El segundo aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promovió evaluaciones sobre su importancia y sobre el proceso de implementación, así como sobre la agenda abierta por la Ley. La defensa completa de la regulación y de su implementación por un lado, la valoración de la ley audiovisual y la necesidad de profundizar y mejorar su implementación evitando políticas sectarias por el otro, y la reivindicación del proceso social de discusión de la norma, apuntando a ampliar la noción de “políticas” más allá del plano legal, se complementan y tensionan en dichas evaluaciones. Damián Loreti (en Página 12), Martín Becerra (en PNCé) y Washington Uranga (enLa Ventana, de Página 12) sintetizan esas perspectivas diferentes que se discuten en el espacio público sobre el tema. Además, en el programa Jungla Política en Vivo, que conduce Juan Pablo Varsky, Loreti y Becerra expusieron, en un debate, sus perspectivas.

Jungla Política en Vivo:

OPINION

Ahora dicen que la ley no se aplica

Por Damián Loreti *

(A dos años de la noche del 9 de octubre)

Que la Argentina necesitaba cambiar su ley de radiodifusión de la dictadura, empeorada durante el neoliberalismo, era una verdad de a puño. Que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue reconocida como un ejemplo en cuanto a contenidos y participación social en el proceso de discusión por el relator especial de la ONU y como un gran paso por la relatora especial de la OEA ya ni se discute. Que en una encuesta reciente realizada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) entre trabajadores de medios de todo el país, la gran mayoría se pronuncie a favor de la nueva regulación puede parecer una sorpresa. Pero ahí están los resultados. Ahora dicen que la ley no se aplica.

Quizás hubiera resultado oportuna la fecha del segundo aniversario de la sanción de la Ley SCA para reflexionar sobre los aportes a la democratización de las comunicaciones que implicó la aprobación de una normativa que contó con audiencias públicas; la intervención de cuanta persona y entidad quisieron hacerlo para corregir la propuesta de proyecto antes de su presentación al Congreso; un reconocimiento al derecho a la comunicación como derecho humano antes que a la radiodifusión como negocio y un conjunto de notas de derecho comparado que refieren a las mejores prácticas regulatorias, como no contemplaron los proyectos anteriores precisamente porque nunca se inspiraron en buenas prácticas. Decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes, reclamaron por su aprobación y por su aplicación cuando fue suspendida. Pero a veces la realidad nacional obliga a repasar lo obvio. Y es que la ley sí se aplica. Vaya como demostración este listado pequeño y parcial que no pretende dar cuenta de la totalidad de lo hecho.

– A lo largo de los últimos dos años se llevó adelante un proceso de elaboración participada de normas que dio origen al decreto reglamentario de la ley. Con sólo ver los considerandos se puede comprobar la cantidad de personas y entidades, incluidas empresas y cámaras del sector, que participaron en su redacción.

– Las audiencias saben qué contenidos corresponden a la tanda publicitaria y cuáles no. La supuesta molestia de ver en pantalla o escuchar en radio la mención “espacio publicitario” habla de la picardía de quienes quieren vender pauta a precios más altos cuando se reinicia un programa o de la falta de conocimiento de otras experiencias. Si efectivamente queremos que nuestros medios se parezcan a los mejores ejemplos, alcanza con preguntar a cualquiera que tenga la posibilidad de acceder, por ejemplo, a la televisión francesa. Allí, no sólo se indica cuándo empieza la tanda sino que también aparece una cuenta regresiva con la cantidad de segundos que faltan para retornar a la programación.

– En conjunto con la ley de reforma política permitió que más medios transmitieran los mensajes preelectorales en condiciones equitativas. Antes, las señales de cable permanecían al margen de cualquier regulación.

– Se han aplicado criterios para democratizar el acceso a contenidos de interés relevante. Aun cuando podría ampliarse la lista de sucesos que deben ser transmitidos por señales de aire, esta primera medida ya permite algo tan relevante como que un deporte que se juega en el interior pueda verse de manera gratuita en la misma ciudad donde tiene lugar. Así se puso fin a las prácticas anticompetitivas que llevaban adelante aquellas empresas que contaban con la exclusividad de los derechos de exhibición a través de señales pagas.

