Clarín demoró más de veinte días desde que el Gobierno declarara la caducidad de la licencia de Fibertel para brindar servicios de banda ancha, en informar a sus lectores que la Secretaría de Comunicaciones aplica, después de tomarse años para fallar sobre cualquier expediente, criterios opuestos a la hora de autorizar o no el funcionamiento de operadores de Internet y de telefonía. Si la SeCom fuese coherente, debería dejar sin licencia para brindar Internet y telefonía básica y móvil a casi todos los (escasos) restantes operadores del sector. Nota de Martín Bidegaray. Mientras tanto, Proyecto Sur organizó en la Cámara de Diputados una audiencia pública sobre la necesidad de reformular el marco regulatorio de las telecomunicaciones y definir como “servicio público” las conexiones a Internet (y la telefonía móvil), además de plantear una severa crítica a la ausencia del Estado en el sector. Notas de Alejandro Alfie enClarín y de Miguel Jorquera en Página 12. Por su parte, Cablevisión continúa incorporando clientes a través de otras empresas de la compañía que sí tienen licencias, confirmano la hipótesis de que este conflicto es en virtud de una pulseada en la que las formalidades se presentan como excusa, como concluye en Página 12 Fernando Krakowiak. También se incluye el audio de la entrevista realizada por FM La Tribu (programa Puente Uno) a Martín Becerra sobre el tema y la constatación oficial (nota en Página 12) de que telefonía móvil, Internet y tv por cable son los servicios que más aumentan en la Argentina, elevando el índice inflacionario y confirmando que estos servicios son una suerte de “zona liberada” para las utilidades de los grandes grupos del sector. El 13 de octubre, el Gobierno giró sobre la posición que sostuvo durante los últimos tres años y aceptó el ingreso de Telefónica de España en Telecom Argentina -a través de Telecom Italia-, cerrando la investigación por “concentración monopólica”. Nota de José Crettaz en La Nación, donde Carlos Pagni ironiza sobre el giro gubernamental: “Si toda la preocupación de los Kirchner por la competitividad y la desconcentración de los mercados es como la que manifestaron en el caso Telecom, Héctor Magnetto y su “monopolio Clarín” pueden descansar tranquilos”. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia defendió la decisión del gobierno (en Télam). El Cronista anunció el 15/10 que el gobierno lanzará una empresa estatal de telecomunicaciones que disputará los servicios mayoristas, una clave si se buscara expandir el acceso y mejorar las condiciones del servicio de telefonía y banda ancha en la Argentina. Crettaz (La Nación) presenta además algunos de los obstáculos para el desarrollo del triple play en el país y Krakowiak anticipa que la Cámara Federal de La Plata fallaría a favor del gobierno en la caducidad de permiso para que opere Fibertel, en Página 12.

Los curiosos parámetros del Gobierno
para regular las telecomunicaciones

Si se aplicara una normativa uniforme, las telefónicas no podrían dar nuevos números de celulares.

Por Martín Bidegaray – 06/09/10

Las leyes promueven la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. Sin embargo, con las telecomunicaciones, el Gobierno no parece seguir esa consigna . Existe una normativa para aplicar a Cablevisión (delGrupo Clarín ), que no parece correr para Telefónica, Telecom o Telmex.

Si se aplicara el argumento oficial de “caducidad de licencia”, Telmex no podría ofrecer Internet y ni siquiera las telefónicas podrían habilitar nuevos números de celulares. Es que todas avanzaron más rápido que la secretaría de Comunicaciones, que puede tomarse hasta 7 años para resolver un expediente. “Todo está en falsa escuadra”, resumen dos especialistas, que pidieron no ser identificados, por temor a represalias del Gobierno , pero que aseguran tener argumentos “irrefutables”.

“La Autoridad de Aplicación deberá expedirse, respecto de la solicitud de modificación de la participaciones accionarias (…) dentro del plazo de sesenta (60) días , contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la misma”, dice el decreto 764/00, Anexo I, artículo 10.1. Aunque en el caso de Cablevisión eso no cuenta, porque no hubo cambios de accionistas (Cablevisión absorbió a Fibertel, de la que tenía el 99%), la Secretaría se tomó más de 7 años (el trámite fue iniciado en abril de 2003) para pronunciarse. “En estos años, nunca se cumplió ese artículo y otros”, explica el abogado Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones.

Las licencias para operar en Internet de Telmex fueron originariamente de AT&T, Metrored, Techtel (del grupo Techint) y Ertach. Después de que Telmex las adquirió, tardaron entre tres y cuatro años en ser autorizadas. Cuando salió el OK oficial, esas razones sociales ya habían desaparecido en la Inspección General de Justicia (IGJ). La extinción de la razón social es el otro argumento que exhibió el Gobierno en relación a Fibertel. “Hubo un momento en que a Telmex no le salía la autorización de la CNC para tomarnos”, explica un ejecutivo de Ertach. “El abogado de Telmex nos informó que nos absorbían aun a riesgo de que quedara algún tema legal pendiente, pero que esperaban resolver en el futuro”, detalla. El grupo de Santiago Soldati había iniciado la empresa, pero la quería dar de baja una vez que le transfirió los activos de la compañía.

La lentitud de la Secretaría de Comunicaciones también está en el otorgamiento de nuevos números para los operadores de celulares. “Los números nuevos que los clientes contratan hoy, casi nunca fueron aprobados oficialmente por la Secretaría”, señalan, también bajó la condición de no ser identificados, en una operadora. “Las empresas nos lo comunicamos entre nosotras, para saber qué números podemos usar, porque si tuviéramos que esperar a la Secretaría, tendríamos que aguardar un año o año y medio”, agregan por ese lado.

