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La publicidad oficial o avisaje estatal es un problema común a varios países del continente americano. Algunos de ellos -pocos- tienen pautas para su distribución y hay, en el interior de los países, distritos (provincias, municipios) que avanzaron en la adopción de regulaciones.

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Ilustración: Adam Pekalski

Como la publicidad oficial involucra recursos públicos, se dirige a captar la atención social y compra espacios en medios, productoras y programas/productos de comunicación, se presta a intermediaciones directas e indirectas y se suele ejercer con discrecionalidad. De este modo, suele premiarse con los recursos públicos a través de la publicidad oficial a medios de comunicación (productoras y periodistas) afines al gobierno y castigarse a los medios (productoras y periodistas) críticos.

Varios son los problemas estructurales de las políticas sobre publicidad oficial que comprometen el pleno ejercicio del derecho (que es social e individual) a la libertad de expresión y varias son las opciones para salir del laberinto del uso discriminatorio de estos recursos estatales. Se abordaron esos problemas y esas opciones en el informe “Quid pro quo” elaborado por Martín Becerra en 2012 (disponible acá: https://martinbecerra.files.wordpress.com/2015/10/po-pc-mb-quid-pro-quo-final-2012.pdf). Una actualización estadística de ese material se halla también en el libro “De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina” (2015).

En esencia, la publicidad oficial puede ser usada como un mecanismo de censura indirecta según el Sistema Interamericano de DDHH cuando su asignación es manifiestamente arbitraria y discrecional.

En cuanto a estándares que pueden guiar la adopción de políticas menos discrecionales, más universales, equilibradas y auditables social y políticamente en materia de publicidad oficial, se recomienda leer el siguiente informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (o descargar el documento acá: Publicidad Oficial Estandares Relatoria OEA).

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