A raíz de la finalización de la medida cautelar que protege al Grupo Clarín de la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Becerra publicó algunos artículos y brindó entrevistas publicadas en los diarios Perfil, La Nación, El Cronista y en blogs. Se copian a continuación:

1) Perfil:

7D: entre el qué y el cómo

Por Martin Becerra | @aracalacana

 30/09/12 – 01:37
Era difícil imaginar hace tres años, cuando el Congreso sancionaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hacia el fin de 2012 muchos de sus artículos no serían aplicados y que ni la prometida democratización a corto plazo ni el cierre súbito de señales insignia del Grupo Clarín se concretarían. Una fecha, el 7 de diciembre, reactiva la discusión sobre un texto sobre el que se habló mucho y se hizo poco.

La contienda que protagonizan el Gobierno como principal impulsor de la ley y Clarín como el mayor grupo multimedios que la resiste, polarizó el debate público, pero adosó a la agenda cuestiones que eran tabú, como los intereses de grandes conglomerados que subordinan la línea periodística a su renta, o los lazos económicos del Gobierno con empresarios mediáticos afines. El escenario de la discusión, además, se ornamenta con un pesado arsenal de escraches sin presunción de inocencia ni derecho a réplica.

Sin respetarse la letra de la Ley –y en verdad, contradiciéndola–, hay movimientos recientes en el mapa de medios, con algunos grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski), con el Estado que emerge como emisor con potencia y con otros grupos, como Clarín, que ven acechado el dominio que ejercieron durante décadas. En otro plano, voces que apoyaron la nueva regulación audiovisual porque promovían la diversidad siguen huérfanas de respuesta a su reclamo histórico.

Este proceso encontró un revulsivo en los spots sobre el 7D. Hoy va despejándose el título de lo que sucederá a partir de diciembre, pero no así su contenido. Parece más claro el “qué” que el “cómo”:
1. El qué: la mejor interpretación legal sobre qué supone el 7D fue didácticamente provista por el especialista en derecho público Gustavo Arballo en su blog “Saber leyes no es saber derecho” (http://www.saberderecho.com/2012/09/7d12-y-el-con-todos-sus-efectos.html). En su fallo de mayo pasado, la Corte Suprema indicó que el plazo de adecuación a la ley venció ya en diciembre de 2011. Lo que está en suspenso por la medida cautelar que tiene el Grupo Clarín es la aplicación del artículo 161 de la ley, pero al caer la cautelar el 7D, de no mediar fallo judicial, Clarín no contaría con un año de plazo extra, sostiene Arballo.
2. El cómo: lo que la Ley de Medios, sus reglamentaciones (sobre todo la Resolución 297/2010 que establece pautas para la adecuación) y los fallos de la Corte aportan en relación al tema apenas alcanzan para elucidar qué debería hacer Clarín. Pero las mismas normas ofrecen ambigüedad acerca de qué activos, y cómo, deben transferirse o venderse a terceros. De no mediar fallo a su favor, Clarín deberá adecuarse. Pero no es tan claro cómo debe hacerlo. Esto vale también para el resto de grupos que están en infracción y a los que el Gobierno permitió eludir la adecuación pese a no contar con cautelares, basándose en la premisa de que ello sería asimétrico respecto de la holgada posición de Clarín.

El fallo de la Corte conduce a que Clarín deberá encuadrarse en las generales de la ley. Lo que nadie sabe es cómo. ¿Será aceptado, por ejemplo, que los grupos se adecuen a través de transferencias a la parentela? Lo que sea autorizado en otros casos será, al final, válido también para Clarín.
La base normativa para gestionar los procesos de desinversión de quienes presentaron propuestas dista de ser diáfana. Pero hay menos respaldo aún para orientar la eventual intervención estatal en el caso de que, como es previsible, un grupo se resista a adecuarse a la ley.

Además, a las resistencias de los actores concentrados y a las ambigüedades normativas se suma un aspecto medular: el Gobierno optó hasta ahora por una interpretación muy selectiva y a cuentagotas de la Ley de Medios, restringiendo sólo al oficialismo la conformación de los órganos de control y de aplicación (Comisión Bicameral, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), así como la llamada Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación. El Gobierno subordinó, en suma, la ejecución de políticas al único objetivo de despiezar a Clarín.

