La controversia entre gobernantes y grandes empresas de medios de comunicación está en la agenda de muchos de los países latinoamericanos, sobre todo (aunque no únicamente) los que tienen gestiones que de modo simple podrían calificarse como de “centroizquierda”, “nueva izquierda” o como “populistas de centroizquierda”. El rol de las tecnologías convergentes que aceleran cambios que afectan la estructura de los medios, la recuperación del Estado como actor y gestor del sistema de medios, son abordados por Denis de Moraes en entrevista con Natalia Aruguete publicada en Página 12. A su vez, José Natanson repasa en Página 12 algunos de esos conflictos señalando coincidencias y el rumbo que, a su juicio, adoptan, incluyendo la paradoja de que los medios gozan de una alta confianza en las encuestas de opinión, a la vez que en su discusión con los gobiernos, éstos últimos también suelen obtener grandes ventajas en la consideración pública. Por último, La Nación consigna que “Lula acusó a los medios de apoyar a Serra”, aludiendo a la constatación pública que hizo el presidente brasileño, en plena campaña electoral, acerca del ingente apoyo de los principales medios de comunicación al candidato de la “centroderecha”.

EL INVESTIGADOR BRASILEñO DENIS DE MORAES ANALIZA LOS CAMBIOS COMUNICACIONALES EN LA REGION

“En Latinoamérica, otra comunicación es posible”

Estudioso de las transformaciones comunicacionales y culturales de la era digital, Denis de Moraes advierte que la tecnología permite mayor circulación de voces pero al mismo tiempo refuerza las desigualdades. Aquí, analiza los cambios en marcha en la región, elogia el proceso argentino y remarca el papel de los Estados (y sus dificultades) en la tarea de limitar la concentración de medios e industrias culturales.

Por Natalia Aruguete

–¿Cómo impacta el avance tecnológico en los sectores comunicacional y cultural?

–El cambio digital ha permitido la confluencia de todos los lenguajes, los usos y las expresiones, así como la fusión de datos, sonidos e imágenes en un lenguaje digital único. Este impacto no cesa de manifestarse en todas las áreas de la sociedad y en todos los campos del conocimiento. Vivimos un tiempo en que la estética, la educación, el mercado y los campos científico, cultural, político, monetario y social están bajo una influencia completamente desproporcionada de las tecnologías. Los beneficios son, a mi juicio, indiscutibles: permiten más contacto, más intercambio, más avances científicos, más expresiones culturales y estéticas de una forma sin precedentes. Pero hay, además, una colección de problemas.

–¿Cómo cuáles?

–Se mantiene un abismo entre conectados y desconectados. La sociedad continúa siendo extremadamente desigual, injusta. Las diferencias en el usufructo tecnológico acentúan las diferencias entre las clases, los grupos, las comunidades. Y eso tiene que ver con la hegemonía.

–¿Qué factores deben acompañar a la expansión de la digitalización para revertir este escenario desigual, teniendo en cuenta que la tecnología no puede hacerlo por sí sola?

–El capitalismo es una fábrica de desigualdades, no promueve una distribución de ventajas y beneficios de manera igualitaria. El propio modo de producción es por definición un modo de diferencias, de desigualdades, de oportunidades totalmente apartadas de la armonía de las clases, de los grupos, de las personas. Bajo la influencia de la ideología del modo de producción capitalista es muy difícil que la tecnología se encamine hacia una coyuntura que facilite y estimule una división más igualitaria de los beneficios y las posibilidades de las tecnologías. No podemos dejar de considerar que hay una multiplicación de posibilidades de usos y usufructos de las tecnologías. Pero la expansión del consumo de las tecnologías se hace bajo el signo de las desigualdades, porque si bien se está ampliando el mercado tecnológico básico comunicacional, se da de una manera estratificada.

–¿En qué se manifiesta concretamente esa expansión “injusta”?

–Mucha gente está utilizando computadoras: en las escuelas primarias y secundarias, en las empresas, en las organizaciones no gubernamentales. Hay una expansión de la base de consumo y de las posibilidades de uso. Pero esa expansión se desarrolla de una manera desigual, porque hay un tipo de tecnología para los pobres y un tipo de tecnología para los ricos.

–En un escenario de alta concentración económica como el actual, ¿cuál debería ser el rol del Estado y qué tipo de valoración se debe hacer de la política para que la expansión tecnológica no contribuya a una apropiación desigual?

–El papel del Estado es fundamental, no lo digo solamente como una constatación teórica. He viajado por América latina con frecuencia, incluso publiqué en Brasil un libro llamado La batalla de los medios, un trabajo de investigación sobre las nuevas políticas de comunicación de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Incluye al gobierno de Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile, Daniel Ortega en Nicaragua y –con algunas dudas– el presidente Lula en Brasil. En la mayoría de los países, los gobiernos son conscientes de la necesidad de desarrollar políticas de comunicación electrónicas para valorizar el paradigma de las redes. El Estado tiene que hacer inversiones –cada vez mayores, a mi juicio– en el desarrollo de la informática ciudadana, que tenga como punto de partida el fortalecimiento de las redes sin finalidades lucrativas. La mayoría de los presidentes progresistas de Latinoamérica tiene conciencia de la necesidad urgente de inversiones públicas en tecnologías direccionadas hacia el medio social, para fomentar las formas de comunicación y expresión cultural por fuera de la lógica hegemónica de las industrias culturales. Me parece que el papel del Estado no debe anular la iniciativa privada, no se trata de instituir dictaduras estatales que impidan la existencia de otras visiones de mundo.

