Publicado en Nueva Ciudad el 26/10/2016

Entrevista al investigador Martín Becerra

“La excusa del PRO sirve para justificar cualquier empleo de los recursos públicos en beneficio del gobernante”

MARTÍN BECERRA. En diálogo con Nueva Ciudad, el docente analiza los límites de la comunicación gubernamental y posa la lupa sobre el caso de Rodríguez Larreta, que usó dinero de la Ciudad para promocionar medidas desde su cuenta personal de Twitter.

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Investigador del CONICET en medios, políticas y TICs y Doctor en Comunicación, Martín Becerra es una voz más que autorizada para analizar cuáles son los límites de la comunicación oficial de un gobierno.

Al examinar el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que utilizó dinero de las arcas de la Ciudad para promocionar su cuenta personal de Twitter, Becerra no deja lugar a dudas. “En la Argentina tenemos desde hace mucho tiempo gobiernos de millonarios que le hacen pagar sus gastos personales y su promoción político partidaria al erario público”, interpreta el docente sobre la investigación de Nueva Ciudad que deja al descubierto la operatoria del gobierno porteño.

–¿A qué se considera comunicación oficial de un gobierno?
–Dada la falta de regulación del tema en la Argentina, existe una inmensa zona gris entre lo que es público, lo que es estatal, lo que es gubernamental, lo que es partidario y lo que es personal. Los gobiernos –pasados y presente– aprovechan esa falta de regulación en beneficio propio abusando de esta confusión.

–¿Las opiniones de un mandatario sobre temas de coyuntura o su vida privada pueden considerarse comunicaciones oficiales?
–Por supuesto los posicionamientos partidarios o personales sobre asuntos que no son actos de gobierno o que no involucren actos de gobierno, no pueden considerarse comunicaciones oficiales y, en consecuencia, no deben ser difundidos con recursos públicos administrados por el Estado. Sin embargo, lo fueron y lo son.

–¿Existen normativas acerca de la comunicación oficial de un gobierno?
–La resolución 247 de la Jefatura de Gabinete sobre publicidad oficial del gobierno nacional del 24 de agosto pasado no es respetada ni siquiera por el PRO. En su artículo 13 dice que “quedan excluidos de las campañas de publicidad oficial cualquier mensaje que promueva intereses particulares de funcionarios de gobierno o de cualquier partido político; la información engañosa, subliminal y/o encubierta; y la inclusión de frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas”. Esta resolución, que siendo muy imperfecta sin embargo constituye un avance dada la orfandad regulatoria vigente en la Argentina sobre estos temas, es sistemáticamente incumplida por el gobierno nacional y, si bien no están obligados legalmente, por los gobiernos porteño, bonaerense y por la mayoría de los demás mandatarios provinciales.

–¿Puede un usuario de Twitter que lleva el nombre de una persona convertirse en cuenta oficial de una administración pública?
–La excusa que da el gobierno porteño para justificar el empleo de recursos públicos para promocionar la figura política de algunos gobernantes, con independencia del valor de interés público de las piezas comunicacionales que utilizan, sirve como comodín para justificar cualquier otro empleo de los recursos públicos en beneficio del gobernante, justo lo que el PRO criticaba cuando era oposición.

–¿Conoce el caso de Rodríguez Larreta? ¿Es legítimo que utilice recursos gubernamentales para promocionar acciones de gobierno desde la cuenta de Twitter que tiene su nombre y apellido?
–En la Argentina tenemos desde hace mucho tiempo gobiernos de millonarios que le hacen pagar sus gastos personales y su promoción político-partidaria al erario público.

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