19/08/2013, publicado en Letra P
Martín Becerra: “las tensiones entre política y medios son añejas”
Por Ezequiel Meler(*)
Martín Becerra es docente de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del CONICET. Su área de trabajo es la comunicación y el periodismo. Considera que el debate de la Ley de Medios es genuino. Y que el espíritu de la referida Ley tiene, por un lado, una filosofía inclusiva y que también, estuvo atravesada por lo coyuntural.

Asimismo, enfatiza que hubiese sido deseable que la ley “pudiese ser pensada en términos menos orientados a un grupo de comunicación, porque el problema es lo que vemos en los cuatro años posteriores. Como todo está concentrado en el Grupo Clarín, mientras Clarín tiene una medida cautelar, no hay ningún efecto práctico donde uno pueda demostrar que la ley es beneficiosa para la vida cotidiana de sectores sociales que la acompañaron y legitimaron, porque hay que esperar a la resolución de ese caso”.

A continuación, el diálogo exclusivo que mantuvimos con él sobre medios y política en la Argentina.

LetraP: Desde hace unos años a esta parte el tema de comunicación y el rol de los medios han tenido una instalación notable en la agenda pública. ¿A qué pensás que se debe esta problematización?

Hay situaciones comunes en todo el mundo acerca de la centralidad e importancia de los medios. Los medios troquelan la cohesión social desde que existen como industrias culturales masivas, eso no es nuevo y hay literatura que se dedica al estudio de esto desde principios del siglo XX por lo menos. Parte del pensamiento sociológico, de las teorías funcionalistas sobre los efectos de los medios de comunicación en la guerra, en la entreguerra, en la Segunda Guerra Mundial tienen como preocupación el efecto de los medios.

Pero ese debate estaba enclaustrado en algunos especialistas del sector, gente que se dedicaba a su estudio, así como profesionales de los medios. El estallido de este tema como debate social amplio, su inscripción en la agenda pública y política, es mucho más reciente. Tiene que ver con una confluencia de factores. En primer lugar, la discusión de los medios paradójicamente toma centralidad en un momento en que esos medios empiezan a perder centralidad, esto es, en la medida en que la evolución tecnológica habilita el surgimiento de ventanas que compiten con los medios tradicionales. Por supuesto, no es una competencia pareja, por ahora no lo es. Muchas investigaciones insisten en que incluso esas nuevas ventanas, más interactivas y dialógicas, como las redes sociales, siguen estando traccionadas por la agenda de los medios tradicionales. Todo eso cierto, pero esas ventanas existen. Y los medios, incluso los medios tradicionales, toman nota de ello. Entonces, desde la perspectiva de la evolución de nuevas plataformas tecnológicas y del uso social de nuevas tecnologías, estamos viviendo un momento histórico donde se facilita el cuestionamiento de los medios tradicionales porque existen las ventanas para cuestionarlos.

En segundo lugar, en América Latina se añade un proceso también reciente, de menos de una década, que es el cuestionamiento del sistema político al sistema de medios. Ambos sistemas han competido históricamente por la atención de la sociedad, por la intermediación de la palabra masiva. Las tensiones entre política y medios son añejas. El libro de Martín Sivak sobre Clarín es un ejemplo.