Tanto en las compañías como Aguiar destacan que la gerencia de Ingeniería (o “los cuadros técnicos”) de la CNC tratan de darle celeridad a los asuntos. Pero el secretario Ceferino Namuncurá es quien finalmente no firma licencias, no da numeración, no autoriza ni tramita los pedidos de cambios accionarios en los tiempos establecidos, en el caso de Fibertel y todos los demás.

Proponen una nueva regulación para Internet
y que Fibertel siga

Consideraron que la embestida oficial
contra Fibertel es “desacertada”.

Por Alejandro Alfie – 07/09/10

Pino Solanas ya había dicho que se volvía “loco” si le sacaban Fibertel, porque “el daño sería muy grande” . Ayer redobló la apuesta y reclamó que “ hasta tanto salga una nueva ley, que regule al conjunto del sector de las telecomunicaciones, se suspenda la resolución sobre Fibertel” , que le prohíbe dar Internet.

El diputado de Proyecto Sur dijo eso en el marco de la Audiencia Pública sobre Telecomunicaciones, que organizó el interbloque que él coordina, donde los diputados de su sector presentaron un proyecto de Ley Nacional de Telecomunicaciones , que transforme en servicio público a la telefonía celular y al acceso a Internet.

El proyecto plantea que es necesario, “dentro de un marco legal adecuado, un Plan Nacional de Conectividad -banda ancha- comparable en su importancia con relación a otras épocas, a los ferrocarriles y caminos, y a la provisión de los servicios de agua y saneamiento, gas y energía eléctrica, donde el Estado nacional debe ejercer su poder de planificación y control”.

Cuando se le preguntó a Lozano si era conveniente bloquear uno de los tres principales caminos que hay para acceder a Internet, el diputado de Proyecto Sur sostuvo que fue “desacertada” la decisión del Gobierno, ya que “a ningún Estado le sirve poner dos, en un lugar donde hay tres.

Es un conflicto absurdo . Por eso, tendríamos que discutir la regulación del sector”.

El proyecto de ley que se presentó ayer se basó en la propuesta elaborada por el Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones (CEPETEL), que también expuso en la audiencia.

Otro de los panelistas fue Martín Becerra, director de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes (UNQ), quien explicó que la Ley de Telecomunicaciones que está vigente es de la dictadura de 1972, con modificaciones que se hicieron sobre todo con un decreto del año 2000, que tiene aspectos “interesantes”, como “la portabilidad numérica y el servicio universal”, que las autoridades de aplicación y control se niegan a implementar, Sin embargo, el académico planteó que más allá de discutir sobre una nueva ley de telecomunicaciones, es fundamental que haya “nuevas leyes convergentes” , que contemplen a todos los segmentos del sector infocomunicacional, incluyendo a las telecomunicaciones, las industrias culturales y los medios de comunicación. “Los mercados infocomunicacionales tienden a la concentración, pero los más concentrados son los de las telecomunicaciones”, explicó Becerra. Y agregó que, en ese contexto, “la medida del Gobierno sobre Fibertel es inoportuna, porque eliminar a uno de los pocos participantes que tiene el mercado de Internet incrementa la concentración” .

Por eso, el diputado Eduardo Macaluse -de Solidaridad de Igualdad- reclamó que en el caso de Fibertel “se llegue a un acuerdo racional , donde las empresas cumplan con la normativa vigente y el Gobierno evite que se genere mayor concentración. Pero si el objetivo es solamente dañar a una empresa, obviamente esto deriva en mayor concentración”.

La diputada Victoria Donda -de Libres del Sur- pidió que se “regule bien y no por bronca a determinadas empresas, porque en el medio está la gente, que sigue perdiendo, ya que no hay tecnología para garantizar otra forma de comunicarse a los que hoy usan Fibertel”. Según su visión, el Gobierno “quiere introducir en el mercado a sus nuevos aliados, que son las telefónicas”, para beneficiar en Internet a “grupos económicos amigos” del kirchnerismo.

Namuncurá prometió que hoy asistirá

La comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados tiene previsto recibir hoy al interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, para debatir sobre la caducidad de la licencia de Fibertel que dispuso el Poder Ejecutivo, entre otros temas.
También fue invitada a la audiencia la subsecretaria Nacional de Defensa del Consumidor, María Colombo.

La reunión no pudo concretarse la semana pasada, en medio de las quejas de los legisladores de la oposición que acusaron al oficialismo de bloquear las discusiones. Además, habían amenazado con denunciar a Namuncurá ante la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que se había ausentado en cuatro oportunidades, desoyendo las citaciones de los legisladores. Ahora todo indica que la reunión se podrá hacer.

LOS DIPUTADOS DE CENTROIZQUIERDA SE DIFERENCIAN
DEL GRUPO A EN LA DISCUSION POR FIBERTEL

La oposición, separada por una red

En una audiencia pública que realizaron ayer, los diputados de Proyecto Sur mostraron una postura diferenciada y a favor de que el Gobierno regule el mercado. Hubo coincidencias con proyectos de los diputados Basteiro y Belous.

