El caso Papel Prensa derivó en una diversa muestra de interpretaciones y, sobre todo, de opiniones, pero en el fondo hizo circular públicamente información que hasta ahora sólo conocían especialistas en uno de los temas que revive la compleja relación entre poderes (políticos, económicos, civiles, militares) en las vísperas y luego durante la última dictadura. Horacio Verbitsky en Página 12 rescata la investigación del ex fiscal Ricardo Molinas, quien concluyó que el gobierno militar cometió enormes irregularidades en la apropiación y venta de la empresa de David Graiver (y su viuda Lidia Papaleo) a Clarín, La Nación y La Razón en 1976. La investigación de Molinas no llega a acusar a las empresas periodísticas (si a sospechar de ellas), despejando uno de los asuntos más discutidos sobre el caso que además enfrenta a víctimas y reposiciona a algunos victimarios. Mario Wainfeld, publicó en Página 12 un gran análisis sobre la decisión de discutir en el Congreso la declaración de interés público de la empresa monopólica de producción de papel, y en las antípodas de su análisis Susana Viau en Clarín cuestiona el rol del gobierno y la autoridad moral y política sus actores internos que han protagonizado el informe «Papel Prensa, la verdad». Antes, en sendos recuadros de sus columnas en Página 12, Wainfeld y Verbitsky aportaron información. A su vez, en Perfil, Pedro Ylarri lograba la primera declaración de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, esperando una «reparación histórica» respecto de la venta irregular de sus acciones en la empresa.
SE RADICALIZA LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS
Piedra, papel y tijera
La confrontación del Grupo Clarín con el gobierno nacional se agudiza y ordena el panorama político. La reafirmación del poder presidencial frente a las corporaciones y la apertura institucional a los otros poderes pone a la oposición en una disyuntiva: con el interés público pero cediendo la iniciativa al gobierno, u oponiéndole su propia agenda subordinada al interés de los privados más poderosos.
Por Horacio Verbitsky
El carácter de batalla decisiva que todos los involucrados le asignan no estimula el pensamiento crítico sobre cada aspecto de un caso que corta en forma transversal la historia argentina del último medio siglo, tan despoblada de ángeles y vírgenes. Las controversias entre miembros de la familia Graiver son apenas ruido de fondo que distrae del tema central. Por eso conviene ceñirse a lo que cada uno dijo antes de que comenzara esta pelea entre el Grupo Clarín y el gobierno, cuando el apellido Kirchner refería al arte alemán y no a la política argentina.
Todos los actores coinciden en que la escena política y económica muestra el más alto grado de polarización en décadas. El ex presidente Néstor Kirchner sostuvo en varios discursos de la última semana que se trata de “profundizar el modelo y la distribución del ingreso”, que la presidente CFK enfrenta a las corporaciones mientras la oposición pide instrucciones al Grupo Clarín. En un documento previo al discurso presidencial, los diarios Clarín y La Nación sostuvieron que “el Gobierno nacional pretende adueñarse de los activos de Papel Prensa” y “someter a los medios de comunicación independientes”, una línea de la que les cuesta retroceder aun después de que fuera desmentida por los hechos. Sus principales columnistas deploran que se esté apagando la libertad pero celebran que los hombres de negocios rechacen la prepotencia oficial. Algunos políticos se han quedado sin adjetivos: para la diputada Elisa Carrió ahora “el gobierno cruza el límite entre democracia y autoritarismo”. Pero hace cuatro años ya opinaba que “Kirchner es igual a Hitler”. Este lento alejamiento de Hitler de la democracia es un notable aporte aborigen a la ciencia política. Para el precandidato presidencial del peronismo opositor, Felipe Solá, los empresarios “se pusieron las botas”. Las principales entidades patronales claman que no existe en el país seguridad jurídica, mientras sus empresas muestran resultados excepcionales, que explican los índices de inflación mejor que la ortodoxia monetarista. Ricardo Alfonsín dijo que le llamaba la atención que el tema de Papel Prensa no hubiera aparecido antes, lo cual constituye un involuntario reconocimiento de la diferencia entre este gobierno y los anteriores.
Mitos y realidad
Pese a la dificultad de un análisis propio que eluda ese exacerbado antagonismo, es inocultable que los grupos económicos que estuvieron entre los grandes apoyos de Kirchner son hoy los mayores adversarios de CFK. Pero esta constatación desmiente el relato machacado a derecha e izquierda sobre el ex mandatario como única autoridad verdadera. Del mismo modo, la decisión presidencial de dar intervención al Congreso y a la Justicia colisiona con la fábula del régimen autoritario que concentra poder a expensas de las libertades públicas, repetida sin desmayos desde hace años, pero no alcanza para disiparla: un reacomodamiento mediático de urgencia explica que sólo la firme posición de políticos y hombres de negocios e incluso del gobierno de Estados Unidos habría forzado el retroceso en la decisión de expropiar Papel Prensa. CFK ha continuado la reconstrucción de la autoridad presidencial y la primacía de la política sobre los poderes fácticos que Kirchner inició en 2003, cuando el descrédito del sistema representativo democrático había llegado a un punto intolerable. Pero además le agregó una dosis de institucionalidad que faltó cuando sólo había urgencias, algo que tampoco es fácil de apreciar a través del lente manchado con tinta de imprenta que enturbia las percepciones de la opinión pública. Los accionistas privados de Papel Prensa ya habían presentado una querella contra el secretario de Comercio Mario Guillermo Moreno en la que le atribuyeron usurpar facultades investigativas que sólo competen al ministerio público y a la justicia. El abogado de Moreno, Alejandro Rúa, respondió que si se encontraran hechos delictivos el informe sería “elevado a los organismos competentes” para que la pesquisa continuara en la justicia, “a cargo de órganos que satisfagan exigencias de independencia e imparcialidad, con amplias posibilidades de ejercer el derecho de defensa”, como anunciaba la resolución de marzo de 2010 que inició la investigación. Rúa sostiene que Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto presentaron una “improcedente contraquerella”, buscando pasar de acusados a acusadores en un juzgado diferente al que debe investigar los delitos aberrantes que se habrían cometido entonces.
