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ANTE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DELINEADA POR LOS DNUS 13/15 Y 267/15 DE M. MACRI

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Los abajo firmantes, que desde diversos ángulos, enfoques y preocupaciones estamos dedicados al estudio de las relaciones entre los medios, las tecnologías de la comunicación y la política democrática, manifestamos nuestra preocupación ante la política de comunicación delineada por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) 13/15 y 267/15 del presidente Mauricio Macri.

Las razones de dicha preocupación residen tanto en el procedimiento como en los contenidos de dichas medidas. Sigue una enumeración sintética de las principales:

• La política de medios/comunicación tiene enormes y multifacéticas implicancias para la democracia y la libertad de expresión, en consecuencia su elaboración debe ser fruto de discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y sociales. No puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales. De hecho, tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales –vigentes en la Argentina, así como leyes específicas- relativos a la protección de la libertad de expresión y a la regulación de medios.

• Las razones esgrimidas públicamente y en los considerandos de los decretos no justifican el carácter de necesidad y urgencia de las medidas. En todo caso, se trata de razones que debieran habilitar un debate legislativo amplio en el que todos los intereses involucrados puedan expresarse públicamente.

• La utilización de los decretos es incongruente con la pretensión de construir políticas de estado, de raíces duraderas y capaces de regular una comunicación pública democrática y de superar viejos vicios en las relaciones históricas entre nuestro sistema de medios y nuestro sistema político.

• Las críticas, por cierto válidas, a la implementación selectiva, parcial o partidista de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la anterior administración no se subsanan eliminando o alterando por decreto los artículos centrales de la misma, sino, en todo caso, velando, en lo que compete al gobierno, por su implementación imparcial y transparente. Si, en cambio, lo que se desea es modificar dicha ley, volvemos entonces a señalar la importancia de que esto sea el resultado del debate legislativo, del amplio conocimiento público y de la participación social.

• Los decretos crean una nueva autoridad de aplicación en la que el Poder Ejecutivo tendrá mayoría absoluta y podrá remover “sin expresión de causa” a todos los miembros (incluso a los nombrados por las minorías). Dicha creación no augura entonces un proceso de apertura a los diferentes intereses políticos y sociales en el control, la aplicación y el diseño de la política de comunicación.

• Argentina avanzó recientemente en una construcción institucional de las políticas audiovisuales que no sólo involucró al Poder Ejecutivo, sino que fue fruto de un debate público, legislativo y de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los tres poderes del Estado coincidieron, en consonancia con las regulaciones de las democracias estables, que la libertad de expresión y el pluralismo precisan restricciones a la concentración de la propiedad de medios. Como todo, puede discutirse cuáles son los mecanismos idóneos para establecerlas, pero parece problemático cancelar dicho debate (sobre la premisa empíricamente infundada de la inexistencia de la concentración en nuestro país), eliminar sin argumento varios de los principales límites a la concentración fruto de la ley aprobada por el Congreso, y decretar un marco opuesto como un hecho consumado.

• El relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos conglomerados, lo que no constituye solo un problema que afecta la competencia económica, sino que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia.

 

Martín Becerra, UNQ – UBA – Conicet

Philip Kitzberger, UTDT – Conicet

Santiago Marino, UNQ – UBA – USAL

Guillermo Mastrini, UNQ – UBA

Eugenia Mitchelstein, UDESA

Soledad Segura, UNC – Conicet

Martín Sivak, UNSAM – NYU-BUENOS AIRES

Gabriel Vommaro, UNGS – Conicet

Silvio Waisbord, George Washington University

 

Luis A. Albornoz, IIGG-UBA – Conicet

Natalia Aruguete, UNQ – Conicet

Manuel Balan, McGill University

Micaela Baldoni UBA – UNGS – EHESS

Ana Bizberge, UBA

Marcelo Brunet, UNJu – UCSE

Ornela Carboni, UNQ – Conicet

Juan Pablo Cremonte, UNGS

Carlos da Rosa, UN Misiones

Florencia Enghel, Universidad de Estocolmo

Agustín Espada, UNQ – Conicet

Gustavo Fontanals, UBA

Maria Trinidad García Leiva, Universidad Carlos III de Madrid

Ariel Goldstein, UBA – Conicet

Pedro Arturo Gómez, UNT – UCSE

Nadia Koziner, UNQ – Conicet

Alejandro Linares, UN La Pampa – UBA

Ernesto Picco, UNSE

Natalia Raimondo Anselmino, UNR – Conicet

Lucrecia Reta, UN Comahue

Lorena Retegui, UNQ

Luis Ricardo Sandoval, UNPSJB

Laura Rosenberg UNGS – UBA – CONICET

Ivan Schuliaquer, UNGS – Conicet – Sorbonne Nouvelle

Lucía Vincent, UNSAM

Esteban Zunino, UNQ – UMAZA – Conicet

 

Nuevas adhesiones:

Alejandro Barranquero Carretero (Universidad Carlos III, España)

Gustavo Buquet (Uruguay)

Marcos Dantas (UFRJ, Brasil)

Romel Jurado (Ecuador)

Gabriel Kaplún (UDeLaR, Uruguay)

Alberto Efendy Maldonado de la Torre (UNISINOS, Brasil)

Isabel Ramos (Flacso, Ecuador)

Murilo Ramos (UNB, Brasil)

Carlos Scolari (Universitat Pompeu Fabra)

Rosemary Segurado (PUC-SP, Brasil)

Pablo Alabarces (UBA/CONICET),

Silvia Benchimol (UNCuyo)

Roberto Gargarella (UBA, UTDT)

Mariana Heredia (UNSAM, UBA/CONICET)

Enrique Peruzzotti (UTDT)

Alejandro Ramírez (UNER)

Miguel Julio Rodríguez Villafañe (UNC)

Natalia Vinelli (UBA, BarricadaTV)

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