Luis Bruschtein reflexiona en Página 12 sobre el laborioso proceso de construcción de los derechos humanos como un valor superlativo de la democracia argentina post 1983, a pesar de la reiterada ofensiva que ha apelado tanto a la negación lisa y llana de las violaciones cometidas desde el Estado (sobre todo a partir de 1974) hasta la cínica afirmación de que el tema “ya no interesa” o que su defensa implica la adhesión a determinado gobierno. El mismo día, un editorial de La Nación vuelve a justificar la represión ilegal a través de la teoría de los dos demonios, con la que impugna la candidatura de Estela de Carlotto al Premio Nobel de la Paz y desde la que aconseja a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo a replantear su práctica social y su discurso.

EL PAIS › PANORAMA POLITICO

El interés de la gente

Por Luis Bruschtein

Hay un editor hipotético que piensa que los derechos humanos ya no le interesan a nadie. Y el tipo está entrenado para saber lo que le interesa a la gente. No es sociólogo ni filósofo y tiene más calle que aula magna. No hila finito, va a lo grueso. Con esa antena súper especializada define categóricamente que los derechos humanos ya no le interesan a nadie.

Sabe que desde hace treinta años el tema está en el candelero político, que no se ha terminado de saldar en la Justicia, que involucra a decenas de miles de personas, que sensibiliza y moviliza a centenas de miles. Sabe eso y además ni siquiera se le ocurre pensar que es como un tumor negro que carcome a la sociedad cuando más se lo silencia. Pero el planteo ético apenas asoma en ese horizonte ultrafocalizado.

El hombre está entrenado para saber lo que quiere la gente, pero no es estúpido. Sabe que está a sueldo, que tiene relación de dependencia, que sus empleadores también tienen sus desvelos. No se los imagina, se los aprende. Porque el hombre sabe lo que le interesa a la gente, pero también sabe lo que le interesa al que le paga el sueldo, a la empresa, al multimedio, necesita saberlo para sobrevivir. Para eso tiene un entrenamiento aún más fino, una mezcla de caja registradora y computadora simultánea. Le funciona de manera inconsciente. En el mejor de los casos saca un promedio, pero la mayoría de las veces se inclina por la sobrevivencia.

Y “la gente” no es siempre la misma. Para cada editor es diferente. El hombre dice la gente, por “toda” la gente, pero en realidad está pensando sólo en la que le presta atención, a la que conoce porque durante muchos años fue su interlocutora. Es muy distinto decir “la gente” para un editor de Clarín, de La Nación, de Página/12 o de Crónica, de radio o de televisión. “La gente” es mucha gente diferente. Pero para cada editor “su” gente es “toda” la gente. Así hablan los medios, porque además intentan transferir a esa porción la sensación de totalidad. Es decir, que lo que ellos piensan es lo que piensan todos. En fin, de todo ese entramado que se parece a la cocina de una hamburguesería, le viene al editor esa frase de que los derechos humanos no le interesan a nadie.

Desde hace veinte años esa frase está en boca de muchos editores. En ese tiempo, los derechos humanos aparecieron esporádicamente en las páginas interiores de los diarios y muy raramente en las pantallas de televisión. Sin embargo, en la realidad los derechos humanos siguen sensibilizando y movilizando a cientos y miles de personas. Se han convertido en una presencia irritante. Su gravitación sobre la realidad es tan importante que sólo después de veinte años se pudo anular la legislación de impunidad para comenzar a juzgar a los viejos represores. En todo ese tiempo, esa frase del editor hipotético sumó para el lado de la impunidad. Esa frase, dicha a contrapelo de lo que su instinto le estaba marcando, aportaba para detener la maquinaria de la Justicia, porque la corporación mediática no quería que se hicieran los juicios. Tanto fue así que la primera presión que recibió Néstor Kirchner poco antes de asumir la presidencia fue del editor de La Nación, para que no impulsara la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hasta el propio Eduardo Duhalde, que le había abierto la puerta para llegar a la Rosada, marcó su primera disidencia fuerte en ese punto. En todos esos largos años, el único diario que mantuvo en las primeras planas la lucha por los derechos humanos, que dio cuenta de las marchas, de los reclamos, de los procesos ante la Justicia de otros países, fue Página/12. Es tan fuerte la presión corporativa, que hubo gente que pensaba así cuando escribía en Página/12 y dejó de hacerlo cuando cambió de medio. Ahora piensan que los derechos humanos no le interesan a nadie.

