La condena judicial contra los dueños de Taringa y el incremento de restricciones empresarias y políticas sobre la circulación de bienes y servicios culturales en Internet motivó reflexiones críticas por Beatríz Busaniche en Vía Libre y también, por el sitio Derecho a Leer. Es cierto que Taringa, a diferencia del también condenado profesor Horacio Potel (quien puso a disposición textos de Jacques Derrida), tiene fin de lucro mientras que el intercambio de archivos con contenidos por parte de los usuarios se distingue porque los anima la circulación de la cultura, por la que han pagado directa e indirectamente numerosas veces (adquisición del bien, pago de redes informáticas y eléctricas, compra de equipamientos, pago de soportes, tiempo empleado, entre otras). Se incluye en este post también nota de La Nación al diputado conservador Federico Pinedo (PRO), autor de un proyecto que intenta establecer limitaciones a la libertad de ideas en la red y que se inspira en las represivas Ley Sinde española y la Ley Hadopi francesa.

EL DELITO QUE COMETEMOS TODOS

El estallido mediático del caso Taringa nos ofrece una oportunidad única de discutir el fondo de la cuestión, aún teniendo en cuenta todos los debates específicos del caso en particular. El súbito interés en Taringa nos permite decir, sin temor a equivocarnos, que el supuesto delito del cual Taringa seríapartícipe necesario es una práctica común, cotidiana y que efectivamente cometemos todos.

El fallo publicado en el Centro de Información Judicial el viernes 6 de mayo indica que los titulares de Taringa son procesados por partícipes necesarios de violación del artículo 72, inciso a) de la Ley 11723. Veamos de qué se trata:

Art. 72. — Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece, además del secuestro de la edición ilícita:

a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes;

El artículo remite al artículo 71, que dice:

Art. 71. — Será reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal, el que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta Ley.

Es decir: el que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada, sin autorización de su autor o derechohabiente será reprimido con la pena establecida en el artículo 172 del Código Penal. Por cierto, el artículo incluye toda reproducción por cualquier medio, aunque no medie fin de lucro (el fin de lucro está contemplado en el art. 72 bis).

Está claro que toda persona que tenga en sus manos un dispositivo digital, cualquiera sea, un celular, una tableta, una netbook o una notebook o una computadora de escritorio, al reproducir obras, viola o ha violado alguna vez este artículo incluido en una ley que data del año 1933 y requiere urgente modificación. También está claro que Taringa no editó, ni vendió ni reprodujo obras, sino que habilitó un espacio donde los usuarios publicaron links, hecho que, al menos por ahora, no está tipificado como delito en el código penal.

El caso de Taringa aparece como un intento ejemplificador para todos aquellos que comparten, intercambian, copian, bajan, suben, leen, escuchan, producen, remixan, multiplican cultura de diferentes formas. El caso data de 2009 y fue iniciado por la Cámara Argentina del Libro, el mismo año y los mismos querellantes que hicieron famoso repentinamente a un Profesor de Filosofía que cometió la tropelía de subir textos de Jacques Derrida a Internet.

Usuarios de Internet, bibliotecarios, docentes, estudiantes, consumidores, todo el mundo viola esta ley porque no hay forma de no hacerlo: Argentina no tiene excepciones educativas, excepciones para bibliotecas, derecho a la copia privada, cláusulas de uso justo, o siquiera un derecho a cita lo suficientemente amplio para ser útil. Tampoco están amparados en ninguna ley o disposición, la tutela de nuestros derechos de libre acceso a la cultura, que tienen rango constitucional y que esta ley viola sistemáticamente con su sola existencia, a la postre de no proteger de manera adecuada a los autores y poner en riesgo la libertad de expresión y la red tal como la conocemos. (Para conocer más sobre las restricciones de la Ley bajen nuestro libro Argentina Copyleft. en .pdf )

El caso de Taringa está ahora en la justicia penal. En la calle, en las redes, hoy, aquí, todos somos Taringa.

Para ampliar la información sobre este caso, visiten:
Breves comentarios sobre el Fallo contra Taringa, por Estudio Lexar, los patrocinantes de los Hermanos Botbol, titulares del portal.
Taringa y el bochorno legal definitivo. Por Derecho a Leer.

