Con la referencia del clásico “The media monopoly” de Ben Bagdikian, Horacio Verbitsky presenta en Página 12 varios fallos y jurisprudencia de EEUU en los que la defensa de la libertad de expresión equivalió a la aplicación de medidas anti-concentración de los mercados de medios. Emilio Cárdenas publicó una nota de opinión en Clarín en la que cuestiona algunos aspectos de la nueva ley de medios aunque reconoce que “la utilización del espectro radioeléctrico debe necesariamente ordenarse desde que no estamos frente a un recurso infinito, sino a uno escaso” y la distribución de las frecuencias de radio y televisión no debería ser discriminatoria (“no caprichosa”). A su vez Verbitsky retomó, criticándolos, algunos de los argumentos de Cárdenas en Página 12.

LA BATALLA ENTRE CLARIN Y EL GOBIERNO ORDENA LA ESCENA POLITICA

Monumentos y murallas

El gobierno y el Grupo Clarín coinciden en su evaluación: cada uno cree que el otro va de fracaso en fracaso y que falta poco para el amanecer de la verdadera democracia. Ambas evaluaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pero no hay a la vista otro tema que pueda ordenar el escenario político, que ya se proyecta hacia la renovación presidencial del año próximo. Fisuras en el frente interno de Clarín, con un socio descontento.

Por Horacio Verbitsky

En el 65° aniversario de Clarín, la directora del diario se presentó junto con sus dos hijos adoptivos, en tácita desmentida a las afirmaciones de que madre e hija habían dejado el país. Ernestina Herrera de Noble dijo entonces que los “brutales ataques del gobierno” no los alejarían del compromiso con la sociedad, “no conseguirán que dejemos de hacer periodismo”. Esa es una inteligente declaración de propósitos, pero no se refleja en los distintos medios del grupo y de sus asociados, que han hecho de cada título, copete y epígrafe un editorial beligerante y descalificatorio. Ninguno dio cabida a las manifestaciones de Robert Cox en la Universidad Nacional de La Plata, donde dijo que “nunca existió tanta libertad de prensa como ahora” ni se debatieron todos los temas con tanta libertad en la Argentina. Según el ex director del Buenos Aires Herald y ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, la dictadura regaló Papel Prensa a La Nación y Clarín para conseguir su apoyo. Cox también encomió la pluralidad de voces que permitirá la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y la necesidad de la regulación estatal del papel para diarios. Un silencio soviético fue la respuesta que recibió de los accionistas de Papel Prensa, los mismos que días antes habían encomiado su actuación como periodista independiente en los años de la guerra sucia.

Hiperrealismo

Esta politización extrema cuestiona la razón de ser de esos medios y facilita la táctica escogida por el kirchnerismo para poner en evidencia al Grupo Clarín como conducción y eje articulador de todo lo que se le opone. Las desinhibidas actuaciones públicas de Héctor Magnetto, con la Corte Suprema de Justicia, a la que le pidió que pusiera “límites al chavismo”, sólo para escuchar que los jueces no gobiernan y que mejor harían en formar un partido político para defender sus propuestas; con las cámaras patronales que integra y con los políticos que patrocina; la designación del ex vocero presidencial de Raúl Alfonsín y biógrafo de Magnetto, José Ignacio López, como portavoz de La Nación, cosa que nunca había ocurrido en un diario argentino ni es usual en el resto del mundo; la regimentación estricta de cada cosa que se publica u omite, revelan las características inéditas de este momento. Lo más sorprendente es la subordinación de los partidos del Grupo Ahhh… a la lógica de una confrontación que los desdibuja. Los carteles de evidente inspiración oficial que llaman empleados del mes de Clarín a los principales dirigentes del panradicalismo y el peornismo opositor son la interesada distorsión hiperrealista de un fenómeno inocultable y de consecuencias graves para el desequilibrado sistema institucional. Cuando Elisa Carrió dice que Clarín es la última muralla que protege la libertad de los argentinos, que habría que levantarle un monumento a Magnetto y que en cualquier país civilizado CFK sería destituida de inmediato por su denuncia sobre la venta de Papel Prensa, o cuando Pino Solanas se propone como intelectual orgánico de la clase media twittera (“Yo tengo Fibertel. Si me lo sacan me vuelvo loco”) definen acaso sin saberlo la encrucijada de los políticos de la oposición, cuya agenda se disputan el gobierno y el Grupo Clarín. Solanas tuvo un duro choque con Claudio Lozano, quien le recriminó su deriva cada vez más hacia la derecha del espectro de centroizquierda, algo que puede ser letal a dos semanas y media de las elecciones internas de la CTA.

