DNU 690/20: las TIC como servicio público en competencia

Análisis del DNU 690/20 que repone la designación de los servicios TIC como “servicio público en competencia”, clasifica a la telefonía móvil como “servicio público” y, consecuentemente, anuncia un plan básico universal y obligatorio en este segmento (el más masivo del mega sector infocomunicacional) y suspende los aumentos de las operadoras. Este posteo consta de dos partes: por un lado, entrevista publicada por la Agencia de Noticias Télam el 22 de agosto y, por el otro, compilado de los tuits (ligeramente editados) del 21 al 23 de agosto con información y análisis más detallado de los artículos del DNU (el hilo que se transcribe comenzó cuando aún no estaba publicado el decreto en el Boletín Oficial, luego continúa una vez conocido el texto del mismo).

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Agencia Télam 22/08/2020 REPERCUSIONES

Becerra dijo que al DNU sobre telecomunicaciones “hay que entenderlo en contexto crítico de pandemia”

El investigador del CONICET y especialista en medios de comunicación consideró que la medida “evita un aumento” en el costo de esas prestaciones.El investigador del CONICET y especialista en medios de comunicación, Martín Becerra, consideró que el decreto del presidente Alberto Fernández que califica como servicio público a la telefonía, Internet y la televisión paga “hay que entenderlo en el contexto crítico de la pandemia” de coronavirus y afirmó que la iniciativa “evita un aumento” en el costo de esas prestaciones.

El decreto “repone la noción de ‘servicio público en competencia’ a las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), que había votado el Congreso en la Ley de Telecomunicaciones que (Maurico) Macri derogó con un decreto” , sostuvo el especialista en declaraciones a Télam.

En ese sentido, Becerra manifestó que la medida dispuesta ayer por Fernández “suspende aumentos, el último fue en marzo, hasta diciembre por la pandemia”.

“Y establece que la telefonía móvil, ahora catalogada como servicio público, tendrá planes básicos universales, lo que es razonable dada su imperiosa necesidad para acceder a servicios de salud, educación o al trabajo mismo”, explicó.

Becerra consideró que el decreto “hay que entenderlo en el contexto crítico de la pandemia” y destacó que “evita un aumento que hubiera castigado aún más la economía de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Consultado sobre si la medida puede ser utilizada por las empresas como excusa para no invertir en esas actividades, dijo que “las telecomunicaciones son un sector que precisa inversiones, pero que no puede desentenderse de la situación crítica y de las brechas que padece la ciudadanía”.

“O sea, no puede hacerse a expensas de un aumento tan fuerte como el que se había anunciado para septiembre, después de haber aumentado ya en marzo y de protagonizar incrementos de precios superiores a la inflación durante los últimos cuatro años”, sostuvo Becerra.

El investigador estimó que “una mesa de diálogo entre el gobierno y los operadores hallará respuestas adecuadas mientras la suspensión de aumentos dure”. Y, citó a modo de ejemplo que “el Gobierno dispuso que el 30% de los aportes al Fondo de Servicio Universal, que deben hacer las empresas, pueda ser justificado mediante inversiones”.

“Esta decisión es de hace sólo dos meses”, destacó Becerra y consideró que “obviamente, eso sigue vigente y se inscribe en el diseño de políticas que busquen alentar las inversiones sin castigar aún más los ingresos de la sociedad en este contexto”.

Ante una consulta sobre si la categorización de servicio público en derecho significa servicios de titularidad estatal, respondió: “no es así, la telefonía básica en la Argentina es servicio público y es privada desde 1990”.


Hilo de Tuits ligeramente editado:

Sabremos más al ver el Boletín Oficial, pero: se prorroga el congelamiento de precios hasta el 31/12 (las compañías ya habían anunciado aumentos para septiembre); habrá tarifas reguladas por el Estado; habrá planes con precios básicos (algo así como tarifa social, estimo).

Recordemos que la telefonía básica es servicio público en la Argentina (así lo plantea la ley de telecomunicaciones de 1972). Esto obliga a los operadores a no cortar el servicio (principio de continuidad) y al Estado a establecer condiciones de universalidad en el acceso. 

Ciertamente, el concepto de servicio público también incluye una mayor capacidad del Estado en relación a la estructura de precios y tarifas del servicio.

Por el tuit del presidente resulta claro que los aumentos decididos por las operadoras de comunicaciones móviles y servicios de conectividad en el marco de la pandemia y de las restricciones económicas de la mayoría de los argentinos no pasaron desapercibidos. 

La pandemia mostró -en todo el mundo- la función esencial de los servicios de comunicaciones en una coyuntura crítica. Que los sectores más vulnerables cuenten con precios acordes para acceder a esos servicios esenciales es un objetivo de estos anuncios.

