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Publicado en Letra P el 24 de noviembre de 2016

El lobby de la comunicación

Los tres grupos de poder que pujan por regulaciones a medida de sus intereses. El decreto que cocina el Gobierno para corregir distorsiones del DNU que sepultó la AFSCA y creó el Enacom.

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El gobierno de Mauricio Macri incuba un decreto reglamentario que, según fuentes oficiales, corregirá algunos de los ejes de su propio DNU 267/15, con el que reemplazó a la Autoridad Federa de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por el gubernamental Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y relajó los límites a la concentración de la propiedad, mientras anuncia para marzo la presentación de un prometido proyecto de ley que subsanaría la seguidilla de decretos con los que viene afectando la médula de la regulación (y de los derechos) en el sector audiovisual y de telecomunicaciones.

Como la Argentina es un país presidencialista, la sintonía y los tiempos del Poder Ejecutivo marcan el compás de muchos de los actores de estas actividades, sean empresarios, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil que velan por sus derechos, cooperativistas y académicos. No obstante, ese presidencialismo siempre expresa –en dosis muy distintas según las etapas de la política pública y de la formación de gobierno- intereses de algunos de esos actores, es decir que sus decisiones nunca son ajenas a intereses particulares. Uno de los rasgos de las políticas de comunicación desarrolladas en el último año es que las organizaciones de la sociedad civil, movimientos de derechos humanos, cooperativistas y académicos han perdido capacidad de influencia.

Si se observa la agenda pública y el comportamiento privado de los principales grupos del megasector de la comunicación en su actual fase convergente (medios, telecomunicaciones e Internet), es posible distinguir tres tipos de agendas. La de las grandes corporaciones globales basadas en Internet como Facebook, Google y Netflix; la de las empresas de telefonía con escala regional como Telmex y Telefónica y la de los grandes grupos multimedia de arraigo originalmente nacional, como Clarín o Vila-Manzano (América). Todos comparten la necesidad de realizar lobby, pero difieren en los objetivos del mismo ya que sus intereses suelen ser contradictorios.

Las compañías tecnológicas de alcance global que funcionan como líderes de distintos mercados en Internet tienen dispar presencia y actividad en América Latina y, en especial, en Argentina. Corresponde analizarlas a partir de una doble diferencia: por un lado, la que se establece entre ellas y el resto de las empresas y grupos infocomunicacionales tales como medios de comunicación tradicionales u operadores de telecomunicaciones; por otro lado, la que existe al interior de las propias tecnológicas globales.

En el primer caso, las tecnológicas globales se distinguen tanto de las empresas latinoamericanas de medios, cuanto de los conglomerados del sector de las telecomunicaciones por el origen de su capital, por su estrategia corporativa y por su relación con el gobierno y otros poderes estatales o privados. En este sentido, pueden identificarse tres lógicas de acción política según sea el sector de actividad y el origen del capital de las empresas infocomunicacionales.

Las tradicionales empresas de medios convertidas en grupos multimedios desde hace aproximadamente 25 años hacen valer su pertenencia en el país (el origen de su capital es en la mayor parte de los casos nacional) y su conocimiento capilar de los poderes estatales (gobierno, congreso y sistema judicial) y, en particular, del estamento político (tanto gobernante como de los principales líderes de la oposición), sobre todo para influir en decisiones de las políticas para el sector y promover, por ejemplo, plazos dilatados para la explotación de licencias de radio y televisión. Si bien en la mayor parte de su historia han mantenido buenas relaciones con diversos gobiernos, el período 2008-2015 es un ejemplo de relaciones contradictorias con el poder político.

Por su parte, las empresas de telecomunicaciones de Europa y América Latina (como Telefónica en toda la región o Telmex en los países que no son México, donde es nativa) tienen una actividad menos expandida y más concentrada en la conducción estatal (presidentes, ministros de alto rango), siendo su origen de capital europeo o mexicano. Suelen ser oficialistas de todos los gobiernos.

En cambio, las compañías globales -pero con origen de capitales y sede en EE.UU.- de Internet, como Facebook o Google, despliegan una actividad menos atenta que los otros dos niveles considerados en cuanto a las particularidades de cada país y, en general, de la región, con la salvedad de Brasil, que constituye en sus estrategias y en su foco un caso prioritario y con autonomía del resto de los países latinoamericanos. “Menos atenta” no significa que sea indiferente, sino que son conglomerados que deben adaptar su política local a las prioridades definidas a nivel global y ello, en los hechos, limita en parte su capacidad de lobby por sus especificidades. No suelen involucrarse con la coyuntura política local, porque sus demandas son globales.

Por otro lado, los grupos mediáticos que, en su mayoría, son de origen argentino en nuestro país, si bien conforman una plataforma de lobby para las compañías de telecomunicaciones y los conglomerados globales de Internet, también rivalizan con éstas en cuanto a objetivos de políticas públicas, apoyos económicos del Estado, acceso a recursos públicos para ofrecer servicios, participación de los distintos eslabones del sector infocomunicacional en la distribución de las rentas generadas por la circulación, distribución y comercialización de contenidos. De ahí que la relación sea conflictiva y ello termina expresándose en regulaciones que en algunos casos acentúan ventajas para las firmas “nativas” y, en otros, imponen cargas tributarias diferenciales para que actores globales colaboren en el mantenimiento (o construcción) de infraestructuras y en la creación y exhibición de contenidos locales o nacionales.

Estos tres niveles del lobby comunicacional hoy protagonizan una disputa que subyace a la adopción de las regulaciones actuales y futuras por parte del gobierno de Macri. En otras regiones, el lobby está formalizado y las estrategias de los actores industriales son más visibles. En Argentina, además de las declaraciones off the record de sus protagonistas, se puede analizar la huella de esos lobbies en pugna a través de la materialización de las políticas estatales. Uno de las mayores dificultades que enfrenta la administración Macri, que resulta palpable en sus contradicciones y titubeos en la política pública para el sector, es que no puede satisfacer a los tres grupos empresariales al mismo tiempo. Tomar opción por uno de ellos producirá el desencanto de los otros. Por ahora predomina la parálisis. ¿Será 2017 el año de la acción?

(@aracalacana)

(@gmastrini)

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