Crímenes y pecados
Una primera lectura del material recolectado permite arriesgar que son contundentes las pruebas acerca de la connivencia con el Estado terrorista de los diarios que compraron las acciones de los Graiver en 1976, con los vendedores en un estado de extrema vulnerabilidad. Esto es explícito en la cobertura periodística de aquellos años e incluso en los comunicados que los diarios emitieron entonces para explicar que su ingreso en la fábrica había sido “previa consulta y conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe”. Tampoco es dudoso el uso que hicieron de Papel Prensa para consolidar una posición dominante en un mercado informativo de creciente concentración y con generosos subsidios estatales, desde los aportes de capital con diferimientos impositivos hasta las tarifas de la energía y los diferenciales de tasas de interés entre el crédito estatal y su colocación ilegal en bancos privados. Con la misma lógica con que confesaron aquel vínculo con la dictadura, esos accionistas admiten ahora que “controlar el papel es controlar la información”. Asegurar que nadie lo controle en el futuro es la responsabilidad que la presidente delegó en el Congreso, donde su partido está en minoría, para que declare de interés público la producción, distribución y comercialización de pasta celulosa y de papel de diario y regule sus condiciones, supervisada por una comisión bicameral y con participación de todos los diarios en un consejo asesor. La oposición debe elegir entre representar el interés público, acompañando la iniciativa del Poder Ejecutivo al que aspira a suceder, o afirmarse en su intransigencia pero asociada a los intereses particulares más poderosos. No es una disyuntiva fácil.
Diarios sí, judíos no
Menos claro es que pueda demostrarse la participación de alguno de aquellos accionistas en crímenes de lesa humanidad, los únicos que impedirían la prescripción. El testimonio del ex empresario y timador José Pirillo es tan verosímil como la solicitada de Isidoro Graiver. Pirillo pretende que hace un cuarto de siglo, cuando la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble no formaba parte de la agenda pública, Magnetto le dijo que se los había conseguido Videla. Los mejores datos para argumentar la complicidad con un delito de lesa humanidad no están en el informe que los reformadores del INDEC tipearon con los guantes de box puestos, sino en la investigación realizada entre 1984 y 1988 por el ex fiscal nacional de investigaciones administrativas Ricardo Molinas. Ese trabajo incluye declaraciones del ex dictador Emilio Massera y del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que datan el comienzo de las investigaciones sobre la relación entre los Graiver y Montoneros antes de la transferencia de acciones a los tres diarios, y de Lidia Papaleo e Isidoro Graiver sobre las presiones para vender a los actuales accionistas. Massera declaró que “el 15 de setiembre de 1976 la Junta Militar había tomado conocimiento de los hechos relacionados al caso Graiver, girando los antecedentes al ministerio de Economía para su informe”. Martínez de Hoz confirmó que al morir David Graiver en agosto de 1976 “se había dispuesto la investigación de todo lo relativo al denominado caso Graiver”. Lidia Papaleo le contó al fiscal Molinas que el ex ministro Francisco Manrique, amigo de su esposo, le hizo saber que el gobierno quería que el Grupo Graiver desapareciera y que “el comprador indicado” para sus acciones en Papel Prensa eran los tres diarios. El primo de Martínez de Hoz, Pedro Jorge Martínez Segovia, a quien Graiver había colocado como presidente figurón de Papel Prensa, llevó a la flamante viuda a caminar por la Plaza San Martín, pero no para consolarla: allí le dijo que no podía vender el paquete accionario de la papelera a “personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero”. Martínez Segovia admitió el diálogo pero pretendió que sólo había sido “un consejo, atento a las circunstancias del momento” (sic). Isidoro Graiver confirmó que Manrique le había transmitido al abogado de su cuñada, Miguel Anchorena, que “sería necesario” ceder el control accionario de Papel Prensa a los tres diarios, que eran “los compradores lógicos”. Pocos días después recibió la visita de Guillermo Gainza Paz, quien en representación de los diarios propició una reunión con sus directivos, que se realizó en la sede de Clarín. Pero las tratativas no prosperaron porque la oferta que les hicieron era “totalmente inadecuada”. Por Manrique supieron que el Estado no autorizaría que las acciones que David Graiver había comprado a través de testaferros cuando su protector José Gelbard era ministro de Economía, se inscribieran como propiedad del grupo familiar, con lo cual perderían todo. (Gelbard era otro de los que acosaban a la viuda. Su abogado, Gustavo Caraballo, le exigía el pago de una deuda por seis millones de dólares). En ese momento los diarios propusieron una nueva reunión, que se realizó en la sede de La Nación. Allí se firmó la venta. Isidoro Graiver dijo que “no tuvieron otra oferta mejor que la aceptada, dado lo exiguo del tiempo”. Ese precio fue tan bajo que el representante del ministerio público que defendía los intereses de la hija menor de David Graiver y Lidia Papaleo lo objetó en el juicio sucesorio, de modo que la transacción nunca se cerró, hasta que el presidente Raúl Alfonsín accedió a indemnizar a la niña. Desde entonces, María Sol no tiene ningún reclamo