El periodista Eduardo Blaustein entrevistó en Miradas al Sur a Martín Becerra sobre la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sobre otros ejes de las políticas del sector de la comunicación y los medios masivos en la Argentina. A continuación se plantean las respuestas que valoran por un lado ciertos avances significativos y critican varios aspectos centrales de dichas políticas. También se incluyen dos excelentes reflexiones sobre el tema: una columna de Silvio Waisbord en La Ventana, de Página 12, que contribuye a pensar la compleja trama económica que subyace a la regulación mediática y una nota de Pascual Calicchio, en La Ventana de Página 12 en la que analiza la dificultosa materialización del derecho a comunicar a nivel masivo de organizaciones sin fines de lucro.

Palabras del futuro

Por Eduardo Blaustein – Año 5. Edición número 190. Domingo 8 de enero de 2012

El mundo de los consumos y flujos comunicacionales es más que el empleo abusivo de la palabra “monopolio”, aun cuando la concentración mediática, al menos hasta el 2003, haya determinado agendas y prácticas políticas deleznables, además de habernos empobrecido culturalmente. Comunicación es también mucho más que el apellido Tinelli e infinitamente más que las peleas de protofamosas de buen cuerpo. Un par de datos apenas en relación con las (no tan) nuevas tecnologías: ya en 2009 el total de conexiones domiciliarias a internet en Argentina llegaba a 3.870.542 (sólo en banda ancha, 3.400.000) y la cantidad de navegantes era de 25 millones de usuarios. Los jóvenes, coinciden las encuestas, se pasan al menos dos o tres horas conectados a la Red.

Entre esos usuarios que miran menos tele de lo que la tele y sus satélites insisten en afirmar, están los pibes de secundario que recibieron sus netbooks. Un dato más –por ahora mal estudiado respecto del uso concreto de esas compus– que añade complejidad a todo lo que ha impulsado el Gobierno en los últimos tiempos en términos de políticas de comunicación. Son políticas que no adquirieron tanta visibilidad como la sanción de la ley de medios o la de producción de papel para diarios. Y que algunos (¿muchos?) conocen por los nombres de ciertas siglas y espacios paradigmáticos: el Incaa, el Bacua (Banco de Contenidos Universales Argentino), la TDT (Televisión Digital Terrestre), la TDA (la digital). A eso se suma, como mínimo y sin agotar, la continuidad de nuevas señales como Encuentro, Incaa TV, Paka Paka y otras existentes o por venir.

Desde organismos estatales revitalizados, desde otros todavía flamantes, a través de nuevos sistemas tecnológicos y nuevas normas, discutiendo a veces desde la base o desde las provincias, hoy ya se producen y circulan en el país decenas de contenidos absolutamente novedosos: documentales, ficciones, tiras, unitarios. Todo este movimiento genera entusiasmos pero también preguntas, debates, críticas, incertidumbres. Miradas al Sur dedica estas cuatro páginas a pensar tranquis lo que está pasando y lo que podría venir, tratando de eludir la coyuntura, en general ruidosa/mal.

Los que participaron de nuestra invitación a discutir recibieron la misma lista de preguntas, entendidas más bien como disparadores. María O’Donnell, quien en estos días además de su programa radial reemplaza a Magdalena Ruiz Guiñazú en las mañanas de Continental, acaba de mudarse. A quien escribe le consta el dato, tanto como el de la buena predisposición de María para participar en un debate en cancha ajena, así como su respetable trayectoria profesional, que tuvo un punto de arranque fundamental en Página/12. El que escribe también se ataja: está buenísimo que podamos ampliar el espectro de voces para un intercambio como éste; hay cosas a tomar en cuenta acerca de lo que se dice desde otros lados. Un poco como alguna vez lo pidió sin suerte Horacio González en 6,7,8: “Hay que aprender a discutir con…” (aquella vez era por Beatriz Sarlo).

Estas líneas estaban escritas e iban a continuar las que sigue cuando de pronto –¡zas!– llegaron las respuestas de los queridos compañeros Glenn Postolsky (director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA) y Gustavo Bulla (director nacional de Supervisión y Evaluación del Afsca), quienes se tomaron veraniegamente la consigna de usar las preguntas como disparadores… pero escribieron excelentes columnas íntimamente ligadas a esos disparadores. Con lo cual la guía siguiente sólo rige para Martín Becerra y David Blaustein. Para ambos, aplauso, medalla y beso.

