El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la suspensión integral de la ley de medios respaldó no sólo su legitimidad, avalada por una sanción mayoritaria en ambas cámaras legislativas, sino que revitaliza un debate inédito en la Argentina que ya ha alterado las relaciones entre las grandes empresas periodísticas, el gobierno y las fuerzas de la sociedad civil organizada. El especialista Martín Becerra analiza en Revista Cabal de julio de 2010 los escenarios atravesados por la ley desde su sanción y las posibles tensiones en el futuro próximo.

El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la suspensión integral de la ley de medios respalda no solo su legitimidad, avalada por una sanción mayoritaria en ambas cámaras legislativas, sino que revitaliza un debate inédito en la Argentina que ya ha alterado las relaciones entre las grandes empresas periodísticas y la sociedad civil. El especialista Martín Becerra analiza las alternativas que sufrió la ley en estos meses y las posibles y nuevas trabas que surgirán en la necesaria e imprescindible aplicación de sus normas.

En los nueve meses que transcurrieron desde la sanción por el Congreso Nacional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, número 26.522, se gestaron y expandieron controversias que detuvieron la aplicación de la norma. Esta había logrado, por primera vez desde la recuperación del régimen constitucional en 1983, reemplazar integralmente el decreto ley 22.285 de 1980 de la última dictadura. La puesta en vigencia de la ley permtirá evaluar su impacto más allá de las especulaciones diseminadas hasta ahora. La judicialización de la ley de medios audiovisuales era predecible: en paralelo la Justicia tramita la irregular adopción por parte de Ernestina Herrera de Noble, accionista mayoritaria de Clarín , de dos menores en 1976, quienes podrían ser hijos de desaparecidos. En Tribunales también se dirime la anómala asociación de Clarín , La Nación y La Razón con el Estado dictatorial en Papel Prensa SA desde 1977. Pero además de pleitos judiciales, la nueva ley concibió un debate inédito sobre los medios y una discusión, todavía no saldada, acerca de la lesionada economía de los medios, por la que batallan los grupos dominantes y otros actores sociales, y que interesa a las telefónicas y a operadores de nuevas tecnologías convergentes. El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la suspensión integral de la ley respalda su legitimidad, dado que la norma fue sancionada en octubre de 2009 con una categórica mayoría de diputados y senadores. Aunque siguen existiendo objeciones a algunos artículos puntuales como el del plazo de la “desinversión” de los grupos que superan el módico tope a la concentración dispuesto por la nueva norma (10 licencias), el pronunciamiento de la Corte revitaliza un debate que alteró las relaciones entre las grandes empresas periodísticas, la política y la sociedad civil.

El debate descoloca a todos 

La secularización del debate sobre los medios, sobre sus intereses mundanos, su compleja influencia y sobre sus reglas de juego es un hecho tan novedoso como la creciente conciencia y movilización de la sociedad civil organizada, que promovió la discusión sobre los medios a pesar del esfuerzo de las propias empresas periodísticas para evitarla, con la rancia consigna de que hablar sobre los medios es atacar la libertad de expresión. Pero la ley de medios logró vincularse con la acendrada tradición democrática del movimiento por los derechos humanos. A ello se añade el hartazgo de un estamento político despechado por el trato recibido por los principales grupos corporativos multimedia, a los que distintos presidentes y gobernadores ayudaron a consolidarse y cuya retribución fue magra, según los políticos. La estabilidad de un sistema comercial y concentrado, políticamente dócil estalló cuando la docilidad política de los medios mutó en denuncia e impugnación de los trapos sucios ajenos. El razonamiento de los políticos fue: “Si hablamos de trapos sucios, exhibamos también los de los propios medios”. Descolocados por el nuevo escenario que profanó su “inmaculada concepción”, los medios tradicionales padecen un proceso de desintermediación de las noticias, gracias por un lado a la inédita discusión sobre su rol, como a la proliferación de tecnologías digitales que permiten producir y distribuir noticias sin la mediación corporativa de grandes empresas. Los medios oficiales, mal consignados como medios públicos dada su filiación gubernamental, emergen como competencia de los privados aunque exhibiendo –como los privados- un discurso intemperante. El fragor de la polémica implicó, hasta ahora, resignar matices. Las embestidas anónimas, la confusión entre críticas a corporaciones y a periodistas, la decadencia de la figura del “editor responsable” en los medios (sobre todo en la televisión) y la profusión de verbos impersonales marcan el estilo de esta etapa. El cuestionamiento a la inmaculada concepción de los medios también descolocó a influyentes conductores y periodistas, que no supieron, no pudieron o no quisieron separar su opinión de la de sus empleadores. Un tema que merece mayor reflexión es por qué en una discusión inédita sobre el rol de los medios, la voz de los periodistas quedó tan apocada. La novedosa discusión no es patrimonio argentino: se extiende a toda América Latina, donde el enfrentamiento entre los principales grupos de medios y distintos gobiernos (Lula da Silva, Rafael Correa o Felipe Calderón) tiene como característica la resistencia de los grandes conglomerados a que se revisen las condiciones en que explotan las licencias audiovisuales. Ello ocurre en un contexto signado por la convergencia tecnológica y el advenimiento de la televisión digital, que creará nuevas señales que podrían competir con las emisoras comerciales controladas por esos pocos grupos en la medida en que los Estados reviertan la privilegiada relación que mantuvieron con las empresas y amplíen la posibilidad de que otros actores operen licencias audiovisuales. La ley de medios prioriza a las organizaciones no lucrativas en la asignación de nuevas licencias, algo que disputa la centralidad a los grupos dominantes y que abre el interrogante acerca del futuro reparto de una pauta publicitaria (privada y estatal) que superó los 8000 millones de pesos en 2009.

