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Publicado en Bastion Digital

 

Martín Becerra
Doctor en Ciencias de la Información.
Profesor de UNQ y UBA.

POLÍTICA
LIBRERIA BASTION
La metamorfosis

Vie, 05-06-2015

Las transformaciones de la última década impactaron en la estructura del sistema medios de la Argentina desde un punto de vista tecnológico, pero también político y regulatorio. Esta transformación es tan conflictiva como lo fueron las últimas décadas para el sector: la idea de que la metamorfosis en curso conmueve las bases de una construcción que fue sólida y consistente puede resultar romántica y emocionante, pero es falsa.

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Extracto de libro De la concentración a la convergencia: políticas de medios en Argentina y América Latina. Becerra, Martín (2015), Paidós, Buenos Aires, 206 p. El libro será presentado este viernes 5 de junio a las 19 en el Centro Cultural Rojas. Entrada libre y gratuita.

En un marco de transformaciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas, la estructura del sistema de medios argentino acusa impactos a los que debe responder pese a que la capacidad de reacción y procesamiento normativo de esos cambios es mucho más lenta. Los cambios no son únicamente tecnológicos, aunque la convergencia digital acelera y dispone un entorno crítico por el surgimiento de depredadores y amenaza de extinción para especies históricas del “ecosistema” de la comunicación masiva; también son políticos y regulatorios, lo que refuerza la percepción de que el presente es una frontera y que al atravesarla nada será como fue. Este libro describe y analiza ese desplazamiento desde la perspectiva de la economía política de la comunicación.

Ahora bien: la idea de que la metamorfosis en curso conmueve las bases de una construcción que fue sólida y consistente puede resultar romántica y emocionante, pero es falsa. La inscripción de estos cambios en la historia reciente del sector de la comunicación en Argentina permite advertir la lógica de una estructuración que, compartida con otros países latinoamericanos, exhibía conflictos y contradicciones profundas desde hacía décadas. Varios de los capítulos del libro examinan esos conflictos y contradicciones, en particular los dos primeros. Entre los procesos analizados figuran la concentración de la propiedad, el arancelamiento de accesos y fracturas sociales que determinaron brechas en la posibilidad de uso de bienes y servicios de la cultura, la mercantilización de los contenidos, el alquiler y subalquiler de espacios, la asistencia estatal a través de publicidad oficial y de otras medidas como la prórroga sine die de las licencias, las moratorias impositivas y facilidades crediticias extraordinarias, la ausencia de medios estatales orientados a la promoción de la diversidad y el pluralismo (de puntos de vista, de representaciones sociales y geográficas, de géneros de programación), la proscripción del acceso a la titularidad de las licencias para organizaciones sin fines de lucro, la centralización geográfica de las producciones, la financierización de la estructura de propiedad, la extranjerización de las actividades más dinámicas del sector infocomunicacional y la precarización de la organización de los procesos de trabajo.

La estructuración del sistema de medios de comunicación de Argentina dista de ser homogénea y asume formas de funcionamiento fronterizas entre lógicas feudales y capitalistas, a pesar de que hasta 1975 Argentina había contado con un vigoroso mercado editorial y audiovisual más maduro en términos de relaciones productivas propias del capitalismo. Pero esa estructuración fue cambiando y hoy, junto con transformaciones tecnológicas que impactan en el sistema de medios al digitalizar su producción, circulación y consumo, está protagonizada por cuatro categorías de medios.

