Ignacio Zuleta analiza qué se discute en Papel Prensa a la vez que realiza un panegírico de Julio Ramos, fundador de Ambito Financiero y constante denunciador de las anomalías del mercado de producción de papel de diarios por parte de la sociedad ente Clarín, La Nación y el Estado argentino. El mismo Ambito Financiero publicó la síntesis de la exposición de su CEO, Gustavo Isaack, en la audiencia pública por Papel Prensa convocada en la Cámara de Diputados. En las audiencias se evidencian no solamente posiciones binarias (a favor o en contra) sino matices, según informó Sebastian Iñurrieta en Perfil. En tanto, el Gobierno denunció el “desapoderamiento ilegítimo” de la empresa a los deudos de David Graiver, a la vez que solicitó ser considerado querellante en la causa (publicaron Página 12 y La Nación, entre otros).

QUÉ SE DISCUTE EN PAPEL PRENSA

Por Ignacio Zuleta

Todo debate sobre periodismo es siempre un debate sobre las libertades públicas y más si se separa el escrito, la prensa gráfica, del que hace uso de los medios audiovisuales y que el público recibe a través de artefactos que se venden en casas de electrodomésticos y de la línea blanca.

Por esa razón, el destino del debate hoy en la Argentina sobre el futuro de la empresa Papel Prensa depende de las posiciones que sus protagonistas tomen en torno a las libertades públicas. De igual modo, que ese debate no se convierta en otra frustración argentina depende de que esos protagonistas actúen con honestidad y mirando el interés común.

El Gobierno, por primera vez en la historia de la sociedad del Estado con los diarios La Nación y Clarín, ha manifestado su voluntad de un cambio de conducta que impida lo que esa sociedad ha consentido durante más de 30 años, con Gobiernos civiles y militares, radicales y peronistas: que una empresa que se construyó con el esfuerzo de todos los contribuyentes, que nació con el aporte de todos los diarios del país que durante 10 años soportaron un gravamen sobre el papel que importaran y que contó con prebendas como protección arancelaria del papel extranjero para crearle un mercado cautivo o tarifas reducidas de energía eléctrica para su planta en la localidad de San Pedro, se ha convertido en un oligopolio privado-estatal en beneficio de un grupo de diarios ligados a los socios del Estado.

Esta situación fue tolerada por los gobiernos que han designado desde hace 32 años, directos en su representación, sin que hasta ahora ninguno de los protagonistas haya hecho una autocrítica, ni aun en este tiempo reciente cuando el Gobierno dice intentar desbaratar las prácticas oligopólicas de la empresa, cuando muchos diarios no pueden comprarle a Papel Prensa por «falta de cupo» o deben pagar sobreprecios sobre el que tienen los socios del Estado o, algo más ominoso, se ven obligados a remitirse a «bolseros» que sí tienen el producto, pero más caro.

Por más que el país haya gastado millones de pesos desde el primer proyecto bajo el Gobierno Lanusse (1971), los diarios que no pertenecen al club de los socios del Estado no han visto solucionado el problema del papel y siguen forzados a importarlo casi siempre, en los últimos 40 años, con precios más caros al local.

Siempre es oportuno discutir sobre periodismo, es decir sobre las libertades públicas. Más allá de que algunas manipulen sus mensajes y busquen integrarse en oligopolios que frenan el acceso libre a la mejor información disponible -que es la contracara de la libertad de expresión de los periodistas y las empresas- y más allá de que los gobiernos crean en esa fantasía de que los diarios le forman y le deforman la cabeza a sus lectores, los medios siguen siendo el vehículo para que se exprese la sociedad. Esta verdad que algunos prefieren olvidar está en la base del constitucionalismo clásico que dice que «no habrá ley de imprenta» (Constituciones de los EE.UU. y de la Argentina) para asegurar que haya libertad de expresión.

También el sistema jurídico contemporáneo ha completado esa fórmula básica con normas que impidan la concentración oligópolica de medios, un proceso ligado a su desarrollo comercial como una necesidad para prosperar haciendo economía de escala. Ya hace rato que un órgano rector a nivel internacional como la Federal Commission of Communications de los Estados Unidos dictaminó sobre la base de estudios profundos y documentados que la concentración de medios no asegura que el público tenga un mejor servicio informativo.