La suspensión en suspenso

La suspensión de la ley de medios audiovisuales había sido ordenada cautelarmente en febrero por la jueza Olga Pura de Arrabal (Mendoza) a raíz de un reclamo del diputado Enrique Thomas (peronista federal). Ratificada en marzo por la Cámara mendocina integrada por jueces acusados de complicidad en la violación de derechos humanos, la suspensión fue apelada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Todos los miembros de la Corte Suprema desautorizaron los fallos de primera y segunda instancia en un pronunciamiento histórico del 15 de junio en el que señalaron que la cautelar “no respeta el criterio de razonabilidad”. El CELS y más de 20 universidades, sindicatos, cooperativas y medios comunitarios, en un recurso de amicus curiae (amigos del tribunal), habían recordado que previo a la sanción de la ley de medios “existió un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas, los distintos proyectos de ley, los dictámenes de mayorías y minorías”. Como la nueva ley audiovisual dejaba sin efecto el decreto ley 22.285 de la dictadura firmado por Jorge R. Videla en 1980, la sus pensión de la primera repuso automáticamente la vigencia del segundo. Que la suspensión de la nueva ley y la restauración del decreto 22.285 fueran festejadas por grandes grupos de comunicación que, a más de 26 años, aún adeudan una autocrítica pública por su apoyo a la dictadura, es todo un dato que no escapó a los supremos magistrados en su más reciente fallo. Para el especialista Gustavo Arballo, la Corte Suprema confirmó “la intuición de que es posible fallar contra los intereses de grupos que tienen una parte importante de las palancas de los grifos informativos y vivir para contarlo”. La suspensión no es la única objeción que tuvo la ley. Hay recursos pendientes de resolución porque algunos artículos de la norma –relativos a los modos previstos para desconcentrar el mercado o su régimen sancionatorio– serían controvertidos (por ejemplo el impedimento a los operadores de TV cable de poseer más de una señal). Esta objeción, si fuese válida, se subsanaría con normas complementarias o modificatorias de la ley y no con su suspensión, toda vez que el argumento subyacente es que la ley garantiza derechos hasta ahora no reconocidos, y que por ello correspondería ampliar –en lugar de restringir– la multiplicidad de voces.

¿Quién paga la cuenta?

