Ámbito Financiero, 31 de mayo de 2013, Suplemento Viernes, págs. 1-3.

Viernes

LOS MEDIOS PÚBLICOS, MÁS ALLÁ DE LA CONSIGNA

Por: Martín Becerra

El kirchnerismo aportó una novedad y siguió una tradición en cuanto al manejo de los medios públicos. En el plano disruptivo, sacó a las emisoras estatales del ostracismo; les dio relieve, recursos y repercusión. La continuidad, con diferentes grados, está marcada por la concepción partidista que prefiere dar el mensaje ya digerido a las audiencias, antes que herramientas para debatir. Con diez años de vigencia, la tendencia del proyecto mediático del Gobierno parece irreversible.

Si la televisión argentina pudiera psicoanalizarse y tuviera que narrar su infancia, destacaría como marcas de origen el uso gubernamental del canal estatal (Canal 7), el temprano protagonismo del fútbol en la pantalla, la relación directa entre anunciantes privados y programación, así como la tercerización de contenidos en productoras ligadas al mercado publicitario y al aparato estatal. Todo esto, a partir del 17 de octubre de 1951, cuando la televisión criolla emitió como primera imagen el balcón de la Casa Rosada con Juan y Eva Perón. La cámara que grababa el festejo del Día de la Lealtad peronista en el bautismo del canal oficial era operada por un empresario,Jaime Yankelevich, y por un pionero de la radio en 1920,Enrique Susini.

El uso propagandístico de los medios estatales en armoniosa convivencia con una lógica comercial de funcionamiento y negocios con productoras privadas había comenzado en la radio, cuando en 1937 fue creada Radio del Estado (hoy Radio Nacional) a raíz de un acuerdo entre el Gobierno de Agustín P. Justo y la editorial Haynes, dueña de diario y de radio El Mundo.

Una interpretación superficial afirmaría que poco cambió desde entonces el manejo de los medios estatales, cuyo carácter público es difícil de hallar más allá de la consigna con la que se promocionan. Sin embargo, los medios estatales están cargados de novedad. Es novedosa la superación del ostracismo al que fueron confinados desde hace décadas en las que asumían sin complejos el último lugar en las preferencias de las audiencias, por cuyo interés ahora disputan con emisoras privadas.

La salida del placard de los medios estatales acompaña una discusión inédita sobre su función que divide aguas entre quienes por un lado consideran que les corresponde antagonizar, en un estilo contrainformativo de entonación militante, con el Grupo Clarín, y quienes, por el otro, sostienen que ese estilo sólo logra cohesionar una minoría ya convencida, pero que repele grandes audiencias, lo cual contradice objetivos medulares del medio público como tener audiencia y estimular la diversidad. En parte, la veloz fuga de televidentes de la pantalla de Canal 7 apenas finalizan los partidos de Fútbol para Todos (FpT) parece respaldar la segunda interpretación.

FpT condensa virtudes y defectos de la política de medios estatales ejecutada durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner: adoptado en 2009 antes de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, el programa FpT habilitó la transmisión en abierto de los partidos cuyos derechos de reproducción habían estado durante las dos décadas anteriores reservados al Grupo Clarín por parte de la Asociación del Fútbol Argentino de Julio Grondona, pero a la vez su gestión, con nulo control social y político sobre los recursos millonarios que involucra, y la exagerada explotación de los entretiempos (y de los comentarios de los relatores) como coto propagandístico, revela el concepto de política pública que cultiva el Gobierno. El Estado es proveedor, en este caso, de contenidos de interés social, con la condición de recargarlos con una agenda gubernamental que no se priva de denostar desde ese lugar privilegiado a opositores.

Pero la novedad de los medios estatales no se reduce al impacto masivo del fútbol, al que se sumó luego Automovilismo para Todos (ApT). La mejora sostenida de la programación, la producción de ficción y la progresiva inclusión de imágenes y sonidos del interior del país apuntalan un cambio que se inició durante la presidencia de Fernando de la Rúa tras las negligentes gestiones de ATC entre 1989 y 1999. También es novedosa la inversión del Gobierno en infraestructura y en nuevas pantallas, porque al Canal 7 y a Radio Nacional se sumaron desde 2005 la señal Encuentro (cultural), Paka Paka (infantil) y, más recientemente, IncaaTV (cine), TecnópolisTV (ciencia y tecnología) y DeporTV (deportiva). Estas últimas conforman parte del menú de TDA, que es la plataforma de televisión digital que gestiona el Poder Ejecutivo con señales también privadas (CN23, 360TV, C5N) y una sindical (Construir TV, de la UOCRA).

