El bloqueo a la planta impresora de Clarín el domingo último dio lugar a una polémica extendida por todos los medios argentinos, comenzando por una tapa en blanco distribuida por el matutino el lunes siguiente. En general se escucharon dos discursos: el del diario y buena parte de la oposición política al gobierno, denunciando el bloqueo como un “ataque a la libertad de prensa”, y el de los medios gubernamentales y los cercanos al oficialismo que editaron el tema como parte de un conflicto gremial. Ambos discursos coincidieron en reconocer que el conflicto sindical lleva 8 años, denuncias judiciales y administrativas en el Ministerio de Trabajo. Llama la atención que en este lapso ni la autoridad política (Ministerio de Trabajo) ni la Justicia hayan podido evitar el extremo del impedimento de la distribución de un diario, con independencia de sus posicionamientos actuales. O tal vez, porque ese posicionamiento cambió es que se explica la inacción de la autoridad política y la autoridad judicial, ambos poderes del Estado, durante largos años. Excepcional cobertura tuvo el programa Palabras + Palabras – (TN) que incluyó el testimonio de la delegación gremial que condujo el bloqueo, del abogado de la empresa de Clarín y de un delegado gremial despedido a comienzos de siglo que no ha sido reincorporado y que denuncia que la actual conducción gremial tampoco reclama su reincorporación. Aquí se reproduce un nuevo análisis sobresaliente de Gustavo Arballo en su blog Saber Leyes no es saber derecho. Imperdible su lectura así como el debate posterior. También se incluye nota de Martín Becerra en La Ventana, de Página 12, sobre el extendido uso de la cámara oculta en televisión.

lunes, marzo 28, 2011

Sobre el bloqueo a Clarín, jurídicamente

El tema tiene vueltas que son parecidas a los casos de bloqueo de caminos, desde los piqueteros de Cutralcó hasta el conflicto de la 125. No es el mejor lugar para empezar, pero si yo leo el art. 161 del Código Penal, veo un delito como un castillo.

ARTICULO 161. – Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico.

Claro que la definición legal que ves un un artículo leyendolo “a ojo desnudo” tiene que pasar por el filtro del art. 34 inc. 4 del Código Penal, que declara no punibles los actos ejecutados por aquel que obra en el legítimo ejercicio de un derecho.

Del mismo modo que el derecho a la participación política tiene como complemento el derecho a la protesta, las garantías sindicales tienen como complemento el derecho de huelga y a otras medidas de fuerza que sin ser huelga tienen una justificación similar.

Es claro que en principio no existe un derecho a cortar rutas, ni a bloquear fábricas, ni a tomar universidades, pero todas son medidas que un grupo puede estar habilitado a tomar excepcionalmente en la medida en que los medios “regulares” de expresión o de negociación aparezcan claramente obturados -esa sería una condición plausible, sí necesaria a mi juicio, no necesariamente suficiente

Luego podríamos considerar otras: siendo un medio excepcional, siempre hay que verlo pensándolo como algo transitorio en el tiempo y que no exceda los límites propios del asunto en el que ocurre, tanto en sus “demandas” como en la forma de llevarse a cabo (así, por ejemplo, admitimos medidas de fuerza, pero no que los trabajadores destruyan bienes de una empresa al manifestarse, parar, bloquear, etc., actos no cubiertos por la excepción que legitima esas medidas).

Mas específicamente: el “bloqueo” de fábricas o plantas -una modalidad que ahora estalla porque el sujeto pasivo es Clarín, pero que se ha dado en muchos otros conflictos- no es exactamente lo mismo que el clásico “paro” (derecho a huelga), aunque como se da en el marco de un conflicto sindical el análisis de su legitimidad debe “leerse” dentro de ese contexto, y no en abstracto.

Por lo que sabemos, la medida tuvo un carácter temporal, los trabajadores alegan tener un largo historial de negociaciones previas que darían por cumplido el requisito de proporcionalidad o progresividad que debe cumplir toda medida de fuerza, dicen que tienen fallos en su favor (aunque no me consta la congruencia entre el resultado de esos fallos y el reclamo que esgrimen, un tema muy importante).

El tema puede tener puntos para uno u otro lado, pero el delito del art. 161 es un delito doloso, y al menos existe algún material para suponer que quienes hicieron el bloqueo estaban convencidos de buena fe de la legalidad de la medida en los términos en que la ejecutaron como medida de fuerza. Una condena penal es improbable.