–¿Por qué hace esa aclaración?

–Cuando defendemos el pluralismo, tiene que valer para ambos lados. El otro mundo y la otra comunicación que deseo vivir incluye otras miradas sobre la vida social, cultural, económica y política. El problema es que la dramática concentración de los medios y las industrias culturales constituye un obstáculo, una barrera para la emergencia de otras voces en la arena social.

–¿Existe algún uso de la tecnología que no esté subordinado a la lógica mercantil, por parte de actores no ligados al mercado?

–Este es un punto que me moviliza. Se está ampliando el uso alternativo y contrahegemónico y, por lo tanto, social, comunitario, cooperativo y colaborativo. Lo podemos observar en las formas de apropiación de las tecnologías digitales por parte de los movimientos sociales, la prensa alternativa y las redes que se constituyen por fuera de la lógica comercial de los medios, de las formas de control ideológico y cultural de las industrias culturales. Claro que esta utilización no tiene un carácter de masa ni una penetración armónica y amplia en todas las clases, sociedades, países y pueblos. Pero eso no debe desviarnos hacia una forma de pensamiento dogmático que deje de reconocer que hay posibilidades imprevistas. Una de las consecuencias más positivas y estimulantes de este proceso de apropiación es que se incrementa la cooperación entre colectivos de periodistas, artistas plásticos, estudiantes de diversos grados, grupos de obreros o desempleados, que utilizan, sobre todo, Internet como centro gravitacional de sus manifestaciones y relaciones.

–En este escenario mercantil que usted describe, ¿qué capacidad de aprovechamiento de esta herramienta tienen los medios alternativos?

–Progresivamente se está construyendo un tipo de comunicación alternativa, más aguerrida, combativa y estimulante que la de décadas pasadas. Los periódicos alternativos enfrentaron siempre una dificultad con los costos del papel, de impresión, de distribución. En cambio, con las nuevas formas de comunicación electrónica, sobre todo el ecosistema de Internet, no dependen más de eso. Con las nuevas formas de expresión de comunicación, de interacción y participación colectiva, se produjo una especie de quiebra en la relación con los usuarios, con los consumidores, con los ciudadanos. Esas nuevas formas están en proceso de formación, discusión y experimentación. Es un proceso que está ocurriendo fuera del campo de visión de cada uno de nosotros.

–En su libro Mutaciones de lo visible, usted mencionaba que hay que “ganar la batalla de los flujos informativos”. ¿Cree que estas posibilidades para la producción y circulación de contenidos alternativos se ven desde el discurso hegemónico en términos de amenaza?

–No creo que la palabra correcta sea amenaza, pero hay una preocupación creciente en los grandes medios. No me parece que sea una amenaza peligrosa, en el sentido de que pueda acontecer algo que cambie todo, porque la lógica mercantil de las industrias culturales tiene una fuerza de sustentación muy grande. El control de las actividades culturales y comunicacionales por parte de las grandes empresas no me parece que vaya a ser avasallado por la comunicación digital contrahegemónica, alternativa, comunitaria. Pero sí me parece que existe la posibilidad de un crecimiento de estas nuevas formas de expresión, interacción e intercambios, que van a convivir con la hegemonía de los medios. Eso me parece una gran novedad. En décadas pasadas, la comunicación alternativa –no digital sino impresa– era un tipo de comunicación sedimentada, dirigida a militantes, a personas con mayor conciencia, a grupos organizados. Se abren posibilidades para prácticamente todos los sectores de la vida social, incluyendo otras formas de organización, participación y construcción.

–Sin embargo, las industrias culturales siguen fijando la agenda de temas, instalando las principales preocupaciones de la sociedad.

–Claro que siguen marcando, por eso no me parece que la palabra correcta sea amenaza.

–Sin embargo, usted hablaba de convivencia. ¿Cree que tal convivencia pueda tener algún tipo de impacto en la agenda pública?

–Creo que es una expectativa perturbadora, porque, por un lado, hay una serie de evidencias de mayor intercambio, mayor contacto, más expresión y más civilización. Pero es temprano para evaluar si esas nuevas expresiones van a canalizarse en ideas y prácticas más activas. Hay una diferencia entre sociabilidad en red y participación social y política en red. Necesitamos tener una percepción muy clara de que no todas las expresiones de sociabilidad en red son manifestaciones activas de la ciudadanía. Hay grupos políticos, sociales y comunitarios muy organizados y movilizados, que utilizan las tecnologías digitales y, en especial, de las redes con la finalidad de reivindicar el cambio social, la lucha política abierta. Mi preocupación es si la sociabilidad en red va a evolucionar hacia nuevas formas de conciencia sobre lo social, lo político, lo cultural, lo comunitario.

