El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la cautelar que beneficia al grupo Clarín al no aplicársele el art. 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (comentado aquí), repercutió en una sucesión de pedidos de cautelares como el de ATA (Asociación Telerradiodifusoras Argentinas) reclamando que no se le aplique a sus socios 33 artículos de la ley, o el ya aprobado por la justicia de Santiago del Estero que beneficia al grupo IcK, ligado al peronismo local. Aunque Mario Wainfeld consideró “redundante” que el fallo de la Corte Suprema recordara que el resto de la ley está vigente, ahora se revela la importancia  estratégica de ese considerando. A continuación varios argumentos por los que, si la Corte Suprema es coherente con sus dos últimos fallos en la materia, debería rechazar los amparos “casi” integrales que están cociéndose en primera instancia. Se incluye también el audio de la entrevista realizada por Diego Corvalán, Victoria Torres y Alejandro Fabbri a Martín Becerra en la AM750 (programa Uno Nunca Sabe). El 19 de octubre el Estado (a través de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual y el patrocinio de la Procuración del Tesoro) reclamó al juez Edmundo Carbone que suspenda la medida cautelar por el artículo 161, argumentando que la concentración  alcanzada por el Grupo Clarín no estaría garantizado el surgimiento de nuevos prestadores de acuerdo con la norma sancionada el año pasado y aporta datos técnicos que hasta ahora no habían sido facilitados a la Justicia. Nota de Irina Hauser en Página 12. También se incluye la muy comentada columna de Horacio Verbitsky del domingo 17, en la que amplía información sobre los clientes de Da Rocha, abogado del Estado, en su estudio privado, lo que sitúa algunos de sus intereses en las antípodas del rol que desempeña como funcionario público.

Publicado el 13/10/2010,

CAUTELA CON LAS CAUTELARES

por Martín Becerra

La historia reclama sus fueros en tiempos en que el presente es cargado indistintamente con euforia o depresión como si el problema de la regulación de los medios se hubiese parido ayer. La historia relativiza tanto a quienes se apresuran a expedir certificado de defunción a la ley, como a quienes en un ejercicio de voluntarismo creen que la ley por si misma limpiará mágicamente un sedimento que lleva décadas acumulándose. Esta es la segunda vez en la historia argentina que el Congreso sanciona una ley de medios audiovisuales (la anterior, pro-concentración, fue en 1953). Esta falta histórica de acción del Congreso es coherente con un sistema que Fox y Waisbord caracterizan con la siguiente paradoja: “poco regulado y fuertemente controlado”. A su vez, esa paradoja explica la bajísima impugnación judicial que mereció la Ley de Radiodifusión 22285 de la Dictadura por parte de los ahora dinámicos litigantes, y la inexistente incomodidad con aquel decreto-ley por parte de la oposición de “derecha” y de “centroderecha” (para usar una convención que no convence aunque orienta), en relación al malestar que les causa la nueva regulación y que moviliza a las medidas cautelares.

A continuación varios argumentos por los que, si la Corte Suprema es coherente con sus dos últimos fallos en la materia, debería rechazar los nuevos amparos,”casi” integrales, que están cocinándose en primera instancia. Es decir que si se respeta la lógica de los dos significativos fallos de la Corte Suprema (el 15/6/2010 rechazando la suspensión integral de la ley, tras el boicot promovido por el peronismo federal, y el reciente aval a la cautelar de Clarín por el art. 161), entonces las nuevas cautelares nacidas al calor del amparo de Clarín deberían ser rechazadas por el máximo tribunal.

Suspensión “casi” integral: Gustavo Arballo en “Saber derecho” ya demostró la incongruencia de las cautelares “generales”, como la impulsada por el diputado nacional Enrique Thomas y avalada por la Cámara Federal de Mendoza a principios de año. Las nuevas cautelares son más cautelosas, ya que suspenden varios artículos, la espina dorsal de la ley, pero sólo en relación a los solicitantes y no para toda la sociedad. Es un atajo con tufillo a engaño: la suspensión “casi” integral vulnera el principio de razonabillidad reiterado en sus sentencias por la Corte y la tradición de lo que los abogados llaman “fumun bonis iuris” (olor a buen derecho), ya que su vigencia y extensión en el tiempo implicará en los hechos la restauración de un marco normativo (previo) que es obsoleto, que no tuvo intervención parlamentaria y cuyas raíces son autoritarias. Pero además…

Si el Estado aplicara el marco normativo previo a los beneficiados por las nuevas cautelares de suspensión “casi” integral, en algunos casos avanzaría sobre los bienes jurídicos presuntamente protegidos por la naturaleza misma de las cautelares de manera mucho más drástica que si aplicara la nueva ley. Por ejemplo: la Ley de la Dictadura prohibía el funcionamiento en cadena de la programación producida en Capital Federal hacia el interior del país, mientras que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permite hasta un tope del 30% de la programación.