Es inevitable mencionar en este debate que el país debe festejar a Julio Ramos, fundador y director durante tres décadas del diario «Ámbito Financiero», quien dedicó dos libros que hoy tienen la misma actualidad que cuando fueron escritos, hace más de 15 años, con la denuncia de las prácticas oligopólicas del grupo «Clarín», especialmente a través del control del papel de diarios gracias a su sociedad con el Estado. En «Los cerrojos a la prensa» (1993) y «El periodismo atrasado» (1996) dio una batalla solitaria en la que contó con pocos adherentes y que le costó someterse a críticas y debates que aceptó con hidalguía y abundancia de argumentos. Lo fustigaron muchos políticos y empresarios que le decían privadamente que estaban de acuerdo con él pero que en público sostenían lo contrario o hacían silencio. Seguramente temían las represalias no sólo del oligopolio «Clarín» sino también de sus socios en Papel Prensa y en otros emprendimientos, entre ellos el propio Gobierno que no aceptó sus propuestas.

Se preguntan muchos qué hubiera dicho Ramos hoy, cuando ya fallecido parece la estrella que sigue alumbrando a quienes quieren una prensa libre, emancipada de cadenas y libre de distorsiones del mercado del papel motivadas en ese monopolio que es Papel Prensa. Es imposible responder a esa pregunta pero es claro que las batallas que emprendió fueron observando siempre el interés público, nunca el privado y es fácil demostrar que esas batallas tuvieron un costo alto para él y sus empresas.Eso jamás le hizo bajar la guardia.

Hubiera sonreído al ver que el Gobierno lo cita con frecuencia con simpatía, usa sus datos y sus argumentos para sostener su posición en la pelea con el grupo «Clarín»,hasta en boca de políticos que hace 15 años estaban en este tema en la vereda de enfrente. Se hubiera preguntado él si el Gobierno está dispuesto a aplicar a fondo las leyes antioligopolio vigentes en el país que podrían desbaratar esas posiciones dominantes sin la necesidad de llevar antes la batalla al Congreso o a la Justicia. Trataría también de conocer hasta dónde está dispuesto a llegar sin afectar la libertad de expresión del conjunto o sin contribuir a la creación de otros grupos concentrados de medios que controlasen el comercio del papel para diarios.

Ayer Cristina de Kirchner avanzó en la idea de darle, en una ampliación accionaria de la empresa, una silla a un representante de los diarios que están hoy afuera del «club». Eso ocurrirá después de que se sancione en el Congreso una ley que regule al sector. Sería una reivindicación particularmente de los medios del interior que pagan más caro el insumo que los de la región metropolitana porque deben imprimir la misma cantidad de páginas que sus colegas de la Capital Federal pero sus ventas son menores y son menores sus tarifas de publicidad. Un cálculo empresarial dice que el costo del papel es el 30% del total para un diario metropolitana pero del 70% para un diario del interior.

Ramos imaginó en vida una solución más audaz: que el Estado le vendiera sus acciones a los diarios del interior para que se sentasen junto a los socios privados en el directorio de Papel Prensa. Se lo propuso privadamente y en público al entonces presidente Carlos Menem, quien rechazó la idea. El actual Gobierno no cree mucho en la iniciativa privada sin tutela estatal y eso explica que en el proyecto enviado al Congreso y el presentado ayer insista en mantener al Estado como socio de una empresa mixta. 

Una mirada más amplia podría pensar en que fabricar papel es propio de la actividad privada y que tampoco es el mejor negocio para el Estado fabricar un producto de uso declinante en el mundo, en donde cierran cada día más las plantas productoras de papel para diarios.

No hubiera bajado ninguno de sus reproches al grupo «Clarín», del cual fue víctima con desaires y campañas que no lo afectaron jamás. Menos cuando ese grupo usa sus páginas para defenderse en una puja política con su ex socio y comercial con quien sigue siendo su socio.

Estas prácticas alimentan la posición del Gobierno que insiste en verlo, como a otros sectores de la prensa a los que les conviene fustigar por razones políticas, como un contrincante político.

