por un espejo retrovisor”. Expresó la voluntad de convocar a los distintos sectores, así como de reunirse con los peticionarios de la audiencia para llegar a un acuerdo para la elaboración del marco normativo, a la vez que señaló que se esperan los aportes de la CIDH.
Para Horacio Verbitsky, Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que promovió el pedido de audiencia, ello es una “expresión de deseo” hablar de un proyecto que aún no se conoce. En cambio, afirmó, “la legislación transitoria (en referencia al DNU 267/2016) tiene efectos jurídicos actuales”.
El intercambio de argumentos entre las partes dejó abiertas una serie de interrogantes planteados por los comisionados y Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, tanto por la situación actual generada por la nueva normativa como sobre el futuro escenario normativo: ¿Cómo se implementarán los estándares de diversidad y pluralismo al sector de TV por suscripción? ¿Cómo abordará el nuevo proyecto de ley el tema de la concentración de medios? ¿Cómo se contemplará a los sectores de la sociedad civil que no están ligados a las propuestas empresariales? ¿Se considerarán las recomendaciones de la CIDH en relación a la constitución plural de los organismos reguladores? ¿Y en relación a las reglas de transición que pueden afectar el pluralismo al obturar mecanismos de acceso a plataformas?
“Que siga el diálogo”, exhortó el presidente de la CIDH, James Cavallaro e hizo sonar la campana para dar por finalizada la audiencia.
El video completo de la sesión puede verse aquí

En su comunicado sobre el período de audiencias públicas, la CIDH señala expresamente acerca de la Argentina que “toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso”.

Links a balances de la Coalición por una Comunicación Democrática y del gobierno nacional.

 

 

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