Taringa y el bochorno legal definitivo

Considere el caso donde la justicia evalúa como un delito penal, un acto edificante como es dar acceso público a un bien cultural subiéndolo a internet (de igual forma que donar un libro a una biblioteca para que todo el mundo lo lea, es algo edificante). Sin embargo, en vez de concentrarse en este hecho en sí, decide fijarse en un tercero cuyo grave crimen no fue subirlo, sinoenlazarlo (como quien da un domicilio o un teléfono). Pero no resultando esta relación lo suficientemente elíptica, decide acusar al dueño del sitio donde se publicó dicho enlace, por el crimen de no vigilar lo suficiente al usuario, aun cuando esta vigilancia, además de imposible, no le corresponde. Llegada esa instancia, ¿ya no sería momento de meter preso al juez?

El 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual según la OMPI, el foroTaringa! llegaba a los 7.000.000 usuarios registrados. Sólo tres días más tarde, el 29 de abril, se confirmó el procesamiento de los titulares de sitio web donde se descargan archivos sin autorización del autor. Los verdugos culturales en este caso, estan encabezados por un viejo conocido de este blog:La Cámara Argentina del Libro. También las editoriales Astrea, La Ley,Rubinsal y Asociados, Ediciones de la Flor S.R.L., Ediciones La Rocca S.R.L.,Editorial Universidad S.R.L., Gradi S.A., que según el comunicado de T!, son quienes iniciaron la demanda. Editoriales, no autores, porque como todo el mundo sabe los autores no ganan dinero con el derecho de autor (y por si faltara algo, son las editoriales donde publican los jueces).

El caso Taringa, parece resumir en una sola causa, la suma del bochorno definitivo de las actuales leyes sobre copyright y las interpretaciones legales extravagantes, con el único fin de convertir en delitos prácticas sociales que el sentido común (si aplicamos el sentido común, claro) nos dice que no se trata de faltas, sino acciones beneficiosas para la sociedad en su conjunto: compartir cultura, compartir recursos e información a traves de enlaces, respetar los derechos de los usuarios no censurando arbitrariamente sus artículos (los usuarios son creadores, y los creadores son usuarios), o ganar dinero respentando el marco legal.

Aún si consideramos…

¿Por que es un bochorno?, muy simple:

Aún si consideramos que está bien que compartir en internet deba ser un crimen (eso es lo que nos dice actualmente la nefasta ley Noble 11.723, que al criminalizar la copia o difusión sin excepción, convierte en delitos prácticas sociales establecidas desde siempre, como prestar un libro o disco), Taringa no es culpable de compartir, porque Taringa no aloja material sujeto a derechos intelectuales de terceros en sus servidores. Solamente se han encontrado enlaces a otros sitios (generalmente servicios de descarga directa perfectamente legales, con dirección, responsables y personería jurídica, comoRapidshare, Megaupload, Mediafire etc., quienes sí alojan los archivos y permiten su descarga). El enlace es sólo una cadena alfanumérica con una dirección de una pagina web (la innovación fundamental que dio origen a laWorld Wide Web), que es el equivalente a un número telefónico o un domicilio en el mundo físico. Hay fallos en otros países que explican por qué enlazar no puede ser ilegal.

Ahora bien, aún si consideramos contra todo sentido común, que “enlazar es un crimen”, ya que alegando una interpretación extravagante y forzada de la idea de “partícipe necesario” el fallo intenta criminalizar los enlaces, (para ser “participe necesario”, hace falta probar la intención del imputado de querer participar de un delito, sino, Telefónica sería responsable cuando una banda decide coordinar su accionar delictivo usando su servicio de telefonía celular), pero Taringa tampoco es culpable de enlazar, porque el responsable de la publicación del abominable link, no es Taringa, sino un usuario de Taringa, que no es lo mismo. El usuario, que siguiendo el absurdo del “participe necesario”, podria entrar en esa categoría en la medida que conoce el destino cuestionable del enlace que publica, es un caso diferente al servicio de publicación, que no puede, ni debe, supervisar o editar previamente esos contenidos. Esta no es una característica exótica y singular de Taringa: es la norma de todos los servicios de foros o blogs de internet. Sólo imaginemos el escándalo que significaría que Blogger, Twitter o Facebook debiesen “aprobar nuestro post” antes de publicar.