Para corregir lo actuado y para sembrar coherencia en la implementación de la ley se precisa dotar de legitimidad un proceso que viene revirado. Como la historia no acaba el 7D, el tipo de construcción que se realice con este material plagado de conflictos condicionará la eficacia de su continuidad a mediano y largo plazo.

*Especialista en medios. En Twitter @aracalacana

2) Entrevista en La Nación

Domingo 08 de julio de 2012 | Publicado en edición impresa

Entrevista con Martín Becerra

“El kirchnerismo alberga tensiones políticas y comunicacionales”

Por Pablo Sirvén | LA NACION

Las tensiones en el mundo de los medios, siempre al borde del ataque de nervios en los últimos años, han dividido las aguas entre los que apoyan las políticas del Gobierno y los que están en contra. Muchos dejaron de saludarse y los que no, rápidamente levantan la voz si se llegan a trenzar en alguna discusión política.

Martín Becerra es una de las pocas personas especializadas en estos temas (si no la única) que no ha perdido la calma cuando se refiere a ellos. Aunque es evidente que lo entusiasma todo el complejo y apasionante ámbito de las comunicaciones actuales, no ha perdido la amabilidad para exponer con lucidez, y siempre haciendo el infrecuente ejercicio de tratar de ubicarse en un lugar de deseada objetividad.

Becerra, que también ha incursionado en el periodismo, es doctor en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador independiente en el Conicet y profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA. La ley de medios, la guerra a muerte entre el Gobierno y el Grupo Clarín, los cruces fuertes entre periodistas militantes y profesionales son algunos de los asuntos que elevamos a un verdadero experto en esta materia, hoy tan explosiva tanto para unos como para otros.

-¿Cómo se ve desde el mundo académico la guerra declarada entre periodistas militantes y periodistas profesionales?

-En la mayoría de los profesores de las universidades públicas hay una posición de respaldo en general a lo que se llama periodismo militante porque la idea de la no objetividad históricamente ya estaba presente en ellos muchos años antes de que apareciera el conflicto con Clarín. Desde mi punto de vista no es una posición muy consistente en términos conceptuales. Rodolfo Walsh era una figura militante, desde luego, pero contra el Estado, no desde el Estado. Ahí hay una confusión incómoda para los que defienden el periodismo militante, que no es menor. En un marco de censura sostener una actitud militante es una cosa, pero ser militante desde el Estado, es otra.

-¿Por qué la obsesión tan marcada en poner como enemigo público N° 1 a la prensa y a los periodistas? ¿O es sólo parte de la vocación histriónica del peronismo que utiliza ese recurso pero no se lo cree del todo?

-El Gobierno, en sintonía con otros de América latina, aprovecha cierta debilidad histórica del sistema de medios, que se acentúa ahora ante la aparición de nuevas tecnologías. La coincidencia de la recuperación argentina post 2003, más un gobierno que asume de manera mucho más explícita la idea de superar la intermediación de los medios tradicionales se conjugan para que aparezca este conflicto con ellos a partir de 2003.

-Pero que se profundiza desde el conflicto con el campo en 2008. ¿Qué es lo que cambia a partir de ese momento?

-Se establece una nueva política de comunicación. A los periodistas les molesta que no haya una buena comunicación política, pero a las empresas periodísticas lo que les fastidia es esa nueva política de comunicación. No es lo mismo una cosa que otra.

-¿No deberían el Gobierno y Clarín explicar mejor qué es lo que ocurrió para que pasaran de una muy estrecha cordialidad a romper lanzas tan abruptamente?

-Coincido. Evidentemente hay algo del orden de los negocios que trataban en sus reuniones Néstor Kirchner y Héctor Magnetto que provocó la ruptura. Y tanto la investigación de Graciela Mochkofsky como el testimonio de Kirchner, entrevistado por Horacio Verbitsky, coinciden en que el tema fue Telecom. A mí me pareció una explicación insatisfactoria. ¿Por qué sí a la fusión de Multicanal y Cablevisión y no al ingreso a Telecom? Cuál era la prenda de intercambio y cuál el conflicto es algo que aún no fue suficientemente aclarado por ninguna de las dos partes.

-¿Pudo Cristina Kirchner tener una postura más intransigente que la de su marido?

-La propia Presidenta ha dicho que no veía con buenos ojos la presencia de Magnetto en la residencia de Olivos. Evidentemente esa negociación a ella no le habrá gustado mucho, pero esa alianza existió y no fue una fantasía de nadie. Néstor Kirchner también contó que Magnetto habría objetado la candidatura presidencial de Cristina Fernández.