Avances cruciales y un cierto abuso del Estado

Por Martín Becerra. Investigador, docente universitario, periodista – Miradas al Sur, 8 de enero de 2012

1. ¿Hasta dónde comienzan a verse resultados de la sanción de la ley de medios, más allá de la paralización parcial en la aplicación del artículo 161? ¿Qué dicen esos resultados?

1. Creo que el Gobierno concentró prioritariamente la atención de la aplicación de la ley al artículo 161. Otros grupos concentrados, pasados ya dos años de la sanción de la ley y sin que medie medida cautelar judicial a su favor, siguen funcionando como si la normativa no hubiera cambiado. Sin embargo, hay aspectos que mejoran el panorama audiovisual y sí se han concretado. La exigencia de producción propia, el aliento a la producción federal, son novedades bienvenidas que se enmarcan en la ley.
La asignación de frecuencias a provincias, municipios y universidades es un gran avance por parte de la Autoridad de Aplicación, hoy sólo integrada por el oficialismo, pero hasta ahora no hay un correspondiente adelanto en la concreción de nuevas emisoras de carácter público a nivel provincial y municipal. Esto es razonable, pues lleva tiempo hacerlo.
Otros ejes de la ley, como el tiempo de publicidad límite, en la práctica no se cumplen porque los operadores (tanto los privados como los estatales) emiten “chivos”, auspicios y otras formas encubiertas de publicidad durante la programación. Tampoco se cumple la disposición expresa de que los medios de gestión estatal sean abiertos a las diferencias, que sean plurales.
Otro aspecto fundamental de la política comunicacional del Gobierno ha sido la instalación de la televisión digital terrestre. Este es un avance por la norma elegida (japonesa-brasileña) y que ha tenido la excepcional ventaja de comenzar su diseminación por los sectores populares (a través de la entrega de decodificadores). Sin embargo es un tema que se maneja por afuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque el Gobierno ha permitido que operen en televisión digital empresas que carecen de licencia en analógico y que no han ganado ningún concurso para emitir, como la ley exige.

2. Existen temores, en algunos sectores, de que la creación de nuevos medios en todo el país refuerce más a la comunicación estatal (que incluye la de los gobiernos provinciales y municipales) antes que la social, comunitaria o alternativa. ¿Qué opinan?

2. Este temor no se funda en la ley, que es clara respecto de la prioridad que tiene la comunicación social y comunitaria por un lado, y que también lo es respecto del mandato de pluralismo que recae sobre los medios de gestión estatal. El temor se funda en el uso que el Gobierno hace de los medios estatales, que los aleja de un modelo de “servicio público” y en rigor los inscribe en la tradicional sujeción gubernamental. Ese criterio, hablando claro, legitima también a Mauricio Macri para decidir a su antojo la línea de Radio Municipal, de la FM 2×4, o de la señal Ciudad Abierta.

3. ¿Qué opinan sobre la sanción de la ley ligada a la producción de papel para diarios? ¿Qué impacto puede tener?

3.Creo que la ley que declara de interés general la provisión de papel para diarios es, en sus fundamentos y objetivos, necesaria desde hace décadas. Y es un avance importante en un tema ligado al peor capítulo de nuestra historia reciente. Pero tengo una diferencia central con la ley y es que para lograr sus objetivos no debería plantear la posibilidad de impedir la libre importación de papel. Es decir, para permitir un mejor acceso de todos los actores del mercado editorial de diarios al insumo papel, la ley debería garantizar por un lado condiciones equitativas de abastecimiento a través de Papel Prensa (cosa que la ley hace) como también habilitar la libre importación, pero la ley supedita esto a una evaluación de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía.

4. ¿Creen verosímil la posibilidad de que el Estado, tras la sanción de la ley ligada a Papel Prensa, pueda apoderarse de esa empresa mediante un avance accionario?

4. Si observo el comportamiento del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, diría que no es verosímil. Pero ignoro cuáles son los planes del Gobierno al respecto.

5. Tomando en cuenta la construcción dispersa pero extendida de nuevos emisores fragmentados, un eventual avance en la desmonopolización, la generación y circulación de nuevos contenidos a través de la tarea del Incaa, nuevas señales culturales y científicas del Estado, el Bacua y los nuevos sistemas de televisión (TDA,TDT), ¿cuál creen que será –comparando con el paradigma liberal del que venimos– la situación de los flujos comunicacionales y su impacto cultural en dos, cinco o diez años?