– Se han realizado censos de titularidad de medios. Parecía una humorada que no existieran, pero era real. Hasta hubo casos en los cuales ni los trabajadores sabían a quién reclamar por los incumplimientos.

– Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deben poner a consideración de las audiencias sus carpetas públicas. Entrando a la web de un medio se puede saber quiénes son sus dueños y qué compromisos tomaron al momento de conseguir la licencia o autorización. En el caso de las radios, ya se emiten los mensajes con el nombre de la empresa titular del servicio, su composición accionaria y la ubicación de las oficinas.

– No hay más Comfer ni interventor que reemplace a los brigadieres, almirantes, generales y empresarios que constituían el directorio según la ley 22.285, aunque sectores de la oposición parecen entenderlo tarde, luego de haber boicoteado la conformación de las nuevas autoridades. Hoy, tanto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como Radio Televisión Argentina tienen directorios con miembros propuestos por el Ejecutivo, el Consejo Federal y una de las minorías parlamentarias.

– Es aplicable la regla que obliga a aumentar los contenidos nacionales y la producción propia. En las provincias, de a poco y con las dificultades que implica revertir un modelo centralista concentrado durante décadas en Buenos Aires, van creciendo los porcentajes de contenido local. También aumentó la difusión de programas infantiles en la TV abierta de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

– Vinculados con el artículo 153 de la Ley SCA, que promueve la conformación de conglomerados de producción de contenidos audiovisuales, se multiplican los emprendimientos conjuntos y mixtos para la generación de contenidos. En especial para la televisión digital. Mencionar el Arbol de Contenidos Audiovisuales y el Banco alcanza para la cita en virtud de la realización de concursos abiertos para creadores y productoras cuyos programas estarán a disposición de los nuevos medios y de los viejos también.

– Están vigentes las grillas de programación y en los soportes de cable de tecnología digital se han incorporado, finalmente –aunque es opinable si en el lugar debido y si no debería ocurrir lo mismo en analógico–, las señales Pakapaka, Telesur y otras.

– Están en período de presentación de propuestas los concursos para doscientas veinte señales en Televisión Digital Terrestre con reservas del 50 por ciento para entidades sin fines de lucro en todo el país. Hoy sólo siete ciudades tienen más de una señal de TV local. Esto implica una gesta de emancipación de la palabra que vuelve operativa la ley y también el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y demuestra que de ningún modo es admisible discutir derechos contra dinero. Si el papel prensa no es infinito (menos en Argentina y me ahorro la explicación) y cualquiera puede poner un diario, ¿por qué no abrir todas las ventanas posibles en audiovisual? ¿O es que el Estado debe regular la cantidad de voces para cuidar negocios?

– Están asignadas las frecuencias para la instalación de los canales universitarios y provinciales. Sólo depende de ellos comenzar a emitir.

– Se siguen asignando radios de baja potencia, entre otros a escuelas del interior de las provincias. ¿Hace falta explicar la alegría y el aporte a la construcción de identidad nacional que esto implica para quienes hablarán por esos micrófonos?

El listado podría seguir, pero corresponde además dar algunas razones de lo que aún no ocurrió. Un juez resolvió suspender los trámites para la adjudicación de licencias de televisión por cable a las cooperativas de servicios públicos porque tienen un tratamiento impositivo distinto al de las sociedades comerciales. La Ley SCA había determinado que estas particulares solicitudes debían ser evaluadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y así evitar que pudieran existir prácticas predatorias. Pero si lo que se pone en juego es la diferencia en el tratamiento impositivo, corresponde hacer un llamado urgente a la atención de todos. Porque si fuera desleal estar exento del pago del Impuesto a las Ganancias, quienes compiten en el mercado con las sociedades comerciales no podrían poner diarios, páginas web, supermercados, constructoras, salas de cine, ni ejercer ninguna otra actividad susceptible de generar lucro, en tanto su mera intervención afecta “la libertad de comercio”. Aunque parezca chiste, con la misma lógica algunos pretenden que no haya más canales en Televisión Digital Terrestre, porque volverían poco rentable la actividad.