El debate constitucional

Los dos asuntos principales que en estos días han ocupado a la oposición han sido el proyecto de ley que declara de interés público la producción, distribución y comercialización de pasta celulosa y papel para diarios, que intenta cajonear, la revocación de la licencia de Fibertel y la reglamentación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, dos medidas que en un nuevo arrebato de parlamentarismo el Grupo Ahhh… se propone anular desde el Congreso. Los constitucionalistas Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica Libertadora, Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, Gustavo Ferrari y Graciela Camaño, del Peornismo opositor, sostuvieron que el proyecto del Poder Ejecutivo era inconstitucional, porque el artículo 32 dispone que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. Invocaron además la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que veda restringir el derecho de expresión por vías indirectas, como el abuso de controles sobre el papel para diarios. Es difícil compaginar estas objeciones con el proyecto oficial, cuyo objetivo declarado es asegurar un acceso al insumo crítico en condiciones igualitarias de precio, con control del Congreso, donde el gobierno está en minoría, y con asesoramiento de los diarios interesados. La Convención Americana no sólo fustiga el abuso de controles estatales sobre el papel para periódicos, sino también por parte de particulares, es decir la situación que el Estado denuncia ahora. Además, el principio 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión sostiene que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.

Libertad para todos

El artículo 32 de la Constitución se inspiró en la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, según la cual el Congreso no dictará ninguna ley “que restrinja la libertad de expresión o de prensa”. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia estadounidense aclaró que la prensa no está exenta de las leyes contra los monopolios. En 1945, la agencia de noticias Associated Press, formada por más de mil diarios que se concedían derecho recíproco a usar el material de cada asociado, le negó el servicio a un diario no miembro. La Corte Suprema entendió que la privación de ese “recurso esencial” violaba la Ley Sherman contra los monopolios y restringía la competencia. La doctrina del recurso esencial la había fijado la propia Corte en 1912 al resolver que un grupo de líneas ferroviarias que administraba el único puente y playa de maniobras en Louisiana debía darle acceso a un competidor independiente. El voto de la Corte contra Associated Press dice que los editores de noticias buscan ganancias, tal como los que venden alimentos o acero y que a todos los alcanza la ley Sherman. El manejar noticias “no le concede un santuario constitucional en el que pueda violar en forma impune las leyes que regulan las prácticas comerciales”. La Primera Enmienda provee poderosas razones para aplicar la Ley Sherman, ya que descansa sobre la premisa de que “la más amplia circulación posible de información, de fuentes distintas y opuestas es esencial para el bienestar del público”. El mandato de que el gobierno no obstaculice el libre flujo de ideas “no protege a las organizaciones extragubernamentales si ellas restringen esa libertad garantizada por la Constitución. La libertad de publicar significa libertad para todos y no para algunos. La libertad de publicar está garantizada por la Constitución pero la de combinarse para impedir que otros lo hagan no lo está. La libertad de prensa de la interferencia gubernamental no convalida la represión de esa libertad por intereses privados”, afirmó la Corte estadounidense en ese voto redactado por el juez Hugo Black. En un fallo de 1992, Eastman Kodak Co. v. Image Technical Servs., Inc la Corte agregó que no es lícito que un vendedor “explote su posición dominante en un mercado para expandir su imperio al siguiente”.