5.En primer lugar: resta ver en qué condiciones se produce ese “eventual avance en la desmonopolización”. En los últimos dos años, con la ley en vigencia, no se ha visto tal cosa. En segundo lugar: creo que las políticas de producción de contenidos con criterio federal y por concursos son fundamentales. Pero carecen de sostenibilidad. Dependen de una coyuntural iniciativa del gobierno y de su flujo económico. No hay una política económica para el sector audiovisual que tenga al mismo tiempo carácter público y estabilidad. Si mañana cambia el gobierno, o la relación de fuerzas al interior del propio gobierno, y se define otra prioridad, por decreto, buena parte de esas valiosas iniciativas quedarán abandonadas. Para pensar en impacto cultural a largo plazo es preciso pensar en políticas culturales a largo plazo. Lo que yo veo en el Gobierno son políticas culturales de corto plazo audaces, novedosas y en muchos casos (no todos), bien fundamentadas, pero desarticuladas de una noción de lo público que sume más allá de las filas propias y que a la vez, por esa misma articulación, garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

6. ¿Qué virtudes y qué reparos marcarían en lo que se pueda llamar la “comunicación kirchnerista”. No la institucional sino la que se genera desde los medios públicos y los allegados al Gobierno.

6. Creo que han tenido la virtud de problematizar zonas completamente vacantes de debate masivo, como en el caso de la “neutralidad” de los medios privados, su ideología de “objetividad” y, en el caso del Grupo Clarín, sus intereses empresariales. Con los otros grupos concentrados no se ejerce la misma pedagogía, digamos. Otra virtud importante es que los medios de gestión estatal salieron a disputar audiencias, se sacudieron de esa modorra que consistía en quedarse en el cómodo lugar del último orejón del tarro. Sin embargo, esto lo han hecho a expensas del pluralismo interno: resignaron y resignan, de forma creciente además, la posibilidad de sumar voces que no estén absolutamente encolumnadas con su propia línea, generando una desconfianza visceral hacia la duda, hacia el razonamiento crítico. Los medios de gestión estatal cuentan con espacios interesantes, como Visión 7 Internacional o el informativo de Radio Nacional, pero los núcleos centrales de su información política muestran una intemperancia que no se condice con la función que tendrían que cumplir.

7. ¿Corre riesgo la libertad de expresión en Argentina? ¿Por qué?.

7.En la Argentina existe una completa libertad de opinión. Para pensar en términos amplios la libertad de expresión es necesario diferenciar dos tipos de amenazas, siguiendo la postura de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por un lado las amenazas directas, como la clausura de medios o la censura, que en la Argentina no existen. Por otro lado, las amenazas indirectas, ligadas a la distribución arbitraria de la publicidad oficial, la concentración de medios o la falta de legislación sobre el acceso a la información. En estos aspectos hay aún un largo camino para recorrer en la Argentina. Se trata de un camino allanado ya por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

MEDIOS Y COMUNICACION

La diversidad de los medios, los medios en diversidad

A propósito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Silvio Waisbord asegura que ni la diversificación de propiedad ni la democratización de las licencias garantizan por sí mismas la democracia comunicativa.

Por Silvio Waisbord *

En una nota reciente (Página/12, 18 de enero), Pascual Calicchio responde acertadamente a las preguntas desafortunadas de Jorge Lanata sobre la importancia de “las radios de los wichís”. Desmerecer la importancia de la pluralidad de voces es ignorar necesidades básicas de la democracia. La democracia supone una pluralidad de oportunidades de expresión particularmente para aquellos que rara vez son escuchados en los medios o cuyas vidas son filtradas por los requerimientos del rating o la razón política. El mercado no garantiza que todos los ciudadanos estén en condiciones similares de expresar sus ideas y demandas, por la simple razón de que no todos los públicos son igualmente atractivos para la publicidad y el rédito comercial.

Que una expresión comunicacional tenga limitada audiencia o escaso éxito publicitario no implica que no sea necesaria o valiosa. De hecho, las democracias, algunas más que otras, diseñan políticas precisamente para apuntalar la presencia de opiniones que son importantes porque contribuyen a la pluralidad de la esfera mediática. Este es el principio de la radiodifusión pública, no persigue el éxito comercial masivo, sino que se piensa como una contribución democrática para nivelar las desigualdades del mercado, activar la libertad de expresión, y dar oportunidades a voces que carecen de respaldo comercial.