También está pendiente la aplicación para ciertos grupos multimedia del famoso artículo 161, que establece el plazo de adecuación a la nueva normativa. La Corte Suprema debe resolver en un caso que involucra al Grupo Clarín la duración de la medida cautelar que suspendió su aplicación. El problema no es sólo la situación de las empresas que solicitaron este tipo de medidas, sino la situación del mercado donde esos mismos grupos están en condiciones de abusar de su posición respecto de las facilidades esenciales –frecuencias, tendidos de cable, publicidad, distribución, compras de programación, etcétera– pueden impedir que aparezcan nuevas voces. El artículo 161 no habla de desinversión. Esa palabra la utiliza Unesco en un documento de 2008 que menciona como uno de los indicadores clave para monitorear el pluralismo y la diversidad en los medios que “las autoridades responsables de ejecutar las leyes antimonopolios cuentan con las atribuciones suficientes, por ejemplo para negar las solicitudes de licencias y para exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad”.

Se dice que el artículo 161 es el corazón de la Ley SCA. No lo comparto. El corazón de la ley es reconocer el derecho del público a la comunicación, a la diversidad y al pluralismo. Si después de leer el listado anterior alguien puede sostener que la ley no se aplica es porque, como reza un viejo adagio del periodismo, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Así debe seguir siendo.

* Doctor en Comunicación. Abogado. Docente e investigador (UBA-UNLP).

Evaluación y propuestas

Por Martín Becerra | @aracalacana – Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona

“Hay cuatro posibles abordajes para analizar el segundo aniversario de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el primero es detenerse en el texto de la Ley, el segundo es caracterizar el posicionamiento de distintos actores sociales, políticos y económicos en relación a la norma; el tercero es aludir a la implementación de políticas enmarcadas en la misma y el cuarto es identificar qué políticas podrían ser corregidas o mejoradas para potenciar los objetivos de la regulación.”

Hay cuatro posibles abordajes para analizar el segundo aniversario de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el primero es detenerse en el texto de la Ley, el segundo es caracterizar el posicionamiento de distintos actores sociales, políticos y económicos en relación a la norma; el tercero es aludir a la implementación de políticas enmarcadas en la misma y el cuarto es identificar qué políticas podrían ser corregidas o mejoradas para potenciar los objetivos de la regulación.

Por razones de espacio, no me detendré aquí en el primer aspecto. Los lectores pueden acceder a una caracterización de la Ley que hicimos con Guillermo Mastrini y Santiago Marino y que está disponible en el blog Quipu y que, sintéticamente, valora el cambio fundamental de esa regulación y explica avances y limitaciones que ofrece la Ley.

Con relación a los puntos segundo y tercero, considero que hay tres fuerzas que obstaculizan la plena instrumentación de la norma: el propio Gobierno, la oposición y los grupos privados concentrados. El Gobierno porque está obsesionado con algunos artículos de la ley que están inspirados en la disputa con el grupo Clarín. Entonces enfoca la aplicación de la ley traccionado por el objetivo de atacar, disminuir o erosionar el poder que tiene el grupo, contradiciendo las decisivas acciones que en el período 2003-2008 contribuyeron a consolidar la concentración de Clarín y de otros grandes grupos.

En tanto, los grupos privados resisten la implementación de la ley defendiendo sus intereses corporativos, acostumbrados a muchas décadas de una regulación funcional, con gobiernos dóciles en la materia. Esta docilidad, que abarca gran parte de la historia de las políticas de comunicación en el país, produce un quiebre a partir de marzo de 2008. Y, por último, la oposición política que boicoteó la integración de los órganos republicanos de control de la Ley, como la Comisión Bicameral, el Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) o el Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, lo que le hace poco favor a su prédica republicana. Este boicot de la oposición ha envalentonado al Gobierno, que designó a algunos directivos en estos órganos obedeciendo a una lógica sectaria que contradice el proceso social de discusión y maduración de la propia Ley.

