Miradas al Sur publicó un nuevo informe con revelaciones sobre Papel Prensa la planta de producción de papel de diarios en la que el Estado es socio de Clarín y La Nación desde 1976, cuando la familia de David Graiver fuera amenazada por la dictadura militar para cederle sus acciones a los principales diarios del país. Notas de Diego Rosemberg, Eduardo Blaustein, Demián Verduga y Felipe Deslarmes (quien entrevista a Osvaldo Papaleo).

Informe especial

La chancha y la máquina de hacer chorizos

Desde que la dictadura le regaló Papel Prensa, Clarín controla con mano de hierro el mercado de diarios: puede decidir si un medio crece, si sobrevive o incluso si muere. En la actualidad, Papel Prensa –según fuentes de la propia empresa–, está compuesta por el Grupo Clarín (49%), el matutino La Nación (22,5%) y el Estado nacional (27,5%).

Por Diego Rosemberg – 27.09.2009

Todos para uno, pero jamás uno para todos. Durante casi una década –a fines de los ’60 y principios de los ’70–, la totalidad de los periódicos argentinos aportaban un gravamen equivalente al 10% del papel que importaban con el objetivo de reunir los fondos necesarios para montar Papel Prensa, la primera fábrica de bobinas para diario del país. Hoy, a cuatro décadas de que se inaugurara la papelera, el Grupo Clarín se convirtió en el principal accionista de la firma que no sólo tiene una posición dominante en el mercado, sino que distribuye su producción de papel de manera discrecional, a quien quiere y al precio que quiere.

En la actualidad, Papel Prensa –según fuentes de la propia empresa–, está compuesta por el Grupo Clarín (49%), el matutino La Nación (22,5%) y el Estado nacional (27,5%). El uno por ciento restante, agregan, corresponde a pequeños inversores iniciales. Con su producción de 170.000 toneladas anuales, la empresa provee de papel a 130 diarios, el 95% de los que se publican en el país. Pero resulta imprescindible una aclaración: no vende la cantidad de bobinas que los periódicos demandan, sino la que la papelera define en sus reuniones de directorio.

Excepto los diarios Clarín y La Nación, que reciben las toneladas de papel que precisan para cubrir sus ediciones, el resto de las publicaciones está sujeto a los cupos de venta que fija el directorio de la empresa cada seis meses. “Todas las veces que llamo y digo que quiero aumentar el volumen de compras, me dicen que el plan productivo del semestre ya está comprometido. Y cuando llamo al siguiente semestre, recibo la misma respuesta”, refunfuña el directivo de un diario porteño. “Nunca consigo incrementar la cantidad de papel –agrega– y si quiero imprimir una mayor tirada tengo que importar papel. Ahora, si un día llego a decir que necesito menos, después nunca más puedo volver a los niveles actuales de compra.”

La ley de la poca oferta. Argentina posee sólo dos empresas que fabrican papel para imprimir diarios, una es Papel Prensa y la otra Papelera Tucumán –vinculada al ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri–, de inferior capacidad productiva, menor calidad y precios más caros. La tercera opción para obtener las bobinas es acudir a las distribuidoras que importan papel, principalmente de Chile, Canadá y Estados Unidos. Aunque también puede conseguirse –en menor medida y calidad– el que llega desde Brasil o, incluso, algunos países de África o de la Europa escandinava.

De esta manera, a través de la política de cupos, Papel Prensa cuenta con una herramienta que le permite regular la competencia en el mercado de las publicaciones periódicas. Puede, si lo quiere, frenar el crecimiento de la tirada de un periódico u obligarlo a importar y pagar precios mucho más caros, dificultando muchas veces la viabilidad económica de las empresas. Uno de los primeros en denunciar este mecanismo fue el fundador de Ámbito Financiero, un periodista-empresario defensor a ultranza del libre mercado, que nadie podría tildar de izquierdista. Para describir cómo funcionaba el sistema autoeditó un libro llamado Los Cerrojos de la prensa, en el que escribió: “Se regaló Papel Prensa sólo a tres diarios. Luego se elevó el arancel de importación de papel a 44-48% para que no hubiera otra escapatoria que comprarle a esa fábrica a precio exorbitante. Cuando bajó el arancel, con los radicales, y el precio bajó, Papel Prensa no le vendía a nadie. A precio bajo sólo se benefician los dueños”.

