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Comunicaciones: la promesa es ley

por Martín Becerra

dark side of the moon

Con una nueva promesa del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, acerca de que el gobierno de Mauricio Macri cumpliría en octubre (post elecciones) su varias veces postergado anuncio de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de comunicaciones convergentes, el tema alcanza un récord que contrasta con la profusa cantidad de decretos y resoluciones adoptadas desde diciembre de 2015 y que cambiaron el paisaje, la estructura y comprometen asimismo la evolución del sector en los próximos 15 años.

La promesa de Aguad aparece objetivamente devaluada por los incumplimientos seriales del gobierno en la materia. El último episodio fue la Resolución 601 que, en marzo último, volvió a prorrogar por tercera vez el plazo de 180 días para dar a conocer el proyecto en nombre del cual se gubernamentalizó la autoridad de aplicación contra los estándares del Sistema Interamericano de DDHH; se prorrogaron las licencias audiovisuales; se anularon los límites a la concentración de la propiedad de la tv de pago; se relajaron las condiciones para que el Grupo Clarín incursione en las telecomunicaciones y para que las telefónicas ingresen al sector de la tv paga; se continuó la discrecionalidad de asignación de señales en la TDA (tv digital) que tanto había criticado a las gestiones kirchneristas; se autorizó las transferencias de licencias con uso de espectro radioeléctrico; se promoviieron cambios en la estructura de propiedad de conglomerados mediáticos (con una tendencia a la mayor inserción de capitales estadounidenses) y en una de las dos principales telefónicas; se bloqueó la competencia en las redes de nueva generación por 15 años; y se consintió que el único operador de tv satelital ofrezca conectividad a Internet contra lo que las normas definidas por el mismo Macri establecen. Todo esto, “al margen de la ley” en sentido literal, es decir, sin que medie una legislación del Congreso que respalde dichas políticas.

Desde el inicio de su mandato conduce un proceso de regresión restauradora de las políticas audiovisual y de telecomunicaciones a niveles de los que rigieron la regulación del sector hasta 2008 y luego creó una comisión oficial que compatibilizaría, actualizaría y unificaría las leyes audiovisual y de telecomunicaciones (26522/2009 y 27078/2014). En virtud de la resolución de Aguad, la comisión oficial habría completado su actividad (sin dar a conocer el anteproyecto) y el nuevo plazo sería para realizar consultas con organizaciones de la sociedad civil, tarea que Aguad encomendó a la vicepresidenta del ente gubernamental de las comunicaciones (ENaCom), Silvina Giúdici. Pero desde marzo pasado en que se anunció esta prórroga, no hubo tampoco información pública sobre las prometidas consultas ni sobre la orientación general del proyecto estatal.

Ante la defección de las promesas del oficialismo, y sin los recursos gubernamentales ni los de las formaciones políticas mayoritarias, el Partido Socialista presentó un proyecto de ley en mayo último que es respetuoso tanto de la libertad de expresión como de los objetivos de acceso universal a las telecomunicaciones e Internet, con un esquema de fondeo para la producción nacional de contenidos audiovisuales, diseño institucional plural de la autoridad de aplicación y límites a los abusos de poder dominante tanto en el sector audiovisual como de telecomunicación (aclaración: el autor de la presente es co-redactor del proyecto de ley del PS).

Hay que recordar que la necesidad de tramitar en el Congreso la legislación en comunicaciones fue un compromiso que el gobierno ausmió ante la Comisión Interamericana de DDHH en abril de 2016. Allí el gobierno dijo que los decretos serían transitorios hasta la sanción de una nueva ley. Hoy los decretos tienen efectos permanentes y la nueva ley sigue en veremos.

En paralelo a la promesa de construcción de un nuevo marco normativo por parte de la comisión, el presidente Macri viene modificando aspectos estructurales de la regulación de los medios audiovisuales, las telecomunicaciones y la conectividad a Internet con controversias entre los gigantes del mercado (Telefónica, el Grupo Clarín) y también con el malestar del sector sin fines de lucro. Por decreto y resoluciones (algunas de las cuales contradicen los decretos), Macri restauró el dogma del mercado como rector de las comunicaciones. Los decretos presidenciales robustecen a los actores más fuertes y expandidos del sistema de medios; consecuentemente, debilitan a los más vulnerables, sean éstos pequeñas y medianas empresas, cooperativas o comunitarios.  Su impacto es tan profundo que es lícito preguntarse qué alcances tendrá una eventual ley de comunicaciones cuando las principales definiciones de la política estatal ya fueron decretadas o definidas mediante resoluciones. Cierto es que el esquema actual (promesa de ley, realidad moldeada por decretos y resoluciones) es tan precario que puede modificarse con los mismos métodos unidireccionales adoptados por Macri.

La falta de debate público sobre normas que afectan la libertad de expresión, el acceso a los medios de comunicación, el alcance de la cobertura y la calidad de los servicios de comunicaciones, su progresiva convergencia, la concentración de su propiedad y la mentada competencia, también repercute en los diferendos importantes que dividen las líneas internas dentro del propio gobierno y que están directamente relacionadas con los dos principales conglomerados infocomunicacionales del país.

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