Clarín también muestra un fallo en su favor. Pero un fallo no puede “anticipar” respuestas denegatorias que ilegalicen medidas de fuerza independientemente de las circunstancias. Y como todo mandato judicial, no puede leerse como si fueran obligaciones “de resultado”. Como segundo ítem relevante, el fallo no es de un juez con competencia laboral, fuero que en todo caso estaría habilitado para resolver sobre asuntos que son secuelas de un conflicto de trabajo (en verdad, es frecuente que cualquier juez se sienta habilitado para ordenarle cosas al gobierno, o a veces a particulares, independientemente de su competencia material o jursidiccional, algo que es abonado por prácticas de “forum shopping” a la que recurren litigantes que plantean estos pedidos allí donde supongan que los pronósticos son más receptivos a sus demandas)

En este orden de cosas, la potencia del argumento “había un fallo” se disipa bastante. Aún asumiendo su “vinculatoriedad” el gobierno (aquí su versión, comunicado del Mrio. de Seguridad) puede alegar que el conflicto no escaló y finalmente la libre circulación fue normalizada en un tiempo razonable -en otros conflictos las fábricas quedan bloqueadas días enteros- y que esa fue una línea de acción que pudo discrecionalmente tomar entre otras alternativas que podían implicar recurrir al uso de la fuerza, una medida más extrema y que debe reservarse para casos especialmente graves.

comentarios:

28 marzo, 2011
rg dijo…

GA, me parece que errás el tiro. Para mí sería un despropósito “criminalizar” a los trabajadores que estaban allí, como -en general- es un despropósito cargar las tintas sobre los piqueteros que cortan la ruta. La cuestión pasa por la responsabilidad del gobierno, que no sólo tiene al código penal penalizando que se impida la circulación de un medio, sino una decisión judicial sobre el caso específico que acatar, y además tuvo a una fiscal toda la noche apurándolo para que deje salir los diarios, mientras garré hacía que dormía la siesta. Asistir a los trabajadores, custodiar sus derechos, pero a la vez cargar la responsabilidad obvia de garré, que -ya lo mostró en otros casos- como buen soldado está dispuesta a usar la policía para proteger a los amigos y dejar que padezcan los enemigos. Penoso.

28 marzo, 2011
rg dijo…

además, es tan raro, y tampoco te hacés cargo, de que al mismo tiempo se bloqueó a La Nación. O sea que la tesis del conflicto laboral (que muy posiblemente exista), hay que redimensionarla, para ubicar el otro gran elemento en juego, que es la decisión gubernamental de usar el conflicto para pegarle a sus enemigos. Hacer un análisis jurídico que borre este tema, es un problema (insisto: cómo se explica el bloqueo a La Nación? Dirás: están en la misma calle. Pero qué raro! La cercanía involucra a La Nación hasta las 3 de la mañana y después no!). Farsesco

29 marzo, 2011
Ramiro dijo…

Gus, no me parece mal el análisis, pero me interesa poner en cuestión el calificativo de “jurídico” del análisis. ¿Qué significa? ¿Qué clase de componente estamos dejando afuera para poder calificarlo de “jurídico”? ¿La política, acaso? No es pregunta retórica. Me explico.

Entiendo el punto de partido: acción presumiblemente típica, posible delito, causas de justificación, magnitud de daño, análisis de proporcionalidad, y así. ¿Pero por qué eso es “jurídico”? Un análisis que considerara –supongamos– el contexto de hostigamiento de cierto gobierno a cierto grupo de medios, la vinculación de cierto sindicato con cierto gobierno, etcétera, ¿sería menos jurídico que el otro? Yo creo que no: el análisis que propones, en boca de un juez, no sería “jurídico”, sería incompleto y estaría incurriendo en mala praxis. Del mismo modo que si quisiese resolver el caso sin considerar la larga y mala historia de Clarín en materia sindical.

Claro que un juez que quisiera sacarle el culo a la jeringa se quedaría en cualquier punto del análisis: es delito, es delito justificado, no hubo daño, etcétera. Pero un juez que hace eso no debería ser juez en primer lugar: tiene ciertas responsabilidades y obligaciones de proteger nuestros derechos.

Creo que los operadores jurídicos solemos usar la calificación de “jurídico” para indicar cierta pureza de análisis, que en la mayoría de los casos sólo indica que hay un gran cacho del asunto que preferimos no analizar. Además, el caveat parece señalar hacia una hipotética frontera entre el derecho y la política que –si bien no es éste el lugar para negarla– solamente suele indicar ciertas ganas de esquivar el bulto, y naturaliza cierta pretensión de neutralidad u objetividad del derecho que tampoco existe. Creo que, como academia, deberíamos repensar qué queremos decir cuando decimos que nuestro análisis es “jurídico”.

Espero no haber sido muy confuso, la primer versión de este comment que creo era más clara se borró por la ira del dios blogger.

Abrazo, R.