-¿No hay una suerte de parodia o caracterización ligera, tipo comic, para explicarles la política a los más jóvenes, por ejemplo, Néstor Kirchner convertido en Nestornauta y hablar del “lado Magnetto de la vida”?

-Coincido en que hay una lectura completamente binaria. Pero es binaria de ambos lados. No sólo el relato del Gobierno, sino también el relato similar que construye Clarín y la oposición política, donde todo lo que viene del Gobierno es desde el vamos execrable. Para comprender la realidad esa reducción es empobrecedora ni sirve para explicar por qué si uno era tan bueno y el otro, tan malo, y me da igual quién era el bueno y quién, el malo, ¿cómo puede ser que estuvieran juntos durante cinco años sin darse cuenta? ¿Cómo puede ser que el Congreso el mismo mes en que votó la ley de servicios de comunicación audiovisual aprobó el decreto 527 por el cual Kirchner les dio diez años más de explotación a los mismos que supuestamente la ley de medios les está diciendo que tiene demasiadas licencias?

-¿Cuánto de lograda y de desilusión tiene la ley de medios hasta el momento?

-De lograda, muy poco. Si tomo el período octubre de 2009 a junio de 2012, diría que la propiedad está incluso más concentrada que entonces. La falta de funcionamiento de la Comisión Bicameral, la no designación del defensor del Público, la ausencia de la oposición que debería controlar al oficialismo en el Directorio de Afsca y de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado merecen destacarse como déficits. La ausencia de transparencia en el accionariado de las empresas de medios; la operación en redes privadas que la ley prohíbe; el funcionamiento de los medios de gestión estatal, que tiende a ser gubernamental; la no aplicación del artículo que exige que los licenciatarios que reciben publicidad oficial informen sus montos y las campañas en que fueron empleados. Todos éstos son artículos que no se cumplen. Tampoco la cláusula que obliga a los operadores de TV por cable a ofrecer un servicio con “tarifa social” para la población de menores recursos. Los medios sin fines de lucro a los que la ley reserva nada menos que el 33% de las licencias, hasta ahora siguen siendo los convidados de piedra en el sistema de comunicación masiva de este país.

-¿Cómo evaluar lo que el Gobierno viene realizando en materia de televisión digital?

-Creo que el Gobierno avanzó en un plan ambicioso para desarrollar la televisión digital terrestre y gratuita. Y comenzó por distribuir decodificadores en los sectores de menores recursos, lo cual es loable. Pero lo hizo al margen de una exigencia elemental de la ley, que es que las nuevas señales se sometan a un concurso público. Hasta ahora nadie conoce otra obligación planteada en la ley: disponer de un plan técnico que brinde certidumbre acerca de cuántas licencias hay operativas y cuántas habrá con la digitalización de la televisión, y cuáles serán los topes para operadores no lucrativos en función de esa totalidad hoy desconocida por la sociedad. Ya hay cerca de veinte señales emitiendo en TDT.

-¿Y qué se puede decir de la TV abierta?

-Hoy tenemos 44 canales de TV analógicos, y sólo dos se sostienen con la torta publicitaria. ¿Quién paga la cuenta? El sistema de medios en la Argentina es muy precario económicamente.

-El 7 de diciembre cae la medida cautelar que trabó la desinversión en el Grupo Clarín, pero no es el único que debe hacerlo.

-El Gobierno interpretó que mientras esté vigente la cautelar de Clarín sería asimétrico pedirles a otros grupos más chicos, aunque concentrados y que incumplen la ley, que desinviertan. La Corte dice que esa cautelar cae el 7 de diciembre. Lo más probable es que haya nuevas demoras judiciales y administrativas. No solamente la ley no pone en juego la libertad de expresión sino que pretender la desconcentración la favorece.

-Siempre y cuando no se pruebe que esa ley fue hecha para jorobar al Grupo Clarín?

-Eso es difícil de probar judicialmente. Ahora también es verdad que todo sistema de medios tiende a la concentración. Pensar un sistema de medios completamente atomizado en cuanto a la propiedad es una utopía y muy probablemente es uno de los argumentos que tiene el Grupo Clarín, pero que no desarrolló bien, desde mi punto de vista. Un sistema atomizado sería funcional al gobierno de turno, pero eso es pensar en un extremo que avala su propio extremo: como un sistema atomizado sería funcional al gobierno debe prevalecer un sistema hiperconcentrado. Entre 2003 y 2007 Clarín fue funcional al Gobierno y era concentrado.

