La pauta que los parió

Publicado en Revisa Ajo #18, el 29 de febrero de 2016

Decreto en mano, en pos de una “modernización restauradora”, Mauricio Macri destartaló el andamiaje legal y la política de medios de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Concentración, precarización laboral y pauta dependencia, las claves para entender qué se juega cuando el foco es la estructura de medios. Una provocadora falacia pretende que el trabajo en los medios es un sistema libre, abierto, meritocrático y competitivo. En esta nota se argumenta lo contrario: si se enfoca la mirada en el conjunto del sistema y en todo el territorio nacional, se concluirá que existen diversos tipos de organización del trabajo en los medios de comunicación argentinos y que no predomina el contrato de trabajo formal.

 

Por Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes, UBA, Conicet)

Con medidas adoptadas en el primer mes de gestión y a golpe de decreto, el presidente Mauricio Macri puso en crisis el andamiaje de regulaciones, el modelo de financiamiento y las relaciones entre gobierno y empresas de medios de comunicación que dominó la agenda de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner. Si uno de los objetivos de Macri con estos decretos era aniquilar la insistentemente propagandizada “batalla cultural” kirchnerista, llama la atención la velocidad del nuevo elenco dirigente como también las escasas reacciones de quienes condujeron el Estado hasta diciembre último.

El nuevo presidente no sólo descabezó las autoridades regulatorias de medios audiovisuales (AFSCA) y telecomunicaciones (AFTIC) y las reemplazó por un organismo completamente dependiente del Poder Ejecutivo (ENaCom), sino que modificó sustancialmente las reglas dispuestas por leyes votadas por el Congreso en 2009 y 2014 referidas a los límites a la propiedad de licencias de televisión abierta, por cable (los cableoperadores podrán expandirse ahora cuanto quieran o puedan) y radio; extendió la duración y renovó esas licencias y formalizó el permiso de transferencia de licencias entre operadores, algo que la ley audiovisual prohibía pero que igualmente se realizaba tanto a la vista como a espaldas del anterior gobierno. Mediante su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/15, Macri se comprometió a elaborar una ley “convergente” que contemple la progresiva imbricación de Internet, del sector audiovisual y el de las telecomunicaciones.

El DNU 267/15 se suma a otros decretos con los que Macri cambió aspectos sustantivos de la legislación previa. Los beneficiarios directos son los grupos audiovisuales más grandes (Clarín es el más visible, pero no es el único) y, aun cuando deberán esperar dos años, los conglomerados telefónicos que reciben el definitivo visto bueno para expandirse a los servicios de televisión de pago.

Como dice el refrán, “billetera mata galán”. Los efectos más sensibles e inmediatos del cambio de gobierno refieren más a las profusas relaciones económicas del Estado con los dueños de los medios, productoras y también con conductores y periodistas que al desmantelamiento del marco regulatorio. Ejemplo cabal de la extrema dependencia de los recursos estatales es la implosión del grupo Veintitrés de Szpolski-Garfunkel, engordado en el feedlot de la publicidad oficial que el kirchnerismo administró como sistema de premios (a los presuntos amigos) y castigos (a opositores o críticos). Szpolski-Garfunkel muestran que sin el oxígeno de los recursos públicos no pueden sostenerse: ya vendieron Radio América y Tiempo Argentino al autodenominado representante de un anónimo holding de Miami, Mariano Martínez Rojas y estarían transfiriendo CN23, El Argentino y el 50% de Vorterix a Cristóbal López. Los empleados de estos medios reclaman el pago de sus salarios desde hace varios meses, por lo que el destino del voluminoso auxilio presupuestario estatal, una vez más, fue oportunamente canalizado hacia otros fines.

La publicidad oficial es un problema que atraviesa a todas las administraciones y que carece de criterios públicos, regulación y control. Uno de los agujeros negros de la democracia: con publicidad oficial presidentes, gobernadores e intendentes premian la línea editorial oficialista y castigan la crítica. Este sistema, condenado en distintas causas por la Corte Suprema de Justicia por discriminatorio e injusto, funciona como un dispositivo de “censura indirecta” porque inhibe la crítica. Así, además de que la gestión de los fondos suele ser turbia, los recursos públicos canalizados como publicidad oficial desincentivan uno de los pilares de la deliberación democrática que es, precisamente, el cruce de perspectivas diversas y de voces disonantes con las del poder político o económico.

Hay distritos que regularon la asignación de publicidad oficial (uno de ellos fue la Ciudad de Buenos Aires, en una de las leyes que votó la Legislatura y Macri, como jefe de gobierno, vetó en 2010), hay países que lo han hecho, hay proyectos legislativos que procuran ordenar la cuestión y hay estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la materia. En todos estos casos hay variables para planificar el gasto en publicidad oficial más allá del rating o la audiencia.

