En Uruguay la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina tiene mala fama. En el semanario Brecha, Edison Lanza entrevistó a Martín Becerra sobre el texto de la ley, sus disposiciones vinculadas al principio de libertad de expresión, y sobre el proceso de implementación de la norma aprobada en 2009.

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ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EN 26 OCTUBRE 2012
BY EDISON LANZA
BECERRA. FOTO: GENTILEZA PÁGINA 12

Con Martín Becerra: mitos y obsesiones de la ley de medios argentina

La ley de servicios de comunicación (sca) promovida por el gobierno de Cristina Fernández se cuenta entre las iniciativas del kirchnerismo destinadas a producir un cambio profundo en la estructura social y de poder. Con todo, su aplicación no deja de estar mediada por el intrincado mundo de intereses de la política y la economía argentinas.

Martín Becerra es uno de los investigadores y docentes argentinos en comunicación con mayor trayectoria en su país y la región. Doctor en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, participó el viernes 19 de un forum sobre políticas de comunicación organizado por la Intendencia de Maldonado. Defensor del cambio cultural que promueve la ley sca, se ubica actualmente en la difícil posición de mantener una visión crítica de estos procesos en la polarizada realidad argentina, y no duda en afirmar que la “obsesión” del gobierno de su país por desarticular al grupo Clarín ha perjudicado la aplicación de la ley. Pero, a su vez, este académico también desmitifica algunos temores agitados en Uruguay: la entrada en vigencia de la ley no supuso condicionamiento alguno a la libertad de expresión. Y su puesta en marcha, aun con errores y contradicciones, constituye “un proceso social” inédito que “desnaturaliza” la máxima de que no se “puede hablar, discutir y regular a los medios de comunicación”.

—En Uruguay nadie quiere hablar de la ley de medios argentina. No sólo desde la oposición se la considera un mal ejemplo. Usted como académico postula que es una muy buena ley, ¿qué aspectos destaca?
—Claramente es una ley que reconoce derechos. Por primera vez reconoce al sector de la comunicación sin fines de lucro. Por primera vez pone límites razonables a la concentración –aunque en este aspecto pueda existir algún reparo técnico–. Reconoce los derechos de la niñez. Previene la discriminación por razones de género, diversidad sexual, y promueve fuertemente la producción nacional.
—La ley va a cumplir dos años, y antes de aprobarse, algunos sectores, sobre todo de los medios tradicionales y más concentrados, la plantearon como el principio del fin de la libertad de expresión en Argentina. ¿Esas premoniciones se cumplieron?
—En absoluto. Primero hay que decir que es una ley muy respetuosa de la libertad de expresión en el sentido liberal del concepto. No hay ningún tipo de condicionamiento a la libertad de opinión y expresión de los medios, sean éstos comerciales, públicos o comunitarios.
—En Uruguay distintos actores y medios ponen a la ley sca de Argentina en la misma bolsa que leyes de comunicación aprobadas o en discusión en Venezuela y Ecuador, que intervienen en los contenidos.
—Si uno compara la ley Resorte (de Responsabilidad Social en Radio y Televisión) de Venezuela de 2004 y la ley sca argentina de 2009 son muy distintas en cuanto a su posición frente a los contenidos. Lo mismo se puede decir si se compara con la que discute el Congreso en Ecuador: tiene un tratamiento totalmente diferente de los contenidos. Esos dos ejemplos representan una injerencia mucho mayor de los gobiernos en los contenidos, con lo cual personalmente no estoy de acuerdo, y además considero que no es razonable darle a un gobierno esa potestad. En América Latina hemos tenido gobiernos respetuosos con la libertad de expresión y otros realmente violadores, y darles un instrumento legal para hacerlo no parece una buena idea.
—¿Cómo se ha implementado la ley argentina? ¿Qué tipos de problemas surgieron a la hora de poner en práctica sus instrumentos?
—La ley ya tiene tres años, pero estuvo los primeros seis meses suspendida por una medida cautelar ordenada por el Poder Judicial. Desde entonces hasta ahora ha estado plenamente vigente a excepción de dos artículos que no se aplican sólo al grupo Clarín, nada menos que los dos artículos de adecuación en materia de concentración.
—¿Cómo aplicó el gobierno el resto de la ley?
—En estos tres años el gobierno ha estado obsesionado con la desconcentración de Clarín, con lo cual subordinó la aplicación del resto de los artícu­los a este punto, y en esa estrategia ha tenido fracasos sonados. Por ejemplo, convocó a una licitación para asignar 220 licencias para televisión digital terrestre, la mitad de las cuales estaban reservadas para el sector comunitario, pero puso precio a la adquisición de pliegos y condiciones prohibitivas para ese sector. Cuando desde el movimiento social y la academia se advirtió del error nos criticaron por hacerle el juego a la derecha y atacar la ley de la democracia. Ahora tuvieron que anular esa licitación y volver a empezar, y reconocen que teníamos razón. Por lo tanto, el gobierno perdió un año, pasó un papelón y menoscabó la legitimidad que tiene la ley.

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