Por otro lado, de nuevo, Aun si consideramos la postura extrema de que el proveedor del servicio debe ser responsable de todo lo que publican sus usuarios (pensemos que pasaría con los clasificados de Clarín si así fuera),Taringa tampoco es culpable, porque Taringa tiene un sistema de denuncias automático, que le permite a cualquiera que se sienta afectado por un post, pedir su baja. Y lo mejor de todo (o lo peor, según de donde se lo mire) es que Taringa sí da de baja los contenidos cuestionados, es decir (por lo general) pone por encima los derechos de los denunciantes, sobre los derechos de quien publica, lo cual es arbitrario e injusto, pero es la única manera que tienen estos servicios (y muchos se abusan) de mantenerse a salvo de problemas legales. Las garantías que son sagradas en la prensa, pocas veces son tenidas en cuenta por los jueces, cuando se trata de Internet.

Pero sigamos, aún si consideramos que el fondo de la acusación está relacionado con el lucro que obtiene Taringa por su servicio a través de la publicidad, (y con este dedo es que muchos los señalan, tanto quienes consideran que compartir esta bien, como aquellos que creen que compartir esta mal) de nuevo: Taringa no aloja contenido, no escribe los enlaces y da de baja los post denunciados, mal que les pese a muchos, su actividadno incurre en ninguna ilegalidad, ni necesita sostenerse en ninguna excepción provista por la ausencia de lucro.

Si eres legal, eres legal

Desde la perspetiva de las leyes, no importan las consecuencias indirectas que provoca una determinada actividad lucrativa, en la medida que tal actividad sea legal. Hay matices y regulaciones, pero en esencia si esto no fuera así, los fabricantes de armas deberían ser condenados cada vez que se usa un arma para cometer un delito (que en la práctica, es cuando más se usan). Además mientras más armas se compran y producen, más se disparan, más gente muere, pero los fabricantes de armas, más beneficios obtienen. Lo mismo podría decirse en este caso: mientras más copian y comparten indebidamente los usuarios, más enlaces publican, más visitas recibe el sitio, más se beneficia Taringa. Pero aunque cometamos la monstruosidad de comparar la copia con el asesinato, para la justicia, el asesino es solamente quien jala del gatillo, y no quien fabrica o vende el arma. Si usted piensa que la “pirateria” es un delito que debe ser combatido (como el asesinato) ¿No es un piso mínimo de cordura, otorgarles a los dueños de Taringa, al menos las mismas garantías jurídicas para hacer sus negocios, que se le otorgan a los fabricantes de armas?. Sino, la discriminación se vuelve demasiado evidente…

Un ejemplo de una sentencia de absolución del Juzgado Mercantil 6 Barcelona (¿servirá de inspiración?). La SGAE contra la página indice-web (una página de enlaces), por violación a las sacrosantas restrictivas leyes de derecho de autor:

[…] Como se ha dicho, resulta acreditado que el sitio web Índice-web.com ofrece exclusivamente enlaces para descargas en redes P2P u otros sitios web, sin almacenar ningún tipo de contenidos audiovisuales y sin intervenir en las transmisiones realizadas en las redes P2P. Esa función del sitio web del demandado, esto es, de indexar o crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a otros webs o a las redes de intercambio de archivos P2P mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales, constituye la esencia misma de Internet. Es más, éste sería un caos si no hubiera páginas y/o buscadores (como Google) que facilitan hacer aquello que en este procedimiento pretende que se declare como acto vulnerador de derechos, esto es, enlazar a otras páginas o a las llamadas redes P2P. Google, de una forma generalista, hace la misma función que el web del demandado, y la licitud de tal función, aunque desde otra perspectiva, ya ha sido declarada en sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17 Sep. 2008.

Teniendo en cuenta el concepto legal de distribución o de comunicación pública, puede decirse que la labor de enlazar sin intervenir en la descarga, no entra dentro del núcleo de lo que constituye distribución (puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma) ni comunicación pública (todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas). Enlazar sitios de internet, que no es otra cosa que ofrecer el mero dato fáctico de un contenido que se halla en otro lugar de Internet, queda muy lejos del núcleo de lo que supone distribuir, reproducir o comunicar públicamente, y ello resulta del hecho de que comunicados los usuarios de las redes P2P, estos actúan la descarga, en su caso, sin intervención de los sitios que han facilitado el enlace, como ocurre con Índice-web. Y lo mismo puede decirse cuando el particular enlaza con el servidor señalado por webs como la del demandado, y se dedica a verificar una descarga de obra protegida. […]

Test para encontrar al “delincuente del copyright” en internet.

