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Publicado en revista Todavía, Fundación OSDE, II semestre 2014, Buenos Aires.

Medios públicos
El desafío de superar la orfandad

por MARTÍN BECERRA Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y la UBA, Investigador independiente en el CONICET

Artista invitada MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ GARCÍA

En América Latina la función de los medios de comunicación gestionados por el Estado es un debate inesperado. El ostracismo que cultivaron radios y televisoras estatales durante décadas comenzó a agrietarse junto a discusiones más amplias sobre la regulación de los medios que, en algunos países, derivaron en la sanción de nuevas leyes audiovisuales. También contribuye al debate la convergencia entre medios, Internet y telecomunicaciones porque configura un contexto de redefinición de tareas y alcances de cada una de estas actividades.

Debatir sobre los medios estatales remite al lugar de lo público en espacios masivos, generalmente atravesados por contenidos comerciales, donde los flujos de comunicación disputan la atención y el imaginario de millones de personas. Por ello, los medios del Estado son aludidos como medios “públicos” e incluso en la Argentina el eslogan de Radio Nacional o Canal 7 aprovecha el calificativo para convertirlo en marca.

La orfandad de lo público en los medios masivos de comunicación es norma en América Latina y, por ser norma, se suponía del orden de lo natural. Esa orfandad se cubrió de modo indirecto a través de emisoras estatales que, con pocas excepciones, han tenido una impronta gubernamental y, en menor medida, con medios de carácter comunitario o alternativo, generalmente locales, administrados por organizaciones de la sociedad civil.

Tradicionalmente los medios latinoamericanos han sido, sobre todo, comerciales. Los sistemas mediáticos estuvieron protagonizados por grupos privados con tendencia creciente a la propiedad cruzada. En tanto, los Estados gestionan desde hace décadas emisoras de radio y televisión cuyo carácter público se vincula más con su estatuto legal que con su desempeño. Si lo público equivale a abierto, a común, a diverso, a accesible, entonces los Estados fueron reactivos a brindar servicios públicos.

La desatención de las emisoras estatales, su atraso tecnológico y los vaivenes de una línea editorial sujeta a cambios de gobiernos y a diversas alteraciones institucionales se combinaron para que en la mayoría de los países la opción de las audiencias por los medios estatales fuera minoritaria. De este modo, la carencia de medios públicos en la región se vincula con el tipo de configuración de un espacio público en el que la programación comercial de los medios audiovisuales predomina. La ausencia de servicio público audiovisual puede analizarse como una consecuencia y, a la vez, como un activador que retroalimenta la lógica marcadamente comercial de los sistemas de medios.

En la historia latinoamericana, la trayectoria de los medios de comunicación de gestión estatal ha tenido experiencias interesantes tanto en programación como en alcance social pero, al carecer de sostenibilidad a mediano y largo plazo, su desarrollo acusa los espasmos de los cambios de rumbo definidos por la alternancia al frente del gobierno de orientaciones políticas y culturales muy heterogéneas, e incluso lleva a disputas internas en el marco de una misma administración. Estos espasmódicos cambios debilitaron la función pública de los medios estatales, influyeron en su pérdida de credibilidad, deterioraron su audiencia y malograron su mensaje. Lejos de garantizar y estimular la participación social, los medios estatales como dispositivos de propaganda que cambian de registro, de contenidos y de protagonistas según se suceden los gobiernos finalmente quedan relegados a un rol secundario en el sistema mediático.

Precisamente porque los medios estatales actuaban con un rol secundario y, en muchas ocasiones, en un marco de desprestigio, no representaban competencia ni molestia alguna al predominio que ejercieron (y en la mayoría de los países, ejercen) los medios comerciales privados. Hasta hace pocos años en América Latina los medios oficiales no aspiraban a disputar audiencia ni a mejorar su desempeño.

Ahora bien, dos hechos se combinan en los últimos años para replantear el modelo tradicional de emisoras estatal-gubernamentales con limitada incidencia masiva: por un lado, el impulso de la discusión sobre la función de los medios de comunicación y la adopción de nuevas leyes por parte de varios países de la región; por otro lado, las nuevas condiciones tecnológicas de convergencia entre los medios audiovisuales, Internet y las telecomunicaciones, que a la vez que crean plataformas digitales que concitan crecientemente el interés y el uso de la sociedad, constituyen un desafío inédito para la provisión o la gestación de emisoras cuyo mandato es interpelar el espacio público.

Desde aproximadamente 2005, los medios oficiales emergen como competencia de los grandes grupos privados aunque exhibiendo en muchas ocasiones –como los privados– un discurso intemperante.

El fragor de la polémica implicó, hasta ahora, resignar matices. Las embestidas anónimas, la confusión entre críticas a corporaciones y a periodistas, la decadencia de la figura del “editor responsable” en los medios (sobre todo en la televisión) y la profusión de verbos impersonales marcan el estilo de esta etapa. La estructuración del espacio público en la región acusa –una vez más– la inexistencia de medios públicos no gubernamentales.