El cuarto punto refiere a las cuestiones que podrían modificarse para permitir una más eficaz materialización de los beneficios sociales y culturales inherentes a la regulación audiovisual. A modo de sumario listado, considero que deben abordarse las siguientes cuestiones:

1. Aplicar cláusulas de adecuación a límites de emisoras, cuota de mercado y características de licenciatarios a los grupos sobre los que no pesa una cautelar judicial, lo cual permitirá legitimar el cuestionamiento a las sospechadas cautelares que benefician al Grupo Clarín. Serían los casos de los grupos Moneta-Garfunkel, Telefónica, Angel González, Vila-Manzano-De Narváez y Prisa, por ejemplo.

2. Aplicar cláusula que obliga a los operadores de televisión por cable a ofrecer un servicio con “tarifa social” dirigido a la población de menores recursos.

3. Disponer de un plan técnico que brinde certidumbre acerca de cuántas licencias hay operativas y cuántas habrá con la digitalización de la televisión, y cuáles serán los topes para operadores no lucrativos en función de esa totalidad hoy desconocida por la sociedad.

4. Aprovechar el recambio de autoridades en AFSCA (por la ida de Gabriel Mariotto a la Vicegobernación bonaerense) para desarrollar procesos limpios similares a los que derivaron en el saneamiento de la Corte Suprema de Justicia (vía Decreto 222/03 impulsado por el ex presidente Néstor Kirchner), lo que legitimaría la conducción de organismos que hoy representan sólo la voluntad gubernamental y no una política de Estado.

5. Promover la inclusión de la oposición parlamentaria en la Comisión Bicameral, en los medios estatales y en AFSCA para legitimar los controles a la implementación de la ley.

6. Corregir el sectarismo de Canal 7 y generar una emisora con una pantalla respetuosa del disenso.

7. Coordinar con el Sistema Argentino de TDT la implementación de TV digital, sacando de escena señales (como las del grupo Hadad) que no sólo no ganaron concurso para TVdigital, sino que jamás ganaron concurso para TV abierta.

8. Establecer con claridad que TDT será de carácter gratuito: la experiencia europea enseña que los fracasos económicos de la TV digital pueden derivar en su semi-arancelamiento o subalquiler.

9. Generar una regulación sobre las relaciones económicas entre Estado y medios de comunicación, que regularice los profusos aportes estatales tanto a los medios gubernamentales como a los opositores.

10. Establecer reglas de juego claras y viables para operadores alternativos, comunitarios y cooperativos, actores que se comprometieron con la sanción de la ley pero que hasta el momento son convidados de piedra en su implementación.

11. Diseñar un esquema de financiamiento de la producción nacional, de la producción federal y de la producción propia que sea sostenible en el tiempo.

12. Impulsar una discusión en el Consejo Federal para que las emisoras públicas provinciales sean realmente públicas también en su diseño institucional.

Este listado es sumario y dinámico, pues se realiza en función de coyunturas que cambian, pero apuntan centralmente a robustecer los alcances de una regulación que debería complementarse con una ley de servicios convergentes, para adecuar la propia regulación audiovisual a las condiciones tecnológicas de funcionamiento del sector.

Profesor UBA y UNQ e investigador Conicet

Políticas de comunicación

Washington Uranga señala que la ley forma parte de una política de comunicación, pero no la agota, y recuerda también otros aspectos para continuar trabajando en esa línea. 