Por Miguel Jorquera

Los diputados de Proyecto Sur tomaron distancia de la puja entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la caducidad de la licencia de Fibertel como servidor de Internet, pero también del Grupo A en el Parlamento que se abroqueló en defensa de la compañía. “El Congreso no puede legislar sobre una sola empresa sino sobre toda la actividad económica del sector”, sostuvieron los legisladores del interbloque de centroizquierda en una audiencia pública en la que proponen declarar de “interés público” el acceso a Internet y la telefonía celular, que el Estado regule un mercado concentrado y la necesidad de desarrollar una industria nacional en esos rubros. Al debate también se incorporó una iniciativa similar de la fueguina Nélida Belous (Proyecto Progresista) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).

La audiencia pública realizada ayer en el anexo de la Cámara de Diputados fijó como ejes declarar de “interés público” el acceso a Internet y la telefonía móvil, la universalidad, calidad y obligatoriedad del servicio, y la necesidad de regularlos, en especial sus precios.

Los diputados de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas y Claudio Lozano, impulsores de la iniciativa, juzgaron como “desacertada” la forma con que el Gobierno decidió la caducidad de la licencia de Fibertel. “No porque no existan razones para darle la caducidad –afirmó Lozano–, aunque hubiera sido mejor un procedimiento distinto. No se entiende por qué, en un mercado donde hay tres jugadores importantes, deben quedar sólo dos.”

Aunque de esta manera los legisladores del interbloque de centroizquierda también se diferenciaron de la defensa incondicional que el núcleo duro opositor hizo de la compañía del Grupo Clarín. Coincidieron en la necesidad de regular ambas actividades (Internet y telefonía móvil) e hicieron propio un proyecto elaborado por el Centro de Profesionales de la Empresas de Telecomunicaciones (Cepetel), que va en el mismo sentido. Pero también le abrieron la puerta a la posibilidad de consensuar con un proyecto similar presentado por Belous en 2008 para “declarar de interés público” el servicio de Internet.

“No es cierto la máxima que dice que sobre Internet no puede regularse”, afirmó Magdalena Restovich (asesora de Belous y redactora de la iniciativa) y recordó que el inicio de la red fue a partir de “capitales armamentísticos de los Estados Unidos” y que “recién en el ’95 se abrió a fines comerciales”. También repasó la legislación vigente, como la Ley de Bienes Culturales y un decreto presidencial del ’97 (que declara a Internet como de “interés nacional”) que abren la puerta para regular el mercado, además de la experiencia internacional en países como Finlandia, Suiza, España, Australia, México y Chile, donde se plantea una reforma constitucional para regular Internet.

Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre, remarcó que “el mercado ya está regulado por los prestadores privados, que definen sobre qué puede circular o no” en la red, aseveró que “quienes utilizamos el software libre somos considerados clientes de segunda” por los servidores y alertó que “Internet no sólo es para recibir información, sino para emitir mensaje”, cosa que los servidores privados también “restringen”.

El director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra, afirmó que “no es aconsejable surfear sobre la plataforma legislativa de la ley de Reforma del Estado en telecomunicaciones”, pero que “también existen considerandos del decreto 764 de 2000 que establecen la portabilidad numérica de la telefonía celular y declara servicio público a Internet. Temas que el organismo de control no aplica”.

CABLEVISION SIGUE SUMANDO CLIENTES A
FIBERTEL CON OTRO SELLO LEGAL

La misma marca, pero con otra licencia

El gerente general de la firma, Carlos Moltini, explicó ayer cómo lo hacen sin desconocer la resolución oficial. “No es una actitud de desafío. Estamos vendiendo con otra licencia de la compañía”, aseguró.

Por Fernando Krakowiak

Pese a que el Gobierno le prohibió incorporar usuarios al servicio de Internet que brindaba con la licencia de Fibertel, Cablevisión continúa publicitando en los medios de comunicación y sumando abonados. El gerente general de la firma, Carlos Moltini, explicó ayer cómo lo hacen sin desconocer la resolución oficial. “No es una actitud de desafío. Estamos vendiendo con otra licencia de la compañía. En la factura de los clientes que se sumaron desde la prohibición, se aclara que el servicio se les provee con una licencia que no es la de Fibertel”, aseguró el directivo ante un grupo de periodistas luego de su exposición en la XX Jornadas Internacionales de Televisión por Cable.

–¿Es la licencia que se le había otorgado a Prima? –preguntó este diario.

–Es una de las que tenemos. Son licencias de Cablevisión S.A. La compañía tiene varias licencias de telecomunicaciones.

–¿Cuántas?

–Cuatro licencias.

–¿Por qué entonces no les llevan tranquilidad a sus clientes diciéndoles que, aun si pierden la pelea legal por la licencia de Fibertel, van a poder seguir brindando el servicio?

–Es cierto lo que decís, pero la verdad es que cada decisión que tomamos el Gobierno la cuestiona. Por lo tanto, si no damos esta pelea desde la licencia de Fibertel es como dar un salto al vacío. Sería como reconocer la decisión oficial y lo primero que va a hacer el Gobierno es dar de baja la otra licencia con motivos falsos. Van a empezar a decir cualquier cosa.

Este diario planteó en varias ocasiones durante las últimas semanas que la firma posee otras licencias de telecomunicaciones como, por ejemplo, las que oportunamente les fueron otorgadas a Prima y Multicanal. Incluso se advirtió que, si esas otras licencias no se encuentran en orden, a Cablevisión también le queda la opción de vender servicios de Internet a nombre de un tercero que sí tenga licencia. Esa es una práctica común por parte de las cooperativas, contemplada en el decreto 764/2000 begin_of_the_skype_highlighting 764/2000 end_of_the_skype_highlighting que habilita la prestación de todo servicio de telecomunicaciones “con o sin infraestructura”. Esto significa que podría poner su infraestructura y vender Internet por cuenta y orden de otro licenciatario.