-¿Qué pasa con la venta de Daniel Hadad a Cristóbal López? ¿No era que la ley impide la venta directa?

-El Grupo Hadad ya superaba la cantidad de medios permitida por la ley. A veces me sorprende el nivel de precariedad legal y conceptual en la que actúan nuestras elites, en este caso de empresarios.

-Es bastante habitual la entrada y salida por la ventana de distintos grupos a los medios audiovisuales. Probablemente haya alguna luz verde que les permite seguir adelante.

-Debe haber existido ese visto bueno, lo cual me escandaliza más.

-Si el comprador del Grupo Hadad hubiese sido Clarín, seguramente la operación no habría caminado.

-Pienso lo mismo.

-¿Por qué empiezan a producirse cortocircuitos dentro de algunos medios pro Gobierno? ¿Empiezan a no ser suficientemente oficialistas porque la situación económica ya no es tan buena?

-Hay una lectura equivocada desde los medios críticos de la supuesta uniformidad que tiene el oficialismo tanto en los medios que le son proclives como en sus cuadros políticos. El peronismo es un ámbito en el que siempre existieron diferencias grandes y el kirchnerismo, en particular, alberga tensiones políticas y comunicacionales. El programa 6,7,8 , que es reluctante a la diferencia y al matiz de opiniones, representa un modelo muy distinto al de Visión 7 Internacional o a Con sentido público , siendo todos programas emitidos por Canal 7. Lo mismo puedo decir sobre Página 12, que cultiva una lógica poco afín a Tiempo Argentino. Tampoco CN23 es lo mismo que 360. Radio del Plata, Radio Nacional y Radio 10 son oficialistas, pero muy distintas entre sí. Creo que sucede lo mismo en el campo periodístico adverso al Gobierno.

-¿Ejemplos?

-Clarín y La Nacion no son tan parecidos y hay grandes diferencias entre los ciclos políticos de TNDesde el llano Palabras +, Palabras – . Muchos análisis simplificadores nos invitan a renunciar al esfuerzo de detección y comprensión de esas diferencias. Y veo colegas que, cansados porque han sido injustamente maltratados por uno u otro lado, se rinden, abandonan ese esfuerzo para comprender lo que sucede y recolectan de la realidad sólo aquellas evidencias parciales que confirman sus prejuicios y descartan todo elemento que pueda relativizar su postura. Considero que lo más valioso que hoy podemos aportar es el ejercicio cotidiano de no reducir una realidad multicolor a un enfoque en blanco y negro. Los periodistas son en buena medida alimentadores de las visiones conspirativas al decir que el adversario está comprado, que es un vendido. Es evidente que Lanata y Víctor Hugo cobrarán muchísimo dinero, estén donde estén. La explicación, entonces, de que Víctor Hugo está con el Gobierno y Lanata, en contra, sólo por una cuestión económica me parece hiperpobre.

-La herencia para 2015 de Cristina Kirchner, ¿también se juega en los medios cercanos al Gobierno?

-Siempre ha sido así en el peronismo, incluso con Perón vivo. En la medida en que el líder tiene legitimidad presente y futura, todos son solidarios con quien conduce. Un 54 % de los votos cohesiona. Ahora, en la medida en que esa líder ya no va a poder ser reelegida, más allá de todas las especulaciones, las aguas se empiezan a mover.

-El kirchnerismo, ¿es causante o emergente del cuestionamiento a los medios? ¿No influye el cambio de paradigma tecnológico?

-Mi lectura es que el kirchnerismo ha administrado con bastante talento las coyunturas, aunque carece de estrategia a mediano y largo plazo. Sin ser especialmente diestro en el manejo de estos nuevos medios, el kirchnerismo interpreta que los medios tradicionales están siendo bypasseadosen algunos circuitos de la circulación masiva de la comunicación que antes solamente controlaban ellos, y ahora ya no.