La convergencia tecnológica con la que lidian los medios tradicionales y que en otros países inspira potentes desarrollos de los medios públicos en redes digitales para que todos los usuarios puedan acceder a todo el contenido en el momento en que lo deseen (a través de descargas, de streaming, del uso de redes sociales), en la Argentina es aprovechada para impulsar la televisión digital, la producción de contenidos en el interior del país y también para mejorar sitios web que cuentan con un archivo cada vez más completo de las producciones televisivas y radiales de las emisoras estatales.

678chismo 

La reflexión sobre los medios públicos alude a la noción de lo público. En la Argentina lo público estuvo históricamente ligado al espacio estatal y gubernamental en un vínculo que remite al protagonismo que el Estado tuvo como constructor de lo nacional. Lo público no es, en este sentido, lo general, lo abierto, lo común o lo compartido, sino la interpretación que el personal dirigente del Estado realiza sobre lo nacional.

Cuando el presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, afirma que Canal 7 es plural porque arrancamos la programación con el noticiero del tiempo en todo el país (entrevista de Emanuel Respighi en Página/12, el 28/4/2013), resume una noción de lo público que es su imaginario de lo nacional y que potencia el sesgo oficialista representado en la grilla de programación de la emisora. Para Bauer, si por plural se entiende ser neutral, digo que no es neutral, como no lo es ningún medio (…) Nadie puede discutir la pluralidad de contenido de Canal 7.

La política conducida por la presidente Cristina Fernández de Kirchner es la fuerza gravitatoria de los contenidos periodísticos de Canal 7 y Radio Nacional, aunque en este caso el informativo incluye una participación de las emisoras del interior del país y su acento es, pues, más federal. La radio se permite, además, matices críticos que no se observan en la televisión. Recientemente, Mona Moncalvillo, en su programa de la AM870, analizó la gestión del gobernador oficialista de Formosa, Gildo Insfrán, con críticas cuyo tenor es infrecuente.

La grilla de Canal 7 incluye noticieros nacionales (Visión 7 en su versión matinal, de mediodía, matiné y nocturna), un programa semanal de noticias internacionales que introduce análisis e informes con tratamientos más complejos (Visión 7 Internacional, los sábados al mediodía) y un programa estelar, 678, que se emite desde marzo de 2009, producido por la productora PPT (Pensado para Televisión, de Diego Gvirtz). Con la excepción del fútbol, 678 tiende a devorar el resto de la programación, tanto por su contenido, por el horario central en que es emitido, por su frecuencia diaria (salvo los sábados), como por los invitados, figuras relevantes del Gobierno. El panel de 678 referencia su intervención en informes editados con lógica binaria y estilo paródico. El objetivo, explícito, es desmontar el discurso de Clarín y otros medios críticos con el Gobierno aludidos como la corpo o los medios hegemónicos. La pretensión didáctica del ciclo se basa en reiteraciones y guiños a una audiencia identificada con el kirchnerismo para reforzar sus certezas e impresiones. La reproducción del discurso oficial en el programa genera una circularidad que evita matices e ignora la crítica, construyendo un diseño endogámico que, en este aspecto, resulta semejante a la caracterización del discurso de los grandes medios comerciales con los que 678 confronta.

En su libro sobre 678, María Julia Oliván y Pablo Alabarces destacan la mirada contrainformativa en un formato híbrido que mezcla la opinión, el archivo, el show noticioso, la propaganda y el panfleto. Teóricamente, ‘678’ desenmascara la estrategia de comunicación de los otros medios, pero si ‘678’ cree que la opinión pública se construye sobre la base de lo que repite el multimedio Clarín, también trata al público como acrítico, casi infantil, razona Alabarces.

678 tiene más impacto que audiencia. Promovió desde la pantalla oficial una discusión nunca vista en la televisión argentina sobre los intereses de las empresas periodísticas. El desenfado con el que abordó esa discusión transgredió pautas de convivencia del periodismo y de los dueños de los medios, pero también incurrió en agravios a profesionales sin respetar la presunción de inocencia y sin permitir el derecho de réplica.

Los medios audiovisuales administrados por el Gobierno no llegaron al extremo de descrédito de la agencia Télam. Pero en su impronta gubernamental radica el principal inconveniente de Canal 7 y de Radio Nacional. Lo que en tiempos de la Resolución 125, que desató la llamada crisis del campo, parecía necesario para cohesionar el discurso kirchnerista en una contienda abierta frente a una edición manifiestamente opositora de los principales diarios y radios y de varias señales noticiosas, un lustro después se asemeja a una caricatura, porque además una parte de aquellos medios fueron transferidos a empresarios aliados al Gobierno y operan como un coro oficialista.