–¿A partir de qué le surge esa preocupación?

–Creo que la forma de organización de la sociabilidad en red se encamina hacia una dirección más relacionada con las cuestiones existenciales o espirituales, que hacia el campo de la expresiones políticas y sociales más organizadas y combativas. Me parece muy interesante que se amplíen los canales de sociabilidad, de intercambio de los afectos, de las manifestaciones espirituales y religiosas en red. Pero otra cosa es reconocer la expresión de los afectos, de las creencias religiosas y de aspiraciones existenciales como la única forma de usufructo de las tecnologías.

–Usted mencionó el caso de otros países de América latina, ¿cómo ve lo que está sucediendo en la Argentina en relación con el sector comunicacional?

–Creo que la nueva Ley de Servicios Audiovisuales de Argentina debe ser un orgullo para todos los argentinos y para todos los latinoamericanos. Esta legislación –yo conozco todas las que están en vigencia en Latinoamérica– es la más avanzada del continente. Tiene una noción muy clara de los tres sectores que deben actuar en el campo de los sistemas de comunicación: el campo público, el campo privado comercial y el campo social. Este equilibrio entre los tres sectores es una cosa revolucionaria, porque siempre los sistemas de comunicación –no sólo de Argentina, sino de todos los países latinoamericanos– se caracterizaron por un desequilibrio brutal que ha favorecido históricamente el sector comercial de los medios. Es un avance con consecuencias de largo plazo.

–¿De qué modo impactará la nueva legislación?

–Será una comunicación más plural, más compleja, más participativa. Con la posibilidad de expresión de varias voces al mismo tiempo. Los diferentes sectores sociales pueden manifestarse de una manera mucho más rica y estimulante y me parece que la interferencia del poder estatal es fundamental para reequilibrar los marcos regulatorios de los medios de concesión pública. Mira, las licencias de radio y televisión pertenecen a la sociedad, a los pueblos y no a las empresas de comunicación, que son concesionarias temporales. Los canales no pertenecen al Grupo Clarín, O’Globo, El Mercurio y demás grupos de comunicación latinoamericanos, generalmente bajo el control de familias que se reproducen en el comando de los medios, de generación en generación.

–Un aspecto clave de la ley que está en debate en Argentina es el no reconocimiento de los derechos adquiridos. ¿Hasta qué punto debe avanzar la regulación política en un escenario como el argentino para lograr una real desconcentración del sector?

–Las presiones sobre la ley de medios argentina son similares a las presiones que hay en Venezuela, Bolivia y Ecuador. En todas partes, los grupos mediáticos están desarrollando violentas campañas en contra de las transformaciones, de los cambios en los marcos legales y en las leyes, es decir, de las normas que regulan la radiodifusión. Las licencias de radio y televisión son “las joyas de la corona” de los grupos mediáticos. Entonces esas campañas tienen como centro de su argumentación el hecho de que la libertad de expresión está siendo agredida, violentada, por las nuevas regulaciones. Es un argumento falso que oculta lo que siempre ha sido ocultado por los grupos de medios. Los grupos de medios latinoamericanos se consideran fuera de cualquier tipo de control, sobre todo, del control público democrático.

–¿Por qué cree que se instaló ese imaginario de la libertad de expresión, en América latina?

–Tiene que ver con la idea mistificadora de que los medios representan la voluntad general y, por lo tanto, son la esfera que tiene condiciones de producir una especie de síntesis de las aspiraciones sociales y colectivas. Entonces, si tienen calificación para ser la esfera de síntesis de lo social, no hay necesidad de ninguna sumisión a reglamentos, normas, leyes. Porque son una instancia que tiene relación directa con el pueblo, con los deseos de las sociedades. Claro que todo eso es una estrategia argumentativa para ocultar las formas de dominio y hegemonía en la formación de mentalidades y del imaginario social.

–¿Qué balance hace de lo que se está produciendo en la región en materia de comunicación?

–Creo que este proceso de cambios en la comunicación latinoamericana, bajo la iniciativa oportuna de los gobiernos, es un proceso que pone a la comunicación en el centro del campo de batallas por la hegemonía cultural y política. En ese campo de batalla, los dos lados tienen conciencia de que no se puede dejar de lado las luchas por el control de la opinión pública y del imaginario social. Este proceso de acciones en cadena, que se extienden desde Caracas a Buenos Aires, es un proceso articulado, muy bien pensado, muy competente desde el punto de vista de las articulaciones discursivas y que tiene una diferencia crucial en relación con el campo del Estado y de la sociedad civil.

–¿En qué sentido se da esa diferencia?

–Estos grupos tienen los canales de convencimiento que son los diarios, las radios, las televisoras y los Estados no, con alguna excepción, como el caso de Venezuela que tiene cuatro redes estatales de televisión. Si los Estados y las organizaciones sociales no tienen esta potencia de persuasión, de conquista de los corazones y la mente del público es un proceso muy desequilibrado de formación de opinión pública –a mi juicio– sumamente perverso.

–¿Por qué?