Pero ahora, de manera sistemática en varios países latinoamericanos, desde la estructura máxima del poder político se cuestiona la estructura de propiedad del sistema de medios con un discurso que objeta básicamente dos ejes: la propiedad del sistema de medios y los contenidos del sistema de medios. Como las condiciones de propiedad aparecen ligadas a sectores de la sociedad reactivos a los cambios sociales presuntamente impulsados por varios gobiernos latinoamericanos, se señala que el contenido de los medios de comunicación es también reactivo, manipulador, en suma, un escollo para los cambios que estos gobiernos tienen en su agenda. Estos dos procesos combinados –lo tecnológico y lo político-, relacionados, desembocan en una inédita discusión social sobre los medios. En la Argentina, en particular, esa discusión la vemos representada a partir de la ruptura de la alianza que sostuvieron el kirchnerismo y el Grupo Clarín hasta 2008. La ruptura de esta alianza impulsa al gobierno a tematizar los intereses que persiguen los dueños de algunos grandes grupos de medios como ningún gobierno lo había hecho antes. Lo que sucede es que el kirchnerismo promueve esa discusión, pero no puede detenerse sólo en el Grupo Clarín. El Gobierno quisiera restringir el alcance de este cuestionamiento social al Grupo Clarín, pero al poner en primera plana el interés que liga al Grupo Clarín con otras actividades económicas y con un proyecto político más reaccionario, naturalmente produce también el cuestionamiento a otros grupos de comunicación que hoy son sus aliados.

De todos modos, la discusión es bienvenida, es inédita, es notable, aún cuando los términos en que se realiza no son los más adecuados…

LetraP: ¿Por qué dirías eso?

Se observa mucha simplificación de los términos en que se discute. Por ejemplo, la relación entre estructura de propiedad y contenidos no es una relación matemática, no es directa. El campo periodístico tiene siglos de historia, no estamos en el siglo XVI donde el que escribía la noticia, con una rudimentaria imprenta, en un proceso artesanal, era el dueño de ese micro emprendimiento, y por ende había una relación directa entre estructura de propiedad y discurso. Creo que eso omite siglos de complejidad en la estructura de los medios de comunicación. La Prensa de José C. Paz en 1869, o La Nación de Mitre en 1870 ya eran emprendimientos con una complejidad que no resistiría las categorías del discurso político actualmente en boga sobre el rol de los medios.

Me parece que esa lectura simplista no logra explicar cómo Cristina Fernández gana con el 54% en 2011. Finalmente, el Grupo Clarín sigue siendo el líder de audiencia, tiene efectivamente un discurso intemperante con el gobierno…

LetraP: Y la relación del mensaje con el receptor no es tan lineal tampoco.

Exactamente. Ni la relación de la estructura de propiedad con el discurso del medio es tan lineal, ni tampoco es tan lineal la significación que hace de eso el lector o televidente que consume ese producto, como tampoco sucede con el discurso político profesional. A veces atribuyo esta simplificación de los términos del debate a cierta juventud del tema en la agenda. Tal vez sea una enfermedad juvenil, tal vez no.

LetraP: ¿Cómo incide el debate sobre la ley de medios en el momento de su sanción?

Yo creo que es un debate genuino. En el proceso posterior al 83, era un debate adeudado. Si uno observa la evolución de la democracia argentina, la sociedad logró avanzar en muchos órdenes. La cuestión militar, en parte la cuestión sindical fueron objeto de grande avances. Se avanzó, no de manera lineal, sobre temas que en 1983 eran inimaginables. La discusión sobre los medios no se dio. Estuvo obturada por los propios grandes medios de comunicación.

Alfonsín tuvo la intención de hacerlo. Menem también la tuvo, en su particular estilo: después de habilitar al inicio de su mandato, vía reforma del Estado, la modificación de la estructura de concentración del sector, permitiendo el ingreso de las empresas de medios gráficos al sector audiovisual, quiso dar esta discusión. Lo que hizo Menem se parece en el formato a lo que está haciendo el kirchnerismo: al no poder cambiar la regulación, inventó un grupo de medios, el CEI (CITIBANK, Telefónica, Banco República, de Mendoza, propiedad de Raúl Moneta), un gran grupo de medios que durante dos o tres años fue más grande incluso que el propio Clarín. Después se desarmó todo eso. De La Rúa también tuvo un proyecto de ley de radiodifusión, lo redactó el actual subsecretario general de la presidencia, Gustavo López. Pero ninguno de estos gobiernos logró avanzar.