La tercerización de la programación es un rasgo llamativo que 678 comparte con otros contenidos de las emisoras estatales. La inversión tecnológica en equipamiento y las competencias de los trabajadores de planta permitirían ahorrar la compra del producto en un mercado sospechado de amiguismo y lógica clientelar.

Contexto latinoamericano

El uso de los medios estatales como dispositivos de propaganda es común a otros países latinoamericanos, donde es posible distinguir dos posiciones entre los gobiernos denominados neopopulistas de izquierda. Por un lado están quienes defienden, como Bauer, el uso de los medios estatales por parte de gobiernos que estarían realizando transformaciones estructurales y por lo tanto demandarían una intensidad argumental para vencer resistencias, lo que justificaría la partidización de las emisoras estatales. Esta perspectiva, compartida en esencia por las gestiones deHugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner apoya que los gobiernos tengan su herramienta de comunicación y que esté diferenciada de un medio público. Por otro lado, hay gobiernos que impulsaron la creación de medios públicos no gubernamentales para superar una concepción instrumental, ya que en la medida en que exista alternancia política, el uso partidario de los recursos públicos tendría enormes costos no sólo políticos, sino culturales. Presidencias como la de Lula da Silva, Pepe Mujica e incluso Enrique Peña Nieto acuerdan con esta postura. Ambas posiciones remiten a distintas tradiciones acerca de las funciones del Estado.

La idea de que es preciso enfrentar a los multimedios comerciales con medios estatales exaltados descansa en la noción de pluralidad de sistema, que consistiría en valorar el pluralismo a partir de la detección de emisoras que presenten perspectivas políticas opuestas en un mismo sistema de medios. Esta pluralidad de sistema no equivale a pluralismo interno y alude a los medios estatales como factores de contestación. Se coincida o no con la justificación de la partidización del contenido informativo de los medios estatales, su resultado se expresa en la vacancia de medios públicos. Esta carencia exacerba el uso gubernamental de las emisoras con dos consecuencias:

  • la subestimación de la capacidad intelectual de las audiencias, que si contaran en los medios públicos con voces que difieran del relato oficial podrían elaborar con mayor fundamento sus propias perspectivas, en lugar de recibirla digerida por la edición sesgada del medio a cargo del Estado. En el temor a incluir voces diferentes al mensaje oficial subyace la inseguridad para sostener el propio mensaje si éste tuviera contrastes. La clásica paradoja de la intolerancia respecto de la otredad (si escucho al otro puede que se cuestione mi inestable certeza) reclama sus fueros en este caso;
  • el menoscabo de la labor de alfabetización ciudadana que ejercen los medios en general y los medios gestionados por el Estado en particular. Esta subestimación remite a una concepción instrumental-propagandística de los medios que erosiona su credibilidad y la legitimidad de su mensaje.

Para Silvio Waisbord, el contenido partidario tiene además un correlato económico, ya que analizar información o hacer investigaciones propias es más costoso que aplaudir lo que dice el oficialismo o la oposición, y añade que si los fondos públicos son el sustento del periodismo militante, obviamente, esto continúa un problema medular y de larga data de la democracia argentina: el uso discrecional de dinero del Estado para sustentar el periodismo oficialista y no, precisamente, el periodismo que sirve al público.

Quien pierde con la ausencia de medios públicos es la sociedad civil. Cuando no hay medios públicos, el derecho a la palabra masiva, a la información plural, a contenidos diversos, son resignados en nombre de la coyuntura. Por ello los estándares internacionales (Unesco, OEA) y la legislación nacional (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) plantean a los medios estatales un mandato de pluralismo y respeto de la diversidad. Sin medios públicos la sociedad queda confinada al imperio de contenidos con formato puramente comercial o gubernamental. Éstos son modelos extremos: uno utilitarista, que justifica la existencia de los medios como estrategia de negocios que requieren un alto rating y una programación sensacionalista, y el otro propagandista, que fundamenta su utilización de los medios estatales en provecho del mensaje de una parcialidad que impugna voces críticas. En ambos casos, la sociedad convertida en audiencia es relegada a una posición clientelar: los ciudadanos son interpelados como clientes comerciales o como clientes políticos.

*Universidad Nacional de Quilmes – Conicet.
@aracalacana