29 marzo, 2011
Anónimo dijo…

Hola. Pero acaso no hay una diferencia entre un bloqueo de una fábrica y un bloqueo que impide que un diario sea distribuido? Jurídicamente, no es relevante esa diferencia? Intuitivamente me parece que la diferencia es enorme, y que justamente esa diferencia deposita una exigencia distinta sobre el gobierno en el caso del bloqueo del diario.
Saludos,
Fernando B.

29 marzo, 2011
el de adentro dijo…

Muy bueno poder leer algo racional en el medio de tanta basura apocalíptica. Abrazo!!!!

29 marzo, 2011
Iván dijo…

GA, creo que la idea del “limite temporal” al bloqueo tiene que ser relativa a la firma donde se produce el conflicto gremial. Un bloqueo de 12 horas en un diario no es lo mismo que un bloqueo de 12 horas en una fabrica de galletitas. En este caso el bloqueo de Clarín directamente impidió la distribución del diario en el día de mayor circulación. Por otra parte, no es la primera vez que habian bloqueado Clarín, aunque siempre lo habían hecho hasta más temprano. Creo que el ministerio de trabajo hizo oidos sordos al conflicto gremial y dejó que siguiese su curso, sin intervenir antes.

29 marzo, 2011
Anónimo dijo…

esta bueno como analisis juridico, pero me parece incompleto.-Aca, segun dicen, hubo una orden judicial de dejar pasar los diarios , que incumplieron los trabajadores.- o sea, desde elpunto de vista juridico, hubo un incumplimiento patente de una orden judicial y ello coloca a los manifestantes en el lado de la ilegalidad.-cualquier objecion a esa orden judicial, debieron hacerla valer el lunes a la mañana en tribunales, como cualquier ciudadano

29 marzo, 2011
Mariano T. dijo…

Lo que veo es una ampliación del derecho a huelga.
En estos casos, el protagonismo de la medida ni siquiera corre por cuenta de los trabajadores de la empresa, sino por terceros ajenos a ella.
Esa ampliación la veo totalmente arbitraria. Qué delitos pueden ser justificados por ella, y cuáles no?(calculo que incendiar la fábrica con los obreros adentro va a seguir siendo ilegal)
Una cosa son los sucesos colaterales a una huelga. Acá, (y en otros casos de bloqueo)no hay una huelga, y ni siquiera hace falta que participen los trabajadores.

29 marzo, 2011
Gustavo Arballo dijo…

Roberto: ayer escuché en el programa de María O´Donnell a un delegado que explicó el tema y aportaba mucha información fáctica que suele estar bastante retaceada sobre el conflicto. No está el audio en la web (parece que cuelgan las notas por teléfono, no las de móviles). Una de las cosas que explicaba es la secuencia del bloqueo de La Nación (es la misma puerta, comparten establecimientos, en un par de horas aclararon los tantos y ciñeron su reclamo a la empresa de Clarín). El tipo también contaba que la policía había ejecutado durante ese tiempo medidas de hostigamiento pasivo para disuadirlos. La cronología del comunicado que detalla el comunicado me parece bastante razonable como política de intervención, teniendo en cuenta que era una protesta con trabajadores y familias, no un picnic de floggers que uno puede dispersar chasqueando los dedos. Se trata de un hecho que además tiene doble competencia aparente, porque es a la vez delito y contravención, y entonces esto plantea la duda sobre quién es el competente para dar las órdenes.

Con respecto a la sentencia preexistente, no me fanatizo para nada por un fallo que tira una cautelar al viento, dictado inaudita parte, desde una jurisdicción discutible, sin intervención ni “traslado” a los que son objeto de la orden.

Fernando, Iván. La lógica de las medidas de fuerza presupone que se hacen en momentos y lugares críticos. El corte de rutas se hace en rutas nacionales, los choferes hacen paros en pascua y navidad. Es lógico que hicieran esto un domingo. De algún modo, esta gente tiene a su favor que el “producto diario” tiene una obsolescencia aceleradísima. Pero están en conflicto contra Clarín, imaginate cuántas tienen en contra.

Ramiro: las cosas, jurídicamente, obligan a hacer recortes de la realidad, si no sería abuso de jurisdicción. Clarín tiene una mala historia en materia de libertad sindical, pero tal vez al final tenga razón justamente en este caso. El gobierno puede tener algún tipo de inquina con Clarín, pero ello no quita que el manejo de este conflicto particular haya sido -como me parece posible- razonable.

Che, otrosí global. En el interior profundo recibimos los diarios porteños a las dos de la tarde desde hace cincuenta años. No nos enfermamos, todavía. ¿No le estamos dando al tema una dimensión apocalíptica?.

MEDIOS Y COMUNICACION (Página 12, 13/4/2011, pag. 18)

Cámara oculta y juego sucio

Para Martín Becerra, el uso de la cámara oculta expresa la modificación de las rutinas productivas audiovisuales, resignando profundidad analítica y genera un efecto disciplinador también entre las audiencias.