La necesidad de las empresas periodísticas de obtener papel a precios bajos permitió, también, que la historia de Papel Prensa que vincula en su nacimiento a la dictadura militar con los diarios de mayor circulación en la Argentina quedara silenciada. Hoy, incluso, muchos medios gráficos prefieren callar sobre las condiciones comerciales que impone la papelera antes de correr el riesgo de que sus cuotas de papel disminuyan. Esta cultura del miedo al gigante explica la suavidad con que es tratado Clarín en el mercado de la libertad de imprenta. De cara a la discusión sobre la comunicación concentrada en el mercado del cable, la situación se replica con los pequeños cableros, absolutamente dependientes de los contenidos y redes desde una posición dominante.
Maravillas de la papelera propia. En estos días, el kilo producido en Papel Prensa cotiza a 2,95 pesos, IVA incluido. Mientras que la misma cantidad producida por Papelera Tucumán ronda los 3,26 pesos. Un diario chico, que cada día tira 8.500 ejemplares de 48 páginas, consume unos mil kilos de papel por edición. Si trabajara con Papelera Tucumán a fin de año tendría un costo de 112.220 pesos más que si lo hiciera con Papel Prensa.

Si se cambia el punto de vista y se analiza cuánto es el ahorro de Clarín, el diario de mayor circulación, por ser el fabricante casi exclusivo del papel más barato del país, la cifra se multiplica de manera exponencial. El diario vendió en el primer semestre de este año, según el IVC, un promedio de 354.000 ejemplares por día (en el mundillo de la distribución de diarios se habla de una caída en el último año y medio que haría descender la cifra a 280 mil). Si imprimiera ejemplares similares a los de un diario chico, de sólo 48 páginas, y comprara los insumos en Papelera Tucumán, tendría –de piso– un costo extra anual de casi cinco millones de pesos. Si se contempla que Clarín, a veces, puede duplicar esa cantidad de páginas en el cuerpo central del diario y con los suplementos adicionales que ofrece las llega a triplicar, el ahorro podría multiplicarse por dos o por tres.

Si, para mantener la calidad del producto, una publicación decide adquirir papel importado, los costos que debe afrontar son aún mayores. El papel comprado en Chile cuesta 3,40 pesos el kilo, IVA incluido. A esa cifra es necesario añadirle el 3% de impuesto a las ganancias y si la empresa no está inscripta en el Registro de Importación del Sector Editorial, tendrá que abonar un 10% extra en concepto de IVA a la importación. Además, es necesario tener en cuenta que los costos se incrementan con los honorarios del despachante de aduana, el alquiler del depósito aduanero hasta que se retira la mercadería, el precio del servicio de custodia mientras se traslada el material y sellados varios.

Esta situación en el mercado del papel prensa no es nueva. Ya el 8 de octubre de 1986, en su tapa, Crónica publicaba una editorial inédita, que desnudaba la situación del mercado del papel: “Crónica se editará dentro de pocas semanas con el papel más caro del mundo, pues a su precio de fábrica tenemos que sumarle un 28% de impuestos que se tributa para mantener la supuesta producción nacional. Cabe consignar, que de las 2.000 toneladas que esta editorial consume mensualmente, la mitad era provista por Papel Prensa, pero con el correr del tiempo la misma se fue achicando hasta llegar a las 300 o 350 actuales. El Gobierno considera a dos de sus socios (Clarín y La Nación) como diarios líderes por el caudal publicitario que reciben y los convierte en los árbitros de los precios de venta, o sea que todos los demás deberán acompañarlos, aunque sus costos operativos sean muchos más elevados (…)”. Hacia el final del artículo, Héctor Ricardo García, otro de los pocos editores que se animó a protestar contra las reglas de juego, escribió: “Bien es sabido, por ejemplo, que en el país hay dos tipos de precios para el papel con que se imprimen los diarios: para unos está el que produce Papel Prensa, que cotiza la tonelada de 380 australes, y para los otros el de Papel del Tucumán, que cuesta 570 australes la tonelada, un 60 % más. Con el producto más barato se confeccionan los diarios socios del Ejecutivo, como Clarín, La Nación y La Razón, y con el más caro la casi totalidad de los restantes editados en todo el país”.