En ese sentido el debate fue un avance. No se podía conservar una ley que originalmente había sido firmada por Videla, y que había sido empeorada desde el 89 en adelante. Era poco comprensible, muy poco gestionable. Era necesario discutirlo y había grupos sociales, que yo integro, minúsculos, que habían preparado conocimiento sobre el tema. Cuando el sistema político entendió que había condiciones –por la ruptura con Clarín, por la 125, por la derrota legislativa de 2009, por lo que fuera- tuvo un programa ya bastante maduro, sobre el que recostarse.

LetraP: Te referís a la coalición por una radiodifusión democrática, a los 21 puntos…

Exactamente. Y también a ciertos sindicatos y universidades. En este caso había letra porque había un proceso que venía de muchos años antes.

LetraP: Te pregunto primero por la ley en sí y luego por su implementación. ¿Cómo la valorás?

La ley, por una parte, tiene una filosofía inclusiva. Toda la regulación previa es expulsiva, expulsa a sectores sociales, a la mayoría de la sociedad. Y por eso acompañé la discusión y la sanción de la ley, y la defiendo. Es una ley con un espíritu inclusivo, con algunos ejes fuertes. Por ejemplo, el 33% de reserva para organizaciones sin fines de lucro, que permite que sean operadores de medios, topes a la concentración, cuotas de producción nacional. Son ejes centrales muy positivos, necesarios.

Ahora, claro, también estuvo atravesada por lo coyuntural. Es difícil encontrar leyes que no lo estén. Si tuviera que pensar en términos ideales, y no en la historia argentina reciente, hay aspectos acerca de cómo la ley resuelve técnicamente los topes a la concentración de medios que hubiese redactado distinto. Están muy enfocados en lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y en particular mirando mucho al Grupo Clarín, y a la necesidad que tenía -y sigue teniendo- el Gobierno de desarticular un poco el poder de fuego que tiene el Grupo Clarín.

Entonces, la ley está hecha a la medida del Grupo Clarín y de su composición actual. Eso es una mala práctica. Hubiese sido deseable que la ley pudiese ser pensada en términos menos orientados a un grupo de comunicación, porque el problema es lo que vemos en los cuatro años posteriores. Como todo está concentrado en el Grupo Clarín, mientras Clarín tiene una medida cautelar, no hay ningún efecto práctico donde uno pueda demostrar que la ley es beneficiosa para la vida cotidiana de sectores sociales que la acompañaron y legitimaron, porque hay que esperar a la resolución de ese caso. Por un lado tenemos un principio inclusivo, y por el otro todo queda reducido a un grupo de comunicación, ciertamente el principal, y a una ciudad como Buenos Aires y sus alrededores, y no se piensa en términos más amplios. Por ejemplo, los topes de concentración y las exigencias de producción propia, que como principio general me parecen los adecuados, pensados en Tartagal no tienen sentido. Yo viajo por el interior del país y veo muchas cooperativas y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que acompañaron la sanción de la ley, que tienen dificultades objetivas para cumplir con lo que la ley exige, porque no estuvo pensada para ellos sino para el grupo Clarín.

LetraP: ¿En estos años, en qué áreas te parece que hay más avances que destacar y qué aspectos te parece que la implementación deja más deudas?

Avances hay pocos. Se avanzó, por ejemplo, en políticas que complementan y acompañan el articulado de la ley, de promoción de contenidos en el interior del país. Si bien me parece que esos contenidos son poco adaptados al medio televisivo, solemnes, poco entretenidos, es importante decir que se produjeron contenidos en el interior del país. Eso crea capacidades de producción. Hay productoras pequeñas que han mejorado su equipamiento y la comprensión del proceso de producción de contenidos. Lo cual no es poco, pero está muy lejos de las expectativas desatadas por la ley. No obstante, es un avance.