La suspensión “casi” integral es muy parecida a la suspensión integral, por lo que el recuerdo de la propia Corte Suprema acerca de la plena vigencia de la ley deja de ser “redundante” y pasa a ser el núcleo de este entuerto. La lógica de prevenir que se avance sobre un bien jurídico protegido hasta que exista sentencia definitiva, tenía en el art. 161 algún fundamento a juicio de la Corte. Ese fundamento no es otro que los desaguisados del Poder Ejecutivo, que extendió licencias audiovisuales sine die, autorizó de forma extraordinaria fusiones y mayor concentración de mercado, garantizando posiciones dominantes, detuvo toda posibilidad de concurrencia en mercados con potencial, como televisión por cable en el AMBA (ver nota de Rodolfo Barros en Perfil), dispuso exenciones impositivas, condonó (y continúa condonando) deudas previsionales, fiscales y multas, entre otros. Pero ese fundamento no se aplica al resto de la ley que la propia Corte Suprema reivindica vigente, a menos que invalide la facultad del Congreso para sancionar leyes de radiodifusión.

Los abogados del gobierno no deberían esta vez fracasar en su misión de demostrar por qué el interés público, representado por el Estado, es afectado seriamente con la suspensión “casi” integral de la ley. Fracasaron (aunque Horacio Verbitsky cuestionaría el verbo “fracasar” en el caso del procurador del Tesoro Joaquín Da Rocha) al no fundamentar legalmente la consigna coreada por el propio gobierno en los últimos dos meses, a saber: que el art. 161 constituía el corazón de la Ley y que ésta quedaba inerte si el artículo no se aplicaba. Esta obsesión gubernamental con el 161, mezcla de torpeza política y ausencia de valoración de los 164 artículos restantes de la nueva norma sobre medios audiovisuales, en el fondo expresó la dificultad del gobierno para aplicar medidas anticoncentración eficaces de mediano plazo (sobre el tema: entrevistas con Gerardo Fernández en Tirando al Medio y con Adriana Amado y Gabriel Levinas en No Hacemos Falta).

Si estas consideraciones fuesen erradas y la Justicia avalara mediante cautelares suspensiones “casi” integrales de la ley, se presenta el absurdo escenario de la restauración de una parte fundamental de la Ley de la Dictadura y modificatorias (que es el único “plan B” esbozado por quienes boicotearon el debate y ahora la implementación de la nueva ley de medios). Ante este escenario, modestamente se reitera la propuesta enunciada en “Limbo normativo, dislate político”, a saber: que el Poder Ejecutivo derogue todos los decretos-ley de radiodifusión y sus modificatorias realizadas vía decreto, y que reponga, obviamente por decreto y de modo “cautelar”, es decir, hasta que el fondo de la cuestión de las cautelares sea resuelto por el Poder Judicial, el articulado pertinente de la Ley de Radiodifusión de 1953, la única norma previa a 2009 que cuenta con legalidad y legitimidad constitucional.

En definitiva, a un año de su sanción por el Congreso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sufre el martirio del “litigio multinivel” que había previsto Gustavo Arballo en (“tal y como pasaría con cualquier Ley que quiera reorganizar y pluralizar una actividad compleja configurada en el molde de una regulación preexistente obsoleta y -a la luz de los hechos- muy complaciente con prácticas concentratorias y predatorias”). Pero a este martirio contribuyen, de modo desigual, varios actores:

la voracidad de los grupos concentrados que, visto el traspié gubernamental con la cautelar por el art. 161, ahora intentan bloquear “casi” toda la ley, confirmando que no es un artículo el que los incomoda, sino la existencia misma de una ley. La virulenta reacción de los grandes empresarios de medios contra los proyectos de ley Alfonsín (COCODE, 1987), de Menem (1995) y de De la Rúa (2001) revela pues que el establecimiento de reglas de juego es lo intolerable para grupos que se acostumbraron, gracias a los favores conseguidos por todos los gobiernos desde 1974 y hasta 2008 (y en algunos casos, 2010), a percibir su interés corporativo como interés general.