–Porque el ideal que todos nosotros defendemos de la libertad de expresión debe ser una libertad generalizada, no puede concentrarse en pocas manos que definan qué es y qué no es libertad de expresión. Si el gobierno del presidente Chávez tiene errores, tiene excesos, bien, vamos a presionar sobre las medidas del presidente Chávez, él no es Dios. Pero los cambios profundos de la comunicación venezolana bajo los diez años del gobierno de Chávez son significativos.

–¿Puede mencionar alguno de esos cambios?

–En el canal educativo y cultural Vive TV, creado por el presidente Chávez en el 2003, todas las agendas informativas de las programaciones culturales son definidas en asambleas barriales por la gente. Los ejecutivos, los directores, los periodistas, el grupo dirigente de Vive TV, va a los barrios solamente para coordinar, organizar las asambleas barriales en que las comunidades indican cuáles son los problemas, los énfasis informativas, qué tipo de programación cultural las personas desean. En Argentina, otro motivo de orgullo para la sociedad latinoamericana es el canal Encuentro, una experiencia fabulosa de cambio de las lógicas informativas, culturales y científicas. Con esto se modificó la concepción de un canal educativo, cultural y científico. Hasta el momento, sólo hay algunas inserciones de la programación de Encuentro en la televisión pública, en el Canal 7, ya que la mayoría del público sólo accede a Encuentro en los paquetes de TV paga. Estoy mencionando dos experiencias de canales educativos, culturales y científicos, creados por gobiernos progresistas, que cambiaron la lógica perversa de la mercantilización de la información y de los bienes culturales.

–¿Participa de algún proyecto comunicacional, además de su trabajo académico en la materia?

–Después de viajar por Latinoamérica, hoy estoy coordinando otro proyecto latinoamericano de comunicación contrahegemónico y alternativo. Creo que la palabra esperanza no es una cosa inútil, es una palabra de movilización, de llamado, porque hay cosas concretas que se están construyendo en distintos países de Latinoamérica, en direcciones totalmente diferentes del escenario mediático y cultural que predomina. En varios lugares de Latinoamérica, otra comunicación es posible. Esta es una palabra en construcción, no solamente que figure en un papel, en las banderas políticas y retóricas. Vive TV o Encuentro tienen a las tecnologías digitales como sus insumos, recursos indispensables. Es necesario un pensamiento dialéctico entre los problemas, los bloqueos, las desigualdades y las injusticias de usos y accesos a lo tecnológico. Al mismo tiempo hay necesidad de una evaluación muy sensible de las posibilidades y apropiaciones, de los usos ciudadanos y culturales, sin una finalidad mercantil, como sucede hoy en nuestro continente. Creo que la síntesis de esa dialéctica es la palabra esperanza.

¿POR QUE DENIS DE MORAES?

La esperanza que moviliza

Por N. A.

El investigador Denis de Moraes es serio y estructurado en su discurso. Relata con extrema prolijidad las posibilidades que abre y los obstáculos que impone la era digital en el sector comunicacional. Advierte sobre la necesidad imperiosa de tener un “radar” que controle los excesos de los grupos privados de medios en un escenario de alta concentración económica, en el orden local e internacional. Porque en la “batalla de los flujos de información –asegura el experto brasileño– se juega la hegemonía cultural y política”. Pero cuando habla de América latina y de las acciones que se están llevando a cabo en pos de una transformación del sector, el hombre se conmueve: “Creo que la palabra esperanza no es una cosa inútil, es una palabra de movilización”, señala, con ojos vidriosos, en relación con lo que está ocurriendo en la región.

Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidade Federal de Rio de Janeiro y obtuvo su posdoctorado por la Clacso-Argentina. Ha logrado conjugar su tarea académica con su práctica militante. Es profesor de la Universidad Federal Fluminense e investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Río de Janeiro. Pero además, luego de recorrer Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile y Nicaragua, comenzó a coordinar un proyecto latinoamericano de comunicación contrahegemónico y alternativo.

Sus investigaciones y experiencias en el sector de las industrias culturales quedaron plasmadas en diversos libros: Combates e utopias: os intelectuais num mundo em crise; Por otra comunicación; O planeta mídia: tendências da comunicaçao na era global. Su última publicación, Mutaciones de lo visible (Paidós), es una compilación de artículos de prestigiosos especialistas en comunicación –Jesús Martín Barbero, Martín Becerra, Bernard Miège y Lorenzo Vilches– que analizan el desafío que entrañan las transformaciones comunicacionales y culturales de la era digital.

MEDIOS Y NUEVA IZQUIERDA

By pass mediático

Los gobiernos progresistas tienen batallas diarias con los medios y a la vez viven en ellos. Cómo se creó la dinámica.

