La expectativa inducida en torno del 7D (7 de diciembre) como fecha clave para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual representa el reconocimiento, tanto por parte del oficialismo como de los grupos de medios más concentrados, del escaso material que ofrecen los tres primeros años de vigencia para la discusión pública. En este artículo publicado en Marcha se analiza qué se discute en la estructura del sistema de medios de comunicación de la Argentina a tres años de aprobada la Ley de Medios.

Hacia una nueva correlación de fuerzas (empresariales)

Medios
Jueves, 06 Diciembre 2012 00:12
Por Martín Becerra*. Un análisis del 7D y la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El movimiento en el mapa de medios y el alcance de la regulación estatal.

 

La expectativa inducida en torno del 7D (7 de diciembre) como fecha clave para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual representa el reconocimiento, tanto por parte del oficialismo como de los grupos de medios más concentrados, del escaso material que ofrecen los tres primeros años de vigencia para la discusión pública. Poco material porque, literamente, la llamada Ley de Medios se materializó muy poco, mucho menos de lo que el debate que la antecedió, y que es inédito en la Argentina, prometía.

En efecto, era difícil imaginar hace tres años, cuando el Congreso sancionaba la Ley Audiovisual, que hacia el fin de 2012 muchos de sus artículos no serían aplicados y que ni la prometida democratización a corto plazo ni el cierre súbito de señales insignia del Grupo Clarín se concretarían. El publicitado 7 de diciembre, reactiva la discusión sobre un texto sobre el que se habló mucho y se hizo poco.

Las recientes declaraciones del titular de la autoridad de aplicación de la Ley (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA), Martín Sabbatella, quien invitó a los grupos a desagregar sus unidades de negocios entre accionistas y allegados (parentela, amigos), generó malestar entre sectores de medios comunitarios y alternativos que desde hace varias décadas impulsan reglas de juego que no sean discriminatorias para los actores sin fines de lucro. En efecto, lejos de la prioridad asignada a estos sectores por parte de la Ley (un 33% de las licencias), el proceso de adecuación de los grupos más concentrados retroalimentará la lógica hipercomercial que ha guiado, desde sus inicios, el desarrollo de los medios audiovisuales en la Argentina.

De no mediar algún cambio en los planes ya presentados ante el Estado por parte de varios de los principales grupos de comunicación, esa lógica hipercomercial se combinará todavía más con el poder político local en buena parte del territorio argentino, ya que se prevé la venta de los activos menos lucrativos para los actuales operadores y esas licencias en su mayoría tiene una fecha de caducidad en el corto plazo, por lo que sólo el interés político se interesará en capturarlas.

Pero los debates en torno a la regulación de medios no se reducen a la crucial resolución del proceso de adecuaciones de conglomerados empresariales. Y aún desde la crítica a una implementación discrecional y poco eficaz de la norma aprobada en 2009 por el Congreso y a una polarización en la que los dos principales contendientes, el gobierno y el grupo Clarín, se ofrecen a su antagonista como excelentes coartadas (en un caso para evitar implementar políticas inclusivas y en el otro para evitar el ejercicio de un periodismo de interés público), corresponde reconocer que la discusión sobre la regulación mediática adosó a la agenda cuestiones que eran tabú, como los intereses de grandes conglomerados que subordinan la línea periodística a su renta, o los lazos económicos del Gobierno con empresarios mediáticos afines.

En este contexto, y desde la aprobación de la Ley, hay movimientos en el mapa de medios, por lo que es inexacto afirmar que, ante la implosión de la expectativa democratizadora, entonces “nada cambia”. Los movimientos que se registran en el sistema de medios responden a una política que no tiene, necesariamente, a la Ley de Medios como referencia aunque la invoca con insistencia. El Programa Fútbol para Todos, la iniciativa gubernamental sobre la televisión digital terrestre (TDT) y la inyección de recursos estatales para estimular el crecimiento de grupos empresariales como Vila-Manzano o Indalo (Cristóbal López) merecen consignarse como políticas activas que en algunos casos contravienen y en otros corren en paralelo a lo dispuesto por el texto legal vigente. Así, hay grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski) y un Estado que emerge como emisor con potencia y una dinámica presencia como operador audiovisual, movimientos que representan novedades en el mapa de medios argentino. En contrapartida, Clarín ve acechado el dominio que ejerció durante décadas. El gobierno y los grupos empresariales más importantes del sector pugnan por relaciones de fuerza distintas a las que expresó el campo mediático desde fines de la década de 1980. Vender licencias que expiran dentro de tres o cuatro años en un marco político de sucesión presidencial y de fuerte controversia judicial puede orientar las transferencias hacia un escenario de testaferros y de absorciones formales que tengan escaso impacto en la lógica mercantil que prima en el sistema de medios.

En otro plano, voces que apoyaron la nueva regulación audiovisual porque promovían la diversidad siguen huérfanas de respuesta a su reclamo histórico. La ausencia de políticas económicas que permitan sostener la declarada diversidad de dueños de medios, la falta de planificación del reparto de un recurso público como el espectro a través de un plan técnico que brilla por su ausencia y la esencia anticompetitiva y anticoncurrencial de los principales actores (grupos privados y gobierno) son una combinación poco auspiciosa para el conjunto heterogéneo de actores de medios comunitarios y alternativos.

Este proceso encontró un revulsivo en los spots sobre el 7D. La Ley de Medios y sus reglamentaciones (sobre todo las Resoluciones 297/2010 y 2204 y 2205 de 2012 que establecen pautas para la adecuación) configuran un conjunto ambiguo que permitiría a los grupos concentrados (Clarín incluido) “adecuarse” a la norma desagregando unidades de negocios, separando directorios y formando empresas que tengan una apariencia de desconexión. El órgano estatal que debería velar por el prístino funcionamiento de esta desagregación empresarial es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, en cuyas fojas de actuación sobresalen dictámenes que potenciaron la concentración del mercado de televisión por cable (fusión entre Multicanal y Cablevisión) y de telecomunicaciones (autorización para el ingreso de Telefónica como accionista de Telecom).

Además, a las resistencias de los actores concentrados y a las ambigüedades normativas se suma un aspecto medular: el Gobierno optó hasta ahora por una interpretación muy selectiva y a cuentagotas de la Ley, restringiendo sólo al oficialismo la conformación de los órganos de control y de aplicación (Comisión Bicameral, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual). Hace pocas semanas comenzaron a integrarse estos órganos con la presencia de representantes de fuerzas de la oposición. Esta integración es aún incompleta y esos representantes carecen de acceso, hasta el momento, a información básica sobre la toma de decisiones en los organismos que deberían actuar con racionalidad, imparcialidad y con garantías de trato equilibrado. Como la historia no acaba el 7D, el tipo de construcción que se realice con este material plagado de conflictos condicionará la eficacia de su continuidad a mediano y largo plazo.

 

* Martín Becerra es profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y la UBA. En Twitter es @aracalacana

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