el boicot a integrar los espacios republicanos de control del ejercicio de la administración en áreas clave como la Comisión Bicameral, el Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado por parte de la oposición de “derecha” y “centroderecha” (a propósito, José Crettaz especula sobre esta decisión en su blog)

el autismo del gobierno que, replegado sobre sí mismo, responde simétricamente la nula vocación republicana de la oposición de “derecha” y “centroderecha” que debe por ley controlarlo. Así, el gobierno se expidió a sí mismo licencia de corso designando a funcionarios con nula trayectoria en estas lides como máximas autoridades para defender la aplicación de la ley, con los resultados ya a la vista (sobresalen los nombramientos del actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich y del ex diputado Manuel Baladrón, en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero hay otros casos), promociona como estrambótica virtud el uso propagandístico de espacios centrales de los medios de gestión estatal (a contramano del principio 12 de los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática), y se resiste a brindar información sobre el destino de los fondos públicos que inyecta en el sistema de medios del gobierno y también en los privados (incluso en los que lo denostan).

El comportamiento de estos actores tiene, a pesar de su retórica cismática, una cualidad común: el patrimonialismo. Considerado como tendencia de un grupo a administrar los bienes públicos como propios, el patrimonialismo consiste en la dilución de la frontera entre la “cosa privada” y la “cosa pública”. Pero la voracidad de los grupos privados, el vacío republicano de la oposición de “derecha” y “centroderecha” y la ausencia de sentido público en la acción gubernamental son afluentes de un modelo de patrimonialismo que expresa la confusión entre el interés público y el de una parte (política o económica) y en el que las fronteras entre ambas dimensiones se tornan difusas (cuando no inexistentes).

Además, el escenario de justificación de cualquier método que estos actores consideran funcional a sus intereses, con tal de aniquilar al otro, viene demostrando no solamente su escasa versatilidad política (ya reseñada por Washington Uranga, y también en “Editor (ir)responsable”) sino su ineficacia para obtener los resultados esperados por ellos mismos.

Así como la ley de medios audiovisuales es emergente de condiciones de maduración de ciertas capacidades, tras 26 años de régimen constitucional, sus restricciones también expresan la complejidad de los intereses en la que anida esa maduración. Con todo, el debate social, de carácter inédito, es indicador de que en la Argentina la regulación de los medios, sus reglas de juego y los premios y castigos discrecionales que derivaron en un sistema hiperconcentrado, centralizado, dependiente de periódicos socorros estatales (¿qué otra cosa fue la “ley de preservación de bienes culturales” de 2003?) y carente de medios públicos, “salió ya del placard”. El debate público es un saldo de inestimable valor para que las condiciones de funcionamiento de los medios no puedan retroceder a los niveles previos a la sanción de la ley de medios audiovisuales.

Además: audio de la entrevista realizada por Diego Corvalán, Victoria Torres y Alejandro Fabbri a Martín Becerra en la AM750, en el excelente programa matutino “Uno nunca sabe”

EL ESTADO SOLICITO QUE QUEDE SIN EFECTO EL AMPARO QUE FRENA LA LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Para que se levante la cautelar

La presentación oficial le reclama al juez Carbone que suspenda la medida cautelar o, si decide sostenerla, que le fije “un plazo razonable”. El amparo mantiene eximido a Clarín de cumplir con el plazo de desinversión previsto por la nueva ley de medios audiovisuales.

Por Irina Hauser

El Estado nacional le reclamó al juez civil y comercial Edmundo Carbone que deje sin efecto la medida cautelar que mantiene eximido al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión en el término de un año, como establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También le pidió que, si resolviera dejarla en pie, entonces se atenga a lo que dispuso recientemente la Corte Suprema y fije un “plazo razonable” para evitar que esa cautelar se convierta en una sentencia anticipada en beneficio del multimedio. La presentación judicial fue acompañada de un informe técnico que advierte que, en las circunstancias actuales, en las que el grupo empresario concentra –por ejemplo– el 57 por ciento del mercado del cable, no estaría garantizado el surgimiento de nuevos prestadores de acuerdo con la norma sancionada el año pasado.