Que este debate fructifique en beneficio a interés común depende de que los actores -el Gobierno, los socios en Papel Prensa- actúen con sinceridad, algo que es exigible porque están debatiendo con legitimidad sobre periodismo, es decir sobre libertades públicas. No es sincero un periodismo que usa sus páginas para castigar medidas cuando en el fondo responde a la guerra comercial. Tampoco actúa con sinceridad su adversario cuando trata de imponer -sin que existan pruebas que debieron surgir de un proceso judicial- una historia que atribuye a empresarios la comisión de delitos aberrantes y lo acusa de colaborar con una dictadura como si alguien en aquellos años de horror alguien hubiera podido actuar con una libertad que nadie tenía.

Ámbito Financiero expuso posición sobre el papel para diarios

17/9/2010

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados inició ayer la ronda de audiencias públicas para debatir el proyecto oficial para declarar de interés público la producción y comercialización de papel para diarios. Con la presidencia de Juliana Di Tullio, la comisión escuchó opiniones desde la mañana hasta las 17.30, como la de la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout; la del representante de la Federación de Trabajadores de Prensa, Gustavo Granero; Beatriz Paglieri, una de las autoras del informe sobre Papel Prensa; y Hebe de Bonafini por Madres de Plaza de Mayo.

Una de las presentaciones estuvo a cargo del CEO de Ámbito Financiero, Gustavo Isaack, quien a solicitud de la comisión expresó la posición de la empresa sobre este tema. Entre otros conceptos, dijo: «Fue Julio Ramos, fundador de este diario, quien hace más de 18 años planteó, sin tapujos, la necesidad del libre acceso de todos los medios de prensa en igualdad de condiciones y sin prebendas a la compra de la materia prima esencial para la producción de un medio gráfico, como es el papel».

 «Creemos que el primer análisis que debemos hacer como medio, que también se deben hacer los señores legisladores y la ciudadanía en general, es responder a una pregunta básica. ¿Es importante para los intereses del país y las libertades públicas el tratamiento y aprobación de una ley que permita el acceso igualitario de todos los medios gráficos, sin excepción, a la compra de papel?».

«Para ser más gráfico, y se entienda claramente de qué estamos hablando, y tomaré la empresa que represento para traer algunos ejemplos numéricos: el papel utilizado mensualmente por nuestro diario, si consideramos la masa salarial, representa aproximadamente entre el 28% y el 33% de los costos mensuales de Ámbito Financiero».

En ese esquema hizo referencia a los problemas de los medios nacionales y provinciales: «Ámbito Financiero no tiene cupo de Papel Prensa, entonces, ¿quién es su proveedor de papel? Tiene dos vías: a) importación de papel; b) compra a revendedores, denominados bolseros».

«En el primer caso, en la importación de papel, el pago es anticipado cuando llega a puerto, cuestión que trae aparejado un desfase desde la orden de compra (que debe ser hecha con 60 a 90 días de anticipación por la estacionalidad), y su pago que es al contado a su llegada al país y la utilización de la materia prima es en el tiempo. Esto implica lógicamente que al haber pagado anticipado exista un costo financiero y por haber sido en moneda extranjera traiga aparejado un riesgo cambiario adicional acorde con el tiempo de compra y utilización de esa materia prima. Por ejemplo, cuanto más papel se compra mayor es el costo financiero por la inmovilización de los insumos y mayor es el riesgo de una variación cambiaria que implique distorsionar la ecuación económica de la empresa».

«No volvamos a repetir la historia cuando Julio Ramos planteaba este mismo tema hace muchos años y muchos políticos y empresarios le decían en privado que estaban de acuerdo, y después lo fustigaban públicamente o hacían silencio».

«Como lo decía hoy uno de los periodistas de nuestro diario, éste es un debate en beneficio del interés común, y depende fundamentalmente tanto de los socios de Papel Prensa, entre ellos el Gobierno, como de los legisladores, que actúen con vistas al interés público y al bien común, porque en definitiva esto debe ser una bocanada de aire fresco para la democracia y la igualdad ante la ley, tantas veces declamada y muchas menos practicadas», concluyó.