El mercado de medios de la Argentina es inestable. Tiene problemas de subsistencia. Además de las malformaciones propias del viejo marco regulatorio, con raíces dictatoriales y parches legales de la democracia que lo empeoraron al permitir niveles de concentración que en otras latitudes están prohibidos, el sistema audiovisual tiene otra complicación objetiva: la debilidad de su estructura de mercado. De las cinco mil estaciones de radio que funcionan en el país, menos del 3% se autofinancia con publicidad. Las empresas de televisión abierta, sector que absorbe el 36% de una torta publicitaria de 8000 millones de pesos anuales, sostienen que no son rentables. Los canales líderes en audiencia son una excepción, pues generan ganancias basadas en su red de transmisión en cadena en horario central (prime time) y en la exportación de contenidos. A diferencia de los medios abiertos y generalistas, la televisión por cable es redituable, pero su mercado es cautivo: en muy pocas ciudades hay más de un proveedor. En este caso, el operador obtiene beneficios pero nada impide que abuse de su posición dominante y traslade márgenes excesivos de ganancia al precio del servicio, que paga el usuario. Su modelo de negocios se asimila al de las telecomunicaciones, aunque en la última década le añadió al abono la facturación publicitaria. La semejanza no es anecdótica: la convergencia de servicios audiovisuales, telecomunicaciones y banda ancha (triple play), cuya inclusión en el proyecto de ley audiovisual fue abortada en su debate en Diputados, forma parte de un proceso irreversible que reclamará pronto una regulación integral. En la sobreactuada publicidad sobre la invocada “desaparición” (sic) de señales de cable del grupo Clarín o en los ásperos comunicados de la Asociación Argentina de Televisión por Cable subsiste otro conflicto: el de la aparición de una competencia que proviene del propio Estado (medios públicos), de la economía solidaria (cooperativismo) o bien del sector comunitario (sindicatos, universidades, iglesias, ONGs). Ahora bien, ante el levantamiento de la suspensión de la ley por el Poder Judicial, hay que subrayar que la “cuestión económica” excede las dificultades actuales de los operadores comerciales: la esperanza de ampliar las voces que acceden a la titularidad de los medios podría marchitarse si no se resuelve de modo claro y con reglas públicas esta cuestión. Para ello, es preciso superar la formalidad de un mercado de por sí limitado como única opción de financiamiento, al mismo tiempo que sincerar la contradictoria pero fértil relación económica que liga, desde hace décadas, al Estado con los operadores audiovisuales. Los medios comerciales no hubieran sobrevivido a sucesivas crisis sin el diligente auxilio prestado por distintos gobiernos a través de la periódica condonación de deudas fiscales y previsionales, la venta de pliegos de televisión y radio a precios irrisorios, el socorro financiero para evitar la convocatoria de acreedores, la desgravación impositiva, los subsidios eléctricos, los regímenes de competitividad, la extensión de plazos de explotación del negocio, el congelamiento de la venta de pliegos como impedimento para el ingreso de competencia, el incumplimiento de obligaciones de inversión como el soterramiento del cable. Esto constata que existe una periódica intervención del Estado para otorgar discrecionalmente ayudas al sistema de medios, y que el panorama es más complejo y diverso que el capítulo de la publicidad oficial. Liberar al financiamiento de los medios de la pauta publicitaria como única salida económica posible, morigera su inducción al consumo y a la vez habilita la discusión acerca del mejor destino de los recursos que la sociedad toda genera. Cobra importancia la reglamentación de la ley y las futuras normas complementarias. La economía solidaria podría aportar su experiencia al sector de los medios de comunicación. El plan oficial de televisión digital terrestre (TDT), criticado por su genética gubernamental, podría ser controlado por la oposición parlamentaria y por las organizaciones sociales con la ley de medios en vigencia. La vigencia de la nueva ley audiovisual permite a la oposición parlamentaria integrar la Comisión Bicameral de seguimiento de la norma, así como la Autoridad de Aplicación y el Directorio de Radio y TV Argentina, todas estas instancias que deben examinar las condiciones de funcionamiento de la TDT. La TDT es la primera tecnología en la historia de los medios del país que prioriza su llegada, en primera instancia, a los sectores de menores recursos y que posibilita una multiplicación de señales audiovisuales. La consolidación de la TDT ejemplifica la necesidad de otra ley, de servicios convergentes, para que los usuarios de no estén condenados a condiciones abusivas por parte de prestadores dominantes en mercados cautivos (tanto en telecomunicaciones como en televisión por cable). La activación del Tribunal de Defensa de la Competencia (cuya institución se ha dilatado desde 1999) y la aplicación de normas beneficiarias para los usuarios, como el Decreto 764/2000 de desregulación de las telecomunicaciones, son medidas que podrían adoptarse en la misma dirección. Los nueve meses transcurridos desde la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual demuestran, pues, que los cambios regulatorios y tecnológicos incubados hasta ahora en el sistema de medios son sólo el comienzo de una transformación estructural que sintetiza una formidable y compleja lucha de intereses y augura nuevos capítulos.

Martín Becerra Catedrático de la Universidad de Quilmes e investigador del CONICET

La secularización del debate sobre los medios, sobre sus intereses mundanos, su compleja influencia y sobre sus reglas de juego es un hecho tan novedoso como la creciente conciencia y movilización de la sociedad civil organizada, que promovió la discusión sobre los medios a pesar del esfuerzo de las propias empresas periodísticas para evitarla.

Los nueve meses transcurridos desde la sanción de la nueva ley demuestran que los cambios regulatorios y tecnológicos incubados hasta ahora en el sistema de medios son sólo el comienzo de una transformación estructural que sintetiza una formidable y compleja lucha de intereses y augura nuevos capítulos.

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