Trump pateó el hormiguero digital

El presidente de EEUU y su decreto sobre la inmunidad de las plataformas digitales

por Martín Becerra

El 28 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump ordenó anular la «inmunidad» de las plataformas digitales, consagrada por la Sección 230 de la Communications Decency Act, de 1996. Fiel a su estilo rápido y furioso, Trump demoró sólo 48 horas en reaccionar al etiquetado de dos de sus tuits como «información dudosa» hecha por parte de Twitter el martes último. La compañía había recomendado a los usuarios documentarse mejor sobre los contenidos difundidos por Trump con especulaciones de posible fraude por correo en las elecciones estadounidenses de este año. Pero la orden ejecutiva de Trump no se limita a Twitter, plataforma que es parte de su hábitat natural, sino que alcanza a todo el ecosistema y, obviamente, afecta así también a las más grandes (Facebook -que también reaccionó alineándose con Trump- y Google).

La controversia escaló al día siguiente, hoy 29 de mayo, cuando Twitter ocultó un mensaje de Trump en el que «glorificaba la violencia» alentando el fusilamiento de manifestantes en Minneapolis que protestaban por el asesinato George Floyd, afroamericano, por parte de un policía blanco que presionó su rodilla en el cuello de la víctima durante varios minutos a pesar de que éste indicaba que no podía respirar.

El decreto de Trump promueve la revisión de las reglas vigentes en materia de publicación, jerarquización, visibilización o remoción de contenidos en las plataformas digitales, hoy sostenidas en la Communications Decency Act. Esta ley no dispone la inmunidad plena de las plataformas, pero las exime de responsabilidad por los contenidos subidos por terceros (“ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo”). En aquel entonces (1996) la red era otra (Internet 1.0). No se habían fundado Google, Facebook, YouTube ni Twitter, y los servicios y aplicaciones de publicación de contenidos eran, básicamente, intermediarios; hoy las plataformas digitales son grandes editoras y organizadoras algorítmicas de la información.

Este es el texto de la Orden Ejecutiva firmada por Trump. Así no alcance los efectos que busca (y eso no puede saberse hoy), esta fuerte jugada que cuestiona la labor editorial de las plataformas digitales tendrá efectos en un sentido más amplio, porque influirá en las regulaciones en curso, en todo el mundo, sobre el comportamiento de estas compañías tecnológicas.

El decreto de Trump alude a la centralidad de las plataformas digitales en la dieta de información, conversación y comunicaciones de lxs estadounidenses. Por eso, «Twitter, Facebook, Instagram y YouTube ejercen un inmenso poder», dice. La Orden Ejecutiva del presidente de EEUU afirma que las plataformas digitales ejecutan «una censura selectiva» y menciona en particular a Twitter, que marcó como problemáticos sus tuits (agregando información, no censurándolos).

Por eso, Trump ordena con este acto que «se aclare el alcance de la inmunidad» de la sección 230 de la Communications Decency Act, dada la contundente actividad editorial que realizan las plataformas digitales, muy diferente a la que se imaginaba en 1996.

La Orden Ejecutiva objeta «que un puñado de compañías se convirtieran en titanes que controlan vías vitales para el discurso nacional y usan su poder para censurar el contenido y silenciar puntos de vista que no les gustan». De ahí que, según Trump, no debe haber inmunidad general. Cuando hay «una conducta editorial», «es política de los Estados Unidos que el proveedor pierda el escudo de responsabilidad limitada» de la Communications Decency Act.

El planteo de Trump es que las plataformas digitales estén expuestas a responsabilidad «como cualquier editor tradicional que no sea un proveedor en línea» y, por eso, su Orden Ejecutiva establece que todas las agencias y organismos estatales aclaren los alcances de la inmunidad de las plataformas digitales a la luz de su comportamiento editorial contemporáneo. en particular, si la conducta de la plataforma es inconsistente con sus términos y condiciones de servicio o si se toma sin dar aviso o derecho a la persona cuyo contenido es removido, editado o silenciado.

Además, y en un típico gesto provocador de su parte, Trump ordena «proteger el dinero» de lxs contribuyentes de «financiar plataformas en línea que restrinjan la libertad de expresión», por lo que manda a revisar los gastos estatales en las plataformas digitales en concepto de publicidad y marketing.