EL GOBIERNO PIDIO QUE SEAN CONVOCADOS PARA UNA DECLARACION INDAGATORIA LOS MILITARES, FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS QUE PARTICIPARON EN LA OPERACION

El papel del Estado en la causa por Papel Prensa

El secretario de Derechos Humanos solicitó ser querellante en la causa sobre los secuestros de los Graiver y sus empleados. En base al informe de la Secretaría de Comercio, vinculó la compra de Papel Prensa con delitos imprescriptibles.

Por Irina Hauser

El gobierno nacional denunció ante el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza el “desapoderamiento ilegítimo de Papel Prensa SA a quienes eran sus propietarios”, los integrantes del grupo Graiver, y atribuyó ese “despojo” a una “voluntad mancomunada de las autoridades de la dictadura cívico-militar y de los propietarios de los diarios” Clarín, La Nación y La Razón, que participaron de la operación de compra-venta en la noche del 2 de noviembre de 1976. En la presentación, que realizaron el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario, Luis Alén, piden ser querellantes y sostienen que la “apropiación ilegal” de la proveedora de papel se debe interpretar en el contexto de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, que tuvieron a los Graiver y personas de su entorno como víctimas. El documento reclama la indagatoria del dictador Jorge Rafael Videla, el ex almirante Emilio Massera, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex secretario de Desarrollo industrial Raymundo Podestá, a quienes acusa de asociación ilícita, extorsión, privación ilegal de la libertad, tormentos y la muerte a causa de las torturas en el caso de Jorge Rubinstein (abogado, mano derecha de David Graiver). Y como partícipes necesarios pide que sean interrogados los directivos de los diarios y de la firma que conformaron para el traspaso (Fapel): Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y los Peralta Ramos.

“El Poder Ejecutivo nacional entiende que los hechos objeto de esta querella constituyen graves delitos previstos por el derecho penal internacional que configuran violaciones a los derechos humanos”, dice la querella de casi 200 páginas presentada ayer, que tiene a su vez el patrocinio del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha. También asegura que, según los pactos internacionales, el criterio de imprescriptibilidad se debe aplicar tanto a “la autoridad del Estado” como “a los particulares que participen como autores o cómplices”.

Corazza es el juez a cargo de la investigación sobre los crímenes dictatoriales cometidos en los centros clandestinos del “Circuito Camps”, entre ellos Puesto Vasco, donde estuvieron detenidos la mayoría de los integrantes del Grupo Graiver. En abril último abrió un expediente aparte para analizar el traspaso accionario de Papel Prensa a raíz de una denuncia inicial de la Secretaría de Derechos Humanos, que había recibido el testimonio de Rafael Ianover, quien participó de la operación como testaferro de David Graiver, fallecido en un extraño accidente aéreo en México el 7 de agosto de 1976. Ianover relató que en plenas tratativas le dijo al dueño de La Razón Patricio Peralta Ramos (recientemente fallecido) que “temía por su libertad” y el empresario le aseguró que no le pasaría nada. Antes de concretar la venta, agregó en el juzgado, un grupo de tareas entró a su casa, revolvió armarios y se llevó de todo. El 12 de abril de 1977 lo detuvieron. Hoy volverá a declarar ante los fiscales Marcelo Molinas, Hernán Schapiro y Carlos Dalau Dum.

La Secretaría de Derechos Humanos plantea que “los delitos de lesa humanidad cometidos contra las víctimas del llamado grupo Graiver no comienzan con el secuestro, tortura y vejámenes de todos ellos” y el homicidio de Rubinstein, ocurridos desde marzo y abril de 1977, sino antes, “con la etapa extorsiva que lo antecede” y que incluyó “una cuidadosa preparación mediática” muy anterior a la cesión de acciones. En esa tónica, tras la muerte de David Graiver –socio mayoritario en Papel Prensa– sostienen que los diarios instalaban lo que llamaban el “caso Graiver” y la supuesta “necesidad de investigar al grupo” económico al que ligaban con maniobras ilegales y con Montoneros.

