La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual realizó, en una fundada resolución, un análisis de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2009 y de las modificaciones parciales pero decisivas por parte del presidente Mauricio Macri a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) 13/2015 y 267/2015 -sobre todo, de éste último-. La resolución detalla los ejes centrales de la regulación audiovisual vigente en la Argentina desde 2009, los principales argumentos del litigio que saldó la Corte Suprema de Justicia en 2013 cuando validó la plena constitucionalidad de la norma y su afectación por parte del gobierno de «Cambiemos» a partir de los mencionados decretos.
La resolución de la Defensoría fue girada a los bloques parlamentarios, a distintos actores del ecosistema de la comunicación en el país y también a la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de DDHH, cuyo titular, Edison Lanza, estuvo hace 15 días en Buenos Aires y le expresó al gobierno su preocupación por varios de los contenidos del DNU 267, además de mencionar que la vía del decreto es inadecuada para la modificación de leyes relacionadas con el sistema de medios y con el derecho a la libertad de expresión.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo creado por la propia ley audiovisual en el marco del reconocimiento y de la ampliación de derechos que carecían de reconocimiento normativo en la Argentina.
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