Un bolsón minoritario de grandes grupos empresarios, capitalistas consolidados, que mercantilizan sus productos y obtienen importantes ganancias con ellos. Estos grupos empresariales conforman conglomerados que intervienen simultáneamente en distintas industrias de comunicación y cultura, como los casos de Canal 13 (Grupo Clarín) o Telefe (Grupo Telefónica) de la ciudad de Buenos Aires, cuya diversificación es amplia y dominante en muchos de los mercados en los que operan. Destacar la matriz capitalista de estas empresas no supone desconocer que una parte del proceso de consolidación de sus grupos controlantes fue posible gracias al amparo estatal a través de la asignación privilegiada de recursos, la obstrucción de la competencia, o la producción de regulaciones funcionales a la concentración oligopólica de mercados liderados por estas firmas. Incluso la emergencia de grupos como Fintech, Indalo, Sergio Szpolski o Electroingeniería puede analizarse a la luz de este amparo estatal. La regulación aprobada en los últimos años en Argentina –y validada por los tres poderes del Estado– ha sido despareja con estos conglomerados, algunos de los cuales fueron fortalecidos y hallan en las nuevas normativas un aliciente para su proyección (por ejemplo, las empresas de telefonía a partir de la sanción de la Ley “Argentina Digital” de 2014, que las exime de respetar la prohibición dispuesta por la ley audiovisual de 2009 para prestadores de televisión por cable), mientras que otros encuentran obstácu­los inéditos en su expansión corporativa sostenida durante décadas, como en el caso del Grupo Clarín. Al momento de disponer límites (o permisos) a la concentración, cuotas de producción de contenidos y normas de funcionamiento, el objeto de referencia de las regulaciones mediáticas y de telecomunicaciones suele ser este sector, dada su envergadura y liderazgo de los mercados infocomunicacionales. Sin embargo, pese a su centralidad económica, se trata de un grupo pequeño y, en consecuencia, poco representativo del comportamiento del conjunto de actores del sector.

Un número considerable de empresas de tamaño mediano y pequeño que aspiran a mercantilizar sus producciones, pero que no llegan a sostenerse con ello y por consiguiente adoptan formas económicas que abarcan distintas modalidades precapitalistas. Así, se encuentra la figura del vasallaje con el que un empresario explota una licencia o edita un periódico y recibe un flujo de ingresos (generalmente publicitarios) cuya contraprestación es el acceso privilegiado de las empresas o los políticos “sostenedores” a su/s medio/s, sin que esa relación le impida aprovechar parcelas menores de generación de fondos propios. Además, existen formas de mecenazgo informal creado por la dependencia de una empresa de medios de una fuente de ingresos excluyente (publicitarios o crediticios, como se evidencia en las empresas que viven básicamente de la publicidad oficial) o el padrinazgo de caciques políticos (que en algunos casos es formal y en otros se ejecuta a través de testaferros).

Otro modo extendido es el alquiler y subalquiler de espacios de emisoras y periódicos, que privilegia el carácter privado de la propiedad del medio por encima del control editorial que, muchas veces, resulta tercerizado en productoras de distinto calibre. Este arrendamiento de espacios, común con las otras tres categorías, es una muestra del aliento a una forma de rentismo del sistema de medios que añade matices y mediaciones (económicas, editoriales, profesionales) a la organización jerárquica de la producción de información y entretenimientos y a la –obviamente desigual– participación de distintos actores en dicha organización.

Un Estado que, en sus diferentes niveles (Nación, provincias, municipios y eventualmente universidades e institutos de formación terciaria y media), opera medios audiovisuales con lógicas económicas mixtas que combinan el aporte del erario público directo (vía presupuesto) e indirecto (vía concursos, publicidad oficial, aportes de organismos descentralizados) con la recaudación de publicidad privada y con la mercantilización de productos y espacios y que, en términos de lógica de contenidos informativos, suele concebir a los medios que gestiona como dispositivo gubernamental y no como espacio público abierto a distintas perspectivas ideológicas, culturales y políticas. También los medios estatales tercerizan parte de su programación, incluso en horarios centrales, y registran formas de alquiler y subalquiler de espacios.