MANO A MANO

Para Becerra, la concentración de medios en el país no podría haber ocurrido “sin la participación de gobiernos de distintos signos políticos, civiles y militares, incluyendo el de Néstor Kirchner” y tiene que ver “con las relaciones anudadas nunca de manera cristalina y de mutua conveniencia entre el sistema político y el mediático durante décadas de negociar por debajo de la mesa”. Por fuera de estos temas, Becerra es padre de dos chicos de 9 y 11 años, hace natación y juega al fútbol. Lee ficción, sobre todo novelas. Hace poco terminó Yo confieso, de Jaume Cabré, y Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra. No se esfuerza en disimular que lo entusiasman algunas acciones del gobierno de Cristina Kirchner, pero eso no le nubla el espíritu crítico para analizar sus falencias. Por eso recibe reproches de sus amigos o colegas más decididamente oficialistas, tanto como de referentes de algunos de los llamados medios hegemónicos. No se hace demasiada mala sangre ni pierde la calma, se sonríe levemente y sigue adelante. Participa en la red social Twitter como @aracalacana y acaba de publicar, junto con Sebastián Lacunza, Wiki Media Leaks (Ediciones B)..

3) El Cronista

Un balance necesario sobre la Ley de Medios

31-07-12 00:00

Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes – Conicet)

La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 2009 fue un cambio trascendente en política de medios. La norma reemplazó un decreto de la Dictadura Militar, de 1980, que a su vez había sufrido modificaciones (sobre todo entre 1989 y 2003) que empeoraron el original. Pero las expectativas abiertas con la (ex) nueva ley no se han cumplido aún.
¿Cuáles son los ejes de esta ley? En el plano estructural, establece que el 33% de las licencias de radio y televisión se destinen a organizaciones sin fines de lucro. Impone límites a la concentración de la propiedad, en particular a la propiedad cruzada.
Exige cuotas de contenidos de producción propia a los licenciatarios. Dispone controles sociales y políticos de una amplitud inédita en la historia de la regulación de medios, incorporando a la oposición política y a fuerzas sociales al Directorio de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual y de los medios de gestión estatal.
Asimismo, requiere información de acceso público sobre la titularidad de las licencias y sobre la recepción de publicidad oficial por parte de los licenciatarios. Los usuarios del sistema de radio y televisión tendrían, según la ley, un Defensor del Público.
Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta ahora, su concreción sólo es visible en la asignación de licencias a municipios, provincias y universidades (ello no significa que hayan comenzado a operar o que puedan hacerlo); también en concursos para radios de baja potencia en algunas provincias y además en la promoción de contenidos con criterio federal que son organizados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
¿Qué obturó la ejecución del resto de la ley? Por un lado, el Gobierno enfocó prioritariamente su energía contra el Grupo Clarín. Como este grupo, el principal del paisaje mediático, cuenta con una medida cautelar que impide que el artículo 161 de desconcentración se le aplique hasta el 7 de diciembre, el Gobierno juzgó asimétrico hacer cumplir la ley a otros grupos (Vila-Manzano, Hadad -ahora Cristóbal López -, o Cadena 3). Y como la atención del Gobierno está centrada en Clarín, el resto de la ley quedó relegado.
Ese resto es importante porque, entre otros aspectos, permitiría a los grupos sociales no lucrativos acceder a licencias; oxigenaría con una necesaria transparencia la titularidad de los medios. También contribuiría a que la oposición ejerza su rol de control de los actos de gobierno. Otro aspecto sería que inauguraría una cultura ciudadana de diálogo con los medios y modificaría la impronta partidaria de emisoras que deberían ser públicas.
Sería injusto, por otro lado, asignar toda la responsabilidad al Gobierno. Hasta diciembre de 2011 la oposición se resistió a integrar la Comisión Bicameral que debería controlar la gestión de la ley. Desde entonces, es el Gobierno el que frena la presencia de otras voces.
La justicia, además, actúa con tiempos vaticanos para resolver una cuestión que combina doctrina sobre competencia en mercados de medios, libertad de expresión y derecho a la comunicación.
Y las empresas, acostumbradas que los gobiernos regulen a favor de una mayor concentración, objetaron las nuevas reglas de juego que limitan sus planes de expansión.
La ley no es perfecta. Elude, por ejemplo, cuestiones como la convergencia tecnológica y la viabilidad económica de un sistema en el que deberán convivir medios privados, comunitarios y públicos.
La pendiente aplicación de la ley, y su mejora con nuevas regulaciones que respondan las cuestiones que la ley dejó ausentes, requieren de un compromiso que hasta ahora no fue percibido como necesario por los principales actores del sistema de medios.