pendiente. Los mismos personajes aparecen, pero con sutiles variantes, en la biografía autorizada de Magnetto, “El hombre de Clarín”: habría sido el abogado de Graiver quien tomó contacto con Gainza Paz y a través suyo hizo el ofrecimiento de venta a los diarios. Cuando se reunieron en Clarín habría sido Anchorena quien formuló un pedido de diez millones de dólares, que los diarios no aceptaron. Según el libro, Manrique le recomendó a Papaleo que vendiera, dadas “las nuevas circunstancias políticas”, en las que “con la complicidad de algunos funcionarios” se estaba tramando “una maniobra de desapoderamiento” de los Graiver. “Ante el riesgo de perderlo todo”, fue Anchorena el que apuró a los diarios, que entonces decidieron blanquear las negociaciones con la Junta Militar, cuyos miembros “no manifestaron objeciones”. El autor del libro de Magnetto es José Ignacio López, desde esta semana vocero del diario La Nación. En las conclusiones de su dictamen, Molinas dio por probado que la Junta Militar conocía la relación de Graiver con Montoneros pero en vez de impedir la venta a los tres diarios la autorizó. En consecuencia, denunció a los miembros de la Junta por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes como funcionarios. No hizo lo mismo con los accionistas privados porque sus atribuciones como fiscal se ceñían a investigar a los funcionarios y porque el interventor designado por Videla en la papelera se manejó en forma clandestina, de modo que consignó anomalías e irregularidades en la transferencia y la operatoria posterior pero sin escuchar a los accionistas, lo que “resulta inconcebible en un estado de derecho” pero era habitual en 1977. Debido a esa ilegalidad no es posible formularles “un cargo concreto, apareciendo –prima facie– como terceros de buena fe y consolidados luego de muchos años al frente de la empresa”. La operación había sido denunciada a la Junta Militar por el Banco de Intercambio Regional (de José Rafael Trozzo). Esto refleja las pugnas internas en la Junta Militar. El interventor era el capitán de navío en actividad Alberto D’Agostino, cuya designación fue impulsada por Massera, quien así intentaba voltear la transferencia apadrinada por Videla. Pese a la contundencia de su informe final, Videla lo archivó sin seguir sus recomendaciones. Fernando Molinas, hijo y secretario del ex fiscal, sostiene que su padre pidió a Alfonsín la nulidad de la venta a los diarios. Es posible que haya sido un reclamo verbal, pero no figura en el dictamen firmado el 29 de febrero de 1988.
OPINION
Ganarle al miedo en buena ley
Por Mario Wainfeld
Hablemos de los hechos, para desafiar una regla dominante en la comunicación cotidiana. Las acciones de Papel Prensa se vendieron en los primeros meses de la dictadura militar, en el tramo más brutal (a la vez fundacional) del terrorismo de Estado y de la violación de las garantías constitucionales, empezando por la división de poderes. La dueña de las acciones transferidas, Lidia Papaleo de Graiver, jamás se juntó con el precio. Todos los adultos integrantes de la familia Graiver fueron secuestrados y torturados.
Durante décadas, Papel Prensa controló el mercado con prácticas monopólicas. El Estado nacional fue un socio bobo, mudo y sumiso ante un poder fáctico superior al de sucesivos gobiernos, dictatoriales o democráticos.
El actual Ejecutivo, a partir de conflictos coyunturales, tomó la valiosa decisión política estratégica de limitar el poder del Grupo Clarín. Entre otras movidas, se implicó activamente en la empresa, sacudiendo la modorra estatal, haciendo valer cuanto pudo su posición minoritaria. En el trayecto, investigó el origen de la compra de las acciones. Produjo un material contundente, presentado ayer en la Casa de Gobierno.
La documentación fue buscada con denuedo. Parte del material es conspicuo y fue denunciando en numerosas oportunidades en diarios, libros y revistas. Una porción más pequeña estaba sustraída al conocimiento ciudadano, camuflada en expedientes con telarañas, perdida en archivos olvidados.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunció ayer un discurso memorable. Uno de los más redondos de su mandato, si no el mejor. Rememoró el modo en que pasó de mano Papel Prensa y su trayectoria posterior en el mercado. Dio cuenta de haber leído y elaborado el informe. Lo divulgó en una exposición larga (como ella misma reconoció al final) y rigurosa.
Pero las palabras, ya se sabe, van y vienen. Lo más notable no fue la retórica sino, otra vez, la decisión política: darle un cauce institucional al informe. Serán los otros poderes del Estado los que resuelvan qué hacer respecto del pasado y del futuro. Los tribunales comerciales deberán dirimir la validez o nulidad de la venta. Los penales, sentenciar si hubo violaciones de derechos humanos en el contexto de la supuesta negociación celebrada entre 1976 y 1977.
El Congreso deberá analizar un proyecto de ley (cuyo texto no se conoce aún) declarando de interés público la producción de papel para diarios y formando una comisión bicameral para el seguimiento de esa actividad.
El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, tendrán a su cargo la peliaguda misión de preparar la vía judicial. Seguramente, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, ya está redactando el proyecto de ley que la Presidenta revisará con obsesividad de parlamentaria.
Los hechos quedan también sometidos a la opinión pública tras años de silencios, omisiones o imposiciones.