En paralelo, el decreto dice que el Departamento de Justicia «evaluará si alguna plataforma es un vehículo problemático para el discurso del gobierno debido a la discriminación del punto de vista, engaño a los consumidores u otras malas prácticas». Aparte, instruye a la Comisión Federal de Comercio a «prohibir actos o prácticas injustas o engañosas en el comercio o que afecten al mismo».

Por último, Trump crea un grupo de trabajo que coordinará el Fiscal General y revisará las prácticas de filtrado algorítmico, edición de las plataformas y las políticas diferenciales asociadas al «Partido Comunista Chino u otras asociaciones o gobiernos antidemocráticos».

Lo siguiente es mi opinión: creo que la edición que hizo Twitter de los tuits de Trump fue correcta, lo que constata -precisamente- que las plataformas ejercen una función editorial. Paradójicamente, el trato que dispensó Twitter a los mensajes de Trump, al contrastar con la eliminación de tuits del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que eran muy probablemente dañinos para la salud pública (ver infodemia) y que Twitter había removido hace dos meses, en parte abona la acusación de discrecionalidad editorial que hoy hace Trump y que políticos de distintos países y muy diversas prácticas y líneas ideológicas, además de Estados (como Alemania o Francia), entidades supraestatales (como la Unión Europea), algunos medios de comunicación y especialistas, plantean desde hace tiempo. Ciertamente, ante la glorificación explícita de la violencia realizada por Trump acerca de las protestas en Minneapolis, Twitter fue más coherente con sus propios términos y condiciones y removió el contenido.

La situación ha escalado a un punto que hasta Mark Zuckerberg salió a desmarcarse de Twitter en la tarde del viernes 29 de mayo, no sin señalar que los posteos de Trump sobre Minneapolis le provocaban rechazo, pero defendiendo la política corporativa editorial de su compañía de habilitar la verba inflamada del presidente de su país sobre los delicados acontecimientos tras el asesinato de Floyd. El gambito de Zuckerberg provocó a su vez un efecto bola de nieve en ejecutivos de alto rango y empleados de su compañía, que declararon públicamente su desacuerdo.

Por su importancia estratégica en las reglas de juego de Facebook, sería interesante que este caso fuera tratado por la flamante Junta de Supervisión creada por la empresa en una experiencia que es inédita en la regulación de las plataformas digitales y sobre la que hay expectativas diversas, como analiza acá Joan Barata.

Hay quienes cuestionan la legalidad del decreto de Trump y anticipan que es muy controvertido en términos constitucionales. Lxs abogadxs de las big tech se harán, probablemente, un picnic con él. Pero, más allá de su dudoso impacto normativo, catapulta la responsabilidad de las plataformas a un nivel de la agenda que no había alcanzado cuando la senadora y ex candidata demócrata Elizabeth Warren lo planteó.

De hecho, un duro comunicado de la también demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes califica a la orden ejecutiva de Trump como «una distracción desesperada de su fracaso al proporcionar una estrategia de prueba nacional para derrotar a COVID-19» al tiempo que considera que el decreto «no hace nada para abordar el fracaso total de las grandes compañías de Internet para combatir la propagación de la desinformación». Pelosi fue más a fondo al plantear que «las plataformas de redes sociales han vendido el interés público para aumentar sus ganancias corporativas. Su modelo de negocio es ganar dinero a expensas de la verdad. Recientemente, en lugar de eliminar anuncios de campaña lucrativos que contienen falsedades desacreditadas, Facebook cambió sus reglas para garantizar que pueda continuar permitiendo y aprovechando estas mentiras».

El encuadre de la noticia como una pretensión de Trump de «censurar las redes sociales digitales, como en China» es una forma victimizante y efectista, pero falsa de presentar la cuestión. Quien apela al alarmismo recrea los modos del propio Trump quien, con su rabieta, pateó un hormiguero que había sido cuestionado antes por muchos otros espacios políticos de lo más variopintos. Además, la ofensiva de Trump ocurre en simultáneo a la férrea defensa de la economía de las plataformas digitales ante la creación de impuestos específicos en varios países europeos. Es decir que, mientras objeta la labor editorializante de las compañías de «social media», Trump amenaza con una guerra comercial a los países que les exijan tributación por sus actividades y servicios.