4) Entrevista en “La tecla Ñ”

30 agosto 2012

Entrevista/ Martín Becera/Por Conrado Yasenza

Entrevista a Martín Becerra
 
 
Martín Becerra es especialista en el estudio de los sistemas de medios de comunicación en América Latina y en los procesos de concentración de medios. Doctor en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona, Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), investigador independiente en el Conicet y profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA, Becerra también incursionó en el periodismo escribiendo artículos que fueron publicados en los diarios Página 12, La Nación y Perfil. Recientemente publicó, junto a Sebastián Lacunza, el libro WikiMediaLeaks, sobre los archivos de WikiLeaks no difundidos por los medios masivos de comunicación de América Latina . En esta entrevista Becerra afirma que la aplicación total de la ley de medios ha quedado relegada por la disputa del Gobierno Nacional con el Grupo Clarín, ya que el único artículo que se halla suspendido, y sólo para el caso Clarín, es el Art 161 de desinversión. La conformación de la Comisión Bicameral  de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, la adjudicación de señales en período de prueba, la marcha atrás en el pliego de otorgamiento para las nuevas señales de televisión digital a organismos no comerciales o comunitarios y su opinión sobre el programa televisivo 6,7,8, son algunos de los temas que se abordan en esta entrevista.
 
Por Conrado Yasenza
(para La Tecl@ Eñe)
– Conrado Yasenza: En primer lugar, me gustaría proponerle un análisis del estado actual de la Ley de Medios, ley que se ha visto imposibilitada en su aplicación por el sistema de medidas cautelares interpuestos especialmente por Clarín.
– Martín Becerra: La pregunta da por sentado algo con lo que disiento: mi análisis de la aplicación de la ley es diferente y no otorga el protagonismo por la falta de implementación a Clarín sino al gobierno nacional, y luego si, a Clarín. En verdad, el único artículo que se encuentra suspendido, y sólo para el caso de Clarín, es el 161 de adecuación al límite de concentración. El resto de la ley, y esto lo ha dicho varias veces la Corte Suprema, se halla vigente. Es decir que si no se concretan los demás artículos (y el 161 para los grupos de medios que no son Clarín), no obedece a las trabas legales por el caso Clarín. Desde la sanción de la ley hasta ahora, su concreción sólo es visible en la asignación de licencias a municipios, provincias y universidades (ello no significa que hayan comenzado a operar o que puedan hacerlo), en concursos para radios de baja potencia en algunas provincias y en la promoción de contenidos con criterio federal, aunque en el último año con un financiamiento decreciente, organizados por el INCAA. ¿Qué obturó la ejecución del resto de la ley? Por un lado, el gobierno enfocó prioritariamente su energía contra el Grupo Clarín. Como este grupo, el principal del paisaje mediático, cuenta con una medida cautelar que impide que el artículo 161 de desconcentración se le aplique hasta el 7 de diciembre, el gobierno juzgó asimétrico hacer cumplir la ley a otros grupos (Vila-Manzano, Hadad –ahora Cristóbal López-, o Cadena 3). Y como la atención del gobierno está centrada en Clarín, el resto de la ley quedó relegado. Ese resto es importante: permitiría a los grupos sociales no lucrativos acceder a licencias, oxigenaría con una necesaria transparencia la titularidad de los medios, contribuiría a que la oposición ejerza su rol de control de los actos de gobierno, inauguraría una cultura ciudadana de diálogo con los medios y modificaría la impronta partidaria de emisoras que deberían ser públicas.
– CY: ¿Cómo analiza Usted la negativa, o cierto desinterés,  de los miembros de la oposición a ocupar sus lugares en  la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Ley de Comunicación Audiovisual? ¿A qué causa, según su criterio, responde esta demora?
– MB: La pregunta da por sentado que la Comisión Bicameral no se halla compuesta por decisión de la oposición, lo cual era válido hasta hace ocho meses, pero no lo es desde 2012. Hasta diciembre de 2011 la oposición se resistió a integrar la Comisión Bicameral que debería controlar la gestión de la ley. Desde entonces, es el gobierno quien frena lo dispuesto por la ley negándose a que se designe a los miembros de la oposición en dicha Comisión. ¿Por qué se negó la oposición? Mi interpretación es que algunos partidos opositores al gobierno “tercerizaron” la construcción de política de medios, delegando en los grandes grupos su diseño, y quedaron presos de dicha agenda. Lo mismo había hecho el kirchnerismo entre 2003 y 2008.