El dialecto periodístico-político opositor se ingeniará para calificar ese recorrido como “autoritario”, “arbitrario”, “totalitario”. O se valdrá de un sustantivo-adjetivo berreta caro a su imaginario: “chavista”. Para el pensamiento hegemónico de derecha, el chavismo no es un régimen popular, plebiscitado muchas veces en elecciones limpias, con desempeños discutidos en materia de libertades públicas. “Chavismo” es, charramente, sinónimo de dictadura bananera.
Sin embargo, lo que hizo el gobierno nacional es legal, democrático y republicano. Investigó, honró sus deberes de socio-accionista, produjo un informe que se abre al debate ciudadano, lo canalizará institucionalmente. Vale la pena señalar el detalle, pasando la pelota a dos poderes donde (en la actual coyuntura) las corporaciones juegan de local o al menos en condiciones muy favorables. Lejos de la discrecionalidad o del decreto de necesidad y urgencia, se interpeló a los estamentos democráticos y a la ciudadanía.
A eso, en jerga dominante, se rotula como “chavismo” o se describe como “ataques a la prensa”.
Frente a otras etapas históricas, hay mayor transigencia, según se verá.
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Los diarios Clarín y La Nación vienen publicando en tándem desde el conflicto de las retenciones agropecuarias. Socios en Papel Prensa y en Expoagro, sus tradicionales diferencias editoriales se fueron licuando en el mandato de Fernández de Kirchner. A veces, desdoblan tareas, como cuando La Nación informó la reunión entre Héctor Magnetto y cinco referentes del espacio peronista federal-PRO, que Clarín guardó y sigue guardando en reserva. En otras, se pronuncian juntos. Así fue en las ediciones de ayer, buscando lo que en fútbol se llama “anticipo ofensivo” al anuncio. Optaron por una suerte de editorial conjunto, titulado “Una historia inventada para apoderarse de Papel Prensa”. Como se supo a la tardecita, el apoderamiento no existió, en el año 2010 al menos. Y la historia, infaustamente, es real.
El material se recomienda, porque no tiene desperdicio. El cronista sólo pondrá de resalto el modo en que se narra un acuerdo comercial millonario, en el que tuvo un rol central el Estado terrorista.
Papaleo de Graiver era la viuda reciente de un empresario judío (un arquetipo de las personas odiadas por los represores) muerto en un dudoso y oportuno accidente aéreo. La viuda estaba fuera del país, desoyó consejos sensatos y volvió. Discutió, en el fragoroso año 1976, con empresarios ávidos, que contaban con el apoyo del régimen. Los grandes medios pretenden que las tratativas realizadas en ese entorno funcionaron en un mercado perfecto que hubiera hecho las delicias de Adam Smith. Su relato, es de lamentar, concuerda con el mito divulgado por la propia dictadura: existía una sociedad civil normal, con libertades garantizadas, aunque algunas “patotas” hacían abuso de la violencia. Esa falacia, claro está, se desbarató en pocos meses. Nadie puede, honestamente, creer que una negociación referida a bienes estratégicos se sustanciaba en un clima de negocios decoroso, impermeable al totalitarismo imperante.
Los editoriales aducen que Papaleo de Graiver consensuó. No hay tal, nuestro sistema legal exige para que haya contrato que las dos partes tengan “discernimiento, intención y libertad”. Los vocablos, en jerga forense, tienen significado bastante similar al del lenguaje común. La desdichada Lidia carecía de libertad e intención plenas cuando firmó la transferencia. Después, la pasó peor.
Nunca se perfeccionó un elemento sustancial de un contrato: el pago. La dueña recibió una fracción vil del precio, menos del uno por mil (siete mil dólares sobre casi un millón), el resto no le llegó nunca. Un juez debía aprobar el pacto, que involucraba derechos de la hija de Graiver y Lidia Papaleo, jamás lo hizo. Su Señoría se negó porque estaba en desacuerdo con el negocio leonino, los grandes medios consignan púdicamente que “nunca se expidió”.
Por lo tanto, el contrato no terminó de concretarse. Existía lo que podría llamarse “tracto sucesivo”, la negociación continuaba, en Tribunales. Cuando se secuestró a la dueña, privándola no ya de su libertad, sino de todos sus derechos humanos, las tratativas estaban abiertas.
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“Fue una operación legal y pública, anunciada por todos los diarios de la época”, resume el editorial a dos manos. O sea, contra toda prueba y contra sus propios alegatos cuando se justifican por haber escamoteado data sobre 30.000 desaparecidos, alegan que en ese tiempo los diarios informaban la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Inventan una burbuja temporal: suponen que Papaleo de Graiver estaba en un mundo feliz cuando firmó y que luego, por hechos ulteriores, fue chupada. Las palabras tienen su peso tremendo, máxime cuando las redactan grandes editorialistas de diarios importantes. Cuentan que la mujer fue detenida por “imputaciones ajenas a ese tema”. “Imputación” alude a intervención de jueces o fiscales no a represores sin ley. Y es difícil saber, aún para quienes fueron sus confidentes mediáticos, cuáles eran los motivos de los secuestros.
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Los titulares de los propios diarios en esos tiempos, sus solicitadas, los brindis de sus propietarios con el represor Jorge Rafael Videla corroboran que el gobierno fue un jugador central en el traspaso. Lo reconocieron y celebraron, con todas las letras, en sus ejemplares de mayo de 1976 cuando esas amistades valían poder.