El puntapié para que el Estado hiciera este nuevo planteo lo dio el fallo de la Corte Suprema que, dos semanas atrás, resolvió sostener la medida cautelar que exceptúa al Grupo Clarín del plazo de desinversión, pero simultáneamente advirtió sobre la “conveniencia” de ponerle “un límite razonable” que evite su prolongación en el tiempo. Ese tope, explicaron entonces en el alto tribunal, pretende además apurar una definición sobre la cuestión de fondo, donde se debate la constitucionalidad del límite al número de licencias, su transferencia y el plazo para desinvertir. La Corte no precisó cuál sería la duración ideal de la cautelar: el fallo decía que si el juez de primera instancia no la definía, el Estado podía pedirle que lo haga.

La presentación de ayer, que impulsó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, patrocinado por el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, pide –en primer lugar– que se levante la medida de no innovar favorable al Grupo Clarín. Argumenta que, desde la sanción de la ley en octubre del año pasado hasta septiembre de 2011, cuando expira el plazo de desinversión para todos los titulares de licencias, habrán pasado casi dos años, lo que representa –dice– un lapso suficiente para adecuarse a los topes que indica la nueva norma (diez licencias de televisión o radio en todo el país). Junto con el texto jurídico, el Estado entregó un informe técnico que intenta demostrar que mientras el Grupo Clarín siga al margen del desprendimiento forzoso de licencias, la nueva ley no se podrá aplicar en forma íntegra ni garantizarse su vigencia para todo el mundo, ya que los potenciales nuevos prestadores tendrán reducidas sus chances de ingresar al mercado.

Ese análisis, según pudo saber Página/12, detalla los procesos de obtención de licencias del grupo y cómo, a través de la adquisición de empresas competidoras, fue consolidando monopolios o posiciones dominantes en ciertas jurisdicciones; y por otro lado explica el impacto en el mercado. Estos son algunos de los datos que surgen de esa documentación:

– Al Grupo Clarín le atribuye 225 licencias de cable (radiodifusión por suscripción), mientras que según la nueva ley (26.522) podrá tener hasta 24; posee nueve licencias de señales de televisión por cable, pero podrá tener sólo una señal de generación propia; tiene nueve radios y cuatro estaciones de televisión abierta, pero entre ambas sólo podrá tener diez. Lo que destacan los abogados del Gobierno es que la cantidad de licencias tampoco se adecuaba a la ley anterior de radiodifusión (22.285), arrastrada desde la dictadura.

– El 57 por ciento del mercado de la televisión por cable está en manos del Grupo Clarín, dice el informe. Casi el 79 por ciento de la población ve televisión por estos sistemas de suscripción.

– El multimedio, surge del texto, tiene el dominio casi absoluto de las redes (de cable coaxil) en ciertos puntos del país: el 95 por ciento en Santa Rosa, La Pampa; el 94 por ciento en La Plata, el 85 por ciento en Córdoba, el 78 por ciento en Santa Fe, el 85 por ciento en Capital Federal, el 94 por ciento en San Isidro, el 89 por ciento en Avellaneda. Son sólo algunos de los ejemplos citados en base a datos de Defensa de la Competencia, que ilustrarían que cualquier competidor podría tener sólo ese cinco a veinte por ciento restante, según el lugar.

Si el juez Carbone no accede a levantar la medida cautelar, todo indica que, según lo que señaló la Corte y ahora reclama el Estado, deberá establecer cuánto tiempo más la sostiene sin que sea excesivo. Cuando la Cámara Civil y Comercial decidió respaldar la cautelar en mayo de este año lo hizo con el argumento de que en un año era “altamente improbable” que se resolviera la cuestión de fondo en la causa, y si resultara favorable al Grupo Clarín el daño sería irremediable. Con este criterio, en el alto tribunal decían que agregar un año al plazo que establece la ley para la desinversión sería lo más lógico. En este caso, suponiendo que la Justicia confirme la validez constitucional de la ley de medios, su aplicación plena quedaría para un próximo gobierno.

ENTRE LAS INTENCIONES DE SCIOLI Y LAS RELACIONES DE FUERZA

Atado, con alambre

Scioli no desmintió su precandidatura presidencial. “Si tiene que llegar, llegará”, dijo. Pero el acto de la CGT, del que se retiró pronto y solo, le marcó límites y le cambió la expresión. ¿Tiene que llegar? El rol y los negocios del Procurador del Tesoro bajo la lupa. Su actuación en los casos de Papel Prensa, la ley de medios, Cablevisión y Apablaza; cambio de clientes a mitad del río, agresión y amenazas a su exposa. Precisiones de Caraballo y Aníbal Fernández.