Habrá que recordar que hace años el viejo y popular diario Crónica entró en una pendiente más que complicada.

Remarcando precios. Más acá en el tiempo, el año pasado, el diario Hoy de La Plata dedicó una extensa editorial a protestar por los aumentos de precio que fijaba Papel Prensa, desde su óptica desproporcionados. “En diciembre de 2006, la tonelada valía 1.567 pesos, mientras que actualmente el precio es de 2.151. Es decir, en poco más de un año, el precio se incrementó un 37,2%, cuatro veces más que el índice de inflación anual reconocido por el Indec. Esta compañía monopólica, que es controlada por el Grupo Clarín y el diario La Nación (en sociedad con el Estado), busca ahogar a aquellos diarios que no forman parte de la corporación mediante continuos aumentos en el precio del papel”, aseguraba el artículo.

El nuevo proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que ahora se discute en el Senado, busca poner límite a situaciones de mercado de este tipo en el mundo de la televisión, el cable y la radiofonía. Pero no refiere al mercado de la prensa gráfica que, más allá de los que pase en la Cámara alta, seguirá teniendo actores que podrán decir: “Yo lo fabrico, yo lo vendo y yo lo escribo”.

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INFORME ESPECIAL

Una planta arrancada con sangre

Fue el principio. 19 de Mayo de 1977. La “célebre” portada en la que Clarín se dirigió a sus lectores intentando explicar que la operación que le permitió quedarse con buena parte de Papel Prensa “se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar”.

Por Eduardo Blaustein

Hacían falta periódicos y revistas dóciles que se sumaran al concierto de la obsecuencia mientras detrás del escenario se consumaba la carnicería social, política y económica.”
La frase escrita por el periodista Juan Gasparini en su libro El crimen de Graiver refiere a lo que sería el operativo de asociación final de los tres grandes diarios argentinos –La Nación, Clarín y La Razón– con el Estado terrorista en la empresa Papel Prensa, el 18 de enero de 1977. Pero aparece en su investigación en un contexto particular: el de las recomendaciones hechas por la multinacional publicitaria Burson Marsteller a la dictadura para mejorar su imagen interna y externa. En este punto, el de la apelación a las modernas destrezas de la prensa y las artes publicitarias puestas al servicio del Estado terrorista, sería interesante revisar si fue tan medieval ese imaginario que solemos asociar con la idea de la última dictadura. O establecer ciertos nexos que van del liberalismo declamado de La Nación a su asociación con el Estado para hacer buenos negocios, o del actual multimedios Clarín al comisario Miguel Etchecolaz, que fue el encargado de torturar salvajemente a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, ya muerto en un misterioso accidente de aviación, última representante legal de la empresa Papel Prensa. En esas mismas sesiones de torturas murió Jorge Rubinstein, que había sido una de las manos derechas de Graiver.
El trabajo de Gasparini recuerda de qué modo Lidia Papaleo fue obligada, meses antes de su secuestro y torturas, a desprenderse de las acciones de Papel Prensa en una reunión celebrada el 3 de noviembre de 1976 en las viejas oficinas de La Nación de la calle Florida. En el despacho de Bartolomé Mitre estaban Patricio Peralta Ramos por La Razón y Héctor Magnetto por Clarín. Un maestro de ceremonias muy particular fue el abogado Pedro Jorge Martínez Saravia. Durante algunos años había sido hombre de confianza de David Duddi Graiver. Para esta ocasión supo correr al otro lado, al lugar del ganador. No por nada Martínez Saravia era primo de José Alfredo Martínez de Hoz y socio en su estudio.