La discusión se extiende a toda América Latina, donde el enfrentamiento entre los principales grupos de medios y distintos gobiernos (como han sido los de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil; José “Pepe” Mujica en Uruguay; Evo Morales en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador; Álvaro Uribe Vélez en Colombia o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina) tiene como característica la resistencia de los grandes conglomerados a que se revisen las condiciones en las que ejercen la dominancia de sus mercados. Ello ocurre en un contexto signado por la convergencia tecnológica y el advenimiento de la televisión digital, que está creando nuevas señales que podrían competir con las emisoras comerciales controladas por esos pocos grupos en la medida en que los Estados reviertan la privilegiada relación que mantuvieron con las empresas y amplíen la posibilidad de que otros actores operen licencias audiovisuales.

Este cambio de rol de la intervención del Estado en el sistema de medios y en especial en la orientación de los medios que los propios gobiernos gestionan ha causado gran revuelo en los diferentes países de la región. Estas transformaciones aparecen representadas por nuevas emisoras o por el cambio de perfil y por la mayor dotación de recursos que los gobiernos destinan al sector de los medios de comunicación. En Venezuela, estos cambios aparecen ligados a una expansión de la cantidad de medios que gestiona el gobierno y de un sistema de emisoras comunitarias afines a la administración fundamentalmente a partir de la sanción de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Ley Resorte) de 2004; en Bolivia, al lanzamiento de un periódico y del refuerzo de medios audiovisuales del Estado; en Brasil, a la puesta en marcha de una red de medios públicos de alcance nacional. En Argentina están representados con la aparición de señales como Encuentro o el más reciente impulso al sistema estatal de televisión digital, aún así los medios estatales continúan siendo dirigidos por una lógica netamente oficialista en sus contenidos periodísticos, informativos y en los segmentos de opinión y debate.

LA AUSENCIA DE SERVICIO PÚBLICO AUDIOVISUAL PUEDE ANALIZARSE COMO UNA CONSECUENCIA Y, A LA VEZ, COMO UN ACTIVADOR QUE RETROALIMENTA LA LÓGICA MARCADAMENTE COMERCIAL DE LOS SISTEMAS DE MEDIOS.

En este contexto, el de la línea editorial es probablemente el aspecto más visible pero no el único problema que enfrenta la gestión de los medios estatales. Otro dilema, asociado al uso propagandístico, es cómo construir una programación de calidad sin por ello renunciar a interpelar a grandes audiencias. Y, por supuesto, la capacidad económica de estas emisoras es otro eje que condiciona su despliegue.

A pesar de estas cuestiones que impiden hablar de emisoras de servicio público auténtico en América Latina, es posible hallar experiencias que permiten advertir que cuando el Estado decide emprender el laborioso desafío de generar medios que interesen a las audiencias y sean a la vez respetuosas de sus realidades y de sus necesidades, puede lograrlo.

La Televisión Nacional (TVN) de Chile, que tiene control parlamentario, es citada como uno de los raros ejemplos de televisión no identificada directamente con el gobierno de turno en la región. TVN cuenta, desde la recuperación del régimen constitucional en Chile, con prestigio por su tratamiento informativo y por su respeto a diferentes perspectivas políticas en espacios de análisis y entrevistas que la emisora incluye en la grilla a pesar de que reconoce que, con ello, puede resignar posiciones en la disputa por el rating con los emisores privados. Su limitación es el mandato de autofinanciamiento, lo que en segmentos de su programación la asemeja a las televisiones comerciales.

Asimismo, merece destacarse la impronta de programación educativa de algunas emisoras como los canales Once y 22 de México, país que cultivó una importante tradición en materia de contenidos educativos televisados (por ejemplo con la experiencia de la “Telesecundaria”).

En una línea complementaria, el Estado ha demostrado que puede ser productor de excelentes y al mismo tiempo entretenidos contenidos con la modernización estética y el perfil cultural logrados a través de la señal Encuentro de Argentina creada en 2005, que durante sus primeros años solo podía ser visualizada a través de los sistemas de televisión por suscripción pero que desde 2010 también emite en la plataforma de televisión digital que gestiona el gobierno.

Otro tanto sucede con la tradicional emisora TV Cultura dependiente del Estado de San Pablo, en Brasil. También la argentina PakaPaka, diferente de las señales comerciales dedicadas a los infantes por estar especialmente abocada al respeto de la Convención sobre Derechos del Niño, que no emite publicidad y que procura tener una directa aplicación en las aulas.

Otro valor significativo de algunas emisoras estatales es la cercanía con lo local y con la problemática ciudadana, de la que da cuenta la sostenida experiencia de la televisión regional en Colombia o de la señal de televisión por suscripción que gestiona el Municipio de Montevideo en Uruguay (TV Ciudad). En Uruguay el Canal 5, en cambio, depende del gobierno y su recepción es abierta.

Estas propuestas influyeron para que, en 2007, el entonces presidente brasileño Lula da Silva anunciara la creación de un canal público no gubernamental de televisión de alcance nacional en Brasil, la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC). El proyecto garantiza al canal cierta autonomía del Poder Ejecutivo mediante la dirección de un consejo en el que no solo participan representantes electos por la ciudadanía (gobierno, parlamentarios), sino también organizaciones con trayectoria en el campo no lucrativo de la comunicación. En Chile, Paraguay, Perú y Ecuador la discusión sobre la implementación de medios públicos está a la orden del día.

El debate está abierto y es bienvenido porque refiere directamente a la configuración del espacio público masivo en una región que necesita cultivar la deliberación y el intercambio de comunicación con lógicas que superen el clientelismo comercial y el clientelismo político.

Publicada en TODAVÍA Nº 32. Segundo semestre 2014