Publicado en Colsecor Revista el 12/8/2019
La economía de datos y los derechos ciudadanos
por Martín Becerra
La concepción de la economía contemporánea como una economía digital, en la que los datos serían el nuevo petróleo, es ya un lugar común dado que al cierre de la segunda década del siglo 21 son muy pocos los procesos productivos que no fueron alterados de modo significativo por la digitalización: tanto el agro como la industria y los servicios han cambiado sus lógicas de organización y circulación social, es decir, económica, en las últimas décadas, por la intervención de tecnologías informacionales.
Aunque es didáctica y sencilla de comprender, la comparación entre el insumo que alimentaba el funcionamiento de la sociedad industrial, el petróleo, y los datos, que serían la sangre que corre por las venas de la sociedad informacional, no es exacta, ya que mientras el petróleo es un recurso natural escaso y finito (como el carbón, otro insumo distintivo de la economía industrial), los datos no lo son. Aparte, los datos refieren de modo directo a la identidad de las personas y pueden afectar, en consecuencia, sus derechos.
La transformación de la economía en un ecosistema de datos motiva en casi todo el mundo la actualización de las normativas legales sobre la extracción, almacenamiento, distribución, acceso y uso de datos personales y públicos a las exigencias de los entornos digitales. Además, después de los escándalos de Cambridge Analytica, del reconocimiento por parte de Facebook y de Google del uso sesgado de algoritmos en sus plataformas YouTube, Facebook o en servicios como WhatsApp, lo que en los hechos produjo la violación de derechos de privacidad, honor, resguardo de datos personales y la exposición de menores a contenidos extremos (además de la vulneración de sus derechos), la necesidad de actualizar las normas sobre datos personales es imperiosa. En un contexto de “capitalismo de vigilancia”, como lo denomina la socióloga Shoshana Zuboff, la mercantilización de la información personal llega a niveles impensados hace tan solo dos décadas y la política pública no puede hacerse la distraída.
Por ello, Europa tiene desde hace un año una nueva reglamentación más acorde a los desafíos de la economía digital, en la que los conglomerados tecnológicos globales no solo extraen datos más allá de lo que autorizan las leyes de los países donde comercializan sus servicios (en varios casos, incluso vulnerando sus propios términos y condiciones corporativos) y predicen el comportamiento de individuos y grupos sociales sino que, de acuerdo con Zuboff, logran modificar comportamientos, constituyendo como poderes fácticos de alcance planetario, pues, un riesgo para la democracia misma.
En el caso argentino, la ley de datos personales vigente, sancionada en el año 2000, es anacrónica en relación a la radical modificación del tratamiento del tema a partir de la evolución de la economía digital en las dos últimas décadas. Consciente de la necesidad de renovar la norma y de armonizar las reglas de juego sobre datos personales con las vigentes en otras latitudes, el gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional el año pasado, pero no se comprometió a fondo con su aprobación en una agenda parlamentaria que el oficialismo negocia con otros bloques porque carece de mayoría en las dos cámaras legislativas. Como consecuencia, el proyecto no fue objeto de consideración en 2018 y es muy baja la probabilidad de que lo sea en este 2019 electoral.
Como ha ocurrido con otras leyes, tal vez la Argentina pueda hacer de la necesidad una virtud, ya que mientras demora en modernizar la regulación para proteger los datos de las personas tiene ocasión de revisar en profundidad la implementación de la norma europea, la más reciente y ambiciosa en la materia, y mejorar el proyecto elaborado por el Gobierno que, en esencia, contradice los mejores estándares sobre datos personales y privacidad.
Dos organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de los derechos humanos en Internet como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Vía Libre (FVL), especificaron sus críticas a la propuesta oficial porque contiene conceptos jurídicos indeterminados que le otorgarían ambigüedad a la futura ley y resentirían la protección de los derechos ciudadanos. Asimismo, señalaron que esta iniciativa es un retroceso en relación al consentimiento expreso que los usuarios de servicios digitales deben prestar para que las organizaciones que gestionan las plataformas utilicen sus datos o cambien su destino (el proyecto oficial incorpora la categoría equívoca de “consentimiento tácito”) y subrayaron la dependencia gubernamental de la autoridad regulatoria y la excesiva facultad otorgada al Estado en el manejo de datos como otros déficits del proyecto, ya que los estándares iberoamericanos son claros al sostener la necesidad de independencia del regulador respecto del gobierno, algo que además en la Argentina quedó manifiesto con el fallo “Torres Abad”, de 2018, que ordenó al Gobierno abstenerse de cruzar datos entre distintos organismos públicos (se presume, con fines propagandísticos) sin previo consentimiento de los titulares de dichos datos.
Si bien se trata de un tema que puede ser percibido como árido por el gran público, el control de su información personal es hoy un tesoro que nutre la economía y organiza el funcionamiento de organizaciones (privadas y estatales) que en muchos casos operan sin el consentimiento de los titulares de esos datos pero que los manipulan, comercializan y distribuyen en flujos. De allí que la Argentina precise una nueva regulación democrática y moderna si desea que el futuro sea respetuoso de los derechos de la ciudadanía.
QUIPU 