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Publicado en Bastión Digital el 14 de agosto de 2015.
Martín Becerra

Doctor en Ciencias de la Información.

Investigador CONICET, Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Nacional de Buenos Aires.

Paradojas en la política TIC

Mientras que los presidenciables exhiben sus equipos técnicos como estrategia de legitimación, a la hora de postular candidatos a dirigir áreas estratégicas ponderan la acumulación partidaria. Esto se vio claramente en la designación de uno de los directores de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC).

La valoración de las llamadas “sociedades del conocimiento” y de los adelantos que comunican a ritmo de vértigo las tecnologías digitales contrasta con la ejecución de políticas públicas que toleran –cuando no estimulan- un funcionamiento concentrado, escasamente innovador y con precios que no se corresponden con su baja prestación de servicios de los mercados de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La actual constitución de una nueva autoridad de aplicación y regulación en el sector, que tendrá grandes facultades con las que podría tanto profundizar esta tendencia como modificarla, causa controversias y muestra grandes paradojas.

La regulación legal del sector fue aggiornada en el país en diciembre último, con la sanción de la ley “Argentina Digital” que modifica la vieja ley de telecomunicaciones de 1972 y que cambia un eje central de la ley audiovisual de 2009. Con la nueva norma, las empresas de telecomunicaciones pueden continuar prestando servicios de conexión a Internet fija y móvil (sin condicionamientos tarifarios) y además expandir su negocio a la televisión por cable, algo que prohibía la ley audiovisual. No hay límites para la concentración de los mercados de telecomunicaciones y TIC, se permite la propiedad extranjera –a la medida de los principales operadores del sector-, se conserva la función de servicio público para la telefonía fija y se permite que los operadores continúen fijando los precios de la telefonía móvil, cuyo acceso es más expandido y más gravoso para los sectores de menores ingresos (las tarjetas de prepago, utilizadas por los más pobres, son más caras que los abonos consumidos por clases medias y altas). Además, cambia la orientación de un fondo llamado “servicio universal” para invertir en zonas que las operadoras dejan descubiertas y, por último pero no menos importante, se fusionan la Secretaría de Comunicaciones (SeCom) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) en un nuevo organismo llamado Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), regido por un directorio, es decir un cuerpo colegiado.

Ese directorio está compuesto por dos miembros designados por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso en nombre de distintas fuerzas políticas, uno por las provincias y otro por un Consejo Federal.

Como la ley es sumamente ambigua e imprecisa es cuestiones medulares (por ejemplo cuándo el Estado está habilitado a regular tarifas de interconexión entre operadores, cuándo puede declarar que un grupo tiene “posición significativa de mercado” y qué hacer en ese caso), el directorio colegiado de AFTIC tendrá enorme poder de decisión en un área que es cardinal porque comprende todas las infraestructuras de transportes de contenidos (comunicaciones, información y entretenimientos) de tipo convergente.

En efecto, la ley delega un alto poder a la AFTIC, sin mencionar sus objetivos, misiones o funciones, por lo que (como ocurrió con algunos aspectos puntuales de la ley audiovisual de 2009), las reglamentaciones que promueva el organismo serán más importantes y definitorias que la propia ley. De esta forma, el diseño institucional creado por la ley contradice el objetivo de gestionar el sector con un organismo colegiado que no dependa exclusivamente del PEN, puesto que la política de telecomunicaciones y TIC quedará sujeta a los designios del gobierno al tener éste potestad de modificar reglamentos mediante decretos presidenciales. La inestabilidad regulatoria en un sector cardinal para la construcción de la “sociedad del conocimiento” constituye, pues, un condicionante de origen.

Los directores de AFTIC tienen mandato por cuatro años. Cuatro de sus integrantes fueron designados recientemente y por lo tanto, aún incompleto el Directorio comenzó a funcionar. El PEN nombró al presidente y vice del organismo. Se trata de Norberto Berner (ex secretario de Comunicaciones de la Nación) y Nicolás Karavaski (ex Sub-Interventor de la CNC). A su vez, la Comisión Bicameral del Congreso nominó a Federico Bekerman (FpV) y Miguel Giubergia (UCR). Pero al definir el tercer director se desató un conflicto que vuelve a colocar el foco en las deficiencias de la ley Argentina Digital. Si bien la Comisión Bicameral propuso en primera instancia como tercer director a Eduardo Bertoni, reconocido especialista en temas de libertad de expresión y nuevas tecnologías, ex Relator de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su designación –impulsada por la senadora Norma Morandini en nombre de lo que fuera FAP-UNEN- fue obstaculizada primero por el PRO a través del diputado Federico Pinedo, quien reclamó para su fuerza ese tercer asiento en AFTIC, y luego por el peronismo disidente y el Frente Renovador (massismo). El gobierno, sin que mediaran explicaciones, aceptó la postulación de un candidato de la fuerza de Sergio Massa en alianza con el peronismo federal, el diputado provincial sanjuanino José Asad Peluc, cuyos antecedentes nulos en la materia fueron publicados en la web de la Casa Rosada:http://www.casarosada.gob.ar/gobierno-informa/28937-propuesta-de-candidato-al-directorio-de-la-autoridad-federal-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-2 (al momento de redactar este texto el link conducía a una página oficial pero en blanco).

La postulación de Peluc desató cuestionamientos de un grupo de organizaciones y especialistas que objetan desde falta de transparencia en la designación de candidatos a dirigir AFTIC hasta falta de requisitos de idoneidad que, si bien la ley no exige de forma taxativa, al estipular la publicación de antecedentes previos a la designación supone la acreditación de experiencia y competencias en el área sobre la que deben entender los futuros funcionarios. La argumentación crítica de estas organizaciones y especialistas puede leerse acá: https://www.accessnow.org/page/-/docs/carta_aftic_v5.pdf

Más allá del caso puntual de Peluc, es sintomático que mientras que en las campañas electorales los aspirantes a la presidencia exhiben sus equipos técnicos como estrategia de legitimación, a la hora de postular candidatos a dirigir áreas estratégicas de la conducción estatal ponderen de forma excluyente la acumulación partidaria, como si no pudiesen conciliar la lógica necesidad de ubicar representantes de la propia tropa con la pertinencia temática del área o del organismo. La política pública queda en la cuneta, con los efectos de desconocimiento (en el mejor de los casos) y cooptación de los reguladores por parte de los regulados, o abandono de la función para la que se creó el cargo.

De este modo, el ciclo de propuesta y sanción de una ley que contradice parte de la normativa anterior, que permite acentuar los rasgos críticos de configuración de un sector que figura al tope de las quejas de los usuarios de servicios en el país, se completa con una autoridad regulatoria cuya legitimidad de origen resulta dañada por la falta de compromiso de distintos actores políticos con la construcción de espacios estatales capaces de garantizar competencia, equilibrio y conocimiento. Toda una paradoja, tratándose del organismo que regula las autopistas por las que circula nada menos que el acervo masivo de conocimientos y comunicaciones presente y futuro.

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