El regalo de Nixon

En la década de 1960 diarios locales de una veintena de ciudades de ese país establecieron administraciones conjuntas, de modo de compartir costos, acordar precios de venta y dividirse las ganancias. Un tribunal falló que esto violaba las leyes antimonopolio. Los diarios presionaron al gobierno para que los exceptuara de cumplir con las leyes antitrust. El presidente demócrata Lyndon Johnson y su sucesor republicano, Richard Nixon, se negaron. En 1969 la Corte Suprema, confirmó el fallo apelado. Richard Berlin, presidente de la empresa Hearst de Nueva York, propietaria de nueve diarios, diez radios, veintiséis revistas y una editorial, le solicitó a Nixon que aprobara una ley denominada de Preservación de los Diarios. Le escribió en su nombre y en el de otros colegas afectados por el fallo de la Corte: Scripps-Howard, que poseía dieciséis diarios; Cox, que además de una cadena de diarios operaba una distribuidora de cine y una editorial de libros; la agencia de noticias United Press International y United Features, que sindicaba y distribuía notas de color y comentarios políticos. La carta decía que los firmantes eran “amigos de su gobierno” y que el tema que le planteaba era de “interés común a usted y a mí”. El ex decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Berkeley y ganador del premio Pulitzer, Ben Bagdikian contó en su libro clásico The media monopoly que el mensaje de Berlín no fue sutil: si no escuchaba la solicitud, los medios se lo recordarían cuando Nixon buscara su reelección en 197, decía. Un gobernante “corrupto y hostil a la prensa independiente” sabía que esas siete cadenas poseían 74 diarios con 80 millones de lectores en 26 estados, entre ellos los más importantes, sin cuyos votos ningún candidato puede imponerse en el Colegio Electoral. Cuando ya se habían publicado los primeros informes sobre Watergate, Nixon cedió y apoyó la Ley de Preservación de los Diarios. El Congreso la sancionó en julio de 1970 y dispuso exceptuar a los medios de la prohibición de acuerdos de operación conjunta. La definición de esos acuerdos se refiere al establecimiento u operación conjunta de instalaciones, de acciones unificadas de impresión, horarios, métodos, campo de publicación, distribución, publicidad, política comercial, circulación o ingresos. No menciona en forma específica la producción conjunta de papel, porque Estados Unidos era el mayor productor mundial y sobraba papel, de modo que a nadie se le hubiera ocurrido invertir en una nueva planta, a diferencia de la Argentina, donde era un insumo crítico y hasta la fecha no se ha logrado el autoabastecimiento, si bien no hay aranceles para la importación.

Sólo con permiso

La Asociación de Editores de Diarios (la Adepa estadounidense) recomendó no publicar críticas al presidente en campaña. Todas las cadenas dispusieron que cada uno de sus diarios se pronunciaran a favor de Dirty Dick, lo que provocó la renuncia de uno de sus directores. Nixon fue el candidato con mayor respaldo periodístico de la historia y el que obtuvo la máxima ventaja sobre un competidor en una elección presidencial. Aún así, la ley no exceptuó por completo a los diarios de la legislación antimonopólica. Convalidó los acuerdos de operación conjunta vigentes al momento de su promulgación pero puso algunas condiciones para cualquier trato similar en el futuro: los diarios deben estar en peligro de quiebra; antes de celebrar el acuerdo de operación conjunta con un competidor necesitan la autorización del ministro de Justicia, quien para concederla debe verificar que el acuerdo salvará a ese diario de la desaparición, y la combinación resultante no queda exenta de la prohibición general de realizar prácticas predatorias. Esto sigue en vigencia hasta el presente. En la audiencia de confirmación de la jueza Elena Kagan, propuesta por el presidente Barack Obama para la Corte Suprema, debió responder sobre la situación de los medios y la fusión entre Comcast y NBC Universal. “La Primera Enmienda no protege contra las leyes antimonopolio”, que “se aplican a todas las compañías”, respondió. En mayo de este año, Elena Kagan fue confirmada por 63 votos a 37.

El laboratorio argentino

Luego de narrar el proceso que llevó a la sanción de la ley de 1970, que salvó a catorce diarios no de la extinción sino apenas de la competencia, Bagdikian se pregunta qué ocurriría “si las corporaciones mediáticas dominantes sintieran su poder básico amenazado”. Podría encontrar la respuesta en el laboratorio argentino.

La “influencia” norteamericana en la llamada ley de medios

Un análisis de la cultura jurídica de los EE. UU. permite concluir que lo que se intenta hacer con los medios en la Argentina no halla sustento en los antecedentes de ese país.

Por Emilio J. Cárdenas – 14.09.2010

Los defensores de la llamada “Ley de Medios” sostienen -una y otra vez, en busca de legitimidad- que la norma referida está “inspirada” en la legislación y jurisprudencia norteamericana. Eso, como veremos, no es así. Pero no deja de ser curioso que quienes hacen esa invocación sean personajes que notoriamente no están entre los admiradores del país del norte, sino todo lo contrario. El mejor ejemplo de esto último es el de nuestro actual periodista-canciller, que acaba de catalogar a los Estados Unidos entre aquellos países en los que, según él, hay una seria falta de libertad de opinión. Reflexión que no merece comentarios, desde que habla por sí misma, o como se decía antes: res ipsa loquitur.

