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Propaganda de Macri en el superclásico: cambiamos ma non troppo

Publicado el 15/05/2017 en Letra P y editado el 27/05/2017

por Martín Becerra

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Con un spot propagandístico que remata con la presencia en cámara y la voz del presidente Mauricio Macri como una suerte de síntesis de voces ciudadanas que elogian su gestión, el gobierno estrenó una modalidad más directa de autopromoción con la que rompe su promesa de no usar el fútbol para hacer propaganda política y retrocede en la intención declarada de regular la publicidad oficial conforme lo exigen los estándares sobre libertad de expresión.

Estrenado el fin de semana de alta intensidad futbolística del 13 y 14 de mayo, con la disputa de clásicos,  el spot en cuestión resalta obras desarrolladas por la administración Cambiemos en sintonía con el énfasis discursivo oficial en conectar con preocupaciones de la gente de a pie.

El spot revela las limitaciones de la propia regulación del macrismo en materia de publicidad oficial, que es inédita, y a la vez contradice las promesas de los funcionarios que, como el ministro Hernán Lombardi, habían asegurado que el fútbol ya no sería mezclado con la propaganda política para “sentirnos respetados como ciudadanos y no como un país jardín de infantes”. No obstante, ahora uno de sus funcionarios del área de comunicaciones de Jefatura de Gabinete justifica el viraje al afirmar que consideran que el spot encargado por el Ejecutivo tiene “interés social” y por lo tanto es válido. Con esta autojustificación, que permite al gobierno ser juez y parte en la definición de lo que difunde con los recursos públicos, se allana a sí mismo la transgresión de la ley de ética pública vigente, pues todo lo que hace el presidente puede ser de “interés social” y, en consecuencia, ameritará su dispendiosa difusión.

La confusión entre los hechos de interés público que requieren de difusión, atento a la obligación republicana de dar a conocer los actos de gobierno, y su uso faccioso en beneficio de la imagen del partido gobernante personificado en el presidente forma parte de una tradición que es transversal a casi todo el sistema político. Basta recorrer provincias e intendencias administradas por distintos partidos para apreciar que la imagen, la voz y el nombre del gobernante son realzados por la publicidad financiada con los recursos públicos en una clara distorsión de los objetivos invocados para dar a conocer anuncios relevantes para la comunidad.

El hecho de que el kirchnerismo abusara de los anuncios oficiales como sistema de disciplinamiento de medios y productoras no oficialistas (abuso condenado por sentencias de la Corte Suprema de Justicia), además de su función proselitista, eclipsa el uso decididamente propagandístico de la pauta oficial por parte de los gobiernos de Macri, primero en la Ciudad de Buenos Aires y ahora en la Nación, o de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. El macrismo es menos discrecional a la hora de repartir la publicidad oficial, pero no menos propagandista. Cambiamos ma non troppo.

En agosto del año pasado, el Gobierno emitió una novedosa resolución (nº 247 – E/2016 de la Secretaría de Información Pública, Jefatura de Gabinete) por la que reguló la publicidad oficial de los órganos dependientes del Ejecutivo en cuyo artículo 13 señalaba que quedan excluidos de las campañas de publicidad oficial “cualquier mensaje que promueva intereses particulares de funcionarios de gobierno o de cualquier partido político; cualquier mensaje o anuncio que, en forma directa o indirecta, haga referencia a la campaña electoral del partido o los partidos políticos que participan en los gobiernos, sean estos de nivel Nacional, Provincial o Municipal, tomando como referencia el cronograma electoral y los candidatos que se registren ante la autoridad electoral; e incluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas, salvo que se trate de divulgación de acontecimientos históricos con fines culturales”, entre otras cuestiones (la resolución fue analizada junto con la política de Cambiemos en “La pauta oficial en cuestión”).

Por su parte, la Ley de Ética de la Función Pública plantea en su artículo 42 que “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.

Es claro que, en un año electoral como el presente, la irradiación de la figura de Macri con recursos del tesoro nacional se inscribe dentro de las opciones que el propio Gobierno había establecido como excluidas de su utilización para campaña publicitaria. Tampoco es respetuoso de la Ley de Ética Pública. En tanto, el tratamiento del proyecto de ley sobre publicidad oficial consensuado entre distintos bloques que el Senado aprobó con media sanción en 2016 está siendo postergado en su tratamiento por parte de la Cámara de Diputados. Este proyecto es más claro, abarcativo (ya que no se reduce al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional) y consistente que la resolución incumplida del gobierno en la materia.

A menos que se considere que es aceptable cuando la publicidad oficial propagandiza al presidente Macri, pero inaceptable cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, la discusión sobre las asimetrías de acceso a recursos para promoción de las diversas formaciones políticas en el espacio público sigue sin saldarse.

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