El editorial de ayer consigna que “Papel Prensa fue una empresa perseguida por Emilio Massera”. Un modo didáctico sobre cómo se distorsionan hechos contándolos a medias. Massera, como en tantos otros temas comerciales y políticos, pulseaba contra Videla. Este era el puntal de Clarín, La Nación y La Razón, unidos en una empresa llamada Fapel. María Seoane y Vicente Muleiro lo cuentan con detalle en su libro El Dictador. En la página 270 de la edición de 2001 explican que “la discusión sobre a quién ofrecerle Papel Prensa produjo un durísimo enfrentamiento en la Junta. Fapel era la candidata de Videla y Martínez de Hoz. Massera tenía otro candidato: el banquero José Rafael Trozzo, dueño del Banco de Intercambio Regional”. La ojeriza de Massera no traducía antagonismo del régimen, sino una querella por negocios. Los perros de la guerra no pensaban full time en el Occidente cristiano, también en sus billeteras. A Fapel no le fue tan mal en esa interna de pequeros.
Se subraya: Seoane y Muleiro hablan de un hecho consabido, para nada inventado en las últimas semanas: fue la Junta la que “ofreció” la empresa a Fapel. Estaba hasta el tuétano en ese negocio, para nada privado.
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Otra distorsión, especialmente perversa, es suponer que una víctima del terrorismo de Estado recupera su libertad y su palabra no bien sale del campo de exterminio. O un tiempo determinado después. Papaleo de Graiver es puesta bajo sospecha porque no habló antes. Se banalizan el temor y la minusvalía impuestos por los represores. Ríos de tinta se han escrito sobre el tema, gente de la prensa debería conocerlos.
Papaleo habló cuando pudo dominar el miedo, cuando Christian Von Wernich y Miguel Etchecolatz, dueños de su vida y de su cuerpo, fueron juzgados y condenados. También, más vale, cuando supo que había un poder democrático dispuesto a poner coto a la impunidad de los cómplices civiles de la dictadura. Ese periplo terrible merece comprensión, contención y respeto.
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El oficialismo es apenas primera minoría en ambas Cámaras del Congreso. La oposición puede parar o distorsionar su proyecto de ley, sobreactuando su subordinación a las corporaciones.
En Tribunales, la carga de la prueba pesa sobre quien pide la nulidad de un contrato o acusa a un presunto delincuente. Si la prueba no alcanza, se mantiene el statu quo previo o prima la presunción de inocencia. No será sencillo conseguir sentencias favorables. No suele serlo en casos tan complejos con escasos precedentes, menos con magistrados conservadores en lo legal y de ordinario pro empresarios.
El kirchnerismo no es ingenuo, conoce esas perspectivas. Su opción, para nada facilista, también compite (de modo más ventajoso) en otros escenarios. Interpela la opinión pública, en defensa de los derechos humanos, de la búsqueda de igualdad tanto como de verdad y justicia. En esos terrenos, según la mirada de este diario, tiene todas las de ganar. En buena ley.
Lo de siempre: la historia se burla de los que quieren repetirla
La Presidenta buscó alumbrar una nueva CONADEP, la de los medios. Pero nada fue igual a aquel 1984.
Por Susana Viau – 29.08.2010
El martes, la Presidenta dijo que los hechos que relataba parecían “un thriller”. Sin embargo, lo que se emitió durante 70 minutos por cadena nacional pertenecía a otro género.
En el Salón de los Patriotas, sobre una mesa y en esmerado desorden estaban depositados decenas de expedientes. Eran la materialización de las “probanzas irrefutables” de las que habló el abogado Alberto González Arzac al abrir el acto y presentarle a Cristina Fernández el informe sobre Papel Prensa. Al letrado, un nacionalista católico de larga tradición justicialista, lo habían asistido Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, la ex funcionaria del INDEC a la que Cristina Fernández convirtió en un basquetbolista de los años ’50 llamándola sistemáticamente “Pagliari”.
A la función de gran abono faltaron la mayor parte de los capitanes de la industria y sólo asistieron un par de embajadores, doblegados por las llamadas imperativas del Gobierno, dispuesto a dar a luz una nueva CONADEP, la CONADEP de los medios de comunicación.
Pero ocurrió lo de siempre, porque la historia se burla de los que quieren repetirla . Nada fue igual a aquel 20 de septiembre de 1984: si entonces las voces eran las de la tragedia y el clima estaba impregnado de solemnidad, ahora el tono de la Presidenta sonaba banal y la atmósfera era de desconcierto.
Fuera, en la calle, no aguardaban miles y miles de ciudadanos expectantes; los oficinistas que atravesaban la Plaza de Mayo eran indiferentes a lo que ocurría en ese edificio de color rosa subido. A menos de diez cuadras las luchas desatadas por Néstor Kirchner en el peronismo del conurbano golpeaban las puertas del Luna Park para iniciar un festival de tiros y navajazos.
Por lo demás, ni González Arzac era Ernesto Sábato, ni el secretario de Comercio Moreno y su incondicional Paglieri podían soñar siquiera con dar la talla intelectual de Gregorio Klimovsky o Hilario Fernández Long. Aquel informe buscó a tientas la verdad para que de ahí en más formara parte de la vida los argentinos; lo que el martes se les ofreció fue un revoltijo de datos acomodados a piacere, un sucedáneo de la verdad, construido a la medida de las pasiones de los Kirchner.
A eso se redujo lo dicho. Lo no dicho tenía, en cambio, una importancia capital y su existencia suponía un incordio para “Papel Prensa, La Verdad”.
