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Publicado en Letra P el 10/2/2017

Inseguridad jurídica en comunicaciones

 Por MARTÍN BECERRA Y GUILLERMO MASTRINI

El período vacacional que tiene lugar entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero inspira al gobierno de Mauricio Macri para acelerar su vorágine regulatoria del sector de telecomunicaciones y medios de comunicación. La firma del Decreto 1340 el 31 de diciembre de 2016 es ejemplo del proceso re-regulatorio de la comunicación que ha encarado Macri desde el comienzo de su mandato. Poco después, una resolución del Ministerio de Comunicaciones implicó un capítulo más del proceso.

Si el kirchnerismo hizo uso y abuso retórico del concepto “democratización de los medios” hasta convertirlo en muletilla y restarle así significación, el gobierno de Macri ha simplificado el tema: directamente ignora el problema de la concentración excesiva de la propiedad de los recursos de comunicación (algunos de ellos, públicos). Si la aplicación sesgada y turbia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resultó el mejor ejercicio para deslegitimar la concepción social de la comunicación aprobada por el Congreso Nacional en 2009, la política actual la reemplaza por un discurso de convergencia y competencia que, en los hechos, tampoco honra con acciones los enunciados.

Como ocurrió con la propagandizada “democratización”, su relevo por el énfasis en la “competencia” recuerda a los teros, que gritan en un lado y ponen los huevos en el otro. La nueva política recuerda el modelo de Solow respecto a la productividad de la era informática (“La era informática está en todas partes, menos en las estadísticas de productividad”) y podría parafrasearse: “La convergencia y la competencia están en todas partes, menos en las resoluciones del Gobierno”.

En efecto, converger no es superponer. No basta con mencionar la convergencia para que ésta, mágicamente, se produzca. Incluso cuando las tecnologías infocomunicacionales permitan cada vez mayores cruces a través de su procesamiento digital, hay un largo trecho entre esa convergencia tecnológica y las convergencias sociales, productivas, regulatorias y culturales. Tampoco la competencia se materializa por repetirla como consigna a cada minuto.

De hecho, los mercados de las telecomunicaciones y de la televisión por cable han mostrado una creciente tendencia a la concentración en los últimos años. La habilitación de inversiones cruzadas entre telecomunicaciones y audiovisual puede franquear el ingreso de los operadores de telecomunicaciones en el mercado audiovisual y viceversa. Pero la regulación dispuesta por el gobierno de Macri, con protecciones de largo plazo para la última milla (conexiones hogareñas) y con la autorización para que los grandes operadores actuales multipliquen la porción de espectro que pueden concentrar por ejemplo, en nada favorece la aparición de nuevos jugadores. Algunas de estas medidas decretadas por Macri fueron objetadas por anticompetitivas en la Unión Europea hace ya una década.

La protección desmedida de los principales grupos dominantes (Telefónica, Telecom, Clarín, en menor medida, Claro) en comunicaciones a través de decretos y resoluciones que se corrigen unos a otros –es decir, con precariedad jurídica- desalienta la incorporación de eventuales interesados dada la asimetría sideral que deberían afrontar desde el principio. Las economías de escala ya alcanzadas por los operadores actuales, a los que en buena medida les cabe el concepto de “incumbentes”, constituyen un obstáculo elemental para configurar mercados “en competencia”. En realidad, los esfuerzos del Gobierno están orientados a lograr una resolución salomónica entre los grupos Clarín y Telefónica a expensas del interés público, algo que parece no sólo inadecuado sino, además, imposible. Los intereses de Telefónica y Clarín son contradictorios. Basta recordar que durante el menemismo ambos conglomerados tuvieron la capacidad de lobby suficiente para bloquear cualquier iniciativa que favoreciera al otro, en un contexto de divergencia y no de convergencia tecnológica como el presente.

Pero existe otro problema. Las inversiones necesarias para el despliegue de la convergencia son millonarias, con un alto componente de costos hundidos que sólo podrán ser recuperados en un lapso no menor de diez años. Y si bien las ganancias prometen ser importantes, resulta un riesgo no menor hacerlas con un marco regulatorio tan inestable como el que propone el macrismo.

La regulación vía decretos puede ser un camino compatible con la urgencia del gobierno de eludir el debate en un Congreso (que es el facultado constitucionalmente para legislar) donde se encuentra en minoría. Pero convierte la necesidad en una debilidad. ¿Cómo garantizar las necesarias inversiones con un marco regulatorio que puede ser cambiado mediante otro decreto presidencial e, incluso, que fue y es alterado por la propia gestión a través de normas de menor jerarquía, como las resoluciones ministeriales o las de la gubernamentalizada autoridad de aplicación (ENaCom)? La mentada seguridad jurídica hace gala por su ausencia en las políticas de comunicación de Macri. Un gobierno que no garantiza continuidad establece políticas menos estables que la casa del primer chanchito de la fábula.

Mientras tanto, el prometido proyecto de Ley de Servicios Convergentes sólo ha sido noticia por las prórrogas obtenidas para los plazos de su presentación. En el mejor de los casos, si es presentado en marzo, como dicen los predicadores mediáticos del oficialismo, deberá recorrer los tiempos del Congreso para su aprobación. Es improbable entonces que la ley sea aprobada antes de las elecciones legislativas de este año. Si es que se aprueba.

La política de comunicaciones mostró velocidad y eficacia para desarmar la estructura heredada del kirchnerismo. Pero se muestra improvisada y bastante menos imaginativa a la hora de consolidar un escenario que pueda satisfacer las necesidades de los conglomerados que disputan el mercado infocomunicacional, que manifiestan su disconformidad incluso con medidas que les ceden beneficios inéditos en la historia reciente. En este esquema, fuera de la marquesina propagandística sobre la competencia convergente, el interés público funciona como variable de ajuste real del nuevo rumbo definido por el Poder Ejecutivo.

@gmastrini @aracalacana

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