El problema no es menor, dado que el volumen de gasto del Estado en publicidad oficial representa el 10% de la torta publicitaria, siendo el principal anunciante del mercado, y dado que orientar sólo a través del rating su distribución incrementaría la alta concentración del sistema de medios, premiando a los grandes, y relegando a numerosos medios, productoras y periodistas que verían amenazada su fuente de subsistencia.

Una política superadora en la materia desborda la planificación de campañas publicitarias y toca la médula de las relaciones, tan fluidas como rancias, entre el sistema político y el sistema de medios. Si buena parte de los medios y productoras existentes en la Argentina no sobrevivirían sin asistencia del Estado (nacional, provincial o municipal), entonces cabe regular esas relaciones en forma de subsidios, tal y como ocurre en casi todos los países de Europa, por ejemplo. Al diferenciar subsidios de publicidad oficial, ésta tendría como razón de ser la difusión de los actos de gobierno, una obligación republicana y, por otro lado, correspondería organizar criterios para esos subsidios. Algunos de ellos podrían ser el aporte a la producción local, independiente, alentando diversidad de géneros, temáticas, contenidos y actores sociales y geográficos.

La extrema sujeción de la mayoría de los emprendimientos de comunicación a la pauta estatal es síntoma de un sistema que, en términos económicos, puede caracterizarse como “protocapitalista” y que estructura un mercado incapaz de sostenerse sin la participación constante del Estado como financiador, incluso en los segmentos lucrativos. Por ello, un examen de las relaciones económicas entre el Estado y los medios revela que, además de la publicidad oficial, las empresas de comunicación solicitan (y obtienen) asistencia a la hora de perpetuar la explotación de licencias con uso del espectro; de fusionar, concentrar y eludir prestaciones de interés público en las redes físicas (telefonía, cable); de eludir regulaciones de trabajo en blanco y compromisos fiscales y previsionales, por ejemplo.

Una mirada distante y superficial afirmaría, en función de las relaciones capitalistas en un puñado de grandes conglomerados mediáticos, los más concentrados, que en el sistema de medios argentinos predomina el tipo de trabajo asalariado. Es decir, relaciones laborales de dependencia con dueños/empresarios de medios y percepción de salario por parte de quienes trabajan en ellos. En esta imaginaria e ideal situación, los dueños/empresarios comercializan espacios y venden productos para obtener ingresos con los que remuneran a los profesionales que se desempeñan en sus organizaciones. Sin embargo, la organización productiva en los medios argentinos muestra, desde hace mucho tiempo, otra realidad.

Si se enfoca la mirada en el conjunto del sistema y en todo el territorio nacional, se concluirá que existen diversos tipos de organización del trabajo en los medios de comunicación argentinos y que no predomina el contrato de trabajo formal. Incluso en grandes organizaciones de comunicación hay formas de trabajo no asalariado, y extensas zonas donde la precarización es la regla. La ausencia de un víncu­lo contractual estable es común a las distintas (y heterogéneas) categorías de medios existentes en el país y abre una reflexión fundamental sobre el tipo de contraprestación no salarial –o no eminentemente salarial– que organiza una buena parte del proceso de trabajo en los medios de comunicación de Argentina en pleno siglo XXI.

Los cambios regulatorios decretados por Macri en los inicios de su presidencia prometen modernizar la normativa a la tendencia convergente de actividades audiovisuales y de telecomunicaciones. Pero, más allá de la retórica modernizadora, no hay convergencia en esos decretos, sino una nueva intervención estatal para inclinar la cancha a favor de los grupos más fuertes. El costo que pagó hasta ahora el gobierno en esta materia es relativamente bajo, en parte por las tropelías que, en nombre de valores virtuosos, caracterizaron la ejecución de políticas de comunicación en los últimos años de kirchnerismo.

En la intersección entre rutinas productivas que combinan formas capitalistas clásicas, clientelismo, vasallaje y mecenazgo, y el mundo productor de los acontecimientos que son registrados como noticias, emerge la progresiva tercerización de la producción de los contenidos que son difundidos en los medios de comunicación. El vértigo productivo al que son sometidas las redacciones, injertadas con mayor herramental técnico pero despojadas del tiempo necesario para la verificación, para la documentación y para la investigación, colabora con ello.

No hay regulación legal que satisfaga la superación del conjunto de estos procesos. Aunque son esos mismos procesos los que conducen al reclamo de reglas de juego que transformen lo existente, aun cuando, como en el caso de la agenda de Macri, sea con la esperanza de restaurar los márgenes de dominio de actores a los que tenían hasta 2008.

En el fondo, las apuestas políticas de ayer y de hoy merecen leerse a la luz de su productividad en la estructura de un sector que es concentrado, centralizado geográficamente en Buenos Aires, dependiente en su economía del Estado y tensionado por la disputa de intereses entre los mayores conglomerados. El revestimiento de relatos (ayer de “democratización” y “batalla cultural”; hoy de “modernización restauradora”) es cuestionado por la estabilidad en la estructura del sector de la información y la comunicación y por sus reglas económicas.