Así, la Presidenta y sus sabuesos prefirieron no recordar por qué razones el fundador de Papel Prensa, César Civita, un tycoon de la industria periodística, debió vender el 27 de diciembre de 1973 su paquete accionario clase A. Las razones las hilvanó en una carta pública Eduardo Barreira Delfino, uno de los jóvenes abogados de Civita y su pujante Editorial Abril: el entonces ministro de Economía José Ber Gelbard forzó el apartamiento del italiano en cuyas empresas trabajaron Gino Germani, Grete Stern, Hugo Pratt, Rodolfo Walsh, Francisco Urondo, Juan Gelman, Miguel Angel Bustos.
“En Abril –solía decir– no somos anti nada. Excepto antinazis y antifascistas”. Con el pretexto del “compre nacional”, Gelbard obligó a Civita a requerir de las cámaras nucleadas en la Confederación General Empresaria (de estrechos lazos con Gelbard) la “autorización para importar cada pieza diferenciada de los equipos, máquinas, repuestos e implementos”. El permiso llegaría después de que el último de los integrantes de la CGE “certificara que la industria nacional no estaba en condiciones de fabricar ni proveer” esos insumos.
El juego del Gran Bonete puso al borde de la extinción los plazos para la compra de la maquinaria finlandesa y la validez de las garantías para los créditos.
Acorralado, Civita vendió.
Recibió tres cheques del banco de David Graiver y la sugerencia de que los depositara allí mismo porque estaban al cierre del balance y una salida de dinero semejante perjudicaba los estados contables de la entidad. En 1975, el departamento que los Civita tenían en Belgrano fue ametrallado.
Nadie se adjudicó el atentado, aunque todos señalaban a la Triple A. ¿Por qué? “Porque ni un solo vidrio de los 20 metros de ventanal se salvó de la balacera. Era un piso 18. Quienes tiraron lo hicieron desde un helicóptero”.
Civita no era Michael Corleone y dejó el país.
Gobernaba María Estela Martínez de Perón. Su secretario de Prensa, un cuadro de la ultraderecha peronista, afín a José López Rega, era el hombre que el martes se sentó en primera fila, Osvaldo Papaleo, hoy punta de lanza de la cruzada de Cristina Fernández por la “desmonopolización”.
Su hermana Lidia, compañera de Graiver, estaba a su lado. Mucho mayor, mucho menos triste de lo que se la veía en los 80, al llegar a Madrid con sus suegros. Compraron entonces un local en una galería de la llamada Milla de Oro. En esa misma calle, a la intemperie, otros exiliados vendían baratijas.
Era un secreto a voces que David Graiver había manejado una parte importante del dinero de Montoneros y su familia había padecido persecuciones y torturas.
Nunca se escuchó, en cambio, que sus herederos hubieran sido obligados a vender Papel Prensa.
El mundo entonces era pequeño. En Madrid vivían también el hoy secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, el abogado cordobés Gustavo Roca y el periodista riojano Alipio Paoletti. Los tres habían fundado la CADHU. Allí escuchaban y transcribían los relatos del infierno, los testimonios de familiares, ex presos y sobrevivientes de los campos de concentración y los transformaban en denuncias, en lo que la Junta llamó la “campaña antiargentina”.
En los albores de la dictadura el propio Jacobo Timerman, padre del actual canciller, se encargó de refutar aquellas historias de la barbarie y sostuvo en su periódico que Duhalde y Roca merecían ser extraditados y juzgados por traición a la Patria.
Fue una curiosa foto de familia la del martes 24. Para completarla sólo faltaría que Alberto González Arzac fuera el mismo Alberto González Arzac que, rumorean, al declarar en la denuncia de Carlos Menem contra los jefes militares que lo recluyeron en Las Lomitas, admitió su condición de asesor económico-financiero del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior de Jorge Rafael Videla.
Difícil de creer.
Habrá que hurgar en los archivos donde se guarda el expediente instruido por el juzgado de Martín Irurzun, secretaría Zottele.
Revivir para contarlo
Por Mario Wainfeld
Se puede decir que Lidia Papaleo de Graiver era, a principios de 1976, una mujer dichosa y hasta privilegiada. Estaba casada con el hombre que quería, se había graduado como psicóloga, tenía una hija de esa edad en que los chicos sanitos sólo dan alegrías, era inmensamente rica. A partir del ¿accidente? aéreo en el que murió su esposo, David Graiver, su vida cambió. En cuestión de meses se vio forzada a vender las acciones de una de sus empresas más importantes, sufrió presiones, fue encarcelada, torturada y vejada. Por añadidura, se la privó de sus bienes merced a un bando militar que el establishment celebró en combo con la dictadura.
Fue, pues, una víctima entre otras decenas de miles, de aquellas que padecieron lo indecible y sobrevivieron. Su rango anterior en nada cambia esa condición.
En los años ulteriores, ella y su familia formularon reclamos pero jamás, hasta ahora, testimonió todo lo que pasó alrededor de Papel Prensa. Observadores frívolos o interesados, o las dos cosas, preguntan por qué demoró tanto, transformando la demora en sospecha. Si se coteja el proceso histórico argentino con el de otras sociedades azotadas por terrorismo de Estado, genocidios o dictaduras atroces, la conclusión es casi inversa. Treinta y cuatro años son mucho en una biografía, poco en una historia tan terrible.
Sobrevivir para contarlo es una frase redonda, que no debe tomarse al pie de la letra. La víctima de violaciones de derechos humanos carga consigo esa condición. Hay ecuaciones personales muy diversas entre distintas personas pero para todos es un reto poder verbalizar en público lo sufrido. Para que Papaleo de Graiver pudiera hablar, debió cambiar el contexto. Se abolieron las leyes dictatoriales y democráticas de amnistía o impunidad. Muchos de los represores que fueron señores de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo secuestrada y fue torturada, han tenido juicios y condenas ejemplares. El clima cultural y político revitalizó la autoestima de las víctimas y valorizó sus relatos.