Problema a resolver: qué hacer cuando alguien denuncia que un archivo “N” ha sido subido ilegalmente por un usuario “A” a internet, ¿a quién se debe acusar por el infame crimen?

a) al usuario “A” que subió ilegalmente el archivo “N”.

b) al servicio “B” donde el usuario “A” subió ilegalmente el archivo “N”.

c) al usuario “C” que puso un enlace al servicio “B” donde el usuario “A” subió ilegalmente el archivo “N”.

d) al servicio “D” donde el usuario “C” puso un enlace al servicio “B” donde el usuario “A” subió ilegalmente el archivo “N”.

e) al que inventó el protocolo html que permite ir de “D” hasta “N”.

 f) a Osama Bin Laden.

 ¡Minuto Derecho a Leer en el aire! (cuesta, cuesta, pero ya va a salir Doctor…).

 enlace permanente:

http://derechoaleer.org/2011/05/taringa-y-el-bochorno-legal-defi.html

publicado por NDH in 1305153026

Sinde valora que Europa quiera copiar su ley antidescargas

“Ojalá que ese modelo constructivo sea el que otros países europeos consideran interesante”, destacó la ministra de Cultura

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. MARTA JARA

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha valorado que la Comisión Europeaesté estudiando la posibilidad de hacer que los proveedores de Internet controlen sus redes para hacer frente a las descargas ilegales y tome como referencia la norma puesta en marcha por la ministra, conocida como ‘Ley Sinde’. Ángeles González Sinde se ha pronunciado de esta manera en un acto celebrado en Valencia, junto al candidato del PSPV a la Alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, tras ser preguntada sobre este asunto.

“Ojalá que ese modelo constructivo, que hace todos los derechos compatibles, sea el modelo que otros países europeos consideran interesante”, ha destacado la ministra de Cultura, quien considera que esta propuesta, de salir adelante, “sería muy positiva”. Asimismo, Sinde se ha mostrado de acuerdo en “reconvertir esa situación en Internet”, que supone que “muchos productos se exploten sin permiso ni remuneración para los que viven de la cultura y la generan”.

Además, ha indicado que el modelo planteado por el Gobierno a través de esta norma “busca el consenso y el respeto de los derechos de todos” y ha anunciado que el próximo jueves asistirá a una reunión del Consejo de Ministros europeos y se reunirá con algunos comisarios para tratar este asunto.

En relación al ‘Manual de Desobediencia a la Ley Sinde’, puesto en marcha por Hacktivistas.net, junto a la editorial Traficantes de Sueños y el periódico Diagonal, Sinde ha declarado que no conoce el documento, que ha calificado de “anecdótico”, aunque cree que “tendrá su acogida”.

Pinedo: “Esto no tiene nada que ver con censura”

El autor del proyecto que regularía empresas que brindan servicios de Internet en el país se defiende de las acusaciones de diversos sectores; las voces en contra; de qué se trata la normativa y a quién afectaría

Por José Di Bártolo – De la redacción de lanacion.com – Lunes 09 de mayo de 2011

El autor del proyecto que regularía empresas que brindan servicios de Internet en el país se defiende de las acusaciones de diversos sectores; las voces en contra; de qué se trata la normativa y a quién afectaríaL

Régimen para proveedores del servicio de Internet. Bajo esa denominación ingresó a finales de febrero en la comisión de Comunicaciones en Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto elaborado por el diputado de Pro, Federico Pinedo , que busca crear un marco regulatorio que establezca responsabilidades sobre los contenidos publicados en Internet, pero no penalizando a los que publican los mismos, sino a las empresas de hosting (compañías que brindan un espacio en la web para alojar sitios) que almacenan en sus servidores a dichos contenidos.

Al igual que en España meses atrás con la denominada “Ley Sinde” , en Argentina, la polémica por el contenido del proyecto que elevó Pinedo no tardó en aparecer por parte de empresas, blogueros y organizaciones que están en contra de cualquier tipo de regulación de Internet. A continuación, una serie de puntos fundamentales para conocer más a fondo la temática en cuestión:

¿Qué dice el proyecto de ley?

Básicamente la normativa responsabilizará a las empresas que brindan servicios de Internet por el contenido de las webs que aloja, cuando éstas violen normas legales o derechos de terceros, como así también, a aquellas páginas que ofrezcan enlaces a otros sitios que también incumplen la legislatura vigente. Y obviamente, dará de baja de la red la web en cuestión con sólo una carta documento y no con un fallo judicial.