Por José Natanson

 Los gobiernos de la “nueva izquierda” que hoy ejercen el poder en buena parte de los países latinoamericanos libran batallas cotidianas contra los medios. El quiebre del sistema de partidos en algunos países, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, abrió un espacio que fue ocupado por la prensa, que en algunos casos lideró a las fuerzas opositoras. Pero incluso en aquellos países en donde el tránsito al pos-neoliberalismo fue más gradual y sereno hay conflictos entre el gobierno y los medios. Esto se verifica en la decisión de muchos presidentes de crear un “by pass mediático” que les permita comunicarse directamente con la sociedad, el impulso a leyes regulatorias y la ampliación del complejo de medios públicos. Y, como telón de fondo, el hecho de que, por primera vez en décadas, el cuestionamiento a las instituciones de la democracia afecta también a los medios de comunicación.

Medios en el vacío

Entre todos los cambios que viene registrando la política, uno de los más notables es el proceso de desafección, en el sentido de una mayor distancia, a menudo teñida de desilusión, escepticismo y bronca, entre representantes y representados, acompañada por un debilitamiento de las tradiciones partidarias clásicas: ser peronista o radical en Argentina, o adeco o copeyano en Venezuela, o liberal o conservador en Colombia, ya no significa lo mismo que en el pasado. Con los partidos desestructurados, a veces astillados en mil pedazos incomprensibles, la política se asemeja a un proceso fluido, sin marcos y difícil de decodificar.

Esta tendencia –que, insisto, es global– se ha verificado de manera extrema en algunos países de América latina. Entre mediados del siglo pasado y principios del actual, varios países de la región vivieron crisis económicas que marcaron el final del ciclo neoliberal en medio de estallidos sociales y represiones con distintos grados de violencia. El tránsito del neoliberalismo a la “nueva izquierda” se procesó de manera más o menos constitucional, pero dejó sus secuelas. Fue así como sistemas partidarios que venían funcionando desde hacía años, a veces décadas, volaron por los aires: es el caso del Punto Fijo venezolano, de la “democracia pactada” boliviana y del sistema ecuatoriano, que en poco tiempo, a veces en cuestión de meses, dejaron de existir.

En estos países, el sistema político se recompuso a partir de la emergencia de liderazgos de alta popularidad (Chávez, Evo, Correa, Kirchner), que supieron reconstruir la autoridad presidencial y se propusieron un amplio programa de reformas. Pero tal recomposición abarcó sólo a una parte, la oficialista, del sistema político, dejando a la oposición sumida en una maraña de enredos internos, rencillas personales y desorientación. Este vacío fue ocupado por otros actores, incluyendo, o comenzando por los medios de comunicación, que en algunos países, y en ciertos momentos, asumieron la conducción política de la oposición (en algunos casos acompañados por otros poderes fácticos, como los gobiernos autonómicos en Bolivia o la burocracia petrolera en la Venezuela del 2002).

Bernardo Sorj lo explica bien en su libro Poder político y medios de comunicación. “En el contexto del debilitamiento de otros medios tradicionales de articulación de voces de la oposición en la región, en particular de los partidos y los sindicatos, los medios aparecen como los únicos factores capaces de articular críticas al poder público.” Esto se vería reforzado por el hecho de que, como explica Fernando Ruiz en el mismo libro, el periodismo latinoamericano se encuentra más cerca del modelo de periodismo militante y políticamente comprometido originario de Europa occidental que del modelo profesional y supuestamente neutral que prevalece en el mundo anglosajón.

Primera idea entonces: el clima de polarización y enfrentamiento entre el Estado y los medios es menos el resultado de los ánimos censuradores de los gobiernos de izquierda o del espíritu desestabilizador de la prensa que de las condiciones políticas que se viven en la actualidad.

Esto no implica ignorar los conflictos de intereses, por supuesto existen, sobre todo cuando los medios se encuentran imbricados en complejos económicos que incluyen al agro (en Argentina), las finanzas (en Ecuador) o los hidrocarburos (en Bolivia). Simplemente, se trata de poner en contexto estas nuevas tensiones. No es casual, en este sentido, que los países que no registraron estallidos sociales ni quiebres políticos, en donde el tránsito al pos-neoliberalismo se produjo de manera más serena y gradual, la tensión gobierno-medios no haya adquirido semejante intensidad. Es el caso de Chile, Brasil y Uruguay. Sin embargo, un repaso por varias experiencias latinoamericanas revela parecidos incluso con estas naciones.

Leyes regulatorias

La batalla entre el Estado y los medios ha asumido, en algunos casos, forma legal, a través de la propuesta o sanción de leyes tendientes a regular la actividad mediática. Se trata de un tema complejo que conviene estudiar caso por caso y cuyo análisis en profundidad excede las posibilidades de este espacio. Sin embargo, es posible apuntar algunas primeras conclusiones.

En general, la reacción ante estas iniciativas adquiere la forma de un reflejo corporativo que asume como un atentado a la libertad de expresión cualquier intento por regular las telecomunicaciones o la prensa. Pero no necesariamente debería ser así. Existen, por ejemplo, razonables regulaciones de mercado, que apuntan a evitar las posiciones monopólicas o dominantes. Esto sucede incluso en países muy celosos de la libertad de empresa y las garantías individuales, como Estados Unidos, donde las normas establecen límites a la propiedad cruzada de licencias de TV, radio y cable, fijan cuotas máximas de mercado y limitan la posibilidad de que una misma empresa controle medios gráficos y audiovisuales.

