Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, publicó un artículo de Martín Becerra y Silvio Waisbord en su número de mayo de 2021 intitulado «La necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital».
Andrey Kasay
El artículo discute las limitaciones de la concepción ortodoxa y maximalista de libertad de expresión a la luz de la controversia sobre la inmunidad de la que gozan las plataformas digitales como Facebook, Google o Twitter, que configuran los espacios hoy masivos de mediación de los flujos de información y comunicación pública. Mediante la exposición de casos notorios de edición problemática de contenidos en el contexto de la pandemia Covid-19 por parte de las compañías dueñas de las redes sociales digitales, y a propósito del decreto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en mayo de 2020 ordenó revisar las normas legas que las alcanzan, el texto explora las paradojas y contradicciones propias del sistema emergente de comunicación pública, con la premisa de que “más comunicación” no equivale a “mejor comunicación”.
El argumento del artículo es que la teoría y cuerpo legal sobre libertad de expresión es insuficiente para pensar la comunicación en democracia en tiempos de plataformización digital masiva del debate público. Este planteo conduce a revisar derechos y normas sociales que no son contempladas por la versión dominante de la expresión como derecho individual o empresarial; insuficiencia que queda reflejada, paradójicamente, en situaciones en las que sus principios siguen siendo importantes, especialmente, ante diversos y continuos actos de censura estatal y nuevas formas de censura privado-mercantil, pero son insuficientes para dar cuenta de la complejidad de la situación y de la protección de la ciudadanía con menores recursos y oportunidades de verificar, rectificar y participar en condiciones no desiguales de las conversaciones públicas.
Las regulaciones sobre las plataformas digitales que intermedian en la distribución de expresiones a nivel planetario –sean regulaciones legales estatales o privadas de las propias compañías dueñas de las redes– toman como referencia la noción maximalista de libertad de expresión, muy ponderada por las propias empresas del Silicon Valley. La creciente demanda de transparencia y de normas básicas que reduzcan la
discrecionalidad editorial de las plataformas coloca en un lugar central la orfandad de estándares adecuados para su funcionamiento. Este problema, que hace foco en el poder de unos pocos grandes actores de escala global, no es resuelto desde la perspectiva maximalista de la libertad de expresión.
Depositar confianza absoluta en las reglas determinadas por empresas privadas, con el beneplácito coyun-tural de algunos gobiernos, como piedra fundamental de la regulación de la comunicación pública digital es un despropósito –una apuesta ciega e inconsciente– que soluciona el problema de las corporaciones de preservar su imagen y superar el mal trago de relaciones públicas, pero no enfrenta la cuestión de fondo: ¿qué hacen y deberían hacer las democracias con el discurso antidemocrático radical y con las campañas de desinformación que deliberadamente promueven el odio, la discriminación y que atentan contra la salud y la vida? ¿Cómo regular lo aparentemente imposible de regular? ¿Qué hacer frente al discurso violento destinado a negar la humanidad de otros, eliminar reglas básicas de la comu-nicación en democracia y socavar las bases de lo público? ¿Cómo proteger al mismo tiempo el derecho a la expresión y los derechos múltiples que las democracias deben garantizar a la ciudadanía? Estas y otras preguntas orientan la reflexión del artículo que puede descargarse de este link.
QUIPU 