Telefonía móvil: nuevo decreto, viejos problemas

Telefonía móvil: nuevo decreto, viejos problemas

por Martín Becerra

El gobierno de Mauricio Macri publicó hoy un nuevo decreto sobre comunicaciones en el Boletín Oficial, en este caso sobre telefonía móvil. Se trata del Decreto 798/2016, que reconoce que “es de público y notorio (sic.) la deficiente calidad de la prestación de las comunicaciones móviles, particularmente las de voz”, por lo que pretende establecer medidas para corregir o mejorar esos servicios, hoy esenciales para el bienestar de la población a través de un “Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Competitividad y Calidad de los Servicios de Comunicaciones Móviles”.

El Decreto 798 tiene considerandos punzantes relativos a la política de telecomunicaciones desarrollada durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015), tanto relativos a la pésima calidad de los servicios de telecomunicaciones como a su atraso relativo y a la concentración excesiva de la propiedad del sector (varios de estos ejes fueron analizados en este blog en los últimos años). Por otro lado, una porción de los considerandos es coherente con la parte resolutiva de la nueva norma mientras que otra porción de los considerandos –la que refiere a cuestiones estructurales del mercado de telecomunicaciones- queda relegada como expresión de deseos.

Este Decreto no se publica en el vacío. El gobierno lanzó un proceso de escucha a organizaciones empresariales, sociales y políticas, además de a especialistas del ámbito académico, con el fin declarado de redactar un proyecto de ley de convergencia en las comunicaciones, tarea a la que se hayan abocados el Ministerio de Comunicaciones y el ente gubernamental que Macri creó por decreto como autoridad de aplicación de las políticas audiovisuales y de telecomunicaciones (ENaCom). Los funcionarios del gobierno dijeron reiteradamente que las medidas que Macri adoptó en estas áreas –y que motivaron una audiencia en la Comisión Interamericana de DDHH en abril– serían “transitorias” hasta que se tramite la futura ley. Sin embargo, en los últimos meses, por vía de decretos, el gobierno nacional viene produciendo modificaciones regulatorias de trascendencia en el área de las comunicaciones. Es el caso de este nuevo decreto.

Los considerandos del Decreto 798/16 sobre telefonía móvil invocan la obligación del gobierno de promover “la defensa de la competencia contra forma de distorsión de los mercados” y critica al kirchnerismo con una de sus muletillas discursivas, la concentración. Dice el Decreto que “la política desarrollada en el sector de las telecomunicaciones a partir del año 2003 no incentivó las inversiones del sector privado y favoreció por acción u omisión la paulatina concentración de las operaciones”.

Para justificar la evaluación crítica de los tres gobiernos kirchneristas, el gobierno de Macri menciona en el Decreto que se “demoraron más allá de toda justificación los trámites para obtener licencias, adjudicar recursos para la prestación de servicios o para aprobar cambios de control en empresas” y que “el aumento exponencial de la cantidad de clientes del servicio de telefonía móvil no fue acompañado por las inversiones requeridas para cumplir con los estándares de calidad de servicio”.

Además, esta nueva norma sobre telefonía móvil sostiene, en consonancia con el reclamo de los operadores (concentrados) del sector, que “el espectro radioeléctrico destinado a estos servicios no solo no acompañó la demanda y la tendencia registrada en otros países de la región sino que se vio disminuido”.

También recuerda que “recién en el año 2014, y acuciado por la falta de divisas, el gobierno procedió a licitar nuevas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para estos servicios con un diseño de la licitación que no alentó la presencia de nuevos actores de reconocida solvencia patrimonial y capacidad técnica”.