Sin embargo, hay dos cuestiones fundamentales que deben ser discutidas, especialmente en el contexto de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Un tema es que el otorgamiento de un tercio de las licencias a actores sociales no resuelve el delicado problema del financiamiento de los medios. La propiedad y el financiamiento son cuestiones diferentes, pero están íntimamente vinculadas. Alguien siempre paga por el funcionamiento de los medios, directa o indirectamente. La palabra no es gratis. Y quien paga tiene expectativas. Un medio público puede ser financiado con recursos privados como suele ocurrir en América latina, donde es habitual que la publicidad comercial permee las pantallas de la mal llamada “televisión pública”. Asimismo, una radio de “razón social” puede ser financiada por dineros públicos o privados, como sucede en varios países de la región donde los poderes de turno son los mecenas de emisoras “comunitarias” que encauzan voces locales mientras que no critiquen a quien las financia.

En estos casos se desvirtúa el propósito tanto de los medios públicos como de las licencias otorgadas a organizaciones sociales, sindicales, religiosas y otras. Tanto el Gobierno como el mercado son los grandes financiadores de los medios. Por eso, no sería sorprendente que los medios que supuestamente apuntan a diversificar la escena mediática, recurran a las tradicionales fuentes de financiamiento. De ser así, serían canales para intereses particulares atrincherados en el Estado o el mercado aunque estén bajo “nuevo” dueño. El nuevo jefe sería el mismo viejo jefe. Se perpetuarían viejos problemas de limitado pluralismo y se perdería una oportunidad única de confrontar un problema medular de la democracia: la construcción de un sistema mixto de información y comunicación que refleje la heterogeneidad de la sociedad argentina. La diversificación de propiedad no garantiza que efectivamente se logre el pluralismo si no se atiende el problema del financiamiento.

Otro desafío es el problema de la comunicación como espacio para el debate entre posiciones diferentes. La comunicación no es solamente el derecho a la expresión, sino también la oportunidad de intercambio de ideas diferentes. La democratización de las licencias ofrece una alternativa para apoyar voces diferentes en la vasta ecología mediática, pero este no el único desafío de la democracia comunicativa.

Uno de los desafíos centrales es quién escucha y con quién se habla. El encuentro de perspectivas diferentes es un rasgo central de las democracias contemporáneas. La maduración de Internet muestra este desafío. La “red de redes” alivia, pero no resuelve, el problema de acceso en tanto se disminuye la brecha digital. No es exagerado decir que cualquier forma de expresión que haya existido tiene cabida en el vasto mundo caótico de Internet. Cada vez más, sin embargo, debido al poder de buscadores como Google y hábitos de uso, Internet funciona como un conjunto infinito de cámaras de eco que, como el espejo, rebotan opiniones autorreferentes. Las mayorías están conformes con exponerse a ideas que se ajustan a sus visiones existentes, preferencias y prejuicios. Las islas informacionales no ofrecen oportunidades para conocer lo que desconoce.

¿Por qué es esto preocupante? La democracia requiere espacios comunes para ciudadanías cada vez más diversas y divididas. Es preciso que los medios ayuden a la ciudadanía a enfrentarse con la diferencia, característica central de las sociedades contemporáneas. De lo contrario, se corre el riesgo de que hablemos entre nosotros sin tener oportunidades o incentivos de conocer otras historias, y que la comunicación refleje la agudización de minisociedades relativamente cerradas, desinteresadas en saber qué pasa más allá de sus fronteras.

Se requieren nuevas ideas para enfrentar estos nuevos problemas de la democracia. No se puede pensar un panorama mediático complejo, desagregado en múltiples plataformas individualizadas, solamente en términos de las limitaciones de los viejos medios. Si la libertad de expresión fue el gran desafío comunicacional de la revolución democrática moderna, cuestión que está lejos de ser resuelta, la comunicación en la diferencia emerge como problema fundamental.

Ninguno de los dos desafíos mencionados tiene soluciones fáciles. No hay receta para garantizar que el financiamiento de medios “sociales” efectivamente fortalezca el pluralismo o que existan espacios de comunicación entre ideas y mundos diferentes. Son temas inéditos en una escena mediática atravesada por cambios acelerados. Sería lamentable que el potencial de las innovaciones legales y tecnológicas sea fagocitado por viejas dinámicas que priorizan intereses particulares sobre el interés público.

* Argentino. Profesor, Escuela de Medios, George Washington University, Washington.

MEDIOS Y COMUNICACION

¿Quién va a escuchar la radio de los wichís?

Pascual Calicchio aporta su punto de vista sobre el sentido de las radios y las televisoras populares que habilita la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde una perspectiva de servicio a la comunidad y al margen de las lógicas del mercado. 

