Publicado en Colsecor Revista el lunes 6 de febrero de 2017I

Internet, una necesidad básica

A pesar de las diferencias que separan a los países más austral y más septentrional del continente americano, Argentina y Canadá comparten la característica de ser vastos territorios con escasa densidad poblacional. Esta situación constituye un desafío para las políticas públicas, pues la cohesión social y la integración de geografías inmensas son objetivos arduos. El acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la energía, el transporte y las comunicaciones impuso a lo largo de la historia de ambos países obstáculos que demandaron esfuerzos originales y cooperativos en la articulación de actores sociales y políticos diversos.

Hoy el desafío se renueva con las tecnologías digitales, que son la plataforma de distribución de muchos otros servicios, condicionando el desarrollo integral de las poblaciones y de los distintos grupos de la sociedad. El conocimiento, la economía, la información y el entretenimiento están localizados en las redes digitales. Lejos de ser un servicio suntuario, Internet es indispensable como necesidad básica en cualquier estrategia de crecimiento y bienestar.

Mientras que en Canadá manifiestan preocupación al constatar que un 20% de la población no accede “en condiciones óptimas” a Internet, en Argentina la brecha supera el 50%. De hecho, cerca del 40% no tiene casi acceso a la red, lo cual es reflejo de las desigualdades socioeconómicas, geográficas y culturales que surcan los años pasados y presentes. Pero el problema no se reduce a ser un mero reflejo, sino que es más profundo, ya que la brecha en el acceso a Internet entorpece el camino a otros recursos necesarios para construir condiciones de vida dignas.

La preocupación en Canadá, por una situación que en Argentina sería casi ideal, motivó a que el Estado declare la conexión de Internet de alta velocidad como un “servicio básico”, para lo cual la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones Canadiense creó un fondo específico para asegurar velocidades de al menos 50 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida en todas las conexiones, incluyendo a los sitios más remotos de su geografía.

Claro que la irrupción de Internet en Argentina, más tardía que en Canadá, presenta los condicionamientos propios de una economía semiperiférica y de una realidad social propia de la región latinoamericana. De modo tal que otras prioridades se imponen. Una de las respuestas a esos condicionamientos ha sido el plan “Conectar Igualdad” por el que se distribuyeron más de un millón de notebooks a estudiantes en todo el país. Asimismo, el Estado construyó desde 2010 la red federal de fibra óptica (REFEFO) a través de la empresa ArSat. Los esfuerzos del tendido de esa red, que involucran una inversión cuantiosa de recursos públicos, están pendientes de ser capitalizados a través de políticas que la pongan en marcha, pues hasta ahora en su mayor parte no se halla operativa. Como sucedió en el pasado con otros servicios, la cooperación de actores públicos (estado nacional, provinciales, municipales), comunitarios y cooperativos, y empresas privadas es fundamental para que el potencial de conectividad y desarrollo realizado pueda aprovecharse en beneficio de toda la ciudadanía.

En efecto, la lógica del mercado no alcanza a cubrir a los sectores que por razones socioeconómicas o geográficas están impedidos de ejercer plenamente sus derechos en la sociedad informacional dado que los operadores de Internet que funcionan con una lógica mercantil sólo invierten en las zonas de alto poder adquisitivo de los grandes centros urbanos.

El gobierno argentino reconoce que el 5% de las localidades del país concentra el 77% de la población y allí se registra el 98,2% de los accesos residenciales (fijos y móviles) a Internet. Esta marcada asimetría, de tipo geográfico, se complementa con las desigualdades que en materia tarifaria conforman un abanico de accesos que presenta niveles degradados para la mayoría de los argentinos, es decir, para quienes no se hallan en el vértice de la pirámide de ingresos.

Sin políticas públicas no podrán corregirse ni atenuarse las marcadas exclusiones sociales y económicas que estancan las posibilidades de mejora de las condiciones materiales de vida de los argentinos.

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