Delicias de archivo. En los primeros meses de 1977 los integrantes presuntos de eso que la dictadura y su prensa llamarían “el clan Graiver” irían a parar a las mazmorras bonaerenses de Ramón Camps y con ellos otros como Edgardo Sajón o Jacobo Timerman. El director de La Opinión, que también había apoyado al golpe, sería repudiado en una carta pública –nuevas delicias del archivo que no consultan los adalides de la República– firmada por los directores de los grandes diarios argentinos cuando obtuvo el premio Moors Cabot por sus denuncias a la violación de los derechos humanos.
La historia de Papel Prensa, que arranca a fines de la década del ’60 en un típico contexto de apuesta al desarrollo y la sustitución de importaciones, incluye triangulaciones oscuras en tiempos de Lanusse, José Gelbard y David Graiver. Las maniobras siguientes serían aún peores. Cuando el 11 de marzo de 1972 se adjudicó a Papel Prensa la construcción de una fábrica que produjera poco más de cien mil toneladas de papel se hablaba de un costo de 62 millones de dólares. En la memoria y balance del ejercicio cerrado a fines de 1975 se declaró que la inversión total había sido de 42.400.000 dólares. Según las investigaciones que se hicieron en torno del traspaso forzado que se hizo sin venia judicial, los grandes diarios pagaron apenas entre un 23% y un 43% del verdadero valor accionario que Papel Prensa tenía en tiempos de David Graiver. Ya para el 27 de septiembre de 1978, pasada la inauguración de la planta, con foto incluida del brindis entre Videla y Ernestina Herrera de Noble, la sociedad Clarín-La Nación-La Razón decía que la inversión total había sido de 180 millones de dólares. Transparencia total.

Vueltas de la vida. La investigación por el negociado sangriento que el Estado y los grandes diarios argentinos hicieron con Papel Prensa agonizó como tantas de la era democrática, más o menos a la altura en que el Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, anunciaba que sería posible castigar las responsabilidades del Estado, pero no la de los empresarios privados. ¿La razón? Estos se escudarían en el argumento de que no se los podría culpar por la ausencia de controles públicos en la operación. Las vueltas de la historia: hoy, cuando la oposición conservadora y los propios medios afectados agitan el fantasma de los “derechos adquiridos”, no se cuestiona cómo se adquieren esos derechos –aproveche la oferta– ya sea en dictadura o en menemismo.
Hace algunas semanas este diario citó aquella curiosísima portada del diario Clarín del 19 de mayo de 1977. Casi todo el ancho de la portada, de arriba abajo, dedicado a la reproducción de un comunicado de la propia empresa intitulado “A LA OPINIÓN PÚBLICA”. Aquel parte de guerra terminaba diciendo: “Como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar”.
El 29 de febrero de 1988 en el dictamen del fiscal Molinas se condensarían las diversas acusaciones contra el ex presidente Lanusse (abuso de autoridad y malversación de caudales públicos), contra el Grupo Graiver (uso de testaferros, violaciones al pliego de condiciones), contra la Junta Militar (encubrimiento e irregularidades en la operación de transferencia de acciones), contra los representantes del Estado en la empresa (incumplimiento de deberes de funcionario público).
Debilidades de la democracia; presiones de los grupos de poder. A los pocos años la causa penal prescribió. Fue en tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía que se creó un fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel que se nutrió de una tasa de contribución del 10% a la importación de papel que se aplicó para la puesta en marcha de Papel Prensa. Esa fábrica que hoy alimenta sólo a Clarín se levantó gracias a los aportes de todos los diarios argentinos acumulados en diez años. Papel Prensa, con su densa historia de corrupción y sangre, sigue elaborando la materia que abona la libertad de imprenta de unos pocos, en perjuicio de otras voces, extorsionando como siempre y –por el mismo precio– contaminando.

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OSVALDO PAPALEO

“Clarín compró Papel Prensa con la familia Graiver secuestrada”

Cuenta cómo se hizo el traspaso de la planta de papel, mientras torturaban a sus antiguos dueños

Por Felipe Deslarmes

Osvaldo Papaleo, hoy empresario teatral y cinematográfico, se volvió a meter de lleno en el escenario político tras su aparición en las audiencias públicas que se realizaron para debatir la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex secretario de Prensa de la ex presidenta Estela Martínez de Perón, que fuera secuestrado y torturado durante la última dictadura, asegura que el monopolio creado por el Grupo Clarín comenzó a gestarse bajo el régimen comandado por Jorge Rafael Videla.

Papaleo detalló el modo por el cual Clarín, La Razón y La Nación se quedaron con Papel Presa, la piedra fundacional de un monopolio mediático que creció al amparo del poder de turno durante treinta años.

