Etiquetas

, , , , , , , , ,

En La Tecl@ Eñe, septiembre de 2015.

Entrevista a Martín Becerra

Balance de las políticas comunicacionales: Ley de Medios, Argentina Digital y Libre. ar

Martín Becerra es Doctor en Ciencias de la Información (Universidad Autónoma de Barcelona), profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la UBA. También se desempeña como investigador independiente en el CONICET. En esta entrevista con La Tecl@ Eñe, Becerra realiza un balance del estado de la Ley de Medios Audiovisuales desde su promulgación y analiza las leyes Argentina Digital y el proyecto Libre.ar, proyecto que, en palabras de Becerra “vendría a cubrir algunos de los enormes baches de la política de telecomunicaciones del gobierno y no lo hizo”

Por Conrado Yasenza

(para La Tecl@ Eñe)

– Conrado Yasenza: Para comenzar la idea es hacer un balance de su aplicación y estado actual de la Ley de Medios Audiovisuales, sus concreciones y falencias; el estado de las licitaciones para medios sin fines de lucro y para comunidades de los pueblos originarios; es decir un balance de su aplicación.

-Martin Becerra: Desde la sanción de la ley audiovisual por el Congreso transcurrieron casi seis largos años. Los objetivos inclusivos de esa norma fueron postergados por una política de medios que priorizó en el discurso la guerra con el grupo Clarín y, en los hechos, posicionó a otros grupos concentrados en la disputa por la rentabilidad del sector, como Telefónica, Fintech o Cristóbal López.

¿Cuáles son los objetivos inclusivos de la ley audiovisual que motivaron que numerosos sectores políticos y sociales apoyaran el reemplazo del marco normativo anterior (originado en un decreto dictatorial de 1980)? La reserva de un 33% de las frecuencias para estimular el acceso de medios “sin fines de lucro” a licencias audiovisuales; los límites moderados a la concentración del mercado; las exigencias de producción local e independiente; y el mandato de no gubernamentalización y pluralismo para los medios del Estado.

A menos que el fanatismo anegue el análisis, en cualquiera de los ejes señalados se reconocerá que la política aplicada por el gobierno registra mucho más incumplimiento que respeto por el texto de la ley audiovisual. Los pocos avances en relación a la ley refieren a una escasa cantidad de autorizaciones para operar radios de baja potencia otorgadas a organizaciones sin fines de lucro, a una gran cantidad de autorizaciones emitidas a nombre de organizaciones estatales (institutos terciarios y universitarios), al financiamiento a través del programa Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y a la incipiente creación de capacidades de producción audiovisual fuera de la zona metropolitana de Buenos Aires. Pero en materia de concentración privada, de pluralismo de los medios estatales y de avances significativos con organizaciones sin fines de lucro en zonas de alta densidad poblacional (las principales ciudades del país), el saldo es negativo.

El grupo Clarín detuvo la implementación de pocos pero fundamentales artículos de la ley hasta que en 2013 la Corte Suprema de Justicia validó su constitucionalidad. Pero el proceso de adecuación de este multimedios, declarado “de oficio” por el gobierno en 2014, volvió a judicializarse en un ejemplo de uso de la institucionalidad jurídica para una controversia que beneficia a ambos (gobierno y Clarín).

Hoy el sector audiovisual está, al menos, tan concentrado como en 2009. Cambiaron, sí, algunos nombres. Por ejemplo, Daniel Hadad fue sustituido por Cristóbal López (quien, además, ensanchó el multimedios con Radio 10 y C5N como cabeceras, al comprar Ámbito Financiero, Ideas del Sur y La Corte). El grupo Clarín crece en el mercado del cable, donde ostenta posición dominante e incrementa año tras año su facturación y en el sector arancelado del audiovisual, potente en la Argentina, comparte el liderazgo junto a DirecTV. Telefónica fue indultada de la incompatibilidad legal múltiple en la que incurre al gestionar, a través de la marca Telefe, una gran cantidad de canales de tv en el país. Al real dueño de la licencia de Canal 9, Ángel (a) El Fantasma González, se le admitió la operación de la emisora a través de una figura fronteriza con el testaferrismo.

En diciembre último el oficialismo certificó su abandono del objetivo desconcentrador que inspiró la ley audiovisual con la sanción de la ley “Argentina Digital”. Esta habilita la apertura del sector audiovisual a las telefónicas, con un modelo de mercado convergente, concentrado y extranjerizado.

-CY: Podria hacer una evaluación de la presidencia de la AFSCA a cargo de Martín Sabatella

-MB: Preferiría no responder la pregunta.

– CY: Cual es su análisis sobre la Ley Argentina Digital, que implica la regulación del proceso de convergencia tecnológica entre medios tradicionales, internet y telecomunicaciones. ¿Apunta al desarrollo de las cooperativas y pymes? ¿Intenta romper con el mercado cautivo repartido entre Telefónica y Telecom?

-MB: En verdad, la ley es tan ambigua e imprecisa que podría usarse –según se reglamente a posteriori- para favorecer a actores pequeños y medianos (como las cooperativas o empresas de escala media) como también para sostener e incrementar los niveles altísimos de concentración que exhiben las telecomunicaciones y redes digitales en la Argentina. La ley “Argentina Digital” permite que las empresas de telecomunicaciones continúen prestando servicios de conexión a Internet fija y móvil sin condicionamientos tarifarios y además expandan su negocio a la televisión por cable, algo que prohibía la ley audiovisual de 2009 con su objetivo desconcentrador.