La norma básica norteamericana está en la Constitución.

Es la llamada Primera Enmienda, que dispone que el Congreso no puede dictar normas que restrinjan la libertad de expresión, ni la libertad de prensa.

No obstante, la radio y la televisión están sujetas a la obtención de licencias, que son conferidas por la “Federal Communications Commission” (FCC). Porque la utilización del espectro radioeléctrico debe necesariamente ordenarse desde que no estamos frente a un recurso infinito, sino a uno escaso. Pero cualquier sugerencia que la regulación se extienda a la prensa escrita se considera violatoria de la Primera Enmienda y absolutamente impensable. Esta asimetría entre lo impreso, por una parte, y la radio y la televisión, por la otra, ha sido reconocida por dos fallos (unánimes) de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Me refiero a las decisiones recaídas en: “Red Lion Broadcasting vs FCC”, de 1969, y “Miami Herald vs Tornillo”, de 1974, que no han sido modificados.” Red Lion” tuvo que ver con una radio de Pennsylvania desde la cual un ministro de una denominación protestante atacó al autor de un libro, tildándolo de trabajar para un medio “comunista”, lo que equivalía a un insulto. El agredido exigió disponer de tiempo de radio para responder al ataque, lo que le fue negado por la emisora. La Suprema Corte decidió que las normas de la FCC que aseguraban el “derecho de réplica” eran válidas y debían respetarse.

”Miami Herald”, en cambio, fue un caso en el que el mencionado diario atacó duramente a un tal Pat Tornillo, uno de los candidatos que pugnaba por obtener una banca de la Legislatura local. Tornillo exigió al diario que le publicara su réplica, lo que fue denegado, pese a que una norma del Estado de Florida parecía garantizarlo.

Tratándose de la prensa escrita, la Suprema Corte concluyó que la norma local debía tenerse por nula, de nulidad absoluta, por contradecir la garantía constitucional a la libertad de prensa . Los políticos no pueden, ellos mismos, sancionar normas que los mantengan aislados o, peor, impunes frente a las críticas, sin violentar uno de los principios centrales de las democracias, el de transparencia de la gestión pública.

Y esto es lo que reconoció la justicia norteamericana, siempre defensora acérrima de la libertad de opinión.

Desde la década de los ‘70, la doctrina mayoritaria norteamericana postula que la protección a la prensa escrita debe extenderse también a los medios electrónicos, a la radio y la televisión . A la prensa en su totalidad, entonces.

Y hay doctrina que postula que el gobierno no puede poner sus manos sobre la prensa en general , con excepción de aquellas circunstancias en las que el orden más elemental exige su intervención, como es el caso de la distribución -no caprichosa- de las frecuencias entre todos los demandantes, sin la cual el eter se volvería caótico. Los constitucionalistas se refieren a esto como el principio de la no interferencia .

La gente lo defiende celosamente porque, como sociedad, no concibe que la pretendan obligar a vivir anestesiada.

Por esto, autores del prestigio de Lee C. Bollinger, que fuera asesor legal del Departamento de Estado norteamericano, no vacilan en sostener hoy que “las reglamentaciones de acceso” al sector de los medios de comunicación son sumamente peligrosas.

Explicando que ellas pueden ser utilizadas para forzar a los medios a adherir al “pensamiento oficial” . Lo que, por lo demás, sucedió en el país del norte cuando el caso “Watergate”, con presión gubernamental que procuraba tapar el episodio ejercida sobre el “Washington Post” haciendo difícil, administrativamente, la vida de las emisoras radiales de su propiedad.

Suena conocido, ¿no es así? Finalmente, es cierto que en “Associated Press vs U.S.”, la Suprema Corte ordenó (en 1945) a la agencia de noticias (no un medio, sino una agencia) a proveerlas a un medio, esto es al diario “Sun”, sin restricciones, basada en la “Sherman Act”. pero también es cierto que hace muy pocos meses la justicia federal de apelación norteamericana, en el sonado caso “Comcast”, suspendió la vigencia de las reglamentaciones de la FCC que limitan y ponen techos a la penetración de los medios que utilizan el espectro radioeléctrico, concretamente la banda ancha. Y esto último ha impulsado una ola sin precedentes de concentración en la industria del cable. Todo lo contrario de lo que pretenden nuestras nada inocentes autoridades nacionales, resulta obvio.