Y ahora menos que antes, porque desde una versión mediática “la gente” identifica los derechos humanos con el Gobierno, con lo cual resulta, según esa mirada, que no es que al Gobierno le interesan esos derechos, sino que todos a los que les interesan esos derechos serían oficialistas. Estar a favor de los derechos humanos tendría connotaciones de un oficialismo satanizado, porque ser oficialista implica corrupción. Nadie puede ser oficialista si no ha sido cooptado por dinero. Entonces los organismos de derechos humanos han sido comprados. Lo que no pudieron comprar los militares o los gobiernos de la impunidad, que seguramente tenían ofertas más importantes (empezando por sus vidas), lo han logrado mefistofélicamente los gobiernos kirchneristas.

Por ejemplo, destacar la gran importancia de que en este momento se estén celebrando los juicios contra los represores es hacerle el juego al oficialismo. Después de tantísimo tiempo ya se produjeron condenas en cinco juicios, otros ocho están en marcha y en breve comenzarán cinco más. Para llegar a este punto se tuvieron que movilizar miles y miles de personas durante treinta años y algunos fueron secuestrados y asesinados en ese camino. Se debió recurrir a tribunales internacionales, se creó una nueva legislación internacional, incluyendo figuras penales como la del detenido-desaparecido y hasta nuevos tribunales penales internacionales pese a la resistencia, en algunos casos, de las grandes potencias. Las megatoneladas de energía liberada para alcanzar la realización de estos juicios casi no tiene comparación con ningún otro logro alcanzado en estos años de democracia.

La lucha por juicio y castigo constituye el relato épico más importante de esta democracia. Y ha dado sus frutos aun antes de llegar a esta recta final, porque en todos estos años también ha sido la mayor obstrucción para cualquier tentación golpista. Pese a que la mayoría de los que se llaman republicanos se han opuesto a estos juicios, no hay mayor aporte a la institucionalidad de la República que su realización. Ha habido elecciones y no hubo golpes, pero el hecho más republicano en estos años han sido los juicios que se celebran ahora. También fue importante el juicio a los ex comandantes durante el gobierno de Raúl Alfonsín, aunque sus proyecciones posteriores fueron menguadas después por el mismo mandatario y enterradas por Menem.

Pero hay otra forma con la que se puede convivir bien y trabajar con el editor que dice que los derechos humanos ya no le interesan a nadie. Y es decir que juzgar la violación de los derechos humanos del pasado no molesta a nadie, porque hay que juzgar las del presente.

Que hay que juzgar las violaciones del presente resulta obvio. Lo que no es tan claro es por qué se compara una cosa con la otra, a no ser para convivir con los que no quieren que se juzgue nada.

Pero decir que la realización de estos juicios no molesta a nadie es no tener en cuenta hechos tan claros como la desaparición de Julio López en un intento criminal de atemorizar a los demás testigos y plantar al Gobierno ante la primera víctima de los juicios que había impulsado. No toma en cuenta la movilización de parte del sistema político y de la cúpula de la Iglesia Católica detrás de una amnistía, o la tremenda demora y los obstáculos que puso parte del aparato judicial para comenzar las audiencias. No toman en cuenta las amenazas a los testigos. No toman en cuenta la forma en que la reacción contra los juicios trató de mimetizarse en el conflicto con las entidades rurales o en algunas supuestas movilizaciones “espontáneas” de vecinos por la inseguridad en el Gran Buenos Aires.

La fuerza que todavía mantiene una causa tan impopular se alimenta con las raíces simbólicas del poder político y económico y del predominio cultural. Al decir que no existe esa fuerza, se trata de minimizar la importancia de los juicios. Y minimizarlos es lo mismo que despreciar los sacrificios que debieron realizar miles de personas durante tantos años.

Es imposible separar las violaciones de los derechos humanos entre las que ocurrieron en el pasado y las que ocurren en el presente. Todas son importantes y los gobiernos tienen el deber de esclarecerlas y garantizar que se imparta justicia. En tanto se mantenga la impunidad, son todas del presente. Solamente la realización de estos juicios pone las cosas en su lugar en el tiempo. Pero para el famoso editor, un hecho de tanta trascendencia histórica no le interesa a nadie.

