Publicado en El Economista el viernes 13/01/2017 (con agregados que por razones editoriales no fueron incluidos)

“RECRUDECERÁN LAS PUJAS ENTRE TELEFÓNICA Y EL GRUPO CLARÍN”

Entrevista a Martín Becerra, investigador y analista de medios

Por Juan Strasnoy Peyre

El último día hábil de 2016, Mauricio Macri firmó el decreto 1340/16 sobre “comunicaciones convergentes”, que habilita el aclamado cuádruple play. Así, las empresas podrán brindar telefonía fija y móvil, TV paga y conexión a Internet. “Es una medida que compromete la estructura del sector comunicacional de aquí a tres o cuatro mandatos presidenciales”, sostuvo el investigador y analista de medios Martín Becerra, en diálogo con El Economista.

¿Qué impacto tendrá el decreto en el mercado de las comunicaciones?

Se va a profundizar la concentración del sector, que ya es mucha, porque es un decreto hecho a la medida de los planes de expansión de las empresas que hoy actúan en un mercado cartelizado, dominado por cuatro actores, que tienen todos los incentivos desde la política pública para entenderse entre sí y establecer las reglas del juego. Se intenta así repetir una vieja y fallida receta del Estado argentino que es poner a merced de los grandes operadores la regulación estatal bajo la promesa de que, si el Estado es amable con ellos, en el futuro ellos van a producir inversiones que justifiquen la inversión que hace el Estado. Esta estrategia ya se ensayó en varias oportunidades en las últimas décadas y los resultados distan de ser los que se promueven, al menos en el plano del discurso.

¿No es esperable un aumento de las inversiones?

Por cómo está diseñada esta política, es muy probable que en los grandes centros urbanos (Buenos Aires, Córdoba, Rosario) haya una disputa de los principales conglomerados para ganar unas porciones mayores de mercado. No me sorprendería que, de acá a dos años, el gobierno pueda exhibir mejoras en las inversiones en lugares del país donde es muy rentable hacerlas. Pero son inversiones que se harían con otras reglas del juego también. El gran problema de la política pública es el descuido manifiesto que hay hacia todo lo que no es tan rentable, y en una buena parte del territorio nacional, por la baja densidad poblacional, no hay rentabilidad. Entonces, la política debería estar orientada hacia ahí.

¿Cómo cree que evolucionarán las tensiones entre los grupos Clarín y Telefónica?

Dependerá de cuál sea la compensación económica que el grupo Clarín tendrá que pagar por las licencias que compró a través de Nextel y que piensa reutilizar para iniciar el desarrollo de servicios 4G con esa compañía, porque el decreto no fija ningún monto de referencia. No se sabe si estará en el orden de los $1.500 millones que pagaron las tres telefónicas móviles por el espectro 4G, por ejemplo o si va a ser menos y en tal caso, cuánto menos. Tampoco se plantean criterios sujetos a compromisos de inversión, ni estos son controlados o supervisados por parte del Estado. Por ello habrá un recrudecimiento de la puja que tienen Telefónica y Clarín por el dominio del sector, en la medida en que el Estado continúe haciéndole un guiño a cada uno pero en la práctica absteniéndose de establecer reglas de protección del interés público. Al carecer de objetivos de interés público, lo único que vale para Clarín es una ambición corporativa que tiene como límite a Telefónica y viceversa. Siempre van a estar insatisfechos a menos que hagan rendir a su adversario, cosa que no parece posible en el corto plazo. El único límite es el de las fuerzas dominantes del mercado.

¿En qué se verá reflejado ese recrudecimiento?

Telefónica dijo que piensa ir al CIADI, que está esperando ver cuáles son las condiciones que el gubernamentalizado Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) le pone a Clarín para formalizar el dominio de las bandas que compró. Telefónica ya presentó notas por vía administrativa porque se siente discriminada, pese a que el decreto también le ofrece una compensación en la licitación de otras bandas de frecuencia; el paso siguiente es el judicial. Incluso el enfrentamiento se da a través de funcionarios a la interna del Ministerio de Comunicaciones: hay una línea que simpatiza de modo muy definido con Clarín y otra, no menos definida, con Telefónica.

Entonces, ¿no hay un ganador claro?

Clarín accede a la telefonía móvil y las telefónicas reciben, por cada red de nueva generación que construyan, el bloqueo de nueva competencia (conocido como «vacaciones regulatorias») durante un período de 15 años, que es la eternidad, garantizado por el Estado. Es decir que por decreto se comprometen objetivos de políticas para los próximos tres mandatos presidenciales. Los dos ganan porque acceden al recurso finito y público del espectro radioeléctrico en mejores condiciones de las que tenían. Eso dejando a un lado las especulaciones sobre la posible fusión entre Clarín y Telecom: en ese caso, Clarín se convertiría en un ganador clarísimo pero hoy no lo sabemos. Por otro lado, Telefónica (y Telecom y Claro) podrán prestar servicios de tv cable en los grandes centros urbanos desde enero próximo, lo que ya autorizaba la parcialmente derogada Ley Argentina Digital (de telecomunicaciones y TIC) de 2014. Por algún motivo vinculado a que centraron su actividad en el despliegue del 4G, entonces las telcos que podrían haber avanzado en comenzar a remozar sus redes físicas para ofrecer servicios audiovisuales, no lo hicieron, se durmieron, y el DNU 267/15 de Macri les volvió a vedar esa posibilidad (como lo hacía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009) al menos hasta 2018.

El Gobierno dice que, con una convergencia plena, el mercado comunicacional va a ser más competitivo y se va a ampliar la oferta. ¿Qué opina al respecto?

El decreto 1.340, y en general las medidas de Macri en comunicaciones (muchas adoptadas con dispositivos normativos de rango inferior al que modifican, lo que es casi una constante del último año y debería llamar la atención de juristas), no sólo no son procompetencia, sino que son proteccionistas de los actores más fuertes. Hay dos grandes paradojas: primero, un gobierno que dice que quiere competencia pero niega que hay concentración. Y segundo, si de verdad se quiere competencia, no se le puede dar un recurso finito a los que ya están, hay que dejarle algo a otros que puedan llegar a venir. Pero con este decreto, lo que hay se reparte entre los que ya están. En consecuencia, se obtura la posibilidad de que existan nuevos jugadores. Es algo parecido a lo que hizo al comienzo de su gestión, cuando prorrogó por 15 años todas las licencias de radio y televisión: así, se impide que haya concursos y por ende más competencia con nuevos ingresantes al mercado. Es lo contrario a lo que haría cualquier gobierno genuinamente liberal.