En el periódico El Informador de Guadalajara (México) entrevistaron a Martín Becerra sobre las “lecciones” de la Argentina en relación al actual proceso de aprobación de la ley de telecomunicaciones en México. Si bien se trata de circunstancias y objetos de regulación muy diferentes (la ley mexicana comprende al sector de telecomunicaciones y al audiovisual, mientras que la argentina sólo regula radio y televisión), este resumen refleja las respuestas frente a la consulta relativa a ambas normas legales, pero en la versión digital de El Informador no se incluyeron las dos últimas respuestas que contienen críticas y valoraciones sobre la ley de telecomunicaciones de México (aquí incluidas).

LA VOZ DEL EXPERTO
Las lecciones de la legislación argentina aprobada en 2009

Martín a. Becerra (Universidad de Buenos Aires)

¿Cuáles son los factores que hacen de la legislación de telecomunicaciones de Argentina una de las más avanzadas de América Latina?

– En Argentina, la regulación de las telecomunicaciones está separada (telefonía básica, móvil y conexión a internet), por un lado, de la regulación audiovisual, a diferencia de México, donde ambos campos están integrados en un mismo marco regulatorio. Lo que en Argentina es de avanzada es la regulación audiovisual, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, cuyos objetivos son socialmente inclusivos dado que reserva el 33% del espectro radioeléctrico para acceso a licencias por parte de organizaciones sin fines de lucro, a la vez que son objetivos que limitan la alta concentración del mercado audiovisual que registra este país y que impone a los medios estatales la obligación de no ser gubernamentales, además de crear una autoridad federal de aplicación de la ley que está compuesta por miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de las provincias del interior del país.
Sin embargo, a casi cinco años de haberse aprobado esta ley, el especialista menciona que gran parte de estos objetivos no han sido alcanzados.

¿Qué lecciones y experiencias puede aprender nuestro país de la legislación Argentina en materia de derechos de los usuarios de telefonía móvil y fija, de derechos de las audiencias (tv), del acceso a internet de banda ancha, tarifas, competencia, servicios, y preponderancia?

Por lo anteriormente dicho, la regulación de las telecomunicaciones argentina dista de ser un ejemplo virtuoso para México. La telefonía básica (fija) es un servicio público duopólico (sólo operan en ese mercado Telefónica (española) y Telecom (cuyo accionista mayoritario era hasta hace poco Telefónica de España). La telefonía móvil es un servicio con escasa regulación estatal, sobre todo en materia tarifaria y de control de la pésima calidad de servicios que prestan tres compañías principalmente (Telefónica con Movistar, Telecom con Personal y Telmex a través de la firma Claro). Los servicios son malos y caros, y los sectores con menores recursos económicos son los que pagan tarifas más altas por minuto de conexión a telefonía móvil. Recién el año pasado el gobierno puso en marcha un reglamento de servicios que comenzó a ordenar un esquema muy poco inclusivo en términos sociales y esta semana el gobierno definió la licitación de frecuencias para servicios 4G con la que se espera revertir las malas prestaciones de los servicios en los próximos años. En cuanto al sector audiovisual, que tiene regulación separada, la ley vigente desde 2009 estipula derechos para las audiencias que deben resguardar la autoridad de aplicación de la ley (llamada AFSCA) y una Defensoría del Público recientemente creada, y que básicamente debería velar por que se alcancen los objetivos de respeto del pluralismo político, de la diversidad regional en la producción de contenidos, de no discriminación por razones políticas, ideológicas, sociales, religiosas o étnicas.

¿Qué errores debemos evitar para generar una competencia efectiva, real y auténtica en cada servicio; y cómo elevar la calidad de los mismos?

La experiencia argentina en materia audiovisual permite afirmar que por un lado está la norma legal, la ley audiovisual de 2009 en este caso, y por otro las políticas concretas que instrumenta el gobierno en relación a los medios no solamente del sector audiovisual sino también gráficos y digitales. En este sentido, las políticas del gobierno estuvieron centradas no tanto en cumplir los objetivos de inclusión social y de pluralismo explicitados en la ley sino en construir grupos de medios de comunicación que rivalizaran en su línea editorial con el principal antagonista del gobierno en el campo mediático, que es el grupo Clarín, el más grande multimedios de la Argentina. Por ello, la propia Corte Suprema de Justicia ha advertido reiteradamente que el uso de recursos públicos en materia de publicidad oficial que realiza el gobierno está reñido con los objetivos de la ley audiovisual que el propio gobierno promovió, y también ha señalado la ausencia de una ley de acceso a la información pública, el uso gubernamental de los medios estatales (que deberían ser públicos) y el peligro de que los rigores de la ley audiovisual se apliquen al grupo Clarín pero no a su competencia.

¿Cuáles son los grandes pendientes de Argentina en el sector de telecomunicaciones?
La Argentina debe sancionar una nueva ley de telecomunicaciones que articule con la ley audiovisual, pues ésta no permite el triple play ni está actualizada como para encauzar el proceso de convergencia tecnológica. Pero además de estas razones, el marco normativo en telecom en la Argentina es anacrónico y está puesto al servicio de los prestadores con posiciones dominantes y no en los derechos de los usuarios del servicio. Por ello creo que la Argentina tiene lecciones que aprender de México en esta materia: tanto de los nobles principios de la Reforma Constitucional como de las controversias actuales por las leyes secundarias.

¿Qué opinión le merece la reforma de telecomunicaciones aprobada por el Poder Legislativo mexicano?
Bueno, precisamente creo que hay una controversia clara entre la Reforma Constitucional, sus objetivos de desconcentración, inyección de competencia en mercados muy concentrados en muy pocos grupos, independencia de la autoridad regulatoria, definición de medios públicos y acceso de grupos sociales para consolidar medios de carácter comunitario o popular, y por otro lado la ley de telecomunicaciones que en muchos de estos ejes ha sido poco respetuosa de los objetivos de la Reforma, ya que finalmente la competencia será menor de la prometida, las facultades de la autoridad regulatoria (IFT) fueron puestas en entredicho y tanto los medios públicos como los comunitarios quedaron relegados a un segundo plano.