Editorial I

Estela de Carlotto y el Nobel de la Paz

La lucha de un defensor de los derechos humanos no puede consentir exclusiones ni que se bastardee esa bandera

Sábado 26 de junio de 2010

La postulación de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz motiva algunas reflexiones sobre el apoyo explícito del Estado argentino y sus funcionarios a determinadas entidades que continúan manteniendo una visión sesgada respecto de la dolorosa década del 70.

El galardón para el que se propone a la organización liderada por Estela de Carlotto debería ser otorgado a quien lograra cerrar con justicia, para todos los actores, las heridas del conflicto que desde hace décadas produce enfrentamientos, en algunos casos muy graves, entre los argentinos.

Buscar la identidad de los hijos de personas desaparecidas es indudablemente meritorio por su intención reparadora, por la sensibilidad del acto y, en definitiva, por el pleno ejercicio de justicia que ello lleva implícito.

No obstante, algunas de las acciones que apuntan a aquel objetivo pueden colisionar con las libertades individuales de las personas cuando las supuestas víctimas son adultas y no desean conocer su origen. El caso de Marcela y Felipe Noble es una clara muestra del avasallamiento de los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Otro caso controvertido, denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el de Roberto Julián Gutiérrez, un joven sindicado erróneamente como nieto de Estela de Carlotto, que se enteró de que era adoptado cuando se tramitaba en un juzgado la obtención de su patrón genético; el joven sufrió un grave daño moral al enterarse de circunstancias personales que hubiera preferido conversar con sus padres.

Es verdad que para motorizar cambios es necesaria la voluntad política, pero si ésta se ejerce sin límites morales, como en los casos citados, se transforma en expresión cabal del autoritarismo.

Un defensor de los derechos humanos no puede olvidar que su lucha siempre debe ser en favor de la libertad para todos y velar por el control de gobiernos que suelen verse tentados a avasallar los derechos individuales.

En tal sentido, la lucha por los derechos humanos puede quedar deslegitimada cuando pasa a ser un instrumento funcional a intereses de una fracción política, especialmente cuando se trata de un gobierno que no respeta los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos desde organizaciones terroristas y que bastardea la bandera de los derechos humanos para someter a quienes considera sus acérrimos enemigos.

La funcionalidad a un gobierno que, por ejemplo, emplea casi permanentemente el pretexto de la defensa de los derechos humanos para intimidar a algunos medios de prensa puede terminar desacreditando el valor de muchas acciones de organizaciones civiles que, en su momento, se habían hecho merecedoras de un bien ganado prestigio.

Estela de Carlotto está transitando activamente el mundo de la política y reclamando protagonismo. La participación política siempre debe ser bienvenida, pero los intereses partidarios no deben nunca condicionar la indispensable independencia que debe mantener quien milita en una organización no gubernamental cuyos fines están íntimamente vinculados al contralor de los actos y eventuales abusos de poder de las autoridades públicas.

Sería altamente positivo, para su propia organización y para la necesaria pacificación del país, que las integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo no abrazaran una versión distorsionada de la verdad histórica, en la cual voluntariamente desaparecen muchas víctimas inocentes del terrorismo de los años 70, como Rosita Caro, una niña de siete años muerta por el estallido de una bomba, por citar sólo un ejemplo.

Si Estela de Carlotto aspira realmente a obtener el Premio Nobel de la Paz para su organización, debería emplear un discurso mucho más inclusivo y superador, que comprenda una visión integral de nuestro pasado trágico. Cualquier otro discurso que fomente la inequidad o la discriminación de seres humanos que sufrieron directa o indirectamente las consecuencias de episodios aberrantes resulta consagratorio de la impunidad por omisión.

La simpatía de Estela de Carlotto hacia los gobiernos más totalitarios y antidemocráticos de nuestra región, como los de Cuba y Venezuela, sobre cuyos gravísimos y aberrantes crímenes contra opositores y disidentes nada ha dicho, tampoco puede contribuir a crear una amplia corriente de apoyo nacional y mundial al otorgamiento del Nobel de la Paz.

En conclusión, todo argentino que aspire a un galardón internacional tan trascendente debería bregar por el reencuentro y la reconciliación de sus compatriotas, algo que difícilmente se logre si se apoya un tratamiento desigual por parte de la Justicia respecto de quienes estuvieron enfrentados en los años 70 y se consiente una manipulación de los derechos humanos al servicio de mezquindades políticas.