El proyecto ecuatoriano, por ejemplo, prohíbe que una compañía dueña de un banco sea también la propietaria de un medio, con el argumento de que la orientación editorial del segundo puede quedar atada a los intereses del primero. La ley de medios argentina, aprobada en el Congreso tras un largo debate, apunta a desmonopolizar el panorama mediático estableciendo cuotas de mercado y prohibiendo el control de cierto número de licencias en la misma área geográfica. Algo similar podría ocurrir si el Congreso vota el proyecto oficial para declarar de “interés nacional” la producción de papel para diarios, lo que les permitiría a los editores acceder al insumo básico a un precio igualitario.

Pero el eje son siempre los medios audiovisuales. Las leyes y proyectos aprobados o en debate establecen una distribución equitativa de las frecuencias entre el Estado, el sector privado y el sector comunitario o de la sociedad civil (es el caso de Argentina y Ecuador y también de los proyectos que se discuten en Bolivia y Uruguay), fijan cuotas de producción nacional (Argentina, Ecuador, Venezuela) y establecen horarios y pautas para la protección de los niños (todas).

El tema se torna más complejo al analizar los procedimientos sancionatorios, en particular cuando éstos contemplan la suspensión –temporal o definitiva– de las licencias. El caso extremo es Venezuela. En mayo de 2007, fortalecido tras arrasar en la campaña por su reelección, Chávez decidió no renovar la licencia de RCTV, el canal más antiguo del país, con el argumento de que había apoyado el fallido golpe de Estado del 2002. La licencia estaba vencida y el Estado tenía la posibilidad de no renovarla. Por otra parte, el canal siguió transmitiendo por cable.

El trámite, sin embargo, fue irregular. Desde el punta de vista jurídico, si había una responsabilidad debía recaer sobre personas naturales –los dueños del canal– y no sobre la empresa. Desde el punto de vista político, la intencionalidad está clara: el resto de los canales también habían acompañado la intentona golpista, pese a lo cual el gobierno les permitió seguir operando, básicamente porque, finalmente convencidos de que había Chávez para rato, decidieron suavizar su línea editorial. El hecho de que Chávez haya formulado el anuncio de RCTV en un establecimiento militar y vestido de uniforme no ayudó a tranquilizar los ánimos. La OEA protestó, y el presidente respondió tildando de “insulso” a su titular, José Miguel Insulza.

La decisión se suma al cierre de 32 radios primero y otras 29 después, con el argumento de que no cumplían con los requisitos legales para operar, y a las 40 causas –entre las iniciadas por funcionarios del gobierno y las presentadas por particulares– contra el único canal claramente antichavista, Globovisión. Los motivos son variados: durante una entrevista con el director de RCTV, Globovisión difundió imágenes del atentado contra el papa Juan Pablo II con la canción de Rubén Blades “Eso no termina aquí” de fondo. El gobierno acusó a la emisora de incitar subliminalmente al magnicidio. En otra oportunidad, el canal fue denunciado por poner al aire un mensaje de texto de un televidente convocando a un golpe de Estado. En las últimas elecciones, Globovisión recibió otra denuncia por transmitir la reacción de un candidato a la gobernación de Carabobo que instó a tomar las oficinas del Consejo Nacional Electoral, disconforme con el resultado.

Estos procedimientos sancionatorios se encuadran en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte). Aprobada en diciembre de 2004, la norma prevé sanciones, que pueden llegar a la suspensión por 72 horas continuas de la señal, para “aquellos medios que difundan mensajes que promuevan o hagan apología o inciten a la guerra o a la alteración del orden público”. Hay que señalar, además, la decisión –de la Justicia, no del gobierno, aunque obviamente hay sospechas sobre la influencia de éste sobre aquélla– de detener al dueño de Globovisión por una causa judicial que, aunque aparentemente no tendría vinculación con su actividad periodística, marca una coincidencia es llamativa. Y el fallo –de la justicia, no del gobierno– prohibiendo al diario El Nacional difundir imágenes de los muertos en una morgue de Caracas con el argumento de que “vulneran la integridad psíquica y moral de los niños, niñas o adolescentes”.

El tema es complejo, pues alcanza con revisar rápidamente los portales antichavistas, que difunden abiertamente opiniones en algunos casos golpistas, racistas e injuriosas, para confirmar que la libertad de expresión sigue viva. Venezuela no es Cuba. Y el gobierno no es el único actor en este juego peligroso: los medios venezolanos, en especial la televisión, lideraron el intento de golpe de Estado de 2004 y luego siguieron ubicándose, por momentos, en posiciones claramente desestabilizadoras. En todo caso, Venezuela se sitúa en un lugar particular, diferente al de Argentina o Bolivia, donde las leyes no regulan contenidos, el Estado no ha decretado la suspensión de ninguna licencia, no se ha aplicado la censura ni política ni judicial y no existen casos de periodistas presos.