Sin embargo, Moltini dejó en claro ayer que la compañía no quiere ceder posiciones en su disputa con el Gobierno. Por eso, el Grupo Clarín continúa defendiendo la licencia de Fibertel que la Secretaría de Comunicaciones declaró caduca. Igual el grupo se cuida de no violar la resolución 2936 de la Comisión Nacional de Comunicaciones que le prohíbe seguir incorporando clientes y ofrece servicios con otra de sus licencias, aunque manteniendo la misma marca Fibertel.

Moltini afirmó además que todavía tienen margen para ver qué hacen, en referencia a los 90 días que fijó el Gobierno como fecha tope para la migración de los abonados hacia otras compañías. “Nuestros clientes nos están apoyando y es muy probable que rápidamente obtengamos una medida cautelar que les dé respuesta”, sostuvo.

El CEO de Cablevisión negó además la información que publicó Página/12 el domingo sobre la existencia de diferencias dentro de la empresa entre el Grupo Clarín, principal accionista, y el fondo de inversión Fintech Media, socio minoritario con el 40 por ciento. “Tengo tres roles dentro de la compañía. Soy gerente general, director e integrante del comité ejecutivo, un espacio formado por apenas tres miembros, uno de los cuales es representante de Fintech. Nos reunimos permanentemente y hoy en ese comité ejecutivo se está discutiendo el nuevo plan de inversiones de cuatro años”, respondió.

–¿Fintech no cuestionó la estrategia que asumió el Grupo Clarín?

–De ninguna manera. Está absolutamente fascinado con la inversión. Estos fondos se fijan en el tamaño del negocio y la lectura que hace Fintech es que lo que está pasando es coyuntural, que la compañía lo va a superar y va a salir íntegra, sin que nos pase nada.

Fibertel y reglamentación de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Martín Becerra – Prof. Universidad Nacional de Quilmes

En las últimas semana, las información sobre medios en los medios ha sido moneda corriente. El sentido de las decisiones gubernamentales y las interpretaciones sobre los hechos fueron materia de conversación con Martín Becerra, director del Departamente de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes.
Puente Uno FM La Tribu 88.7 en 8:49 AM

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Página 12, 29 de septiembre de 2010 ECONOMIA › EL MINISTERIO DE PLANIFICACION ENTREGO UN CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Internet y cable, las tarifas que más suben

De 2003 a la fecha, el acceso a la web, el impuesto ABL porteño y la TV por cable fueron los servicios y tributos que más se encarecieron. En la otra punta figuran los abonos domiciliarios de luz y gas. El rol de los subsidios estatales.

El acceso a Internet, el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza en la Ciudad de Buenos Aires y la TV por cable son los servicios y tributos que más aumentaron en los últimos siete años, según un relevamiento del Ministerio de Planificación. La cartera que conduce Julio De Vido presentó un cuadro comparativo con los precios de los servicios públicos a nivel nacional. En contraposición, la luz y el gas fueron los que menos incrementos tuvieron. En esos casos, para consumos residenciales hasta cierto límite no sufrieron ajustes desde 2003 a la fecha. El informe también coteja la situación respecto de países de la región, donde se perciben diferencias a favor de los usuarios argentinos de más de mil por ciento en servicios básicos como el agua potable.

A partir del primero de octubre comenzará a regir la misma quita de subsidios para los usuarios de mayores consumos de luz y gas que se aplicó en 2009 y 2010 en el período estival. En consecuencia, hubo economistas que alertaron sobre el impacto inflacionario de esos ajustes. Planificación respondió con un informe llamado “Situación Tarifaria de Servicios Públicos en Argentina”.

El cuadro contiene un comparativo sobre los precios de los principales servicios de consumo masivo en los hogares, en el que se cotejan los valores de 2003 con los vigentes en la actualidad.

Según el documento, Internet es el servicio que más subió en estos años con un 282 por ciento, seguido por la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza porteño, con el 282 por ciento; la televisión por cable, 202, y la facturación mensual de la telefonía fija, con un avance de 63 por ciento en los últimos siete años. La contraparte está dada por los consumos de gas inferiores a los mil metros cúbicos mensuales y de electricidad por debajo de los mil kilowatts mensuales, que entre 2003 y 2010 no sufrieron variaciones. En cambio, los consumos bimestrales superiores sí registraron alzas, de 97 por ciento el gas y de 81 por ciento la luz.

El cuadro también brinda detalles sobre las tarifas que se abonan en los países vecinos en distintos productos y servicios. Estos son algunos resultados:

– La nafta súper es un 60 por ciento más barata que la de Brasil; 19 por ciento que la de Chile; 32 que la de Paraguay y 60 que la de Uruguay.

– El gasoil en Brasil es 39 por ciento más caro; en Chile, 11 por ciento; en Paraguay, 16 por ciento, y en Uruguay, 84 por ciento.

– La garrafa de gas de diez kilos es un 233 por ciento más cara en Brasil; 210 en Chile; 186 en Paraguay, y 102 en Uruguay.

– El gas natural en Brasil es 1645 por ciento más caro para los hogares con consumos inferiores a los 200 metros cúbicos por bimestre; en Chile, 778 por ciento, y en Uruguay, 735 por ciento.