Un conjunto variopinto de medios históricamente excluidos de la ciudadanía comunicacional ya que estuvieron proscriptos por ley durante décadas y en el que conviven medios comunitarios, alternativos, populares, barriales, sindicales, campesinos y comerciales “truchos”. La escala organizacional y el sostén económico de este grupo son tan heterogéneos como sus objetivos y formas de producción, pero conviven el alquiler y subalquiler de espacios, la venta de publicidad, el padrinazgo de una organización política, sindical o de movimientos sociales, el aporte de agencias de cooperación nacional e internacional, el más reciente acceso a concursos del FOMECA (fondo de fomento concursable) en el marco de la implementación de la ley audiovisual que, finalmente, los reconoció plenamente en el ámbito legal como parte del sector “sin fines de lucro”, aunque su efectiva materialización no se ha logrado sino muy escasamente.

El recurso publicitario, que está presente en las cuatro categorías como fuente de financiamiento, se reparte de modo muy desparejo; existe una notable centralización de capitales por parte de los medios con mayores audiencias, en el caso de la publicidad privada, y de los medios más oficialistas (de gestión pública o privada), en el caso de la publicidad estatal, que resulta insoslayable para el análisis, toda vez que solo la cuenta del gobierno nacional asciende al 10% de la masa publicitaria del país.

Hay experiencias de nicho (medios dirigidos a grupos sociales específicos) que captan excepcionalmente recursos publicitarios (privados e incluso estatales) sin responder a las características mencionadas. Además, las estrategias publicitarias siguen siendo muy “analógicas” y los principales anunciantes apuestan mucho más a los medios tradicionales (televisión, diarios y revistas) que a los medios digitales, aun cuando estos concitan la atención de públicos que, en el caso de los diarios, multiplican con creces la cantidad de lectores de la versión papel del mismo periódico.

Una mirada distante y superficial afirmaría, en función de las relaciones capitalistas del sistema de medios, que predomina el tipo de trabajo asalariado en los emprendimientos del sector. Es decir, relaciones laborales de dependencia con dueños/empresarios de medios y percepción de salario por parte de quienes trabajan en ellos. En esta imaginaria e ideal situación, los dueños/empresarios comercializan espacios y venden productos para obtener ingresos con los que remuneran a los profesionales que se desempeñan en sus organizaciones. Sin embargo, la organización productiva en los medios argentinos muestra, desde hace mucho tiempo, otra realidad.

Si se enfoca la mirada en el conjunto del sistema, se concluirá que existen diversos tipos de organización del trabajo en los medios de comunicación argentinos y que no predomina el contrato de trabajo formal. Incluso en grandes organizaciones de comunicación hay formas de trabajo no asalariado, y extensas zonas donde la precarización es la regla. La ausencia de un víncu­lo contractual estable es común a las cuatro categorías de medios enunciadas y abre una reflexión fundamental sobre el tipo de contraprestación no salarial –o no eminentemente salarial– que organiza una buena parte del proceso de trabajo en los medios de comunicación de Argentina en pleno siglo XXI.

Esta regulación estructura la forma en que se producen informaciones y entretenimientos en la Argentina –y es común en el resto de América Latina-. Así es como son “normados” los contenidos que circulan y se consumen masivamente. No se puede prescindir de su análisis a la hora de evaluar el funcionamiento de los medios. No puede aludirse a las intenciones editoriales, a los impactos políticos y sociales, a los intereses económicos y a la semiótica del discurso mediático sin comprender la importancia de la organización productiva de los emprendimientos infocomunicacionales sobre la que se edifica el complejo de mediaciones sociales.

En la intersección entre rutinas productivas que combinan formas capitalistas clásicas, clientelismo, vasallaje y mecenazgo, y el mundo productor de los acontecimientos que son registrados como noticias, emerge la progresiva tercerización de la producción de los contenidos que son difundidos en los medios de comunicación. El vértigo productivo al que son sometidas las redacciones, injertadas con mayor herramental técnico pero despojadas del tiempo necesario para la verificación, para la documentación y para la investigación, colabora con ello. La relación cada vez más íntima entre oficinas de relaciones públicas, de comunicación institucional y vocerías polimorfas por un lado, y las redacciones por otro lado, desemboca en el abuso del copy-paste de gacetillas y en el reemplazo de la información, que demanda una laboriosa inversión de tiempo y esfuerzo, por un estilo opinativo ligero.

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