Después de que los siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia fallaran contra la suspensión de la ley de medios audiovisuales, que había sido dispuesta por la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal y por una Cámara Federal de Mendoza integrada por jueces acusados de complicidad en violaciones a los derechos humanos, la Cámara Federal de Salta emitió una resolución en el mismo sentido. El fallo de la Corte fue sobriamente sintetizado por el Centro de Información Judicial y analizado por Gustavo Arballo en su excelente blog Saber leyes no es saber derecho,, en el que sostiene que “la consecuencia es esta: se confirma la intuición de que es posible fallar contra los intereses de grupos que tienen una parte importante de las palancas de los grifos informativos y vivir para contarlo. Es como andar en bicicleta sin rueditas. Una vez que alguien lo hace una vez, se da cuenta que puede hacerlo de nuevo y que no pasa nada”. Mario Wainfeld comenta el fallo de la Corte Suprema en Página 12. Antes, más de 20 organizaciones de la sociedad civil acompañaropn al CELS en un amicus curiae presentado en el máximo tribunal para expresar la convicción de que los derechos fundamentales a la palabra de universidades, sindicatos y ONGs eran menoscabados por la suspensión de la primera norma integral sobre el audiovisual sancionada desde 1983. Al mismo tiempo, el director ejecutivo de ADC, Alvaro Herrero, señaló en La Ventana, de Página 12, que en lugar de estar discutiendo la necesidad de implementar un proceso participativo de reglamentación de la ley, se está reclamando por su elemental puesta en vigor. El 25/6/2010 la Cámara Federal de Salta revocó a su vez un fallo de primera instancia similar al mendocino, adhiriendo a la posición de la Corte Suprema (en La Nación).

Ley de medios, el fin de las cautelares suspensivas erga omnes

Salió, en tiempos y formas, parecido a lo que imaginábamos. Nos sorprende que no haya habido doctrina sobre la incompetencia de la Cámara de Mendoza para suspender la ley, lo cual se explica porque en el fallo hubo algo más que eso: se declara la incompetencia de cualquier juez y de cualquier tribunal para suspender la ley (no ésta: cualquier ley) del modo que lo hizo la Cámara de Mendoza.

Gargarella, modo casi tuiter on, dice sobre el fallo

De acuerdo con la idea de que una medida cautelar no puede suspender la vigencia de toda una ley con efectos para todo el país. Desacuerdo con la idea de levantar el control judicial sobre los procedimientos de sanción de una ley.

Y es una buena síntesis, a la que le podemos dar algún matiz.

Primer tiro: legitimación de los legisladores.

La CSN hace un rápido repaso de su jurisprudencia sobre el punto y la sintetiza (Cons 5º) así:

Un legislador no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas. Por el contrario, dicha legitimación podría eventualmente resultar admisible cuando se trata de la afectación de un interés concreto y directo a su respecto.

Entonces, la doctrina es que se habilita “algo” de control de los procedimientos de sanción de una ley. La Corte no establece una definición estipulativa y conceptual acerca de ese algo, y se limita a decir que la situación del diputado Thomas no la configura:

del análisis del caso no surge la necesaria convicción que demuestre el modo en que el demandante fue inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador, tanto durante el tratamiento llevado a cabo en las comisiones que tomaron intervención, como en oportunidad de la consideración de los diversos dictámenes que realizó la Cámara de Diputados, de la votación en general del proyecto del dictamen de mayoría y su ulterior tratamiento y votación en particular.

Sobre lo cual, nos remitimos al punto 4 y concordantes del post de los 10 puntos sobre el fallo de Cámara.

Si ya no es un agravio del diputado Thomas, sólo queda el eventual agravio del ciudadano Thomas, calidad que, recuerda la Corte, no basta para demostrar la existencia de un interés “especial” o “directo”, “inmediato”, “concreto” o “sustancial” que permita tener por configurado un “caso contencioso.

Segundo tiro: contra las cautelares suspensivas erga omnes.

El primer tiro era ya suficiente para liquidar la cautelar en el caso planteado por Thomas. Pero la de Mendoza no es la única cautelar que está obturando la aplicación de la Ley de Medios. Existen otras en las que los peticionantes no son ya diputados sino particulares que se dicen afectados. Ellos podrian entonces superar el filtro de la legitimación que no pasó .

Entonces, la Corte aprovecha el caso Thomas para fijar posición sobre el otro punto controvertido del escenario judicial, la proliferación de cautelares suspensivas “generales”. Hay, algo encriptado, un lenguaje enérgico en el segundo tiro cuyo sentido es obvio: cautelares de ese tipo no van ni serán aceptadas nunca, ni en este ni en ningún otro caso.