– El gas natural destinado a industrias en Brasil es 112 por ciento más caro, en Chile 156, y en Uruguay, 183 por ciento.

– La electricidad es 172 por ciento más cara en Brasil para los hogares con consumo superior a los 1500 kw por bimestre; en Chile es 156 por ciento superior; en Paraguay, 14 por ciento, y en Uruguay, 111 por ciento.

– La energía eléctrica que abonan las industrias brasileñas es 130 por ciento superior; un 202 por ciento en Chile; 127 en Paraguay y 157 en Uruguay.

– El agua potable en Brasil es 1203 por ciento más cara; en Chile, 819 por ciento superior y en Uruguay, 947 por ciento.

El cuadro detalla además otros servicios a nivel regional, como el boleto de tren, de subterráneo, de colectivo urbano y el peaje urbano. También estima los ahorros que significa para los distintos sectores la política de subsidios que lleva adelante el gobierno nacional. En el caso de los hogares de bajo consumo representan 218 pesos por bimestre en la luz y 42 pesos por el gas, entre otros rubros.

Telecomunicaciones / Cierran
una investigación por monopolio

El Gobierno aprobó el ingreso de
Telefónica en Telecom Argentina

La firma española se comprometió a no intervenir en las decisiones de su principal competidora

José Crettaz – LA NACION – Jueves 14 de octubre de 2010

En un acuerdo cerrado sobre la hora, el Gobierno aceptó ayer el ingreso de Telefónica de España en Telecom Argentina -por intermedio de su empresa participada Telecom Italia- y cerró una investigación oficial por “concentración monopólica”. Por primera vez, además, la empresa española reconoció su participación en la compañía que controla a su principal competidora en el mercado argentino.

El acuerdo fue anunciado luego de una reunión de los directivos de Telefónica de España, de Telecom Italia y de los socios locales de esta última, el Grupo Werthein, con la presidenta Cristina Kirchner. “Logramos un acuerdo muy importante porque ambas empresas se someten a las leyes argentinas antimonopólicas con convenios transparentes que no solamente podrán ser monitoreados en los libros de aquí, sino en las actas de directorio de sus países”, dijo la mandataria.

La Presidenta se refirió así a las condiciones impuestas por su gobierno a Telco, una empresa europea controlada por Telefónica de España y cuyo principal activo son las acciones en Telecom Italia. Según el acuerdo, la compañía española se compromete a no intervenir en Telco en las decisiones que tengan relación con sus activos en la Argentina, es decir, Telecom Argentina, y para eso permitirá a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) controlar “las actas de directorio, las minutas de reuniones de predirectorio y otros documentos” de Telco. Según el vicepresidente de la CNDC, Humberto Guarda Mendoza, ese organismo podrá ejercer su jurisdicción en el exterior. Consultado además acerca de si cuenta con la estructura para realizar esos controles, respondió: “Habrá que tenerla”.

Según Guarda Mendoza, el directorio de Telco “no podrá formar parte de la toma de decisiones en la Argentina. Todos los directores de Telefónica de España deberán abstenerse de participar de votaciones e incluso discusiones. Habrá penas personales por la violación de esto. Los directores de Telefónica tampoco podrán operar determinados aspectos sobre el tema técnico, algo que se pensó con objeto de evitar una influencia negativa en materia de innovación tecnológica”, explicó Guarda Mendoza.

Como parte del acuerdo, Telecom Italia levantará las demandas iniciadas contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Además, en este contexto, Telecom Argentina promete invertir $ 10.000 millones en los próximos tres años.

Explicaciones

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que se permitieron sólo dos preguntas. Allí, los encargados de las explicaciones fueron los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Amado Boudou, ambos flanqueados por el presidente de Telefónica de Argentina, Luis Blasco Bosqued, designado en septiembre pasado; el CEO de Telecom Italia, Franco Bernabe, y Gerardo Werthein, presidente del Grupo W.

Para el ministro De Vido, “si en las empresas existe respeto al marco legal argentino, si no se verifica influencia significativa o conflicto de intereses entre los competidores, el proceso de concentración monopólica estará superado”. Para Blasco Bosqued, se trató de “un acuerdo bueno para la Argentina y por lo tanto bueno para Telefónica”. Para Gerardo Werthein, lo importante es “que Telecom Italia [su socio en Telecom Argentina] dejó de ser un actor del tema para convertirse en un objeto”.

El conflicto por el control de Telecom Argentina llevaba más de dos años. Comenzó como una pelea entre sus dos socios y siguió con la intervención del Gobierno que ordenó a Telecom Italia desinvertir y amenazó con “estatizar” la empresa de telecomunicaciones por “riesgo de monopolio”. El conflicto empezó a resolverse meses atrás, cuando Telecom Italia y los Werthein anunciaron un acuerdo societario y el final de la puja judicial.

“Lo que le pido al sistema judicial argentino, sobre todo a los que les gusta hablar de seguridad jurídica, es que si dos empresas extranjeras se someten a las leyes argentinas, sería bueno que la Justicia también garantizara a todos los inversores que ese mismo sistema se aplique a las empresas locales”, dijo Cristina Kirchner tras la reunión con los empresarios, cuando en la CNDC terminaban de redactar la resolución que cierra la investigación por “concentración monopólica”.