Por Horacio Verbitsky

Curtido en recibir bofetadas, el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli soportó con ostensible malhumor la pulla del secretario general de la CGT sobre su asistencia al coloquio de las patronales empresarias en Mar del Plata y se escabulló en silencio en cuanto concluyó el discurso presidencial. Scioli se había negado a desmentir que preparara el lanzamiento de su precandidatura presidencial, que distintas fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso confirmaron. Pero que él se lo proponga no significa que le vaya a ser fácil lograrlo. Además, la participación en ese proyecto del actual Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro Da Rocha, ha puesto el foco de atención sobre los negocios y las posiciones políticas del estudio que comparte con los abogados Gustavo Gené, Raúl Munrabá y el nieto de Rafael Bielsa, sobre sus relaciones con el Grupo Clarín y con el ex gerente de proyectos especiales de Bunge & Born, Gustavo Caraballo.

La blogósfera peronista agregó como dimensión pintoresca un debate acerca de si la revelación del proyecto de Scioli debía atribuirse al ex presidente Néstor Kirchner. La visión conspirativa es una respuesta tranquilizadora frente a datos nuevos que no se ajustan a un esquema previo de interpretación. Frente a ella no tiene sentido reiterar lo que debería ser obvio sobre la responsabilidad de cada quien. Los mejores análisis no se dedicaron a revisar la verosimilitud de las intenciones y preparativos del gobernador, que podrán concretarse o no según jueguen los distintos actores políticos y sociales, sino al repaso de las contradicciones estructurales de un proyecto popular que a cada paso debe redefinir la proporción de sus ingredientes, de modo de imponerse en las urnas pero sin mimetizarse con algunas de las concepciones contra las que adquiere sentido.

Límites

Scioli fue interrogado en una radio (financiada en gran parte con publicidad del gobierno bonaerense) acerca de su candidatura. “Si tiene que llegar, llegará”, respondió luego de argüir que no pensaba en términos personales, sino en ponerle el hombro al país. Un funcionario de primera línea del Poder Ejecutivo sostuvo esta semana que la participación de Scioli en una primaria presidencial, fue acordada con Néstor Kirchner, que de este modo legitimaría su candidatura en una elección tanto o más significativa que la radical, entre el vicepresidente Julio Cobos y el diputado Ricardo Alfonsín. El acuerdo incluiría seguridades, cuya índole no aclaró, sobre la victoria de Kirchner en esa primaria. Uno de los líderes del Frente para la Victoria en el Congreso afirmó que el proyecto de Scioli está más avanzado de lo que se cree y lo resumió en siete precisas palabras: “Por las buenas o por las malas”. Pero muy cerca de Kirchner nadie cree que Scioli se anime a desafiarlo. La idea predominante es que esa candidatura es una expresión de deseos de Clarín y del filántropo colombiano Francisco de Narváez, quien esta semana confirmó su amistad con Scioli y dijo que no tenía otra diferencia con él que su pertenencia al kirchnerismo, lo cual se parece demasiado a una invitación pública a saltar el cerco. Fue notable el ceño adusto del gobernador durante la imponente concentración del viernes en River, durante la que Hugo Moyano no retaceó un reconocimiento explícito a la conducción de la presidente CFK. Moyano ni siquiera tuvo inconveniente en objetar la ley previsional que el Grupo Ahhh… y sus aliados de la izquierda impalpable aprobaron con el propósito de forzar el veto presidencial y reveló que la presidente tiene en elaboración un nuevo aumento para las jubilaciones mínimas, a diferencia del proyecto vetado que concentraba los incrementos en las pasividades más altas. Mientras Kirchner respondía saludos y la presidente bailaba y ambos posaban para las cámaras con gorritos y banderas de distintos sindicatos, Scioli permaneció callado e inexpresivo y se retiró, solo, apenas terminó el discurso presidencial. Moyano aludió incluso al entusiasmo de las cámaras patronales por la desmarcación que intenta Scioli. Propuso un contraste nítido entre el coloquio de IDEA y el acto en Ríver al que llamó “un coloquio de la lealtad hacia quienes responden al interés de los trabajadores”. En IDEA, Scioli se mostró junto con el ex senador Eduardo Duhalde y con el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati. Allí se repudió el proyecto de reglamentación del artículo de la Constitución que establece que los trabajadores tendrán “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. La réplica de Moyano, que defendió ese proyecto de su abogado Héctor Recalde, no puede interpretarse divorciada del seco comentario del jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, cuando dijo que él no hubiera asistido al encuentro de Mar del Plata. Esos son concretos límites que el gobernador no puede ignorar. Muestran la decisión de resistir de Kirchner y su esposa y la solidez del apoyo de Moyano, cuya gran conveniencia para el gobierno nacional es que no posee una capacidad electoral equivalente a la de movilización. Es un aliado exigente, pero no un competidor como Scioli. Aun así, la presidente no dejó pasar la postulación de Moyano para que “un trabajador” llegue a la Casa Rosada. Al responderle que ella trabajó desde los 18 años, puso negro sobre blanco que Moyano no se refería a un trabajador sino a un representante gremial de los trabajadores, que son dos cosas distintas.