La CSN reseña el canon de los “modelos de control de constitucionalidad: o concentrado y erga omnes, o difuso y para el caso. Lo que no puede existir es un modolo difuso con efectos erga omnes. Dice la CSN (cons. 8º)

La suspensión cautelar de la vigencia de una norma dispuesta por un tribunal presupone que éste se atribuye la competencia para sentenciar en definitiva con idéntico poder.

Y dado que esa competencia no existe en nuestro sistema, la cautelar no procede. Porque si eso no puede ser el resultado final de un litigio, mucho menos podrá ser el resultado preliminar o provisorio.

A lo cual agrega, como dato corroborante, la exigencia de un examen de razonabilidad que al afectar a todas las medidas del Estado involucra también a las medidas judiciales cautelares, descalificando la suspensión pautada (cons. 9º)

no sólo por la falta de adecuación entre la violación constitucional alegada y la amplitud de la medida dispuesta, sino también porque, en la tarea de ponderación, el a quo debió haber considerado que una cautelar que suspende la vigencia de toda la ley 26.522 con efecto erga omnes, tienen una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes por lo que su procedencia, según se expresó anteriormente, debe ser evaluada con criterios especialmente estrictos que la cámara no aplicó.

Lo cual es de algún modo un matiz con respecto a lo que se decía antes: cabe pensar la posibilidad de una ley tan maligna y gravosa para la que una hipotética suspensión cautelar general, evaluada con criterios especialmente estrictos, siga apareciendo al cabo de la ponderación exigida como una intervención adecuada, necesaria, proporcional.

De donde tendríamos una verdadera novedad doctrinaria en este fallo: los requisitos de las medidas cautelares serían entonces los clásicos bonus fumus iuris, periculum in mora, contracautela y (desde ahora)razonabilidad/proporcionalidad (al menos, en los casos que involucren cuestiones constitucionales).

Tercer tiro: obiter dicta, caveats para Halabi.

Este tercer tiro -quen independientemente del lugar que le asigno en este ranking, se encuentra en el cons. 4º al final- incluso va mas allá de la órbita del ecosistema de casos relacionados con la Ley de Medios y -creo- busca poner orden en el revuelo que se armó a partir del caso “Halabi”, algo que de algun modo anticipábamos en comentarios al pie a nuestro post sobre aquel fallo de febrero del año pasado.

Revuelo consistente en que hoy podemos constar que, tanto desde las mesas de examen hasta los artículos de doctrina de revistas serias, pasando por fallos de jueces de cualquier fuero e instancia, y ante la ausencia de un régimen procesal legislado, “Halabi” es usado tanto para un barrido como para un fregado. Cosa que no se privaron de hacer ni la jueza Pura de Arrabal ni la Cámara, y que da pie a que la Corte venga a hacer ahora algunas advertencias al respecto.

La sentencia dictada por esta Corte en el caso “Halabi” como no podía ser de otro modo no ha mutado la esencia del control de constitucionalidad que la Ley Suprema encomienda al Poder Judicial de la Nación en los términos señalados precedentemente, para convertirlo en un recurso abstracto orientado a la depuración objetiva del ordenamiento jurídico que es ostensiblemente extraño al diseño institucional de la República.

In short, “Halabi” fue el reconocimiento de una acción colectiva limitada, no la ganzúa para abrir la caja de Pandora de la acción popular de constitucionalidad. Dice la CSN que:

sólo una lectura deformada de lo expresado por esta Corte en la decisión mayoritaria tomada en la causa “Halabi” (Fallos: 332:111), puede tomarse como argumento para fundar la legitimación del demandante, pues basta con remitir a lo sostenido en el considerando 9º de dicho pronunciamiento para concluir que, con referencia a las tres categorías de derechos que se reconocen, la exigencia de caso en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional se mantiene incólume, “… ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición”.

Qué significa este fallo para el futuro de la Ley de Medios.

Jurídicamente mucho, y al mismo tiempo nada especial.

Nada especial, porque la misma Corte se ataja ni bien empieza el fallo, diciendo (cons. 2º) que lo que resuelve “no se relaciona con la valoración constitucional del contenido de la ley 26.522, sino con la validez de una medida cautelar que suspende la totalidad de sus efectos con fundamento en presuntas irregularidades en el trámite parlamentario”. Esas excusas anticipadas que presenta la Corte también deben interpretarse como una señal de advertencia: el Tribunal quiere evitar que el fallo “se informe” como una validación absoluta y total de la Ley de Medios.

Mucho, porque está claro que vamos a un escenario como el que imaginábamos al momento de su sanción, un largo y artesanal proceso de implementación nada obvio que deberá convivir con el litigio multinivel como dato natural, tal y como pasaría con cualquier Ley que quisiera reorganizar y pluralizar una actividad compleja configurada a la luz de una regulación preexistente obsoleta y -a la luz de los hechos- muy complaciente con prácticas concentratorias y predatorias.