En uno de los apartados el proyecto señala que toda persona, de existencia visible o ideal, podrá promover una medida ante el juez con competencia en su domicilio con el objeto de solicitar judicialmente que se elimine, restrinja y/o bloquee el acceso a uno o más contenidos específicos que lesionen derechos o garantías reconocidos por la Constitución.

Un artículo que generó polémica es el referido a los links. Según el proyecto de ley, los proveedores de alojamiento, contenidos y servicios que ofrezcan enlaces a otros sitios webs o información provista por terceros, serán responsables respecto de la información provista por aquellos exclusivamente en los casos en que tengan conocimiento efectivo de que la información almacenada viola normas legales o derechos de terceros.

La reacción en la web: blogueros y organizaciones

La presentación del proyecto rápidamente resonó en las diversas esferas de Internet. Entre ellos varios blogueros y miembros de diversas asociaciones que no estuvieron de acuerdo con lo presentado por Pinedo.

Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre , criticó el curso que lleva el proyecto dentro de Diputados. “Parece ser que todavía los legisladores no entienden que lo que está en juego aquí no es un tema técnico ni judicial, sino que lo esencial del asunto es la libertad de expresión y que existen comisiones especializadas en eso en el Congreso”, dijo.

“El proyecto se basa en argumentos completamente equivocados: presupone que no hay ley donde si la hay y pretende crear un marco regulativo menos garantista y más represivo que el que rige nuestra vida en nuestro país”, explicó Busaniche.

Por su parte, el bloguer Fabio Baccaglioni señaló a lanacion.com que “el problema es que se le quiere trasladar una responsabilidad al ISP cuando no debería ser éste el que ejerza un poder policial por sobre sus clientes. La justicia debe ser quien tenga la potestad, porque así corresponde por nuestra Constitución”, al tiempo que aseguró que “existe una diferencia sustancial entre bajar un contenido previamente o posteriormente a un fallo judicial, ya que sino se aclara bien en el proyecto atenta directamente con la libertad de expresión”.

La reacción en la web: empresas de hosting

Un análisis rápido del proyecto arrojaría que el sector que principalmente está involucrado son aquellos que presentan servicios de Internet. Pero luego de ser consultados por lanacion.com , dos de las empresas más representativas del sector en el país, Dattatec y El Server , restaron importancia y minimizaron la iniciativa.

Joel Chornik, CEO y fundador de El Server, subrayó la “falta de conocimiento técnico sobre el medio que se pretende legislar”, al tiempo que aseguró que “el problema es no contar con un mecanismo efectivo de resolución de conflictos. Si los proveedores, en cualquier punto, pudiéramos tener rápidamente una confirmación o no de la legalidad o ilegalidad de los contenidos, podríamos actuar de forma rápida sabiendo que estamos respetando la ley. Pero no es correcto que se pida a un proveedor que cumpla el rol de un juez, y se tome atribuciones que no corresponde”.

Para Guillermo Tornatore, CEO de Dattatec, el proyecto de ley de Piendo “no modifica en absoluto el mecanismo de acceso a la justicia actual ante un reclamo por violación de normas legales o derechos de terceros. No agrega absolutamente nada a un tema complejo a nivel mundial y, para colmo, parece ocultar un intento de “protección” para los distintos proveedores de servicios de Internet, entre los que nos encontramos los hosters, desligándonos de toda responsabilidad”.

Los fundamentos de Pinedo

El legislador de Pro, ante la crítica de diferentes sectores organizó una reunión explicativa de la normativa que se presentó en comisión para aclarar de qué se trataba la misma.

“Lo nuestro no tiene nada que ver con la Ley Sinde de España. Como hubo algún ruido en la web hicimos una reunión con esta gente. Desde ya que no tenemos inconveniente en cambiar la redacción del proyecto”, aseguró Pinedo a lanacion.com , aunque aclaró que “esto ya se presentó y pedimos que se trate cuanto antes”.

Pinedo dijo que “la ley no es contra nadie, es a favor de los prestadores de servicio de Internet y de los que puedan ver sus derechos violados por alguna publicación. Seguramente se entendió mal. Esto no tiene nada que ver con censura”.

Más información: 
– Proyecto de ley “Régimen para proveedores del servicio de Internet” (DOC)
– Opinión de Joel Chornik, CEO de El Server (PDF)
– Opinión de Guillermo Tornatore, CEO de Dattatec (PDF)