Desmarques

También hubo desde el domingo pasado una serie de desmarques, de quienes negaron la participación personal pero no la existencia del proyecto. Según Aníbal Fernández, no fue él quien sugirió el nombre de Joaquín Da Rocha para la Procuración del Tesoro, es decir la jefatura de todos los abogados del Estado Nacional. Pero la nota más amena la dio Gustavo Caraballo, uno de los dos testigos ofrecidos a la justicia por el Grupo Clarín para desacreditar el informe presidencial “Papel Prensa, la verdad”. En un mail titulado “Ya ni se puede ir a un casamiento”, sostiene que hace muchos años que no ve a Scioli pero admite una amistad de cuarenta años con Da Rocha, quien lo invitó a ocupar la mesa 2 en la celebración de la boda de su hija Clara con el ingeniero Juan José Burgos. Sobre su alias de Viejo Bucanero, Caraballo explica que “dentro de las distintas especialidades de los hostiles del mar (piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros) los bucaneros eran los menos dañinos, se limitaban a vivir en las Grandes Antillas y cazaban el ganado cimarrón, que luego era asado y ahumado (bucan), y vendido a los hostiles del mar, labor que les valió el epíteto de bucaneros. Eran una especie de Burger King para el abastecimiento de las naves piratas”. Este elíptico párrafo es la simpática confirmación de que Caraballo es el principal contacto para la obtención de clientes y arbitrajes millonarios del estudio de Da Rocha.

Cambio de camiseta

La fiscal general del fuero civil y comercial de la Capital Alejandra Gils Carbó narró su experiencia con Da Rocha en relación con el Grupo Clarín. En 2007, Gils Carbó solicitó que se revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de Cablevisión con sus acreedores, lo cual a su vez afectó la reclamada fusión con Multicanal, la otra operadora de cable del Grupo Clarín. A raíz de ello fue querellada por Clarín, y eligió a Da Rocha como su defensor. La Cámara Comercial rechazó el dictamen de Gils Carbó en términos que coincidían con la querella de Clarín. Gils Carbó envió ese fallo a Da Rocha. Al día siguiente la llamó Bielsa (n) y le planteó que mejor no recurriera el fallo. “Me resultó claro que habían dejado de ser mis abogados para pasar a ser los de Clarín”, dice la fiscal. Para preservarse, respondió que seguiría el consejo porque no quería más problemas. Gils Carbó dio parte de enferma y se recluyó en su casa. Bielsa la llamó:

–No estarás haciendo el recurso extraordinario, ¿no?

–Quedate tranquilo, ya te dije que no.

El plazo vencía el viernes 18 de abril de 2008. Ante un nuevo llamado de control, Gils Carbó citó a Bielsa para mediodía. A las 13 presentó el recurso y a las 13.30 le dijo personalmente que sus actos de fiscal no los resolvían sus abogados penalistas. “Se desencajó, comenzó a acusarme con furia de falta de ética, casi a los gritos me dijo que le daba lástima, porque entre Clarín y el gobierno me iban a destruir. Al día siguiente, un episodio similar repitió Da Rocha por teléfono. El inmediato día lunes, los dos renunciaron a mi patrocinio. Luego fui sobreseída.”

