Publicado en Revista Colsecor, 12/3/2018
Ciudadanos en busca de derechos digitales
La ciudadanía está relacionada con el (y depende del) ejercicio de derechos. Para ello, los derechos estos deben estar previamente reconocidos y debe haber políticas que garanticen su concreción. Sin embargo, en el contexto de las llamadas “sociedades de la información” el reconocimiento de derechos y su promoción a través de políticas activas resultan tareas pendientes. Sobre todo en América Latina, región del mundo que se caracteriza por desigualdades que condicionan precisamente el ejercicio pleno de derechos sociales, culturales, políticos y económicos.
El ser ciudadano habilita a una persona o a un grupo social a participar activamente, con derechos y obligaciones, de determinada comunidad, generalmente nacional. En las últimas décadas, procesos de unificación geopolítica regional como en el caso de la Unión Europea, o de aceleración global de flujos económicos en el mundo (la globalización), motivaron debates fundamentales acerca de la constitución de ciudadanías supranacionales (la ciudadanía europea o la ciudadanía global). Desde luego que las redes digitales interconectadas en el mundo entero reforzaron estos debates, aún cuando no hayan madurado en instituciones planetarias capaces de contenerlos y de concretarlos.
Por cierto, el concepto de ciudadanía es problemático ya que no implica únicamente inclusión sino que, a la vez, regula el acceso. De hecho, en su versión tradicional la ciudadanía excluía (y en muchos países sigue excluyendo) a inmigrantes, menores de edad y a grupos que en algunos países son considerados “ilegales” como los refugiados y los llamados “inmigrantes económicos” o “sin papeles”.
Además de esa limitación inherente a la propia categoría, la ciudadanía está ligada a una comunidad de intereses de tipo cultural e histórico, en un sentido laxo, que el alcance global de las tecnologías digitales recombina en un formato original e inestable. El ejercicio de derechos en una demarcación geográfica está siendo cuestionado con la masificación de Internet y, de modo más abarcativo, con la aceleración de la globalización político-económica a partir de la década de 1990.
De su primera acepción afincada en el Ágora ateniense, el concepto de ciudadanía avanzó para comprender también derechos económicos y sociales. Sobre todo en los dos últimos siglos, la ciudadanía fue perdiendo su inicial carga reducida a la dimensión individual. Fue, pues, convirtiéndose en un concepto cada vez más social. Como dice el sociólogo Manuel Garretón, “en la actualidad, las relaciones de género, los medios masivos de comunicación, el medio ambiente y el lugar de trabajo han llegado a constituir nuevos espacios de discusión de los derechos de ciudadanía”. De modo que en la armonización entre la soberanía popular, la libertad y la igualdad ante la ley, la ciudadanía asume formas diversas. Ahora bien, ¿cuál es la ley del ciberespacio ante la que pueden reclamarse y ejercerse la libertad y la igualdad? ¿qué significa soberanía en entornos digitales?
La primera respuesta a estos interrogantes es que la regulación excede la sanción de leyes y, en consecuencia, la falta de regulación legal en las redes digitales es reemplazada con prácticas y con un régimen de propiedad que es concentrado, global, y que mercantiliza la lógica de funcionamiento de servicios y aplicaciones. Esta situación, sumada a las prácticas de vigilancia y controles ejercidas por agencias de seguridad y gobiernos, en muchos casos sin amparo legal, enfatiza la necesidad de pensar en los derechos de las ciudadanías digitales. Al no existir una “carta magna” sobre derechos en Internet consolidada a nivel mundial y al carecer de un poder instituido con legitimidad como para tomar decisiones que, a imagen y semejanza del Leviatán del filósofo Thomas Hobbes, sean respetadas por el conjunto, el debate y las tensiones están a flor de piel. O, mejor dicho, a flor de red.
Redes troncales submarinas de Internet
QUIPU 