En ese contexto, dice la denuncia, “la dictadura terrorista” les hacía llegar “claros mensajes” a la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, a Isidoro Graiver, a Ianover y otros miembros de su círculo. Tenían que disolver el núcleo empresario y “Papel Prensa SA debía ser transferida a Clarín, La Nación y La Razón. Cualquier otra negociación no sería aprobada por el Estado”, socio en la papelera. “Estos mensajes eran directamente extorsivos (…) Sin las presiones, intimidaciones y amenazas efectuadas sobre los integrantes del grupo Graiver, la operación de venta de las acciones de Papel Prensa no se hubiera llevado adelante”, postula la querella.

Como respaldo, cita varios testimonios, algunos de los cuales ya en 1985 formaban parte de la pesquisa del ex fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas. Por entonces, por ejemplo, Lidia Papaleo de Graiver y su cuñado Isidoro Graiver relataban casi con idénticas palabras cómo fueron empujados a entregar Papel Prensa a los diarios (ver aparte). Tanto ella como Ianover ratificaron y ampliaron este año aquel viejo testimonio ante la Secretaría de Comercio y en tribunales. Precisaron que al momento del traspaso no pudieron leer lo que estaban firmando ni opinar sobre el precio, que quedó establecido en 946.600 dólares, con un adelanto de 7 mil.

Al analizar la operatoria, la denuncia enumera irregularidades, como la falta de precisión sobre cuántas acciones se traspasaban y un informe del Banco de Desarrollo que aseguraba que el precio pagado era “inferior al real” (ver aparte). “En ese marco absolutamente irregular, pero contando con la convalidación de sus asociados de la Junta Militar –dice el texto–, Clarín, La Razón y La Nación impusieron su criterio por encima de la legislación vigente, y la cesión de las acciones Clase A que habían sido arrancadas mediante extorsión a los integrantes del Grupo Graiver, quedaba aprobada” en la asamblea de accionistas del 18 de enero de 1977.

Los propios diarios publicaban, el 19 de mayo de aquel año, una solicitada que decía que habían “adquirido las acciones Clase A de Papel Prensa previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe”, recuerda el escrito del Gobierno. Pero los Graiver y su entorno fueron detenidos. Lidia, su hermano Osvaldo Papaleo, Isidoro Graiver, su esposa Lidia Brodsky, Rubinstein, Ianover, Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Silvia Fanjunl (empleada de los Graiver), Lidia Gesualdi (secretaria). La mayoría sufrió torturas durante su detención y luego fueron “blanqueados”, a disposición del Poder Ejecutivo.

Para investigar al grupo económico la junta nombró a un oficial preventor militar, que fue Oscar Gallino –ya fallecido–, señalado como interrogador también dentro de los centros clandestinos. Las constancias que dejaba Gallino de sus actividades forman parte de la prueba que la Secretaría entregó. El 7 de abril de 1977 a las 16.30 escribió que había recibido a “los directores y asesores letrados de La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa”. Esa visita, sostiene el Gobierno, “mostraba el grado de vinculación entre la dictadura y sus asociados” en Papel Prensa. Dos días después vuelve anotar que Podestá y (otra vez) “a los presidentes de los directorios de los diarios con sus letrados” concurrieron a “producir sendos informes”. También asienta la visita de las autoridades del Banco Central y del Banco Nación para considerar los casos del Banco Comercial de La Plata y el de Hurlingham. “Ese mismo día, Gallino preparaba los interrogatorios a tomar el día siguiente”, sostiene la presentación.

Diez días después la Junta Militar decidió la “interdicción de los bienes de los Graiver y la prohibición” de que pudieran disponer de ellos o administrarlos. Papel Prensa no estaba en el paquete, porque ya había sido “entregada como botín de guerra a sus socios Clarín, La Nación y La Razón”, denuncia el Gobierno. Los Graiver fueron condenados por asociación ilícita con Montoneros, pero en 1982 la Justicia federal revirtió esa decisión.

La Secretaría de Derechos Humanos señala que el gobierno de Raúl Alfonsín “reconoció la ilegitimidad del despojo de los bienes de los Graiver, entre ellos las acciones de Papel Prensa”, y que ya durante el juicio al ex capellán Christian Von Wernich, fueron juzgadas las detenciones ilegales y torturas de algunos de los Graiver como delitos de lesa humanidad. Remarcan que esos hechos no se pueden disociar de la venta de Papel Prensa y concluyen que la dictadura apostó “al control de la prensa escrita a través del control del papel”.