–Pese a su historia, a muchos les sorprendió su participación en las audiencias públicas.

–Mi participación en las audiencias públicas es natural. Pese a la sorpresa de algunos, tengo una larga militancia en el justicialismo discutiendo el tema de los medios de comunicación. Yo soy de la generación que en los años ’73, ’74, ’75 y hasta el golpe de Estado participó de la política sobre los medios de comunicación que el general Perón instrumentó en su retorno a la Argentina. Aquella política involucró el cese de las licencias televisivas de los canales de aire. En aquel entonces también se planteó el tema de la legislación y las normas. Allí tuvimos conciencia y tomamos medidas de transformación en los medios.

–¿La transferencia bajo el régimen de la dictadura de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón es la piedra fundamental del monopolio comunicacional en la Argentina?

–Con respecto a Papel Prensa lo que hay que explicar es que era una sociedad que tenía la familia Graiver en un 75% y el Estado nacional en un 25%. Se había constituido a fines de la década del ’60. De a poco se fue transformando en una planta importante en la zona de San Pedro y Baradero, fundamentalmente por la explotación del papel nacional y por la producción, principalmente de papel para los diarios. Hasta ese entonces había una enorme cantidad de papel que se consumía y se tenía que importar, cuestión que era bastante onerosa para los medios gráficos nacionales. En marzo de 1977 fueron detenidos casi la totalidad de los miembros de la familia Graiver. El padre, la madre y la esposa de David Graiver, que había fallecido el 7 de agosto de 1976 en un accidente aéreo en México.

–¿Qué pasó dspués?

–Si bien Papel Prensa era uno de los activos más importantes de Graiver, no era éste su único negocio. Entre agosto del ’76 y marzo del ’77, cuando la familia estaba liquidando sus activos, recibió algún tipo de oferta por parte de Clarín, La Razón y La Nación para comprar Papel Prensa. De hecho, la tarde del día en que detienen a la mayoría de la familia, mi hermana, Lidia Papaleo de Graiver, asistió junto a Isidoro Graiver a una reunión con representantes legales y algunos miembros de los directorios de estas empresas para ver si se podía firmar una carta de intención para comprar la empresa. Esa noche son detenidos.

–Y a su vez se produce otra cadena de secuestros…

–Allí comienza otra actividad. La dictadura acciona contra el diario La Opinión, que dirigía Jacobo Timerman y del cual era propietario David Graiver. Así se iba desarrollando la política de los medios. A su vez, un tribunal de guerra condena a la familia Graiver en base a declaraciones arrancadas bajo tortura en el Pozo de Banfield y en el Puesto Vasco de Bernal. Yo también soy detenido y paso nueve meses en el Puesto Vasco. La familia Graiver es blanqueada, al igual que Jacobo Timerman. Pero la familia queda detenida. Yo salgo a los nueve meses y me voy del país.

–¿Cómo siguió el proceso judicial?

–A partir de allí empezamos a intentar que la familia Graiver fuera juzgada por la Justicia Civil y no por la Justicia Militar. Luego los Graiver fueron incluidos en lo que se llamó el “acta institucional”, donde había muchos dirigentes políticos, por ejemplo Lorenzo Miguel, Jorge Taiana, Carlos Menem, entre otros. El acta significaba que uno perdía los derechos civiles y económicos. Esto significa que todos los bienes de la familia pasaban a estar en manos de la Comisión Nacional para la Recuperación Patrimonial (Conarepa). Por lo tanto, el 75% de Papel Prensa pasa a estar en manos del Estado. A fines del ’78 se convoca a una asamblea para tratar el tema accionario de la empresa. En ese momento me reúno con el abogado de Clarín, Bernardo Sofovich, quien me advierte que se va a realizar una multiplicación de las acciones y la posterior cesión a Clarín, La Nación y La Razón. Con la multiplicación, las empresas se aseguraban la posición dominante por más que la familia Graiver recuperara sus acciones. De esa asamblea no pudimos participar, nos fue prohibido.