En los Estados Unidos la libertad de prensa no se manipula fácilmente. Lo que se intenta hacer con los medios en la Argentina tiene, queda claro, muy poco que ver con lo que ocurre efectivamente en el país del norte. Por lo demás, los llamados medios “públicos” no se emplean allí para promover descaradamente a la administración de turno. La gente no lo toleraría. Esta es la verdad, no otro. Y por aquello de veritas vos liberabit debe conocerse.

Monopolios y libertad

Por Horacio Verbitsky

El martes 14, Emilio J. Cárdenas admitió en Clarín que la Corte Suprema de Estados Unidos aplicó la ley Sherman contra los monopolios a la agencia de noticias Associated Press (AP), obligándola a proveer su servicio a un competidor de sus diarios accionistas, tal como se había informado aquí dos días antes. Esto muestra la perseverancia del ex embajador menemista ante las Naciones Unidas, cargo en el que fue designado para que no repitiera que la Argentina vivía en cleptocracia, pero no su eficiencia ni su honestidad intelectual. El año pasado, Cárdenas acompañó a la consultora Downey & McGrath en sus gestiones ante la Casa Blanca y Capitol Hill contra el Estado argentino, por cuenta de Cablevisión y del Grupo Clarín, que informaron al Congreso norteamericano haber pagado 245.000 dólares. En noviembre de 2009, Cárdenas exigió que el InterAmerican Dialogue invitara a Martín Echevers, gerente del Grupo Clarín, a un panel sobre la ley de medios, pero no lo obtuvo. Para relativizar el fallo de la Corte que no puede ocultar, Cárdenas sostiene en su columna que AP era una agencia y no un medio, lo cual no tiene la menor relevancia, ya que lo que se discutió fue si la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que inspiró el artículo 32 de la argentina, daba inmunidad contra la legislación antimonopolios, y la respuesta de la Corte fue negativa. Durante la audiencia realizada el jueves en la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, el experto en derecho de las comunicaciones y libertad de expresión Damian Loreti mencionó un antecedente argentino que coincide con la legislación y la jurisprudencia estadounidense, mal citada por Cárdenas. Contó que en 1999 varios diputados de la UCR encabezados por Rafael Pascual presentaron un proyecto de ley antimonopolio. Uno de sus artículos excluía a los medios de comunicación, “en lo que respecta a la irrestricta libertad de prensa e información, no así cuando se tratare de conductas o prácticas económicas que importen la obtención de ventajas que afecten la libre competencia”. Con media sanción de Diputados el proyecto pasó en revisión al Senado, que suprimió ese artículo. Al regresar a la cámara iniciadora, Diputados aceptó la enmienda y Carlos Menem promulgó el texto, sin el artículo que ponía a los medios fuera del alcance de la ley antimonopolios. La voluntad legislativa fue incluirlos.

Cárdenas agrega en su artículo que una cámara de apelaciones estadounidense suspendió en el caso “Comcast” la vigencia de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones que limitan al 30 por ciento la porción del mercado que puede abastecer cada proveedor de televisión por cable, decisión que usa para descalificar la ley argentina de medios como contraria a las garantías constitucionales. Esa fue la pretensión de Comcast al sostener que el límite era inconstitucional. Pero el 28 de agosto de 2009 la Cámara Federal del distrito de Columbia sólo aceptó suspender ese tope, ya que la multiplicación de redes de cable y el surgimiento de servicios de televisión satelital y por fibra óptica han incrementado la competencia, con lo cual un operador que abastezca a más del 30 por ciento de los abonados de cable ya no amenaza la competencia ni la diversidad de la programación. Para la Cámara, el tope del 30 por ciento es arbitrario y caprichoso, de modo que la FCC deberá recalcularlo considerando la totalidad del mercado y no sólo el del cable. Pero no encontró que las garantías constitucionales fueran violadas por esa disposición, como pretende Cárdenas. Lo mismo vale para la ley argentina de medios.

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