Paradoja final

Los datos del Latinobarómetro 2009 confirman que los medios de comunicación se encuentran a la cabeza de los rankings de confianza en diversas instituciones, superados sólo por la Iglesia, y muy por arriba del gobierno, la empresa privada, la policía o los sindicatos. Sin embargo, la confrontación, en algunos países muy directa, con presidentes que gozan de una altísima popularidad, ha contribuido a ponerlos en cuestión por primera vez desde el inicio de la última ola de democracia en América latina. La reacción destemplada de muchos de ellos ha contribuido a romper contratos de lectura basados en una supuesta aunque imposible neutralidad o independencia.

Los medios, cada vez más centrales, también son más discutidos. Existe hoy una conciencia cada vez más amplia en cuanto al verdadero lugar de los medios en la democracia: no sólo una arena sino también un actor en el debate político. En su famoso libro La democracia y los partidos políticos, el sociólogo ruso Moisei Ostrogorski afirmó: “La función de las masas en una democracia no es gobernar sino intimidar a los gobernantes”. En tiempos de globalización y auge de las nuevas tecnologías no sólo gobiernan los políticos, sino también, en algún sentido, los medios. La novedad es que la sociedad ha comenzado a intimidarlos.

OPINION

El poder de la imagen

Por José Natanson

Conviene destacar un dato, que a menudo se soslaya. A pesar de que muchos de ellos llegaron al poder con los medios más importantes militando en contra, casi todos los presidentes latinoamericanos son presidentes ultramediáticos, en un doble sentido: deben parte de su ascenso al poder de los medios de comunicación y son muy conscientes del peso e influencia de la prensa en el juego político. El investigador colombiano Omar Rincón los llama “telepresidentes” o “políticos-celebrities”.

El caso de Evo Morales es ilustrativo. Fundador de un movimiento indígena que expresa valores milenarios y rescata tradiciones precolombinas, el presidente boliviano es también un líder moderno, un hombre de su tiempo, que conoce, y está dispuesto a utilizar, el poder de la imagen, como demuestra la cuidadosa puesta en escena que acompañó el anuncio de la medida más importante de su gestión. El 1° de mayo de 2006, sorpresivamente, Evo apareció en el campo gasífero más importante del país y, parado sobre un estrado, leyó por un altavoz los alcances del decreto de nacionalización de los hidrocarburos. Vestía la pechera y el casco amarillo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y estaba acompañado por tropas militares, algo totalmente innecesario desde el punto de vista militar pero que le dio a la medida un tono teatral que reforzó la imagen y amplificó su impacto.

El ejemplo revela una clara conciencia acerca del poder de la imagen y la voluntad de utilizarla a su favor, en un intento de imponer sus propios términos y evitar que sean los medios los que establezcan sus tiempos y sus formatos. Varios presidentes de la región, incluyendo a Lula, Kirchner y Evo, se resisten a conceder conferencias de prensa, y rara vez aceptan entrevistas. Prefieren evitar las mediaciones –en una táctica que el periodista boliviano Fernando Molina define adecuadamente como “by pass mediático”– comunicándose directamente con la sociedad.

El uso y abuso de las cadenas oficiales es una muestra de ello: en Ecuador hubo 233 cadenas obligatorias hasta 2009, que se suman a los “enlaces de los sábados”, espacios en los que el presidente y los ministros explican su gestión en la radio y la TV públicas, a las que los medios privados pueden engancharse voluntariamente (160 hasta 2010). Lo mismo hace Evo cuando transmite directamente un discurso desde un pueblo perdido del Altiplano, o los Kirchner cuando anuncian las medidas más importantes por cadena nacional. Pero el campeón es sin dudas Chávez: desde su asunción, el 2 de febrero de 1999, hasta el 22 de enero de 2010, Chávez se encadenó 1995 veces, por un tiempo total de 1310 horas 36 minutos, según los datos de la consultora AGB.

Esto se complementa con la decisión de potenciar y ampliar el complejo de medios públicos, que revela la voluntad de avanzar en una mayor intervención del Estado, tal como se comprueba en otras dimensiones de la política y la economía, como la nacionalización de empresas en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina; la potenciación de empresas y bancos públicos, como el Bndes y Petrobrás, en Brasil; la creación de nuevos impuestos, como sucedió en Uruguay bajo el gobierno del Frente Amplio, y la extensión de los planes sociales, como sucede en casi toda la región. En un contexto de mayor presencia estatal en la vida política y económica de América latina, los gobiernos apuestan a fortalecer los medios públicos.

El hecho de que los mayores esfuerzos y recursos se hayan orientado a los medios audiovisuales confirma, una vez más, la clara conciencia acerca de su importancia e impacto, sobre todo en los sectores populares, que se informan básicamente a través de la televisión. El gobierno venezolano cuenta hoy con seis canales de televisión: Venezolana de Televisión, Televisión Venezolana Social, que se difunde a través de la señal de RCTV, Avila TV, que antes pertenecía a la Alcaldía de Caracas, Asamblea Nacional Televisión, Vive TV y Telesur. En Ecuador, el gobierno controla el periódico El Telégrafo, el canal Ecuador TV y la Radio Pública, a lo que se suma la creación de una agencia de noticias estatal. En Bolivia, al relanzamiento de Televisión Boliviana hay que añadir la transformación de Radio Illimani (hoy Patria Nueva) y la creación del diario Cambio. En algunos países, el Estado no multiplicó pero sí mejoró los medios existentes: es el caso de Canal 7 de Argentina y de Televisión Nacional de Uruguay, que la gestión frenteamplista modernizó mediante el simple método de limpiar las válvulas de las cámaras (lo que le quitó la turbidez característica a las transmisiones de la televisión pública).

