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Versión completa de la columna publicada en El Cronista el 27 de agosto de 2015, pág. 44:

Más que pérdidas para los licenciatarios

por Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes, UBA y Conicet. En Twitter, @aracalacana)

Los empresarios de radio y tv se quejaron por ceder, obligados, tiempo de publicidad gratuitamente para que los partidos políticos que compiten en las elecciones difundan sus candidatos, ideas y propuestas. La regulación electoral establece un sistema equilibrado de asignación de espacios gratuitos en medios audiovisuales entre las agrupaciones políticas para que emitan su publicidad durante la campaña.

Este avance, que busca equilibrar la visibilidad y el conocimiento público sobre las orientaciones políticas que disputan por el voto, debe analizarse en un contexto en el que, paralelamente, otros recursos publicitarios, previos y simultáneos a la campaña electoral, son puestos en juego e inciden en la trascendencia de las candidaturas.

Esos otros recursos tienden a diluir el impacto de la publicidad electoral gratuita. Se trata de volúmenes crecientes de dinero público usado de forma proselitista vía publicidad oficial (lo hacen Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa) y de grandes sumas, de orígenes podría decirse variopintos, que colectan los principales partidos de grandes contribuyentes privados.

Es decir que las elecciones no sólo no son pérdida para los licenciatarios de radio y televisión, sino que son un escenario de incremento de facturación publicitaria gracias a que las principales candidaturas canalizan dinero público y privado para promocionarse.

Sorprende, además, que los empresarios audiovisuales olviden que no son dueños del medio que transporta sus contenidos, el éter. Al ser este un recurso público, los empresarios son licenciatarios por un lapso contingente en el que la sociedad, a través del regulador, los hace responsables de la administración de dicho recurso. En consecuencia, parte de su creatividad como emprendedores consiste en combinar la finalidad mercantil de su actividad con el interés público del espacio que gestionan y que, en este caso, refiere nada menos que a una de las prácticas elementales de la vida democrática.