Declarar ante un tribunal es siempre angustiante para una persona del común, incluso en casos convencionales como un despido o un pleito por cuestiones de familia. Para qué hablar de quien debe testimoniar cómo se rebajó o desconoció su condición humana.
Papaleo de Graiver recuperó su voz, como lo hicieron otros muchos, porque hay otro plafond social para escucharla. Muchas declaraciones se sucedieron en juicios por presuntos crímenes de lesa humanidad, los lectores de este diario saben que nadie acusó a las víctimas de exagerar o mentir, salvo algunos represores, sus adláteres o sus defensores. Es una comparación riesgosa, pero el cronista cree que en esos casos, como ocurre en los de violencia familiar o abusos sexuales lo que se denuncia es, en tendencia abrumadora, siempre menos de lo ocurrido.
Papaleo de Graiver no ha hablado ante los medios, hasta ahora su hermano Osvaldo Papaleo ha cumplido ese rol. Pero el testimonio de la víctima cobrará dimensión institucional al ser presentado en un informe que se entregará a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La validez de su denuncia se someterá a la opinión pública y, eventualmente, podrá derivar a los tribunales para ser juzgadas con todas las garantías legales, incluyendo la presunción de inocencia.
Sujeta a violencia y humillaciones inenarrables, suena casi sarcástico decir que la privación de su patrimonio es un caso excelso de inseguridad jurídica. Con esa salvaguarda, se lo puntualiza para encuadrar las frases que siguen. Muchos empresarios de primer nivel, entre ellos líderes de corporaciones sectoriales, fueron invitados al acto en la Casa Rosada. Todo indica que serán muy contados los que asistirán.
Moldes de Papel
Por Horacio Verbitsky
Durante las tareas de ordenamiento y digitalización del archivo del CELS, sus responsables encontraron un memorándum sobre la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa, redactado el 18 de noviembre de 1978 por el dirigente demoprogresista Ricardo Molinas, quien integraba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos junto con los fundadores del CELS. Titulado “Impuesto en beneficio de particulares”, el memo sostiene que la política de apertura irrestricta a las importaciones que estaba destruyendo a la industria nacional “no rige para los casos de empresas o actividades en manos de amigos”, como la fábrica de papel que un mes más tarde sería inaugurada por el dictador Jorge Videla, en compañía de los accionistas de los socios privados. Para asegurar su rentabilidad se había anunciado la creación de un impuesto al papel importado. Molinas recuerda que cuando Papel Prensa pertenecía al grupo Graiver, integraba su directorio Pedro Martínez Segovia, primo y socio del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Al referirse a su adquisición por La Nación, Clarín y La Razón, el memo dice que “la esposa de Graiver ha denunciado ante la Justicia que fue presionada desde el Ministerio para transferir las acciones a vil precio, en beneficio de los que aparecen como adquirentes. Por otra parte el importe del precio de las acciones, al menos en parte, fue consignado, pero no ha llegado a manos de sus dueños o propietarios originarios, que estaban inhabilitados para vender”. Según el memo el anunciado impuesto a la importación de papel tenía “por objeto confesado: a) que Papel Prensa, en manos amigas, pueda sobrevivir y que los amigos ganen; b) otorgar al Estado el manejo del papel de diario, y acentuar de ese modo el control o censura sobre la información”. Agregaba, entre “otros objetivos no confesables” el “asegurar el apoyo de tres grandes diarios, que justamente a partir de este negocio, han demostrado una muy buena predisposición para el gobierno”. Molinas se preguntaba por qué se labró un acta en la que constó el acuerdo de la Junta Militar para esa aparente transacción entre privados; si el juez de la sucesión de David Graiver la había autorizado; quiénes eran los accionistas que aprobaron lo actuado, cuál fue el precio de compra de las acciones y si los vendedores estaban habilitados para disponer de sus bienes. El tema de la transferencia forma parte del informe sobre Papel Prensa que la presidente CFK presentará pasado mañana y también de una investigación judicial realizada por el juez federal Daniel Rafecas. El mes pasado, Rafecas se declaró incompetente y remitió la causa al juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, quien tiene a su cargo los crímenes cometidos en el denominado circuito Camps. Sostuvo para ello que no era posible escindir “la transferencia presuntamente compulsiva de acciones” de Papel Prensa de “los hechos de privación ilegal de la libertad” a una serie de sus directivos, incluyendo al padre, el hermano, la esposa y el cuñado de David Graiver. Es a raíz de ello que el presidente del Grupo Clarín, Héctor Magnetto dijo que el gobierno nacional procuraba su detención, ya que los delitos de lesa humanidad del circuito Camps no prescriben. El fiscal Carlos Stornelli, quien durante dos años fue ministro de Seguridad de Scioli en la provincia de Buenos Aires, apeló esa resolución sosteniendo que el juez no le trasladó vista para que opinara antes de declararse incompetente. La apelación será tratada por la sala I de la Cámara Federal de la Capital sólo si la sostiene el fiscal de Cámara, Germán Moldes. Los jueces Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler le habían fijado fecha para el jueves 19, pero Moldes solicitó prórroga hasta la próxima semana y pidió consultar documentación del expediente. Especialista en propaganda, Moldes fue viceministro del Interior de José Luis Manzano a cargo de la política de Población, e intervino en el irregular ingreso al país de los traficantes de armas y primos políticos del ex presidente Menem, Monzer y Ghazan Al Ka-ssar. Varias veces viajó a Europa en misiones confidenciales encomendadas por Manzano en relación con asuntos económicos. El ex director de Migraciones, Gustavo Druetta lo llamó Capitán Garfio y lo acusó de autorizar en forma irregular trámites de inmigrantes asiáticos y de permitir el paso por puestos de frontera y aeropuertos de personas buscadas. Según Druetta, Moldes lo exhortó a que él también “recaudara”. Luego de la eyección de Manzano del gobierno, Moldes fue designado fiscal de Cámara por intercesión del Secretario de inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy. Allí permanece desde entonces, con la mayor discreción, cómo célula dormida a la espera de una tarea.