EN VOZ ALTA 
6 de enero de 2010. “En la Argentina, quien es propietario de Telefónica también es propietario de cerca del 52% de las acciones de Telecom Argentina” (ministro de Economía, Amado Boudou)

19 de enero de 2010. “Es propiedad inalienable del Ejecutivo aplicar la ley antimonopolio en la Argentina. (…) Que la Justicia cristalice situaciones de monopolio es ir en contra de los intereses de los argentinos” (presidenta Cristina Kirchner)

17 de enero de 2010: “De no prosperar en sede judicial las pretensiones del Gobierno, que son la defensa del justo derecho del Estado argentino y de los consumidores, vamos a enviar al Congreso la normativa necesaria para restituir al Estado nacional, en principio, la operación y la licencia de Telecom Argentina” (ministro de Planificación, Julio De Vido)

El análisis

Un cambio difícil de explicar

Carlos Pagni – LA NACION

Si toda la preocupación de los Kirchner por la competitividad y la desconcentración de los mercados es como la que manifestaron en el caso Telecom, Héctor Magnetto y su “monopolio Clarín” pueden descansar tranquilos.

El mismo ministro, Julio De Vido, que el 18 de enero de este año tomó de improviso los micrófonos y amenazó, enfurecido, con estatizar Telecom en caso de que Telecom Italia no se desprendiera de su participación en la compañía, anunció ayer, mucho más sereno, que Cristina Kirchner había dado su bendición para que Telecom Italia aumentara su participación en un 8 por ciento, cedido por el grupo Werthein, el otro socio en la empresa argentina.

La furia desconcentradora de De Vido se justificó aquella vez en que Telefónica de España había comprado una fracción de Olimpia, la controlante de Telecom Italia. En vez de exigir a Telefónica, la adquirente, que se deshiciera de algún activo en la Argentina, los Kirchner y De Vido pusieron contra las cuerdas a Telecom, la adquirida. A partir de esa incoherencia, el aparato regulatorio del Estado se puso en funcionamiento, con Guillermo Moreno a la cabeza, para que Telecom Italia vendiera su 50 por ciento.

La última incongruencia se conoció ayer. El mismo De Vido anunció que el Estado estaba conforme con que Telecom Italia no tuviera sólo el 50%, sino que llegara al 58% de las acciones. Por lo visto, Cristina Kirchner se ha decidido ahora a monopolizar.

Versiones

El cambio de conducta es difícil de explicar por razones transparentes. Ya se sabe que Néstor Kirchner no consiguió, a pesar de su alianza con Gerardo y Adrián Werthein, formar un grupo de amigos que, con cierta solvencia, se quedaran con la parte de los italianos. Y fueron resonantes los fallos en los que la justicia penal económica y civil y comercial rechazó uno por uno los planteos oficiales. Se podía esperar, entonces, el mantenimiento del statu quo anterior a las denuncias de monopolio. Pero lo que al Gobierno le resultará difícil de explicar es por qué ahora admite la expansión de aquel a quien antes pretendía reducir. Sería bueno que lo hiciera. En el mercado circulan versiones escabrosas. Una de ellas -la que no alude a dinero- especula con la posibilidad de que ese 8% de los italianos sea, en realidad, de otro.

ECONOMIA

La Comisión de Defensa de la Competencia defendió el acuerdo entre Telefónica y Telecom

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia defendió hoy la resolución adoptada en el entendimiento Telefónica-Telecom y advirtió sobre “sectores tratan de confundir a los argentinos”, en referencia a las expresiones de la Asociación Argentina Televisión por Cable sobre la formación de un monopolio a partir de ese acuerdo.

En una extensa solicitada publicada hoy en algunos matutinos, la CNDC informó que el 13 de octubre último aceptó un compromiso presentado por las empresas Telefónica de España, sus socios minoritarios, Telecom Italia y sus socios minoritarios, Grupo W.

Dicho compromiso procuraba resolver los problemas de defensa de la competencia generados en la Argentina por la operación de venta de la empresa Olimpi (actual Telco) en octubre de 2007 en Europa dada las relaciones de control que estas empresas tienen sobre Telefónica de Argentina y Telecom Argentina.

Según la CNDC, este compromiso “garantiza todos los aspectos previstos por la ley de defensa de la competencia para evitar que los grupos empresarios europeos intercambien información y/o tomen decisiones que puedan influir decisivamente en la conducta de las empresas Telefónica de Argentina y Telecom Argentina, respectivamente, que puedan afectar a los consumidores y usuarios argentinos”.

La CNDC expresó que los fundamentos de su decisión “son públicos -y no vagos ni falaces-, y son el fruto de un procedimiento transparente equivalente al usado por todas las autoridades de competencias modernas que integran la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.

“Otros sectores tratan de confundir a los argentinos tal como se evidencia en la reciente solicitada de la industria del cable (ATVC) que ataca la resolución de este caso, que claramente desconcentra y facilita la competencia en el dinámico sector de las telecomunicaciones, que es supervisado por el estado para servir a la gente”, aclaró el organismo oficial.

Y recordó que desde 2003 a la fecha el precio del servicio de cable aumentó más de 300 por ciento, mientras que la telefonía experimentó en el mismo período un incremento de 60 por ciento.

En ese sentido, señaló que “el Grupo Clarín, operador monopólico de la televisión por cable, posee más de 234 licencias, con las que alcanza el 58 por ciento de los abonados de todo el país, además de tener 252 licencias de medios audiovisuales, incumpliendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

“No hay monopolio en los mercados de telecomunicaciones argentinos”, afirmó, y reclamó que “todas las empresas de la ATVC se sometan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, finaliza la solicitada.

