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Nueva dilación oficial en la elaboración del proyecto de ley de comunicaciones convergentes

Por Martín Becerra

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A través de la Resolución 601 publicada hoy en el Boletín Oficial, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad volvió a prorrogar por otros 180 días el plazo para que el gobierno nacional presente el proyecto de ley de comunicaciones convergentes que, según reza el decreto de creación de la comisión que se encargaría de redactarlo (DNU 267/15), compatibilizaría, actualizaría y unificaría las leyes audiovisual y de telecomunicaciones (26522/2009 y 27078/2014). En virtud de la resolución de Aguad, la comisión oficial habría completado su actividad (sin dar a conocer el anteproyecto) y el nuevo plazo sería para realizar consultas con organizaciones de la sociedad civil, tarea que Aguad encomendó a la vicepresidenta del ente gubernamental de las comunicaciones (ENaCom), Silvina Giúdici.

Esta es la segunda prórroga de seis meses que dispone el gobierno al objetivo de contar con una propuesta de regulación integral para llevar al Congreso Nacional. Este objetivo fue anunciado como de corto plazo al inicio del mandato de Mauricio Macri e incluso fue un compromiso que el gobierno ausmió ante la Comisión Interamericana de DDHH en abril de 2016. Los decretos serían transitorios hasta la sanción de una nueva ley. Hoy los decretos tienen efectos permanentes y la nueva ley sigue en veremos. La comisión oficial de redacción del anteproyecto, cuyos integrantes fueron seleccionados entonces por el Poder Ejecutivo, debía elevar los resultados de su trabajo a mediados de 2016, lo que fue luego prorrogado a principios de 2017 y, cuando los rumores especulaban con que antes de Semana Santa de este año se conocería el proyecto oficial, el ministro determinó una nueva postergación.

En paralelo a la promesa de construcción de un nuevo marco normativo por parte de la comisión, el presidente Macri viene modificando aspectos estructurales de la regulación de los medios audiovisuales, las telecomunicaciones y la conectividad a Internet con controversias entre los gigantes del mercado (Telefónica, el Grupo Clarín) y también con el malestar del sector sin fines de lucro. Por decreto y resoluciones (algunas de las cuales contradicen los decretos), Macri gubernamentalizó la autoridad de aplicación de las normas; relajó (y en algunos casos, eliminó) los límites a la concentración; extendió todas las licencias audiovisuales obturando así la posibilidad de realización de concursos; autorizó las transferencias de licencias con uso de espectro radioeléctrico; promovió cambios en la estructura de propiedad de conglomerados mediáticos (con una tendencia a la mayor inserción de capitales estadounidenses) y en una de las dos principales telefónicas; lubricó la inserción del Grupo Clarín en el campo de las telecomunicaciones, habilitando a partir de 2018 que las telefónicas puedan brindar tv cable en los tres principales centros urbanos; bloqueó la competencia en las redes de nueva generación por 15 años; y consintió que el único operador de tv satelital ofrezca conectividad a Internet contra lo que las normas definidas por el mismo Macri establecen.

Las medidas anteriores, que se analizan en diferentes artículos en el presente blog, restauraron el dogma del mercado como rector de las comunicaciones. Los decretos presidenciales robustecen a los actores más fuertes y expandidos del sistema de medios; consecuentemente, debilitan a los más vulnerables, sean éstos pequeñas y medianas empresas, cooperativas o comunitarios.  Su impacto es tan profundo que es lícito preguntarse qué alcances tendrá una eventual ley de comunicaciones cuando las principales definiciones de la política estatal ya fueron decretadas o definidas mediante resoluciones. Cierto es que el esquema actual (promesa de ley, realidad moldeada por decretos y resoluciones) es tan precario que puede modificarse con los mismos métodos unidireccionales adoptados por Macri.

Las consultas a la sociedad civil y a especialistas invocadas por la prórroga resuelta por Aguad operan con este marco de condicionamientos. Además de que las reglas del juego son afectadas y modificadas por decretos y disposiciones sin participación de actores políticos o sociales fuera del propio oficialismo y como, además, el gobierno no difundió más que una serie de principios muy generales que –anunció- orientarían el prometido proyecto de ley, los consultados desconocen los lineamientos y en las diferentes sesiones, como muestran las versiones taquigráficas a las que puede accederse online, no hay debate sino escucha de posiciones.

Mientras tanto, el Congreso Nacional, que es la instancia facultada constitucionalmente para entender en la regulación de las comunicaciones, luce expectante a las señales confusas que emite el Poder Ejecutivo en la materia.

La falta de debate público sobre normas que afectan la libertad de expresión, el acceso a los medios de comunicación, el alcance de la cobertura y la calidad de los servicios de comunicaciones, su progresiva convergencia, la concentración de su propiedad y la mentada competencia, también repercute en los diferendos importantes que dividen las líneas internas dentro del propio gobierno y que están directamente relacionadas con los dos principales conglomerados infocomunicacionales del país. El resultado es una intervención regulatoria que es desmedida tanto por su incoherencia interna como por su volumen por parte de un gobierno que promete reglas claras pero que, en los hechos, fabrica la política de comunicaciones en la penumbra.

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