ejes de la ofensiva final
Lidia Papaleo espera una “reparación histórica” con el informe ‘La Verdad’
Se lo dijo a PERFIL ante la presentación, el martes, del informe sobre Papel Prensa, que busca ampliar la intervención oficial sobre los medios.
Por Pedro Ylarri / S.I.
“Lidia va a hablar cuando sea público el informe”, se excusó su hermano Osvaldo, ante la insistencia de PERFIL, a mediados de semana. Luego, aceptó transmitirle una sola pregunta por correo electrónico, acerca de qué espera que ocurra tras la presentación de la investigación de Moreno el martes.
La viuda de Graiver, que murió en un misterioso accidente en 1976, respondió tres líneas. “Tengo las mejores expectativas de una reparación histórica después de 34 años. Siento que es un gran paso para los argentinos y estoy agradecida que haya sido una mujer presidenta la que saldará esta deuda de la sociedad en su conjunto”, escribió.
“Confío en la Justicia”, concluyó Lidia Papaleo, antes de firmar el mensaje.
Osvaldo Papaleo adelantó que asistirá con su hermana al acto de presentación que organizó Presidencia en la Casa Rosada, a las 18,00, en el Salón de las Mujeres.
El trabajo oficial se realizó en el más absoluto hermetismo. Moreno y Beatriz Paglieri, la directora estatal en la papelera, son las cabezas visibles de la investigación que se inció a fines de marzo. Gracias a un decreto presidencial, distintos organismos del Gobierno enviaron al despacho del “sheriff de los precios” la información archivada sobre Papel Prensa.
A pesar del silencio oficial, hubo algunas filtraciones. Se sabe que tendrá entre 22 y 26 mil fojas e incluirá documentación del traspaso aportado por la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), textos aportados por la Sigen y la Comisión Nacional de Valores, archivos de la Conadep y las declaraciones testimoniales de Lidia Papaleo y el ex testaferro de Graiver, Rafael Ianover.
La agrupación “Todas con Cristina” invitó la semana pasada a Paglieri a una charla sobre Papel Prensa. En dos horas, la ex interventora del Indec esbozó los principales ejes del informe, que será revelado pasado mañana.
“Son tres: la apropiación de la propiedad, las ventajas competitivas y las prácticas oscurantistas”, resumió. Algunos conceptos que brindó Paglieri en en el auditorio del Smata los había manifestado Moreno la semana pasada en la asamblea de accionistas de la compañía que terminó abruptamente, cuando el funcionario exhibió cascos y guantes de boxeo.
Ante una pregunta del público, Paglieri se resistió a pronosticar el desenlace de la futura causa. “Va a haber un juicio, está claro (en el informe) que no pudieron expresar su voluntad”, señaló, en referencia a las supuestas amenazas que sufrió Papaleo para vender sus acciones.
Punto por punto. Según Paglieri, la primera parte del informe intenta demostrar que Clarín, La Nación y La Razón, presionaron al Grupo Graiver para lograr el control de la empresa. Las cartas de Papaleo y Ianover son sus pruebas más contundentes. Pero, además, el Gobierno intenta probar que las clásulas del contrato de compra-venta del 2 de noviembre de 1976 exhiben que no fue un pacto “libre”.
En segundo lugar, el equipo de Moreno apunta contra supuestas ventajas de Clarín y La Nación, al ser dueños de Papel Prensa. “(La empresa) no está abasteciendo al mercado, sino a ellos. Les venden sólo a los que no compiten con ellos”, resumió Paglieri.
Finalmente, habló de las “prácticas oscurantistas”, entre ellas, el “pacto de sindicalización” (de votos) que fue rescindido y la den-uncia del ex dueño de La Razón, José Pirillo, sobre “retornos” que se repartían los titulares de los medios. Los diarios desmienten las acusaciones. Resta ver si en el acto hay una denuncia sorpresa.
Convocatoria oficial y de rigor
* Las invitaciones se cursaron en los últimos días. “Presentación del informe Papel Prensa. La Verdad”, Martes 24 de agosto, Casa de Gobierno”, se lee en la tarjeta que se repartió en los despachos de gobernadores, legisladores, diplomáticos e intendentes afines.
uEse día, a las 18,00, en el Salón de Las Mujeres, la presidenta Cristina de Kirchner recibirá el informe y se lo entregará al procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que inicie una causa penal.
* En primera fila, se sentarán Lidia Papaleo de Graiver, su hermano Osvaldo y el ex testaferro del banquero, Rafael Ianover. También José Pirillo.
* El Gobierno quiere que la presentación del informe sea una demostración de poderío: contrastar con la imagen que dejó la comida del CEO de Clarín, Hector Magnetto, con figuras del peronismo disidente y el encuentro de la UIA con AEA. Por eso, tal como consignó La Nación ayer, Moreno llamó por teléfono personalmente a empresarios para “invitarlos” al acto.
QUIPU 