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Censura

Por Martín Becerra (@aracalacana)

Con lentitud, hoy comenzó a reponerse en las librerías el libro “El señor de la Corte”, biografía del presidente de la Corte Suprema de Justicia Argentina, Ricardo Lorenzetti, escrita por Natalia Aguiar, después que Ediciones B distribuyera sus ejemplares el miércoles último y 24 horas más tarde, en un acto de censura que podría comprometer a uno de los poderes del Estado (no necesariamente el que representa el propio Lorenzetti), lo retiró, lo que a su vez provocó un escándalo nacional e internacional que obliga a la editorial a enmendar su última decisión y al Estado a investigar lo ocurrido.

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La censura en medios gráficos y en la actividad editorial de la Argentina es infrecuente. Ello contribuye a que haya libros y medios impresos que representan un generoso rango de opiniones, lo que autoriza a afirmar que en el país hay, a diferencia de otros lugares de América Latina, amplia libertad de opinión (que no es sinónimo de libertad de expresión). Este rasgo, que se ha naturalizado, merece valorarse, ya que fue totalmente inusual antes de 1983, tanto en gobiernos civiles como en dictaduras miliares. Pero la recuperación del régimen constitucional tras el colapso de la última dictadura fue escenario de una construcción social que, pese a sus problemas estructurales, logró consolidar el valor de cultivar en su seno ideas variopintas y hasta cáusticas, pero que no reprime la palabra impresa y que no posee restricciones graves a la opinión (de quienes tienen acceso a opinar) en medios audiovisuales. Que la censura sea infrecuente no significa que sea inexistente.

Sin embargo, el jueves pasado la alarma cundió, primero en las redes sociales y, después de que lo publicara el diario ABC de España, se amplificó en medios de comunicación de la Argentina, cuando se conoció la censura al libro “El señor de la Corte” sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, escrito por la periodista Natalia Aguiar y publicado por Ediciones B. El día anterior, miércoles 22, las librerías de la Ciudad de Buenos Aires habían recibido unos 1500 ejemplares de la investigación de Aguiar, pero el jueves 23 las autoridades de la editorial lo retiraron de la venta al público aduciendo “problemas de impresión”.

El testimonio de libreros que accedieron al libro y abrieron sus páginas, y de al menos una persona que recibió el libro como gentileza, es coincidente: los invocados problemas de impresión no existieron. Por el contrario, las autoridades de la editorial cedieron a presiones recibidas y actuaron con una torpe comprensión del conflicto que provocarían en las horas siguientes al rubricar un acto de censura en pleno 2017, multiplicando –en vez de aplacando- el conocimiento y el interés público en la cuestión. Lo que comenzó como rumor se difundió, en buena medida gracias a las entrevistas públicas de la autora Aguiar, quien tampoco recibió una explicación satisfactoria.

Entre quienes conocen bien las prácticas del presidente de la Corte había perplejidad. Incluso críticos tenaces de Lorenzetti no daban crédito a la sospecha de que fuera él, objeto del libro, quien ordenó su censura. Y puede que no haya sido él.

Es de suponer que toda editorial que publica libros de actualidad y trabajos de investigación sobre casos que incomodan a líderes sociales, políticos o económicos, sabe administrar tensiones (en la Argentina circulan libros corrosivos sobre los principales dirigentes políticos, muchos de los cuales son best sellers), entonces surgen las siguientes preguntas: ¿por qué en este caso Ediciones B tomó la medida draconiana de retirar el libro de circulación? ¿Cuál fue el punto de presión que alteró el proceso de normal de circulación del libro “El señor de la Corte”? ¿En qué consistió el apriete? ¿La presión se originó en uno de los poderes del Estado? ¿La presión provino del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo Nacional? ¿Si la presión hubiese sido ejercida desde el gobierno (si hubiera provenido de un alto funcionario del gobierno), fue acordada con el presidente de la Corte Suprema?

La editorial, que pertenece al español Grupo Zeta con casa matriz está en Barcelona, no brindó aún aclaraciones formales. Por su parte, para deslindar responsabilidades en este acto de censura, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia tendrá que dar su versión de los hechos y el Poder Judicial podría iniciar una investigación de oficio. Al gobierno nacional corresponde indagar sobre la eventual participación de algún funcionario en la censura ocurrida. La reposición de los ejemplares de “El señor de la Corte” en las estanterías y su comercialización invitan a responder los interrogantes abiertos con su frustrada prohibición.

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