Un aspecto a discutir es el del pluralismo. Aunque a menudo se proclama que se trata de medios estatales y no gubernamentales, y por más que se invoque el ejemplo de neutralidad política de la BBC, en general los gobiernos les han dado a sus medios un tono claramente oficialista, en algunos casos de un oficialismo exasperante. Quizá por ello los medios públicos han logrado en general una penetración limitada, en un esfuerzo que apunta a predicar a los ya conversos antes que a conquistar nuevas voluntades. En Venezuela, por ejemplo, las seis señales estatales apenas acumulan el 3 por ciento del total de la audiencia. En este marco, el Fútbol para Todos argentino no sólo implica la posibilidad de mirar gratis los partidos, sino que contribuye a potenciar el total de la programación de Canal 7 y elevar su rating global.

Y, junto a la mejora de los medios estatales, existen otras herramientas, más discutibles pero más sutiles, a través de las cuales los gobiernos inciden en los contenidos de los medios privados. Me refiero a la potestad del Estado de prorrogar las licencias y al uso discrecional de la publicidad oficial. Esto es especialmente cierto en países pequeños, con mercados de publicidad privada reducidos, donde el Estado es el primer anunciador, por lo que los medios necesitan su apoyo para sobrevivir. Un buen ejemplo es Nicaragua, donde la utilización de esta herramienta por parte del gobierno sandinista permitió crear un poderoso entramado mediático paraestatal.

Lula acusó a los medios de apoyar a Serra

Pidió que asuman su “falta de neutralidad”

SAN PABLO.- Cuando faltan dos semanas para las elecciones que definirán a su sucesor, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, reclamó ayer a los grandes medios de comunicación del país asumir lo que llamó su “falta de neutralidad” y los desafió a que reconocieran que “apoyan a los candidatos de la oposición”.

“Basta ver algunos medios y diarios de Brasil. Ellos deberían tener el color del partido que defienden y la cara del candidato que defienden y parar de hablar de neutralidad en la elección. Cierto tipo de prensa ejerce la oposición en este país”, sostuvo Lula, en un acto en Campinas, estado de San Pablo, junto con la candidata oficialista, Dilma Rousseff.

Con un 51% de intención de voto, según la última encuesta de Ibope, la ex jefa de gabinete de Lula lidera los sondeos para las elecciones del próximo 3 octubre, contra un 25% de su principal oponente, el opositor José Serra, candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) acusa al canal TV Globo, a los diarios Folha de S. Paulo y O Estado de Sã o Paulo y a la revista Veja de apoyar a Serra. Esos medios denunciaron la semana pasada un caso de tráfico de influencia en la Casa Civil, lo que derivó en la renuncia de la jefa de ministros del gobierno, Erenice Guerra, que negó los cargos.

“Esos medios no son democráticos y piensan que son democráticos. Democrático es este gobierno, que permite que todo el mundo diga lo que quiera. No seré yo el que los censure, será el lector, el oyente, el televidente que determinará lo que es mentira y lo que es verdad”, afirmó Lula, en un discurso con buen humor y con algunos picos de irritación.

“Los dueños de los diarios, los canales de televisión y de las revistas sentirían vergüenza si vieran lo que se está escribiendo en gran parte de la prensa brasileña. Ellos hablan de democracia y no soportan escribir que el país crecerá el 7% este año, no se conforman que un metalúrgico sin universidad creará más empleo que los presidentes de la oligarquía que gobernaron este país”, disparó Lula. Y luego, al dirigirse a los periodistas, dijo: “Los dueños de los medios no son neutros, siempre eligen estar de algún lado”.

Además, según el mandatario, si dependiera de los grandes medios, su popularidad sería otra. “Inventan muchas cosas contra Lula. Si dependiera de ellos, en lugar de tener el 80% de aprobación que tengo, tendría 0 por ciento.”

Por su parte, Rousseff afirmó que nunca permitió maniobras ilegales durante su puesto como jefa de ministros. Ayer, Veja publicó que uno de los asesores de la Casa Civil, socio en una empresa particular del hijo de la ahora ex ministra Guerra, recibió el año pasado 200.000 reales (117.000 dólares) en su escritorio del despacho del Palacio de Planalto. Ese dinero, según Veja , formaba parte de una comisión ilegal que supuestamente había recibido por su actuación en la compra de Tamiflú para combatir la gripe A.

Campaña contra la censura en Bolivia
LA PAZ (EFE).- Organizaciones de medios y periodistas de Bolivia iniciaron una campaña en rechazo a la censura previa que, a su juicio, se les aplicará con la nueva ley contra el racismo impulsada por el partido del presidente Evo Morales, informó ayer la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Agencias ANSA y DPA

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