En su parte resolutiva, el Decreto 798 reitera derechos de los consumidores que para concretarse no precisarían nuevas normas (por ejemplo el Artículo 2 inciso b), “Actualizar el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles” para “prever la existencia de mecanismos que permitan a los clientes acceder a información sobre la calidad del servicio y obtener bonificaciones y/o compensaciones en sus servicios ante el incumplimiento de los niveles de calidad establecidos”, o el Artículo 3º para que la autoridad de aplicación creada por DNU de Macri mida la percepción de calidad de los servicios de telefonía móvil); insta a adecuar el Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico para “introducir mayor competencia”; dispone “Actualizar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas del Espectro Radioeléctrico de forma de incrementar la disponibilidad de frecuencias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles”; premia con fondos del Servicio Universal a los municipios que faciliten la instalación de antenas de las empresas de telefonía móvil; y planea actualizar los Reglamentos Nacional de Interconexión y de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones y el régimen de portabilidad numérica.

Una buena noticia para las operadoras de telefonía móvil es que el Decreto 798 les otorgará terrazas, techos, torres, solares y/o cualquier instalación, planta o sector de inmuebles del Estado Nacional  que resulten aptos para la instalación de estructuras portantes de antenas, equipos e instalaciones asociadas a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones y/o comunicación audiovisual. Para ello, el gobierno decidió que no se cobrará alquiler por el plazo de un año por el uso de los inmuebles estatales en los que se instalen radiobases dentro de los tres meses de publicado el Decreto en la Ciudad de Buenos Aires o dentro de los seis meses en el resto del país. El beneficio de exención de pago de alquiler se extenderá a tres años cuando la infraestructura se comparta entre dos licenciatarios de servicios móviles y a cuatro años cuando se comparta entre más. Idéntico beneficio se otorgará si se trata de una empresa independiente de compartición de infraestructura pasiva y se cumplen las condiciones anteriores. La condición es que las radiobases estén funcionando en el plazo previsto en el contrato de cesión, que tendrá una duración de diez años.

Por otro lado, en un clásico procedimiento de anuncio-fuga-hacia-adelante (que el gobierno en este área ya ensayó, por ejemplo con el ahora casi descartado «plan canje» de teléfonos móviles como estrategia de mejora del servicio, anunciado con bombos y platillos hace sólo tres meses con amplia repercusión en la prensa oficialista), el Decreto crea una nueva comisión (!) integrada por funcionarios del gobierno, tres del Ministerio de Comunicaciones y tres del ENaCom (entidad a su vez integrada por siete miembros, cuatro por el Poder Ejecutivo y tres por el Congreso, todos los cuales pueden ser removidos “sin expresión de causa” por el Presidente de la Nación), para hacer lo que los DNUs de creación del Ministerio de Comunicaciones y del ENaCom ya decían que harían y que entraba dentro de sus competencias.

Por último, el Decreto invita a entes estatales descentralizados y a provincias y municipios a contribuir con la cesión de espacios para la localización de antenas e infraestructuras necesarias para que las empresas de telefonía móvil expandan sus bases y mejore –en parte- su servicio a la población.

El Decreto 798/2016 contiene, entonces, algunos elementos de interés para la mejora de los servicios de telefonía móvil que figuran al tope de las quejas de los argentinos, cita un estado penoso de funcionamiento del sector (por el que responsabiliza a las gestiones del kirchnerismo), menciona que no hay competencia, insinúa que cambiarán las reglas de juego en la atribución de bandas de frecuencia para favorecer las comunicaciones móviles (mala noticia para la televisión digital terrestre, que también precisa de bandas de frecuencia para consolidarse), elude considerar la ecuación tarifaria y menciona sin dar precisiones la necesidad de revisar las reglas de interconexión entre operadores, algo de lo que también se ocupa el reciente Reglamento para Operadores Móviles Virtuales. En cuanto a las decisiones que adopta el gobierno con este decreto, en la medida en que se concreten algunas representarán mejoras (expansión de infraestructura de los operadores de red) y otras podrían realizarse con los marcos regulatorios previos sin necesidad de un nuevo decreto ni de inventar nuevas comisiones.

 

 

 

 

 

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