También hubo un avance, muy lento, en materia de permisos para operadores sin fines de lucro en provincias donde no hay conflicto en la ocupación del espectro radioeléctrico. También hubo algunos permisos, muy pocos, para cooperativas del interior. Pero los hay. Por ejemplo, en Santa Rosa, La Pampa, está funcionando un operador de televisión por cable donde sólo existía el grupo Clarín. La sola existencia de este operador de televisión por cable, que es la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa, implicó una baja del servicio de televisión por cable de casi el 50% de la tarifa que tenía Cablevisión en la zona, lo que es un gran beneficio para los habitantes de Santa Rosa.

Otro tibio avance podría registrarse en la composición, todavía incompleta a cuatro años, de los órganos de aplicación y control de la ley. AFSCA, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, etc. Estamos muy lejos de lo que la ley dice, pero es un proceso paulatino.

Y después se otorgaron autorizaciones a universidades nacionales, municipios provinciales. Y ahí lo que uno detecta es que hay distintas experiencias. Por ejemplo, en Córdoba la Universidad Nacional de Córdoba tiene su señal universitaria, que es previa a la ley, pero mejoró la programación desde entonces, tiene un canal de noticias en televisión digital, que se llama Córdoba 24. En Santa Fe, el gobierno de la provincia está operando la señal Santa Fe, y hay un proyecto de ley en la legislatura para crear el sistema de medios públicos, incluyendo un canal de televisión. Muchos municipios están experimentando y lanzando señales radiales. Son permisos, no implican la capacidad económica o el conocimiento técnico y la programación para salir al aire. Esto es la trastienda de lo que se supone va a pasar en los próximos años. Pero no es sencillo.

Después está todo lo que el gobierno no hizo con la ley en estos cuatro años. Por ejemplo, no hay un plan técnico de frecuencias, que es el primer paso que tenés que dar para poner en marcha una política de medios. Es el mapa de la Argentina y dónde va cada frecuencia, cuáles están ocupadas y cuáles no. El gobierno no lo hizo, y por ende no puede hacer nuevos concursos, ni efectuar reservas sobre las frecuencias. Es un error técnico – político de primer nivel.

Los medios públicos, dice la ley textualmente, deben alentar el pluralismo y la diversidad. Lejos están de cumplir esa exigencia. Y la ley dedica un capítulo al tema. No obstante, los medios públicos siguen siendo utilizados como artillería comunicacional, lo que Eduardo Blaustein, en su libro Años de rabia, llama fierrerismo comunicacional. Y esto se profundizó, no se revisó.

De fondo, el gobierno tiene una enorme dificultad para comprender las mediaciones culturales. Por ende, cree que el déficit comunicacional que sufre se soluciona comprando medios y vendiendo el mismo discurso reiterado mil veces al mismo tiempo. Los mismos contenidos. Eso es expulsivo: sirve a los fines de cohesionar, como la misa del domingo, una minoría de alta intensidad, movilizada, importante, pero la mayor parte de la sociedad se queda afuera de ese discurso. Si la economía, el medio ambiente y la temperatura acompañan, se queda afuera y no pasa nada. Pero si no acompañan tanto, quedarse afuera implica irritación de los que se quedan afuera.

LetraP: ¿podría existir una relación entre las protestas antigubernamentales y la política oficial de comunicación?.

Efectivamente. Vos tenés como toda programación política en el canal gubernamental a 678. No tenés ningún espacio donde se diga otra cosa más que “todo lo que hace el gobierno está bien” y “todo lo que no es el gobierno está mal”, en una perspectiva religiosa. En un contexto macroeconómico de crecimiento, relativa estabilidad o bienestar, donde la temperatura social no molesta a los que se quedan afuera de ese mensaje religioso, no pasa nada. Ahora, en el momento en que la economía ya no va tan bien, la temperatura social tiene menos afinidad con el gobierno, ese mensaje causa malestar social. ¿Por qué? Ese mensaje tan religioso, tan endogámico, de tan poco diálogo con lo que pasa en el resto de la comunidad, subestima al resto de la sociedad. Es un mensaje que excluye, expulsa, como resultado de un concepto erróneo de lo que es cultura y comunicación.

