Derechos adquiridos desbalanceados
por Martín Becerra
Mediante la Resolución 6396/201 el ente gubernamental de comunicaciones de Argentina (ENaCom) busca liberar espectro para servicios de 4G de telefonía móvil. Para ello, el gobierno desplaza de una preciada porción del espectro a licenciatarios de tv paga que emiten en algunos casos desde hace casi 20 años en UHF, afectando así sus derechos adquiridos (comportamiento que puede asimilarse al que viene demostrando con la desatención de los legítimos ganadores de concursos de licencias de tv digital para organizaciones «sin fines de lucro»).
La decisión es controvertida, ya que por un lado la porción de espectro en cuestión había sido originalmente prevista para servicios de tv digital abierta a través de resoluciones y decretos adoptados en el marco de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones por el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Luego, su misma administración, sobre todo entre 2014 y 2015, fue modificando dicha asignación a la tv digital abierta pero con el cambio de gobierno, los funcionarios designados por Mauricio Macri reconocieron que la tv digital dista de ser una prioridad de la actual gestión y promueven la migración de los servicios de tv paga UHF para hacer lugar a la telefonía móvil de última generación. Con esto, esperan descongestionar las comunicaciones 2G y 3G y, de esta manera, contribuir paulatinamente a revertir el estado de servicios de baja calidad móvil de los operadores del sector.
Pero esta Resolución, como se mencionó, afecta derechos adquiridos de los licenciatarios de las bandas que, según el gobierno, tienen un plazo perentorio de 10 días para migrar a una porción de espectro menos adecuada para prestar sus servicios. Dicho en otras palabras, con esta decisión, el ente gubernamental es tan o más draconiano que lo que pretendió el segundo gobierno de CFK cuando manipuló la regulación entonces vigente (la ley audioviusal) para declarar una infructuosa «transferencia de oficio» de los activos del grupo Clarín (sobre aquel propagandizado y fallido intento hay varias notas en este blog, como esta y esta otra).
Así, el gobierno de Mauricio Macri continúa afectando el mapa de las comunicaciones a mediano y largo plazo pese a su compromiso de que sólo tomaría medidas transitorias (así lo sostuvo en la audiencia a la que fue convocado en abril último por la Comisión Interamericana de DDHH) hasta que cambiara por vía del Congreso (tal como lo prevé la Constitución) las leyes previas en materias audiovisual y de telecomunicaciones. Por esta senda, sigue eludiendo los estándares de DDHH en la materia.
El ordenamiento del espectro es una tarea laboriosa y conflictiva que hasta ahora no fue asumida integralmente por ninguno de los gobiernos tras la recuperación constitucional de 1983: esta situación heredada puede operar como excusa para actuar de modo inconsulto e inclinar la balanza en favor de los actores dominantes o bien para diseñar una política pública que parta de la distorsiva configuración del sector de las comunicaciones en pos de mejorar los servicios, garantizar la universalización del acceso, corregir las asimetrías, atenuar la concentración para evitar el abuso de posiciones dominantes, contener y estimular la diversidad y el pluralismo en un marco de participación de actores sociales, políticos, culturales y geográficos diversos. La agenda del gobierno de Macri en materia de comunicaciones cada día inclina más la balanza.
Off topic: las enfáticas defensas de los derechos adquiridos durante los gobiernos de CFK hoy están convenientemente distraídas predicando las bondades de la nueva era macrista.
QUIPU 