Esta ley “Argentina Digital” no establece límites para la concentración de los mercados de telecomunicaciones y Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), permite la propiedad extranjera –a la medida de los principales operadores del sector-, conserva la función de servicio público para la telefonía fija y permite que los operadores continúen fijando los precios de la telefonía móvil, cuyo acceso es más expandido y más gravoso para los sectores de menores ingresos (las tarjetas de prepago, utilizadas por los más pobres, son más caras que los abonos consumidos por clases medias y altas).

Además, cambia la orientación de un fondo llamado “servicio universal” para invertir en zonas que las operadoras dejan descubiertas y, por último pero no menos importante, se fusionan la Secretaría de Comunicaciones (SeCom) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) en un nuevo organismo llamado Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), regido por un directorio, es decir un cuerpo colegiado, lo que es toda una novedad en la historia de la regulación del sector en el país.

Como la ley es sumamente ambigua es cuestiones medulares (por ejemplo cuándo el Estado está habilitado a regular tarifas de interconexión entre operadores, cuándo puede declarar que un grupo tiene “posición significativa de mercado” y qué hacer en ese caso), el directorio colegiado de AFTIC tendrá enorme poder de decisión en un área que es cardinal porque comprende todas las infraestructuras de transportes de contenidos (comunicaciones, información y entretenimientos) de tipo convergente.

En efecto, la ley delega un alto poder a la AFTIC, sin mencionar sus objetivos, misiones o funciones, por lo que (como ocurrió con algunos aspectos puntuales de la ley audiovisual de 2009), las reglamentaciones que promueva el organismo serán más importantes y definitorias que la propia ley. De esta forma, el diseño institucional creado por la ley contradice el objetivo de gestionar el sector con un organismo colegiado que no dependa exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), puesto que la política de telecomunicaciones y TIC quedará sujeta a los designios del gobierno al tener éste potestad de modificar reglamentos mediante decretos presidenciales.

– CY: Cual es el estado del proyecto impulsado desde Arsat de Libre.ar ¿Puede explicarnos su finalidad?

-MB: Ese proyecto fue anunciado con bombos y platillos como un giro copernicano en un sector clave porque es el único con acceso generalizado de la población y en el que el Estado favoreció ostensiblemente la concentración de pocos operadores (extranjeros), la disposición discrecional de precios cartelizados y toleró niveles de prestación de servicios de pésima calidad. Libre.ar fue anunciado a fines de 2012 como una empresa estatal que vendría a cubrir algunos de esos enormes baches de la política de telecomunicaciones del gobierno. Pues no lo hizo. Aquella promesa fue archivada al cabo de varias dilaciones, sin que hubiese explicaciones públicas, no digo con los decibeles que empleó el gobierno cuando la lanzó, sino al menos en un documento que fundamente la estratégica contramarcha. Hoy la franja de espectro que iba a usarse para Libre.ar finalmente fue licitada para la expansión de la telefonía 4G por parte de las actuales operadoras (Telefónica, Telecom y Claro) junto a una firma del Grupo Vila Manzano.

– CY: Desde la AFSCA, o bajo su paraguas, se creó la Autoridad Federal de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) ¿Puede explicarnos sus objetivos y área de influencia o regulación?

-MB: La AFTIC no fue creada por AFSCA o bajo su paraguas sino que es fruto, como respondí en la tercera pregunta, de la ley “Argentina Digital” que es independiente, y contradictoria, con la ley audiovisual. Las dos autoridades regulatorias tienen objetivos diferentes, administran sectores y empresas convergentes y habrá seguramente necesidad de articulación y de acercamiento entre ambas, ya que es ilógico que un mismo operador que tiene licencias de telecomunicaciones y de audiovisual tenga reglas de juego tan diferentes (por ejemplo en el caso de las licencias de telecomunicaciones se permiten las transferencias, en tanto que esto está prohibido en las audiovisuales).

– CY: ¿Cuál es el o los factores que explican la estupenda rentabilidad de las empresas que manejan el negocio de la telefonía móvil?

-MB: Buena parte la explicación reside en una regulación estatal que conserva, después de más de 25 años, la matriz de la ley de Reforma del Estado impulsada al inicio del primer gobierno de Carlos Menem, de la privatización del sector que siguió a esa ley y de las condiciones estructurales en las que se desarrolló el negocio de telefonía móvil. Esa matriz, en telecomunicaciones, continúa vigente hoy en día y permite que los operadores concentrados del sector actúen en forma cartelizada, esencialmente anticoncurrencial, y que establezcan precios a su antojo. El acuerdo con los sucesivos gobiernos fue que mientras que las tarifas de telefonía fija son reguladas por ser éste un servicio público, los precios de la telefonía móvil están “liberados”. Así es que las empresas dispusieron –sin que hubiese políticas compensatorias del Estado en la materia- un esquema francamente regresivo dado que quienes tienen menores recursos económicos pagan más caro por un servicio que hoy es la puerta de acceso a comunicaciones interpersonales, a la información de interés público y al entretenimiento. La llamada sociedad del conocimiento en la Argentina tiene un cuello de botella crítico en la falta de políticas consistentes en materia de telecomunicaciones y TIC, lo que no se reduce al servicio de llamadas puesto que hoy las redes móviles son también plataforma de acceso a Internet.

– CY: Desde su apreciación. ¿El Estado ha intervenido efectivamente para la regulación de las tarifas de telefonía móvil?

-MB: Por lo que expresé en la sexta pregunta, mi apreciación es que no.

Buenos Aires, 25 de Agosto de 2015.

Anuncios