Durante la elaboración de la denuncia sobre Papel Prensa, Da Rocha no participó, pero su colaboradora en la Procuración, Elisabet Gómez Alcorta, intentó controlar el contenido de la presentación y objetó las referencias de la querella a hechos sucedidos durante el gobierno de Isabel Perón. El Procurador del Tesoro no firmó el patrocinio y días después presentó un curioso escrito de “adhesión”. Tampoco está actuando ahora en la preparación del escrito que el gobierno nacional presentará al juzgado federal civil y comercial No 1, para que de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema fije cuál es el plazo razonable para fallar en la causa iniciada por el Grupo Clarín, que reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obligan a desprenderse en un año de aquellas licencias que excedan del máximo legal. En este caso, no por propia decisión, sino porque el Poder Ejecutivo prefiere trabajar el tema con especialistas de mayor confianza. La endeblez del recurso extraordinario que presentó por la medida cautelar concedida fue mencionada en el fallo de la Corte Suprema como una de las razones por las que no accedió a revocarla. Un argumento que los abogados del Estado no utilizaron es que la medida cautelar constituye una sentencia definitiva, ya que frustra en forma irrevocable la aplicación del plazo fijado por la ley respecto del principal actor del mercado audiovisual. También es llamativa la conducta de la Procuración en la causa de fondo, que lleva el mismo juez. La lectura del expediente completo depara sorpresas. Al presentar la demanda, los licenciatarios pidieron que no se le corriera traslado al gobierno nacional, porque ampliarían sus fundamentos. La ampliación recién se produjo en mayo, cuando vencía el plazo y estaba por levantarse la cautelar. El juez Edmundo Carbone dispuso seguir el juicio según el trámite ordinario pero sin dar traslado a la demandada ni rechazar el pedido de hacerlo. La Procuración del Tesoro no insistió ante el juez ni apeló ante la Cámara, con lo cual dejó indefenso al Estado, mientras siguen corriendo los meses. Fuera del universo hermético de los tribunales es imposible que un ser humano comprenda cómo es posible que a un año de sancionada la ley que más adhesiones y rechazos ha provocado, en torno de la que gira buena parte del debate político e institucional, y a ocho meses de la demanda de Clarín contra su aplicación, nada haya ocurrido en el expediente para avanzar hacia una decisión sobre su constitucionalidad, sin que la defensa del Estado actúe para impedir este escándalo. Mucho más eficiente ha sido el estudio de Da Rocha en la tramitación de algunos casos en contra del Estado Nacional. Por ejemplo, la representación de la República de Chile en la causa por la extradición de Galvarino Apablaza. En este caso, la Corte Suprema resolvió concederla, tal como solicitó el estudio Da Rocha, con la firma de sus socios Gustavo Enrique Gené y Raúl Carlos Munrabá, los compañeros de mesa de Caraballo en la boda. ¿Alguien sabía en el Poder Ejecutivo que el estudio de su abogado en jefe le estaba preparando este dolor de cabeza?

Golpes y amenazas

Da Rocha recrimina por la divulgación de la foto que puso en evidencia el doble juego a su exposa, la fiscal Mónica Cuñarro. Luego de su publicación, el Procurador del Tesoro irrumpió en el gimnasio próximo al domicilio conyugal que ambos compartieron durante años y que Da Rocha abandonó en 2008 luego de agredir a su esposa, como consta en un acta levantada por el personal de la comisaría 53ª que acudió en auxilio de la mujer y documentó sus lesiones. El jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca informó del episodio a Fernández, que en aquel momento era ministro de Justicia, ya que Cuñarro era funcionaria de esa cartera, a cargo de la coordinación de una Comisión Asesora en temas de drogas, integrada por jueces, camaristas, médicos y psicólogos. Da Rocha reclamó a Fernández que sancionara a los policías, pero el ministro entendió que tanto los agentes de la comisaría 53ª como Valleca habían actuado dentro de sus atribuciones y deberes. El martes 12, Da Rocha fue contenido por otros asistentes al gimnasio, que lo calmaron y lo condujeron hacia la salida antes de que pudiera pasar una vez más a los hechos. Por último, en aras de la precisión, uno de los asistentes a la boda, comunica que no ocurrió el sábado 25 de setiembre sino el viernes 24 y que la jueza de la Corte Suprema no es Carmen Argibay Molina sino, a la española, Argibay Carlé. Vale.

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