LO ANUNCIARÁ EL PRÓXIMO LUNES Y COMPETIRÁ CON TELEFÓNICA Y TELECOM

Cristina lanza una nueva empresa estatal de telecomunicaciones

Se operará a través de Arsat. Al principio no ofrecerá telefonía ni fija ni móvil en el mercado residencial, pero saldrá a pelear el negocio de venta mayorista de servicios

El gobierno kirchnerista está por cumplir, si bien a medias, el viejo anhelo de administrar su propia operadora de telecomunicaciones estatal. Si bien no se trata de una copia fiel de la vieja y tristemente célebre Entel, se le parece bastante.

Al principio no ofrecerá telefonía ni fija ni móvil en el mercado minorista o residencial, pero saldrá a pelearle a las empresas Telefónica y Telecom el negocio de venta mayorista de servicios. Lo hará utilizando la capacidad y la infraestructura de una empresa estatal hasta ahora ligada al desarrollo satelital que, al igual que Entel, también tiene cinco letras y repite una vocal: Arsat.

Y el objetivo es también otro viejo anhelo kirchnerista, el de construir una tercera red alternativa de fibra para independizarse de Telefónica y Telecom, y eventualmente de la que viene desplegando Clarín con Cablevisión. En un principio, los clientes de la Entel relloaded (recargada) serán las cooperativas, los proveedores de Internet llamados independientes –que no son compran servicios de Telefónica ni Telecom– y eventualmente grandes empresas que necesiten anchos de banda importantes.

Pero no se descarta que en un futuro, y si el kirchnerismo sigue en el poder luego de 2011, también los usuarios residenciales sean un objetivo para la nueva Entel-Arsat. De hecho, como parte del plan en la última milla, es decir, el tramo que llega hasta el hogar del usuario, se analiza instalar en las torres de TV digital algún tipo de conectividad inalámbrica.

Según contaron a El Cronista fuentes del sector privado de las telecomunicaciones que participan en Mar del Plata del 46º Coloquio de IDEA, la presidenta Cristina Fernández anunciará el nacimiento oficial de la Entel K el próximo lunes en el marco de la presentación del plan nacional ‘Argentina Conectada’ que consiste en la puesta en marcha de una red propia de fibra óptica con conexión troncal de Internet estatal, conocida en el lenguaje tecnológico como ‘backbone’. Ese día la Presidenta también anunciará la puesta en marcha del Centro de Operaciones (NOC, la sigla en inglés) que estará a cargo de ARSAT.

La nueva red estatal de telecomunicaciones unirá a las 48 estaciones digitales terrestres (EDT) de la televisión digital que el Gobierno anunció que se construirán en los próximos años para abastecer de funcionamiento al sistema de TV por cable oficial y cuya primera antena se levantará en la localidad bonaerense de Avellaneda y será la más alta de América latina.

Esa torre servirá en principio para brindar los servicios de TV digital que hoy están concentrados en el edificio de RTA, aunque se prevé que se amplíe la oferta de servicios con los años. La torre podría tener una altura de 315 a 340 metros y aunque forma parte de la serie de anuncios de este Gobierno, el plan contempla compartir esa infraestructura con el sector privado.

Con el backbone, o columna vertebral de la red estatal, el Gobierno se convertirá en un regulador de precios y en un competidor natural de Telefónica y Telecom. Pasará a ofrecer conectividad e interconexión a mejores costos que los actuales en las zonas de escasa cobertura, además de extender el servicio a las regiones donde hoy no están presentes las operadoras privadas. Este nuevo avance estatal en el negocio de las telefónicas llega después de que se diera el aval a un pacto para evitar el monopolio en el mercado de las telecomunicaciones.

Telecomunicaciones / Una modalidad
que no termina de despegar

Mientras avanza en el mundo, el triple play se estancó en el país

Frenan su desarrollo la falta de normativa y las tarifas retrasadas; ya hay mercados con cuádruple play

José Crettaz – LA NACION – Lunes 18 de octubre de 2010

El triple play -el acceso a telefonía, televisión paga y banda ancha mediante un mismo proveedor y con una tarifa única- sigue frenado en la Argentina. Y sus ventajas, menores precios, mayor calidad y nuevas prestaciones alcanzan a un puñado de privilegiados. Mientras el mundo avanza hacia el cuádruple play (TV, Internet y telefonía fija y móvil por un solo operador), aquí ni siquiera es masivo el triple play, aunque la tecnología está disponible para su rápida expansión.

En otros mercados, el crecimiento de este triple servicio se tradujo en fuertes ahorros para los clientes: los abonados a Comcast, en Estados Unidos, vieron reducida su tarifa en un 41%; los de Virgin Media, en el Reino Unido, 26%; los de Net, en Brasil, 23%, y los de VTR, Chile, 18 por ciento.

En la Argentina hay 8,5 millones de líneas de telefonía fija y 6,5 millones de abonados a la TV por cable, pero sólo 200.000 hogares tienen triple play; 170.000 de ellos pertenecen a la empresa Telecentro, propiedad de Alberto Pierri, presidente de la Cámara de Diputados durante los 90. Los otros actores de este incipiente negocio son Supercanal (Grupo Uno), que apenas supera el millar de clientes; Cablevisión, que tiene sólo 4000 usuarios, y algunas otras empresas, mayormente pymes y cooperativas, del cable en las provincias.