El diagnóstico de la estructura, cobertura, acceso y asequibilidad a los servicios de comunicaciones en la Argentina arroja zonas y sectores con buenos servicios y también muchas carencias. Esas carencias no las cubre el mercado: se precisan políticas públicas activas.

Si, en pos de confundir o por ignorancia, alguien tira como fake news que “servicio público” equivale a “estatización”, tendría que explicar cómo es que la telefonía básica está privatizada en la Argentina desde 1990 y es servicio público.

El decreto anunciado por el presidente repone el carácter de SERVICIO PÚBLICO EN COMPETENCIA a los servicios TIC. Esta categoría había sido aprobada por el Congreso de la Nación en la Ley 27078 (“Argentina Digital”) y luego modificada por decreto por el expresidente Macri.

Mientras estuvo vigente la noción de “servicio público en competencia” en telecomunicaciones, se registró la mayor inversión y expansión de servicios de comunicaciones móviles (por la Licitación 4G) así que… mal puede ser un inhibidor de inversiones ¯\_(ツ)_/¯

Además, la reglamentación de prestaciones básicas universales en materia de comunicaciones es coherente con el carácter esencial de los servicios, hoy imprescindibles para acceder a la salud, a la educación, al trabajo y a la producción.

Apostilla académica sobre el DNU: al declarar a la telefonía móvil como servicio público, resuelve una puja interpretativa que tiene unos 25 años en que se discutió si la Ley de Telecomunicaciones de 1972 que definió a la telefonía como servicio público alcanzaba o no a la móvil.

Obviamente, en 1972 no había servicios móviles, y quienes hacia 1995 entendían que sí estaban comprendidos como servicio público consideraban que aplicaba a esos flamantes servicios la definición normativa general. En los hechos se impuso la interpretación opuesta.

El punto es que el servicio público en competencia no inhibe inversiones, así como el servicio público en telefonía básica no las inhibió en el pasado. Esas inversiones, en el pasado (con servicio público o con servicio público en competencia) tuvieron complementos de política pública que las facilitaron, en condiciones diferentes. A la vez, en otros países latinoamericanos los servicios de tv abierta o por cable y las TIC son también consideradas servicios públicos (México, Colombia) y esa definición tampoco desactivó inversiones. Es decir que el registro empírico muestra que la “variable independiente” a la hora de pensar en inversiones en telecomunicaciones y TIC no es el tipo de servicio.

Dice el DNU, para quienes preguntan por los aumentos:
“Suspéndese cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 de licenciatarios TIC, incluyendo tv paga (cable y satelital) y telefonía fija o móvil.”

Suspensión no es sinónimo de congelamiento eterno, menos en un sector que ya viene realizando aumentos superiores a la inflación en los años recientes. Tras las suspensión que obedece a la coyuntura crítica de la pandemia, habrá aumentos en los servicios “públicos” de comunicaciones. Pero los futuros aumentos deberán ser autorizados en base a su razonabilidad.

Boletín Oficial: DNU 690/20. Repone la definición de “servicio público en competencia” a las TIC, declara a la telefonía móvil “servicio público” con planes básicos universales y suspende todo aumento hasta el 31/12 👇🏽
boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/p…

La narrativa de que el DNU inhibirá inversiones, o que supone estatización, es tan alarmista como falsa: la telefonía básica es servicio púbico y es privada desde 1990; y las TIC como “servicio público en competencia” registraron un gran impulso inversor mientras estuvo vigente.

 Acá @santiagomarino analiza el DNU 690/20 👇

Telecomunicaciones: necesidad, urgencia y servicioEl DNU del Presidente avanza en la regulación de un sector clave de la economía y la política. Suspensión de aumentos y debate por venir.https://www.letrap.com.ar/nota/2020-8-22-13-35-0-telecomunicaciones-necesidad-urgencia-y-servicio

Precios e inflación en servicios de comunicaciones: este gráfico del INDEC sirve contextualizar la suspensión de aumentos hasta diciembre del DNU 690/20 ⬇️

Imagen


Hechos sagrados y opiniones libres” dice el refrán: hay interpretaciones del DNU en claves económicas y políticas para todos los gustos, también futboleras (por el aumento anunciado del Pack Fútbol (?) o sobreestimando la “cuestión Clarín” (simplificadora en exceso). Pero que se discuta sobre las reglas de juego, extensión, cobertura y calidad de servicios que son esenciales para desarrollar condiciones de vida dignas, como los de comunicaciones, es importante. Fuera del alarmismo y las lógicas operetas, surgirán nuevas ideas y proyectos 🍀 

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