Por Martín Becerra *

La propagación de un video grabado con cámara oculta al delegado gremial de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR, Grupo Clarín) reactiva el debate sobre el uso y difusión de grabaciones realizadas sin el consentimiento de sus protagonistas. El caso no es aislado. Otros medios, estatales y privados, emiten cámaras ocultas, lo que suscita interrogantes sobre su legitimidad en el periodismo.

Hace tres décadas, planificar una cámara oculta requería de instalaciones y equipos pesados, de una gran logística. La miniaturización de las cámaras de video, al punto de incorporarse a los teléfonos móviles (la tecnología informacional con mayor presencia en la Argentina), su ubicuidad y disminución de costos permiten que hoy grabar (y ser grabados) sea accesible. La tecnología, una vez más, evolucionó con mayor velocidad que la reflexión sobre sus usos sociales.

Un rasgo ineludible de la cámara oculta es el engaño: se necesita engañar a quien se captura para descubrir un comportamiento antagónico del que esa persona, convertida en personaje, sostiene públicamente. En la sociedad que consume la cámara oculta habita una certeza sobre la disociación entre el discurso y la práctica.

Ahora bien, el engaño se justifica cuando es el único método para denunciar violaciones a derechos básicos. Es el caso del cura Julio Grassi, condenado por la Justicia por abuso sexual y corrupción de menores, quien fue investigado por un equipo de Telenoche conducido por Miriam Lewin, que empleó, entre otras técnicas, la cámara oculta en 2002.

Otros fines necesitan otros medios: a diferencia del caso Grassi, en el paisaje audiovisual abundan las cámaras ocultas ya no como técnica sino como estrategia delatora. Fuera de una investigación periodística (cuyos tiempos son largos), la cámara oculta aspira al efecto inmediato. La cámara oculta es, en este sentido, económica. Expresa la modificación de las rutinas productivas audiovisuales en las que se resigna profundidad analítica, obviamente más costosa.

El inmediatismo de la cámara oculta está generalmente ligado al escarnio del personaje escrachado. La ambición de la cámara oculta es escandalizar. Para ello, el material suele ser editado para su amplificación. La edición es, en muchos casos, extorsiva: si determinadas condiciones planteadas por quien ocultó la cámara no se cumplen, éste puede entonces dar a conocer el resto del video, que podría comprometer (aún más) al personaje capturado. Alterar, a través de la edición, el contenido completo del material grabado impide a la audiencia conocer el contexto en que se realizaron las tomas.

La cámara oculta urdida por empleadores del principal multimedios del país contra un delegado gremial y presentada, paradójicamente, como una extorsión de este último, tiene elementos en común con otro famoso video que propagó el programa 6, 7, 8 en el Canal 7, de gestión estatal, contra un columnista del diario La Nación en octubre de 2009. A pesar de sus antagónicos posicionamientos políticos, tanto el principal grupo multimedios como la televisión oficial les negaron a los escrachados (también ellos, ideológicamente refractarios) el derecho a su elemental defensa.

En ambos casos, la divulgación de la cámara oculta resultó contradictoria. Para la audiencia más identificada con el sesgo editorial del emisor, y dispuesta a la condena sumaria del “enemigo”, la cámara oculta confirma el supuesto sobre la maldad ajena, funcionando como refuerzo ideológico. Pero para quienes albergan dudas sobre el mensaje emitido por los medios, el video es un boomerang que activa sospechas de manipulación contra el medio que difunde la cámara oculta, erosionando su credibilidad.

Entre ambas cámaras ocultas hay, también, importantes diferencias. Mientras que varios conductores de 6, 7, 8 aclararon que su productor, Diego Gvirtz, incluyó el video sin darles aviso (agravando la responsabilidad de la emisora), no existieron voces disonantes entre los periodistas del Grupo Clarín frente a la cámara oculta difundida por el multimedios. A la vez, corresponde destacar que el video de Clarín tiene autoría en la propia conducción corporativa del grupo, en tanto que el de 6, 7, 8 era anónimo.

La cámara oculta revela facetas recónditas del escrachado, pero también del escrachador: es muy elocuente acerca de sus métodos y sus escrúpulos. Pero la cámara oculta no es sólo un mensaje entre dos polos. Posee, además, un efecto disciplinador entre quienes consumen el video, interiorizando en ellos pautas de comportamiento “correcto” ante la sospecha latente de poder convertirse en próximas víctimas. Eso incrementa, en la audiencia, la represión del albedrío al saberse vigilada. Y generaliza el estado de recelo y desconfianza. Diríase, si el término no estuviera sobrecargado, de “inseguridad”.

* Doctor en comunicación. Universidad Nacional de Quilmes, Conicet.

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