La operación en cuestión

La operación en cuestión La denuncia realizada por el Gobierno pone el acento en lo que considera “anomalías” en la operación de compra-venta de Papel Prensa:

– De acuerdo con la presentación, al momento de la venta de acciones no se había precisado cuántas eran ni qué valor tenían.

– La compra-venta de las acciones C y E estaba sujeta a aprobación judicial en la sucesión de David Graiver. Los querellantes destacan que nunca fue aprobaba.

– En una asamblea de accionistas de diciembre de 1976, Sofovich votó como apoderado de Ianover, testaferro de David Graiver, quien en el testimonio que acompaña a la denuncia negó haberle otorgado poder alguno.

– La querella también destaca que cuando los diarios, en agosto de 1977, entregaron comprobantes de depósitos en bonos externos, en concepto de pago, el Banco Nacional de Desarrollo presentó un informe que decía que “el precio pagado el 2 de noviembre de 1976 era sensiblemente inferior al real”.

COMUNICADO DE LA NACION Y CLARIN

Respuesta a la denuncia

Los diarios Clarín y La Nación, socios privados de Papel Prensa, rechazaron mediante un comunicado la denuncia presentada por el Gobierno ante la Justicia para que investigue si hubo crímenes de lesa humanidad en la transferencia de acciones de esa empresa, y negaron que hubiera habido irregularidades en esa operación. También advirtieron que la actitud oficial entraña “un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales”.

La presentación judicial del Gobierno “sigue buscando criminalizar a directivos de Clarín y La Nación”, denunciaron. En ese marco, los diarios reiteraron que, “pese a que la falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes, el Gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia”.

“Pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico”, agregaron. Además, advirtieron que “este nuevo paso ratifica las alertas institucionales que ambos diarios vienen sosteniendo respecto de la intención oficial de avanzar sobre aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial”.

“El bastardeo de una causa como la de los derechos humanos –política de Estado que debiera ser preservada de intereses coyunturales– ha llegado con este caso a límites insospechados por un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales”, continúa el comunicado, que insiste en que “tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, no hubo en la adquisición de Papel Prensa delito alguno” y que “jamás, en estos 27 años de democracia, se han formulado denuncias al respecto”.

Y concluye señalando que “tampoco nunca aparecieron cuestionamientos en las causas judiciales y administrativas llevadas adelante en democracia, tal como lo señalaron recientemente reconocidos protagonistas de esos procesos”.

Ofensiva contra los medios

El Gobierno acusó a Clarín y a La Nación en la Justicia

Los diarios calificaron la querella de “aberración moral y jurídica”

El Gobierno acusó ayer a ocho directivos y ex directivos de los diarios Clarin , La Razón y LA NACION de haber actuado como partícipes de una supuesta asociación ilícita que comandaron Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y José Martínez de Hoz con el fin de perjudicar al Grupo Graiver y apropiarse de la empresa Papel Prensa SA.

LA NACION y Clarin rechazaron esa acusación, que calificaron de “aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico” y que lleva al “bastardeo de una causa como la de derechos humanos, política de Estado que debería ser preservada de intereses coyunturales”. Pero el objetivo es, destacaron mediante un comunicado conjunto, “criminalizar a directivos” de ambos diarios.

Con la firma del secretario y el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y Luis Alén, respectivamente, y el patrocinio del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, la Casa Rosada pidió que se cite a indagatoria a ocho directivos de los tres diarios: Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, de Clarín ; Bartolomé Luis Mitre y Manuel Campos Carlés (ya fallecido), por LA NACION, y Sergio José, Patricio (también fallecido), Marcos y Hugo Fernando Peralta Ramos, por La Razón .

El juez federal Arnaldo Corazza deberá ahora analizar el planteo del Gobierno, que se presentó en la causa como querellante. Podrá rechazar o postergar el pedido, o convocar a todos o algunos de esos directivos a declaración indagatoria para luego determinar si dicta su procesamiento, su falta de mérito o su sobreseimiento.

En el caso de procesar a uno o varios directivos, sin embargo, el Gobierno podría lograr su inmediata detención, aun cuando algunos superan los 70 años -Herrera de Noble y Mitre, entre ellos- y podrían acceder al arresto domiciliario, no así Magnetto, de 66 años.