– CY: ¿Podría explicarnos cuál es la situación legal, en cuanto a la adjudicación en carácter de período de prueba,  de  las señales televisivas como C5N y Cn23?
– MB: Se trata de otro aspecto en el que el gobierno incumple la ley. Resulta llamativo que a casi tres años de aprobada la ley, el gobierno sostenga un estado de precariedad en la explotación de señales de televisión digital. En lugar de organizar concursos para las señales de televisión digital como establece la norma, el gobierno otorgó en 2010 permisos experimentales para empresas que ni siquiera habían ganado concursos para explotar licencias audiovisuales en analógico. Me pregunto por qué el gobierno en lugar de experimentar con organizaciones sin fines de lucro, en correspondencia con la prioridad que asigna la ley al sector no lucrativo, comenzó con empresas y con el sindicato de Gerardo Martínez (UOCRA). A más de dos años, esa prueba experimental ya debería haber sido evaluada públicamente y reemplazada por concursos.
– CY: ¿Cuál es su análisis sobre el concepto de medios hegemónicos o con posición dominante?
– MB: En la Argentina hay grupos con posición dominante en los mercados de televisión abierta y por cable y de prensa escrita. No son hegemónicos, al menos si tomo como referencia el concepto gramsciano de hegemonía. La discusión permanente y la réplica que organiza de forma cotidiana el gobierno sobre los medios más grandes no se condicen con la idea de “hegemonía”. Los grupos con mayor extensión son dominantes porque uno o dos operadores concentran más del 40 o 50% de cada mercado (según el caso, el porcentaje varía). Con Guillermo Mastrini hemos escrito libros y artículos que constatan el grado de dominio de mercado por parte de grandes conglomerados en Argentina y en otros países de la región.
– CY: ¿Cree Usted que medios como Clarín, La Nación y Perfil han traspasado cierto umbral ético o deontológico que regía el ejercicio del oficio periodístico como producto de la sanción de la Ley de Medios?
– MB: Creo que los medios que mencionás, pero también los oficialistas, ofrecen ejemplos de tratamiento sesgado, descuidado o altamente tendencioso de la información y que en varios casos descalifican y denostan toda opinión que no coincida con la línea editorial de la empresa. Y en todos ellos también encuentro ejemplos, en menor cantidad, de respeto a la diversidad de ideas y de rigor periodístico. Es decir, la polarización política del campo mediático resigna, en muchas ocasiones, el ejercicio del periodismo por una labor de recorte de la realidad para hacerla funcional al propio interés, sin vacilar en recurrir a golpes bajos para hacerlo.
– CY: ¿Qué cree que sucederá luego del 7 de Diciembre de este año? ¿Se hará realidad el cumplimiento del Art. 161 de desinversión o asistiremos a nuevas estratagemas judiciales promovidas por el Grupo Clarín?
– MB: Considero que la palabra al respecto la tendrá la Corte Suprema de Justicia: dudo de que el 7 de diciembre automáticamente se desconcentre el mercado audiovisual. Además, te recuerdo que la Corte Suprema en su fallo último sobre la extensión de la cautelar dice explícitamente que el gobierno no pareció precisamente comprometido con la aplicación del resto de la ley…
– CY: ¿Cómo analiza la marcha atrás en el pliego de otorgamiento para las nueva señales de televisión digital a organismos no comerciales? ¿Es una desprolijidad, una falla de planificación, una falta de análisis de las posibilidades reales del cumplimiento de esta parte esencial de la Ley de Medios?
– MB: Con esta anulación el gobierno reconoció, en sus considerandos, que la convocatoria anterior fue realizada sin tomar en cuenta el federalismo ni la prioridad de los actores sin ánimo de lucro, y que las condiciones de prestación de señales (en alta definición o en standard) tampoco resultaban adecuadas. En la práctica, se admite que no existía, y al parecer sigue sin existir, un “plan técnico” que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual exige como condición para la apertura de concursos.  Este plan técnico es una referencia fundamental para evaluar si la apertura de licencias se realiza en base a una previa planificación del destino del espectro y sobre todo, para que se conozca públicamente cuál es el mapa de licencias disponibles, cuántas de ellas serán explotadas por empresarios, cuántas por el Estado y cuántas por organizaciones sin ánimo de lucro. Creo que hay improvisación y que hay una falta de decisión política para concretar los aspectos de la ley que no refieren específicamente a Clarín.