–Y ahí comienza a cerrar esa parte de la historia…

–Así Clarín compró Papel Prensa, con la familia Graiver detenida y juzgada por un tribunal de guerra de la dictadura. A partir de allí Clarín ejerció el monopolio de la venta de papel para diarios. Cuenta de esto dieron Julio Ramos (N. de R: Los cerrojos a la prensa), fundador de Ámbito Financiero, y Héctor Ricardo García, que durante muchos años fue dueño de Crónica.

–¿El proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso es una herramienta adecuada para limitar la concentración de los medios?

–Si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no incluye a los medios gráficos, me parece que ésta es una forma de limitar a Clarín y otros grupos que imitan a Clarín en la monopolización de los servicios. La estructura básica de Clarín se sustenta en el diario, después se le cedió un canal de televisión y a partir de allí hizo una cadena de comunicación impresionante en todo el país. Estamos ante la posibilidad de pegarle en el espinazo a un monopolio real, tanto de la información como de la conducta de la gente. Clarín, lo vemos en la defensa encendida de algunos actores, ha convertido a los medios de comunicación de la Argentina en una actividad empresaria sin ningún tipo de ética profesional.

Además, Clarín ha generado en el interior del país verdaderas cadenas que impiden la expresión libre de organizaciones, sectores empresarios, ONG y universidades. Este país está monopolizado por el Grupo Clarín, que cuenta con dos empresas de cable que tienen el 50 % de los abonados y con una red nacional impresionante. Esta ley abre ese camino. Si bien esta norma no habla de medios gráficos, es importante lo de Papel Prensa para entender quién habla de “ley mordaza”. Qué autoridad tiene para hacerlo cuando Clarín fue la gran mordaza de los medios gráficos durante los últimos 30 años.

–¿Por qué cree que cierta parte de la opinión pública no está convencida de que éste sea el camino correcto?

–Hay sectores políticos, como el radicalismo, que no comulgan con la ley. Esto me sorprende, por la historia del radicalismo que siempre ha abogado por la presencia del Estado en los medios. Ahora yo veo a diputados y senadores radicales utilizando un lenguaje liberal y no lo puedo creer. Pero hemos logrado cosas. Ahora sabemos quien es quien. Se ha blanqueado la situación. Por primera vez estamos hablando de lo que realmente ocurre. Por otra parte acá hay que generar una televisión por cable de calidad. Hoy los operadores de cables no generan trabajo, sino que son simples vendedores de espacios.

–¿Es acertado el momento político para llevar adelante la ley?

–Sí, es acertado. Este es el momento. Porque si no van a seguir eligiendo presidentes, ministros y van a seguir siendo una fuerte influencia en la política argentina. Entonces cualquier momento es el oportuno. Además, si se logra se va a dar un gran paso. Y no tenga dudas de que van a aparecer inversores privados que van a hacer televisión. No seamos pesimistas, no podemos creer que el único que tiene dinero para invertir en esto es Clarín. Ahora, hasta que no salga la ley del Senado, hay una realidad: la del debate, la del miedo. Pero una vez que la ley salga la realidad va a ser otra, yo sé de grupos empresarios que creen que los medios son una buena inversión. Por eso pongo un paréntesis hasta que la ley sea un hecho consumado, vamos a escuchar otro lenguaje, incluso de muchos que se mantuvieron ajenos a esta discusión. Además, esto que dicen, que en diciembre van a modificar la ley… Yo la verdad no creo que sea tan fácil. Primero, porque los diputados que entran no son un bloque. Y después, porque la relación con Clarín ya no va a ser la misma, ya no va ser una relación de patrón y empleado.

–¿Hay un paralelo histórico que se pueda trazar entre aquel gobierno del peronismo que se sostuvo enfrentado a la prensa y éste que encabeza Cristina Fernández?

–Sí, con este tema sí. Este gobierno no dio todos pasos felices en este tema, por ejemplo cuando se permitió la unidad entre Cablevisión y Multicanal. Por eso me causa gracia cuando la oposición plantea la necesidad de un largo debate sobre estos temas cuando ante aquel decreto nadie dijo “que venga al Parlamento”. Yo creo que el Gobierno ahora sí va a enfrentar algo parecido a aquello. Va a tener que enfrentar un violento ataque bajo métodos sutiles. La difusión violenta de los piquetes y todo lo que ha aparecido en el último tiempo. Todo esto tiene que ver. Siempre, hasta el más inocente defensor de una causa popular puede jugar para el enemigo.