El máximo ejecutivo del Grupo Clarín fue el centro de la querella. A tal punto de acusarlo, dos veces, que “de manera directa y explicita, Héctor Magnetto amenazó de muerte a Lidia Papaleo a fin de que firme la compraventa”, en tanto que estimó que el ya fallecido Patricio Peralta Ramos le dijo a Ianover “que en caso de que firmara no le sucedería nada, es decir, no lo privarían de la libertad o desaparecerían” todos.

De manera más amplia, el Gobierno afirmó que “debe investigarse exhaustivamente la apropiación ilícita por parte de Clarín, La Razón y LA NACION de la empresa Papel Prensa SA”. Tras sostener que ya está “demostrado” la actuación irregular, estimó que el traspaso “se cometió mediante los delitos de asociación ilícita calificada, extorsión, privación ilegal de la libertad calificada, torturas -en un caso seguidas de muerte-, vejaciones, todas estas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad”.

Según el relato oficialista, existió una “distribución de roles”. Por un lado, “la Junta Militar transmitía su decisión a los integrantes del «Grupo Graiver»” de aprobar la venta de Papel Prensa si los compradores eran los diarios, y éstos “intimidaban sin escrúpulos” a los Graiver con sus artículos periodísticos, cuando informaban sobre la caída de los bancos en Estados Unidos y Bélgica, entre otras noticias.

Esa supuesta “intimidación”, según Duhalde y Da Rocha, la protagonizó la “gran prensa” que también apoyó a la dictadura, en la que sin embargo obvió el rol de, entre otros, los diarios La Opinión y La Tarde, de Jacobo y Héctor Timerman, el actual canciller que, por el contrario, el Gobierno propuso como testigo en su querella.

En su presentación, el Gobierno se apoyó en varios testimonios recabados por la justicia militar en plena dictadura, así como en el dictamen que firmó el fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, tras el retorno de la democracia.

La alusión oficialista al dictamen de Molinas, sin embargo, resultó sesgado. A lo largo de las 192 carillas del escrito oficial, así como de las 24 carillas del “resumen” que difundió la Secretaría de Derechos Humanos, en ningún momento consignó que el fiscal concluyó que los diarios fueron compradores de “buena fe”. En efecto, Molinas estimó que no hubo coacción en la venta de Papel Prensa, así como “no existe prueba alguna contra ellos [por los diarios] que permita formularles un cargo [criminal] concreto, apareciendo, prima facie, como terceros de buena fe, y consolidados luego de muchos años al frente de la compañía”.

La presentación oficial también afirmó que al declarar ante la Justicia meses atrás, el testaferro de David Graiver, Rafael Ianover, “ratificó en todos sus términos” lo que poco antes había dicho ante la Secretaría de Derechos Humanos. No es así. Bajo juramento, Ianover se rectificó al aclarar que los Graiver “en realidad fueron detenidos después” de la venta de Papel Prensa, cuando antes había dicho que el traspaso ocurrió después de sus arrestos.

“Falaz operación oficial”

Pocas horas después de conocerse la querella oficial, LA NACION y Clarín emitieron un comunicado conjunto de prensa, en el que señalaron que el Gobierno “sigue buscando criminalizar” a sus directivos. También expusieron:

*”Que pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico”.

*”Que pese a que la falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes, el Gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia”.

*”Que este nuevo paso ratifica las alertas institucionales que ambos diarios vienen sosteniendo respecto de la intención oficial de avanzar sobre aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial”.

*”Que el bastardeo de una causa como la de los derechos humanos -política de Estado que debiera ser preservada de intereses coyunturales- ha llegado con este caso a límites insospechados por un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales”.

*”Que tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, no hubo en la adquisición de Papel Prensa delito alguno. Jamás, en estos 27 años de democracia, se han formulado denuncias al respecto”.

*”Que tampoco nunca aparecieron cuestionamientos en las causas judiciales y administrativas llevadas adelante en democracia, tal como lo señalaron recientemente reconocidos protagonistas de esos procesos”.