Por Washington Uranga

Los dos años que se han cumplido desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual han servido para demostrar que, con voluntad política y herramientas de gestión, se pueden vencer muchos obstáculos y resistencias. Aun los que parecían más difíciles de sortear. En este mismo diario, Damián Loreti (“Ahora dicen que la ley no se aplica”, 10-10-11) hizo un valioso repaso de los importantes avances obtenidos en este tiempo y de los beneficios que ello implica. En esta página, Carlos Valle destaca el valor de la ley como una herramienta para la democracia, pero también deja en evidencia los problemas que sigue enfrentando su instrumentación. Son todos aspectos complementarios de una evaluación que es a todas luces positiva de un proceso de muchos años que tuvo su columna vertebral en la movilización de comunicadores y organizaciones sociales a favor del derecho a la comunicación y que alcanzó su punto de inflexión a partir de la decisión política del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de impulsar la aprobación de la nueva norma respetando el trabajo que se venía realizando en la materia. Perseverancia, militancia, convicciones, decisión, audacia, derechos. Son todas palabras que pueden acumularse a la hora de los primeros balances.

Al mismo tiempo, muchos de los pronósticos catastróficos y pesimistas sobre las consecuencias de la aplicación de la ley no encuentran hoy ningún dato cierto que los compruebe. No hay más periodistas sin trabajo como consecuencia de la ley de SCA, no se cerraron productoras, no se censura con los instrumentos que la ley ofrece. Lo contrario es más fácil de demostrar: existen más oportunidades, se abren nuevas perspectivas y, sobre todo, hay más alternativas de ejercer el derecho a la comunicación. Como bien lo señala Carlos Valle, la ley de SCA es una herramienta de la democracia.

Pero en el campo de la comunicación y de las políticas comunicacionales no está todo dicho en la Argentina. Es necesario seguir trabajando para aprovechar todas las posibilidades que la ley ofrece, transitar todas las sendas abiertas, mejorar en mucho los medios de comunicación audiovisual. Porque, tal como lo señalamos al día siguiente de la aprobación de la norma, la ley fue la culminación de un capítulo pero, lo más importante, el comienzo de un camino que apenas se inicia. Sólo para mencionar algunos temas: habrá que continuar con la asignación de más frecuencias de radio y televisión, pero sobre todo seguir pensando en la producción de contenidos; las universidades deberían tomar las riendas de la producción para acelerar la operatoria con calidad de los canales de televisión que ya tienen asignados; es necesario desarrollar nuevas ideas que integren cultura-educación-comunicación como parte integral de las políticas públicas en todos los niveles.

Siendo importante, la ley de SCA no agota una política de comunicación. Como en cualquier otro aspecto de la convivencia social que atañe a la calidad de vida de los ciudadanos (salud, educación, ambiente, etc.), la comunicación requiere hoy en día de una política pública que, promovida desde la gestión del Estado, impulse y garantice la vigencia de los derechos –en particular del derecho a la comunicación– de todos los actores y sectores. Los medios audiovisuales son una parte fundamental de la comunicación, pero una política de comunicación debe ser más abarcativa y atender a cuestiones tales como el acceso a la información, la promoción e incentivo de los bienes y las industrias culturales y las garantías de una auténtica comunicación de servicio público diferente y al margen de la comunicación de gobierno.

Precisamente este último capítulo es uno de los que más debates puede requerir. En principio, porque existe una larga experiencia que ha confundido lo público con lo estatal y aún más, con lo gubernamental. Es necesario que, como parte del proceso de democratización de la comunicación, se tomen acuerdos políticos, sociales y culturales para definir el sentido y las formas de la comunicación pública, de los medios públicos distintos a los gubernamentales y a los comerciales. Son ámbitos y actividades complementarias, de cuya suma sólo puede resultar una mejor comunicación, más verdaderamente democrática, pluralista y diversa.

Más allá de los logros que ya aportó la ley de SCA y de la consolidación que en sí misma significa para el sistema democrático, el actual período electoral puede servir para ahondar en el debate de ideas. Y seguramente, la gestión que se iniciará el 10 de diciembre podrá profundizar el rumbo en materia de políticas de comunicación basadas en el derecho a la comunicación como derecho humano.

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