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Algo huele a podrido en el río Baradero

La causa de contaminación contra Papel Prensa avanza con dificultad. Clarín se defiende con chicanas. Qué dicen los ambientalistas.

Por Demián Verduga


La planta de Papel Prensa está construida a la vera del río Baradero, uno de los brazos del delta del Paraná. El predio ocupa 150 hectáreas y el conjunto de edificios que componen la fábrica suma 40 mil metros cuadrados construidos. Produce 170 mil toneladas de papel de diario por año, usando 360 mil toneladas de madera. Hasta aquí, son indicadores exitosos. Pero hay otros. La planta arroja efluentes al río Baradero y esa agua necesita diez veces más oxígeno para volver a su estado natural que lo exigido en la reglamentación vigente. Éste es un modo de medir la contaminación: la cantidad de oxígeno que el agua precisa para recuperarse. La planta no tiene certificado de aptitud ambiental ni permiso de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires para arrojar químicos al río. Fuentes del juzgado federal número 1 de San Nicolás, que pidieron estricta reserva, hablaron con Miradas al Sur sobre la historia de estos hechos y la situación actual.

El tema se destapó a mediados del 2007. Un grupo de inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación recorrió las instalaciones de Papel Prensa. Fue en el marco del Plan de Reconversión Industrial. En la visita, los inspectores tomaron muestras del agua que la planta devuelve al río Baradero, después de haberla usado en el proceso de producción del papel. Las papeleras necesitan enormes cantidades de agua, por eso se construyen siempre en las orillas de algún río. Las muestras de la Secretaría se analizaron y el resultado no fue nada alentador para el ecosistema del Baradero. “Se comprobó que el agua tenía un altísimo nivel de eco-toxicidad. Necesita 10 veces más oxígeno para recuperarse que lo permitido por las normas existentes y las que acepta la Autoridad del Agua bonaerense”, dijeron las fuentes judiciales que conocen la causa.

Ante los resultados de la inspección, Papel Prensa respondió. El juez Martín Alberto Martínez, a cargo del juzgado federal número 1 de San Nicolás, que tiene jurisdicción en Baradero, encontró sobre su escritorio un pedido de demanda declarativa. Era de la firma Papel Prensa y en contra del Gobierno Nacional. Se presentó en septiembre de 2007. La posición de la fábrica era que el Ejecutivo nacional no podía inspeccionar y sancionar la planta, porque no tenía jurisdicción en ese territorio ya que el río Baradero está completamente dentro de la provincia de Buenos Aires. “Argumentaron que sólo la autoridad ambiental provincial podía ejercer el poder de policía en la planta”, contó una de las fuentes que hablaron con Miradas al Sur. Y agregó una suspicacia: “En la demanda pedían, además, que se citara al Estado provincial como parte involucrada en la causa”. Y bajando el tono de voz, mirando a un lado y a otro para comprobar que nadie estuviese tan cerca como para escuchar, dijo: “Se nota que se sienten cómodos con la autoridad ambiental bonaerense. Es comprensible: no les dan el permiso para arrojar efluentes químicos por los niveles de contaminación, pero tampoco les cierran la planta”.

Donde mandan los privados. Después de la demanda presentada por la empresa, el juzgado pidió una nueva inspección para analizar los efluentes. Estaría a cargo del ente de residuos peligrosos, que depende del Estado Nacional. Los inspectores estacionaron la camioneta en la puerta de entrada a la planta y se bajaron del vehículo. El agente de seguridad privada que vigila la fábrica se quedó parado detrás de la reja, se acomodó la gorra negra y dijo:

–Disculpen, pero no pueden pasar.