LetraP: ¿Qué otros incumplimientos detectás?

El gobierno incumple buena parte de la ley. Cuestiones fundamentales como que las licenciatarias de medios tienen que dar a conocer quiénes son sus accionistas. La ley dice que los licenciatarios del sistema de medios deben informar cuánta pauta oficial reciben, y de qué instancia de gobierno (Macri, Scioli, Cristina). La ley dice que los operadores de televisión por cable deben tener una tarifa social para los sectores de menos recursos. Son aspectos de la ley que nada tienen que ver con la causa Clarín. Y no se cumplen, porque el gobierno está obsesionado con Clarín. Ya van cuatro años. La legitimidad que se construyó cuando se votó la ley es afectada por el propio gobierno.

LetraP: Han aparecido multitud de multimedios privados, afines al gobierno, que no parecen cumplir la ley. ¿Cómo lo ves?

Cristóbal López, Telefónica, Vila – Manzano… Eso también deslegitima la ley. La ley es muy precisa: ninguno de estos grupos podría existir con la composición que tiene si la ley se cumpliera. Todos deberían desinvertir. El gobierno no aplica la ley de manera pareja: a los amigos hago la vista gorda, a los enemigos aplico la ley. Es una concepción propia de una vendetta. Eso le quita legitimidad a la ley y dificulta la tarea de quienes defendemos la ley, desde mucho antes que fuera sancionada, o de que existiera el kirchnerismo.

LetraP: Pasemos a un argumento de los opositores a la ley ¿Hay afectación de la libertad de expresión en la Argentina?

Todo lo contrario, la ley es muy respetuosa de la libertad de expresión. Tanto los que critican la ley, como el kirchnerismo furibundo confunden políticas de gobierno con la ley como tal. Como los críticos nunca quisieron la ley, usan la mala implementación para denunciar que afecta la libertad de expresión. Efectivamente creo que el abuso de la publicidad oficial, el abuso de los medios públicos como propaganda gubernamental, la vista gorda ante la concentración de grupos amigos, son condicionamientos para una plena libertad de expresión. Pero eso no surge de la ley, sino que está en contra de lo que la ley dice. Son indicadores de la política de medios que el gobierno ejecuta, y que no cumple con la ley. Si se cumpliera la ley, no existiría en su forma actual Cristóbal López, Vila – Manzano o Telefónica, pero tampoco Clarín.

LetraP: Ahora viene una audiencia pública convocada por la Corte Suprema. ¿Se renovará el debate? ¿Habrá fallo pronto?

Me parece un buen procedimiento la audiencia pública. Puede darle mayor consistencia y legitimidad al fallo, cualquiera sea el mismo. Además, la audiencia viene solicitada tanto por organizaciones como el CELS como por individuos de posición contraria a la ley. Me parece una buena medida. También me pareció positivo el formato de la audiencia.

No creo que el fallo sea inminente. Hasta donde tengo conocimiento, todavía hay jueces que están estudiando el expediente. Se trata de un expediente muy voluminoso y complejo con citas a fallos en otros países, y no les ha llegado hace tanto. La Corte requerirá la ayuda de especialistas en la materia.

Mi especulación sobre el fallo. Creo que la Corte no va a replicar ni el fallo de primera instancia, que dijo que todo era constitucional, ni el fallo de la Cámara Civil y Comercial, que dijo que la parte de televisión por cable es inconstitucional. Creo que la Corte no impugnará la constitucionalidad de las 24 licencias de televisión por cable. Creo que avalará el límite legal como constitucional, y esa es una mala noticia para Clarín. Al mismo tiempo es posible que la Corte invalide algunas de las reglas anticoncentración cruzada de la ley, que impiden que un licenciatario de televisión por aire sea licenciatario en la misma localidad, pero por cable.

(*)Especial para Letra P. Profesor Universitario, analista político.