Telefonía celular Nac&Phone (Publicado en Página 12 el 17/9/2012)

La decisión del Gobierno de retener una porción significativa del espacio para la telefonía celular puede cambiar las reglas en el sector, dominadas hoy por la concentración, la insuficiencia de inversiones y la prestación de un servicio de baja calidad.

Necesidad de cambiar

 Por Martín Becerra *

El anuncio del Gobierno sobre la inserción del Estado como gestor del 20 por ciento del mercado de la telefonía móvil altera las reglas de juego de un sector que acusa la falta de intervención estatal en las dos últimas décadas. El anuncio coincide con la anulación de una licitación que el propio Gobierno lanzó en mayo de 2011 y que, prometía, iba a inyectar competencia en un sector altamente concentrado y mayores capacidades a un servicio que figura al tope de las quejas de los usuarios por su ineficiencia.

La telefonía en la Argentina es uno de los negocios que generan rentas altas (superiores al 30 por ciento) para los grupos participantes. Es, además, un sector anticompetitivo ya que los servicios y las tarifas de los supuestos competidores exhiben un asombroso parecido. Las telefónicas siguen promoviendo los smartphones y sus paquetes de abono sin el necesario complemento de inversión para mejorar la capacidad de las redes y los servicios. Por ello, la eficacia del anuncio dependerá de la corrección que se logre del actual comportamiento del mercado.

El Estado puede lograr este objetivo si cambia radicalmente su función como regulador del sector, hasta el momento pasiva, y si se convierte en operador directo (que ofrece servicios a los usuarios, como la estatal Antel en Uruguay) o bien en operador mayorista (que habilita el ingreso de cooperativas y pymes como operadoras móviles).

¿Por qué resulta trascendente el cambio de función estatal en el sector? Porque hablar por teléfono y en general conectarse en red, para la mayoría de los argentinos, implica usar dispositivos móviles. La telefonía móvil es sinónimo de conexión perpetua. En Argentina hay cerca de 1,2 línea activa por habitante. Ello, junto a la insuficiente cobertura de la red de telefonía fija por razones geográficas y económicas, justifica la reconsideración de las políticas públicas en el sector. De hecho, estos temas sobrevolaron ya debates en el Congreso sobre la posibilidad de declarar al sector como “servicio público”.

El escenario que justifica el anuncio del Gobierno tiene al Estado, paradójicamente, como responsable. El Estado fue partero del actual escenario y el Estado anuncia su metamorfosis. La política en el sector estuvo orientada por una combinación de ideario privatista tolerante con la concentración, que tributa a la Ley de Reforma del Estado de 1989, y un enfoque tecnocrático, que olvida que las tecnologías importan en función de su uso, apropiación e impacto social. Mientras ensayó políticas con perspectiva inclusiva en otras actividades, el Estado se sustrajo de regular las telecomunicaciones.

El Gobierno opera con un criterio muy diferente, por ejemplo, en el sector audiovisual, donde denuncia la concentración, que en las telecomunicaciones, donde la concentración es aún superior, ya que tres empresas (Telefónica, Telecom y Telmex) capturan el 97 por ciento de la recaudación. En esta materia, en veinte años, poco se ha hecho.

Curiosamente, a diferencia de la telefonía fija, las tarifas de las redes móviles no están reguladas. Como ocurre con otros servicios necesarios para la subsistencia, como el gas, las clases medias y altas acceden al servicio de la red fija con tarifas reguladas mientras que los sectores más pobres deben cubrir sus necesidades sin la asistencia del Estado. Garrafas con precios por metro cúbico superiores a los que pagan quienes acceden a la red, en el caso del gas. En telefonía móvil, los usuarios pueden optar entre pagar un abono o hacerlo a través de tarjetas prepagas. Este último tipo de consumo representa más del 70 por ciento del mercado en la Argentina. El minuto de comunicación con tarjetas prepagas es más caro para los usuarios, con lo que se castiga a los de menores recursos.

Además del efecto sobre el actual mercado de celulares, en el fondo el anuncio del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, puede ayudar a despejar una incógnita abierta sobre la explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. De hecho, el 20 por ciento que gestionará el Estado es un recurso que estaba en desuso desde que el gobierno autorizó en 2004 la fusión de Movicom y Unifón en Movistar (Telefónica). Pero, además, el reordenamiento del espectro, fruto del proceso de digitalización de la televisión, también liberará recursos. Resta conocer qué reglas de juego se aplicarán para su aprovechamiento.

* Universidad Nacional de Quilmes, UBA, Conicet.