Según Sebastián D´Alessandro, gerente de marketing de Grupo Uno, dueño de Supercanal, se trata de un “atraso de entre cinco y siete años” respecto de otros mercados. Para el ejecutivo, esa demora no tiene relación con el factor tecnológico. “Hay muchos factores más generales y complejos que influyen, como el marco legal, la evolución de mercado, la situación socioeconómica y otras variables macroeconómicas que inciden en el balance oferta vs. demanda.”

Dos son las razones principales del atraso en el desarrollo de las telecomunicaciones:

El marco regulatorio. La ley de telecomunicaciones impide a las empresas ser licenciatarias de servicios de radiodifusión. El impedimento era eliminado en el proyecto original de la nueva ley de medios, pero ese artículo fue borrado para conseguir los votos de los legisladores de la centroizquierda.

Además, la nueva ley de medios le pone límites al tamaño de las empresas de cable, lo que según algunos expertos podría también afectar el desarrollo del servicio al generar compañías con menos capacidad para competir con las telefónicas. “Tal vez lo que esté faltando sea un marco de referencia tecnológico nuevo, más permeable a la innovación y que promueva el acceso para la amplia mayoría de la población de los servicios interactivos”, opinó Roberto Igarza, experto en convergencia de medios.

Las tarifas telefónicas congeladas. Desde 2002, las tarifas de la telefonía fija no se modifican. Eso hizo que el negocio, hiperregulado por tratarse de un servicio público y que requiere grandes inversiones de capital, fuera poco atractivo para las empresas de cable.

Infraestructura

Desde 2001, los operadores de televisión paga pueden dar telefonía. “En Cablevisión tenemos una infraestructura escalable para dar telefonía a más de un millón de clientes y hoy tenemos solamente 4000 porque no conseguimos que el Gobierno nos asigne los bloques de numeración”, explicó Gonzalo Hita, gerente comercial de la empresa.

“En un triple play maduro, además se pueden integrar los servicios. Por ejemplo, si yo recibo una llamada telefónica y estoy mirando televisión, en la pantalla aparece el número desde el que se está llamando o la integración de datos que permiten combinar Internet con los contenidos de televisión”, explicó el consultor Enrique Carrier, de Carrier & Asoc.

Para Luis Valle, experto en telecomunicaciones, “el atraso también se debe a que los consumidores no ejercen suficiente presión para impulsarlo”. Sin embargo, Fernando Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores Argentinos, afirmó que varias entidades “impulsan un proyecto de ley para habilitar a las telefónicas a dar televisión”.

Una fuente de Telefónica de Argentina dijo a LA NACION que “la introducción del triple servicio permitiría aumentar la penetración de la banda ancha y así mejorar la competitividad del país”.

LA RESOLUCION QUE DECLARO CADUCA LA LICENCIA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE

Cómo sigue la batalla por Fibertel

El expediente está en poder de la Cámara Federal de La Plata. En el Gobierno tienen esperanza de que se revierta la decisión de primera instancia porque la Cámara dejó sin efecto recientemente otra cautelar similar que beneficiaba a la compañía.

Por Fernando Krakowiak

El Gobierno declaró la caducidad de la licencia de Fibertel el jueves 19 de agosto y les dio 90 días hábiles a los clientes de la firma para migrar a otro prestador. La medida estuvo vigente hasta que el viernes 24 de septiembre el juez Elvio Bautista Sagarra dictó una cautelar suspendiendo su aplicación. Desde entonces, varios jueces de primera instancia rechazaron pedidos similares presentados por otros particulares, pero igual la resolución 100 que obliga a migrar continúa frenada hasta que la Cámara Federal de La Plata resuelva la apelación presentada por el Gobierno. Se desconoce cuánto tiempo se van a tomar los jueces para resolver la cuestión, pero hay un dato que permite especular sobre una posible resolución favorable al Gobierno. El 18 de noviembre la Sala III de esa misma cámara dejó sin efecto otra cautelar de primera instancia de un juez que había dictaminado la obligación de seguir brindándole Fibertel a un cliente sin fijar ningún límite temporal.

En ese fallo, al que tuvo acceso Página/12, los camaristas Carlos Alberto Vallefin, Antonio Pacilio y Carlos Alberto Nogueira dieron varios argumentos que fortalecen la posición oficial de cara al tratamiento de la cautelar que dictó Sagarra. En los considerandos, Vallefin afirmó que “es pertinente recordar –como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación– que cuando la medida cautelar se intenta contra la administración pública, es menester que se acredite prima facie y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado”.

Luego resalta que Internet permite el derecho de expresión, el de obtener y difundir información, el de trabajar, aprender y enseñar, pero aclara que la violación de esos derechos sólo son evidentes “si el cese de actividad de la licenciataria por decisión estatal no es acompañado de alternativas equivalentes que aseguren la continuidad del servicio”. El paso siguiente del magistrado fue reconocer que esa continuidad estaba garantizada por la resolución 102, que garantiza que la migración hacia otros prestadores no debe reportar ningún costo para el cliente.

Ya en las conclusiones, Vallefin justificó su voto al afirmar que la protección de los usuarios “no puede consistir en una orden judicial que autorice la continuación de las actividades de una licenciataria en especial. Este proceder (…) posibilita la prestación de un servicio sin límite temporal, a una empresa que no cuenta con los requisitos legales para hacerlo y, por ello, debe revocarse”.

Los camaristas Carlos Alberto Nogueira y Antonio Pacilio también remarcaron al momento de revocar el fallo de primera instancia que “cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester demostrar prima facie la manifiesta ilegitimidad o arbitrariedad del acto cuestionado”. Despu&eacu