Por Pascual Calicchio *

Hace algunos días Jorge Lanata dijo al diario La Nación: “Esta boludez de ‘hagamos la radio de los wichís’, ¿quién carajo va a escuchar la radio de los wichís? Y lo que es peor, ¿quién va a poner avisos en la radio de los wichís? ¿Y cómo les van a pagar el sueldo a los operadores?”.

En medio de otras declaraciones polémicas esto quedó en un segundo plano para los grandes medios.

Más allá del etnocentrismo explícito de Lanata también nos encontramos frente a una mirada unidireccional de las concepciones sobre la comunicación que exceden a dicho periodista. Lanata, y muchos otros comunicadores, no pueden pensar la comunicación bajo otra lógica que no sea la del lucro. Para ellos la lógica es maximizar la llegada, sea para influir políticamente en la población, sea para conseguir más anunciantes.

Pero resulta que los wichís (y cualquier otro pueblo originario) quieren una radio para que la puedan escuchar los wichís, para rescatar su cultura, para poder hablar en su idioma, no para tener rating entre los “criollos”. A la radio de los wichís no tienen por qué interesarle los avisos comerciales; quizás estén más interesados en los avisos comunitarios y sean esas mismas comunidades las que provean los operadores y les paguen, o tal vez sean voluntarios.

Esta mirada no es exclusiva de Lanata o los medios concentrados, y no se da sólo sobre los pueblos originarios. También es la mirada de algunos funcionarios, sobre todo los que vienen de alguna experiencia en el ex Comfer, que expresan ideas similares a la hora de tratar con los medios de organizaciones sociales, como cuenta Natalia Vinelli en el artículo “Siete chicanas contra la televisión alternativa” publicado en la revista Revista Documental para repensar el cine hoy. Es la experiencia que viven los integrantes del Espacio Abierto de Televisoras Populares, Comunitarias y Alternativas cuando intentan discutir los pliegos de las licencias.

Hay desconfianza y escepticismo en que otra comunicación sea posible y se apuesta a una copia de lo viejo con línea propia.

Tuve la oportunidad de participar de la inauguración, en el paraje Aucapán, a unos 60 km de Junín de los Andes, de la primera radio comunitaria mapuche y conocer su experiencia. Para un extraño como yo era difícil saber para quién transmitían, ya que el lugar parecía deshabitado. Pero ellos sabían detrás de qué cerro, a la vuelta de qué río, había una comunidad o una familia que tenía como único medio para comunicarse a la radio.

También pude participar en capacitaciones junto a la Red de Comunicación Indígena en Jujuy. Ahí había debates, estrategias y se capacitaban para hacer una radio mejor, siempre pensando en sus comunidades y en su cultura, no en los números de Ibope.

Los pueblos originarios se incorporaron a la Coalición por una Radiodifusión Democrática después de varias discusiones y con mucha desconfianza, pero se fueron saldando debates y se pudo avanzar hasta incorporar en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual distintos puntos propuestos por ellos en foros y debates.

Matías Melillán, coordinador general a nivel nacional del equipo de comunicación de pueblos originarios y representante en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual me relató en una entrevista que le hice para mi tesis: “Nosotros proponíamos que el ciento por ciento del espectro quedara dividido en cuatro sectores, que no quedáramos nosotros dentro de los otros tres, pero producto de que ya estaba avanzada la discusión y que íbamos a entorpecer el trabajo que venían realizando aquellos compañeros que estaban más involucrados fuimos discutiendo alternativas.”

Así se fue avanzando hasta llegar a un acuerdo: “En la ley quedamos reconocidos como públicas no estatales, en base al reconocimiento de la preexistencia como nación y demás marco legal que hay en Argentina.”

Fue entonces un largo proceso, de trabajo, articulaciones, debates, para que los wichís puedan tener su radio. Y son cientos los que esperan poder escucharse en ella.

Quizá sea interesante aprovechar la pregunta de Lanata para ir más allá: ¿Quién carajo va a escuchar la radio de los sindicatos, de las organizaciones territoriales, de las iglesias, de las fábricas recuperadas, quién va a pagar sus sueldos o ponerles un aviso? Es una pregunta que tienen que hacerse todos aquellos que estén dispuestos a ocupar el 33 por ciento del espectro que prevé la ley, pero teniendo como objetivo los que establezcan sus compañeros y compañeras y no el minuto a minuto o los auspiciantes.

* Docente de Políticas y Planificación de la Comunicación, UBA.UCES.

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