Perfil

criticos de la ofensiva politica, practicos en los negocios

Editores de diarios, divididos por el proyecto oficial para Papel Prensa

Arrancaron las audiencias públicas para discutir la iniciativa K. Un proyecto para sentar a editoriales en el directorio de la fabricante de papel. Estarían en representación del Estado.

Por sebastian iñurrieta

Algunos lo definen como “unidos por el espanto” y otros, “enemigos que se alistan contra otro enemigo en común”. Con ambas definiciones, en el mundo de los editores de diarios se intenta explicar cómo medios que apoyan al Gobierno, otros que coquetean con él y quienes no pierden la oportunidad de defenestrar cada medida oficial, se encolumnaron detrás del embate estatal contra los socios privados de Papel Prensa, es decir, Clarín y La Nación.

Confluyen en la misma vereda empresarios con medios abiertamente kirchneristas, como Sergio Szpolski, y socios de enemigos políticos del matrimonio presidencial, como el mendocino Daniel Vila, que selló acuerdos comerciales con el diputado Francisco de Narváez.

En el mismo bando se alineó Ambito Financiero. Hasta su muerte, Julio Ramos, fundador del matutino económico, fue uno de los pocos que levantó casi en soledad la bandera contra la política comercial de la papelera que controlan el Grupo Clarín, el diario La Nación y en la que el Estado, es socio minoritario.

Hace diez días, en la primera audiencia convocada por la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados para discutir el proyecto oficial que busca declarar de “interés público” el papel, el diario hizo honor al legado de su creador. “Ambito Financiero pagó el año pasado $ 2,5 millones extra por no acceder al cupo de la papelera mixta”, denunció su director periodístico, Gustavo Isaak, ante la mirada de un puñado de diputados oficialistas. Los legisladores opositores no participan de las audiencias.

Dos denuncias en común encolumnan a este grupo de medios gráficos: discriminación y los cupos en las compras. “Para perjudicar a Diario Uno, que compite con Los Andes en Mendoza, Papel Prensa nos negaba como clientes”, acusó Daniel Vila ante PERFIL. A principios de mes, su diario rosarino encabezó este alineamiento con un editorial titulado: “La Capital es víctima de la situación monopólica”.

Crónica también movió sus fichas. Esta semana Raúl Olmos, que junto a su hermano Alejandro compró la marca registrada por Héctor Ricardo García, apuntó contra Clarín en Diputados. En diálogo con PERFIL, opinó que los diarios que están fuera de la papelera deberían “tener voz en la empresa”.

Con pequeños matices, es una idea que sobrevuela la cabeza de varios empresarios periodísticos del país. Si el Estado logra capitalizar una futura inversión y pasar a tener un mayor paquete accionario, no pocos apuestan a que ese lugar en el directorio deberían ocuparlo figuras designadas por los otros diarios.

En el bando que milita abiertamente contra el proyecto K hay mayor homogeneidad: sobretodo aquellos que tienen participación directa en la empresa por estar ligados al Grupo Clarín (como Los Andes y el cordobés La Voz del Interior).

Pero hay otros casos en este universo; por ejemplo, La Nueva Provincia de Bahía Blanca. “Detrás de los Kirchner hay un proyecto hegemónico. El ataque a Clarín y a La Nación esconde una forma de controlar la distribución de papel en el país”, disparó a PERFIL Vicente Massot, su director, al tiempo que afirmó que “nunca” tuvieron problemas con Papel Prensa.

Varios diarios aún no explicitaron en forma oficial su postura. Algunos de ellos dejan entrever una inclinación en sus páginas o en las mentes de sus dueños. El Territorio, de Misiones, es uno de ellos. “No fijamos posición pero no confío en este gobierno, porque si controla el papel, nos controla a nosotros”, opinó su director Gonzalo Peltzer.

Otros adoptaron un lugar neutral. El Tribuno, de Salta, propiedad de la familia del senador Juan Carlos Romero, se plantó a través de un artículo de opinión de su jefe de redacción, Francisco Sotelo, a fines de agosto. Al tiempo que acusaba al Gobierno de “malversación de los derechos humanos”, criticaba el “manejo caprichoso” de Papel Prensa contra los “400 diarios de las provincias”.

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