– CY: ¿Concuerda con la idea de que los grandes medios asociados al capital económico-financiero poseen el poder suficiente para desestabilizar a gobiernos democráticos? Lo pregunto en función del concepto de golpes institucionales blandos que tiene como último episodio el golpe sufrido por el pueblo paraguayo.
– MB: Mi opinión sobre el golpe que destituyó al presidente Fernando Lugo es distinta: fue depuesto por una alianza política y no por los medios. Los medios privados operaron como un apéndice, pero no fueron los que depusieron a Lugo. Mi opinión es que los medios pueden efectivamente construir ambientes de malestar social y político, pero ni Lula da Silva, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Rafael Correa, por mencionar tres casos que fueron re-electos aún con la oposición cerril de los medios de mayor audiencia, avalan la tesis que se deduce de la pregunta. Si los medios privados fueran tan poderosos, ¿cómo es que Cristina Fernández logró el 55% de votos en su re-elección?
– CY: Se sostiene desde los medios tradicionales que el oficialismo ha creado otro monopolio de corte oficialista, para-estatal, compuesto por diarios y canales de televisión, y organizados bajo la égida de grupos económicos como el de Szpolsky o Cristóbal López?
– MB: Si la pregunta es si se sostiene eso desde los medios tradicionales, la respuesta es afirmativa: se sostiene eso desde los medios tradicionales.
– CY: ¿Y cómo observa el caso Hadad- Cristóbal López?
– MB: Se trata de una transferencia no avalada por la ley de medios, anunciada públicamente por Hadad y López a través de un comunicado. Había suficientes indicios para que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual actuara de oficio. No lo hizo. Más recientemente, un desacuerdo entre los dos empresarios puso en duda la concreción final de la operación, que involucra una cantidad de medios que no está permitida por ley.
– CY: ¿Qué opinión tiene sobre el programa televisivo 6,7,8? ¿Concuerda con la necesidad de este programa en cuanto a la tarea de desmontar las cotidianas informaciones tergiversadas de los grandes medios?
– MB: Acuerdo con lo que señalan los “21 puntos por una radiodifusión democrática” de 2004 y con lo que establece la ley de medios, que reserva para los medios de gestión estatal el espacio de garante de la diversidad de opiniones que los medios privados no ofrecen.  Creo que dentro de un registro intemperante con las ideas distintas, tanto Canal 7 como Radio Nacional vienen proponiendo programaciones originales, lograron por primera vez en su historia disputar segmentos de gran audiencia a los operadores comerciales (como el fútbol en tv), también de modo inédito están a la vanguardia de la digitalización de equipos y pantallas, producen o tercerizan la producción de ficción con un sólido discurso audiovisual y rompieron el tabú de la omertá que regía de facto en el periodismo. En este mapa se inscribe 6,7,8. Lo que la pregunta tuya celebra (“la tarea de desmontar las cotidianas informaciones tergiversadas de los grandes medios”) encuentra sus propias limitaciones en un estilo repetitivo y que alienta una convicción maniquea sobre la agenda pública. Ello, combinado con la persistencia de un discurso que degrada posiciones distintas a las del gobierno, afecta la credibilidad de un espacio que, vale la pena recordarlo, es público y no gubernamental. Una de las consecuencias del uso gubernamental de los recursos públicos en comunicación es la subestimación de la capacidad intelectual de selección de la audiencia, que si contara en los medios públicos con voces que difieran del relato oficial podrían elaborar con mayor fundamento su propia perspectiva, en lugar de recibirla digerida por la edición sesgada. En el temor a incluir voces diferentes al mensaje oficial subyace la inseguridad para sostener las cualidades del propio mensaje si éste tuviera contraste.
– CY: ¿No le parece que hay un estrechamiento intelectual o argumental en algunos periodistas que sostienen sistemáticamente que el Grupo Clarín es la parte débil, el David, frente a un Goliat identificado en el estado Nacional?
– MB: Creo que sostener que Clarín es débil frente al gobierno es inexacto como postular lo contrario.
– CY: ¿Para finalizar, cómo analiza Usted la idea, instalada desde los grandes medios,  del abuso de la Cadena Nacional por parte de la Presidenta de la Nación?
– MB: La pregunta da por sentado algo con lo que disiento: no sólo los grandes medios critican el abuso de la cadena nacional. La ley de servicios de comunicación audiovisual, cuyo mayor impulsor político fue el gobierno, dice textualmente que “el Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios”. Estoy de acuerdo con lo que dispone el texto.
 
Entrevista realizada por Conrado Yasenza para La Tecl@ Eñe
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