El hombre obedecía órdenes de la jerarquía de la empresa: no dejar entrar a las autoridades del Estado Nacional. La excusa fue la demanda que habían presentado en el juzgado de San Nicolás y que todavía no había una resolución. El juez Martínez, finalmente, derivó la demanda a la Corte Suprema. Ese tribunal tendrá que definir si el Gobierno Nacional tiene autoridad para hacer inspecciones ambientales en Baradero. Hace más de un año y medio que el expediente está en la Corte y los ministros no se han expedido. Por su parte, Martínez dejó asentado que la planta funcionaba sin certificado de aptitud ambiental ni autorización para arrojar efluentes químicos. Además, del mismo juzgado, salió una orden de allanamiento para volver a analizar los efluentes de la planta. Los nuevos resultados coincidieron con la primera inspección: el nivel de oxígeno que necesitaba el agua para recuperarse de la carga química era 10 veces mayor al permitido.

Guerra de muestras. La empresa no se quedó de brazos cruzados esperando que la Corte Suprema se expida. El directorio hizo una movida hábil: su propio análisis del impacto ambiental. Estuvo a cargo del Instituto de Limnología de la Universidad de Litoral, que depende del Conicet. El estudio tuvo una sutil diferencia con los que habían realizado antes, fue un análisis de toxicidad aguda. “El único objetivo fue tratar que la causa se caiga”, dicen desde el juzgado a cargo. Ese tipo de estudio ambiental consiste en someter a un ser vivo, bacteria o planta, a permanecer un tiempo corto expuesto al agua extraída de los efluentes. Luego se analiza si tuvo alguna alteración química. Si no es así, se determina que el agua no tiene un nivel de contaminación que dañe el ecosistema. La empresa se volvió a presentar en el juzgado de San Nicolás con el resultado del estudio, que fue “positivo”, y pidió el sobreseimiento de la causa. El juzgado no hizo lugar. “Lo que tenemos que estudiar acá es el impacto ambiental crónico de la planta, no hacer un análisis de contaminación aguda”, dijo a este diario uno de los ambientalistas que conocen la causa, otra vez pidiendo reserva de su nombre. Y agregó: “Debe hacerse estudiando el impacto sobre el propio ecosistema del río y durante un período prolongado”. Ese estudio está pedido para que lo haga la Universidad de Luján y tiene un costo de 100 mil pesos. Pero las distintas secretarías, del Estado provincial y nacional, que deberían aportar los fondos, “no se ponen de acuerdo sobre a quién le corresponde”, remarcaron las fuentes judiciales.

Algo huele a podrido. En medio de esta situación están los 55 mil habitantes de San Pedro. Isabel es una señora que vivió siempre en el pueblo. Como la mayoría de sus habitantes va al río cuando el cielo está despejado y no hace mucho frío. Se agarra la nariz con dos dedos para graficar lo que va a decir:

–El olor muchas veces es nauseabundo.

Su marido, Antonio, mira al cielo con sus ojos claros, como si allí pudiese encontrar los viejos tiempos que añora. Cuenta que siempre le gustó pescar, que solía ir con otros vecinos y con su hijo.

–Yo no sé si será por la papelera, pero creéme que antes había más peces en el río.

Hay otras quejas de los vecinos: el color que tiene el agua cuando abren las canillas en sus casas, que también viene del río. Las enfermedades en la piel que sufren los que se bañan, el sabor del agua que beben. “No hay duda de que el ecosistema ha sufrido un cambio muy importante”, remata el ambientalista de la causa.

Es necesario recordar la composición accionaria de Papel Prensa. El 60 por ciento de las acciones están en manos del sector privado, la mayor parte controladas por el Grupo Clarín y el resto en manos del diario La Nación. Las fuentes judiciales subrayan que esto deja al Gobierno en minoría en las reuniones de directorio a la hora de las decisiones. De todos modos, no se puede negar la corresponsabilidad del Estado.

Para descubrir los motivos de estos cambios en el ecosistema del río Baradero, no hay otro camino que realizar un estudio prolongado en el tiempo. La empresa se resiste y sigue trabajando, arrojando efluentes con químicos sin autorización. La Corte Suprema todavía no se expide. Los recursos para que la Universidad de Luján haga el estudio no aparecen. Es la combinación perversa de un Estado lento, burocrático, sumergido en internas, y una empresa que tiene en su génesis no respetar la ley o transar con el Estado. Es lógico. Si se piensa en el origen de la planta, en un negocio que nació para que los grandes diarios no hablen sobre los crímenes de la última dictadura, no se puede esperar que se conmuevan por la salud del río Baradero.