Luego, políticamente, me notifican, la consecuencia es esta: se confirma la intuición de que es posible fallar contra los intereses de grupos que tienen una parte importante de las palancas de los grifos informativos y vivir para contarlo. Es como andar en bicicleta sin rueditas. Una vez que alguien lo hace una vez, se da cuenta que puede hacerlo de nuevo y que no pasa nada.

OPINION

No puede ser cualquiera

Por Mario Wainfeld

La Corte Suprema revocó la medida cautelar pedida por el diputado Enrique Thomas que fuera concedida por jueces de primera y segunda instancia de Mendoza, incompetentes en cualquier acepción de la palabra. La decisión se adoptó con llamativa celeridad y en forma unánime, aunque los jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi eligieron hacerlo valiéndose de fundamentos propios. La presteza y el consenso forman parte del mensaje político de la sentencia: los supremos rechazan el uso chanta de la vía judicial y el abuso de las medidas cautelares. Es más, les fijan límites precisos, muy distantes de la mala praxis imperante en variados juzgados.

Thomas, tras perder la votación en la Cámara, acudió a jueces amigos, cercanos a su domicilio y a los intereses corporativos que vicariamente defiende. Se presentó en el doble carácter de diputado y ciudadano (no invocó su condición de empresario, por fortuna) fundando en eso su “legitimación procesal”, esto es, su interés propio para demandar en el caso.

Hete aquí que el bodeguero-legislador no tiene interés propio alguno en la causa, salvo que se llame así a quedar bien con los grandes grupos multimedios, en especial el Vila-Manzano que asuela la provincia del sol y del buen vino. Los jueces mendocinos, buenos muchachos al fin, acogieron su pretensión, que era pura desmesura: suspender la vigencia de la totalidad de la ley.

Se cerró así un círculo vicioso contra la división de poderes. Perdidoso en el recinto, un legislador se decreta campeón moral y busca en la Justicia lo que no consiguió en el Congreso.

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El sistema de control de constitucionalidad argentino es de difícil comprensión para profanos, seguramente porque es rebuscado. De cualquier manera, está vigente. El control no está a cargo de un tribunal especializado, una “Corte Constitucional”, sino conferido a todos los jueces, en forma “difusa”. Cualquier juez puede sancionar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso específico. La vastedad del sistema, que podría suscitar una exorbitancia del Poder Judicial, reconoce límites. El primero es que la sentencia solo vale para el expediente en que se dictó, que debe ser impulsado por quien es damnificado por la supuesta inconstitucionalidad. Reglas de oro redondean el límite a los magistrados: la inconstitucionalidad debe dosificarse con prudencia, no debe imponerse en caso de duda y la restricción establecida debe ser razonable. Nadie tarifa qué es “razonable”, pero los tribunales deben usar la herramienta con tino y medida. Los “considerandos” (fundamentos) de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni lo resumen de modo menos coloquial, pero no menos drástico, que este cronista: “ningún juez tiene en la Argentina la capacidad de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes (contra todos) ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución. Si no la tiene en la sentencia que decide el fondo de la cuestión (…) menos aún puede hacerse cautelarmente”. El fallo de la Cámara mendocina, fulmina la Corte, “altera gravemente el control constitucional de las leyes”.

En suma, cualquier norma, en todo o en parte, puede ser tachada de inconstitucional ante cualquier tribunal. Eso no equivale a decir que cualquier ciudadano (con o sin derecho) pueda reclamarla con éxito ante cualquier tribunal (competente o no) y que éste pueda extrapolar sus facultades dándoles cualquier magnitud que trascienda los límites del caso. Todo eso se amañó en el vergonzoso expediente Thomas.

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Petracchi redactó un voto personal para hacer dos agregados a la doctrina de sus pares. Uno es subrayar el principio consecuencialista, desdeñado por tantos magistrados, que tienen “la medida cautelar fácil”. Citando añeja jurisprudencia del tribunal, Su Señoría explicó que “no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente se derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma”. Por sus frutos lo conoceréis… una sentencia de proyecciones brutales es una mala sentencia.

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El otro punto que enfatizó Petracchi es que toda ley es justiciable, sin renegar del resto de su razonamiento. Al unísono, toda la Corte abomina de la “judicialización de la política”. Plasma su recelo, sin nombrarlo, en su sentencia de ayer. También lo expresaron Lorenzetti y Zaffaroni, en declaraciones periodísticas. ¿En qué consiste, entonces, la indebida judicialización? En llevar al Foro lo que debe dirimirse en otros estamentos del Estado. La Corte no se priva de subrayar que Thomas perdió la votación que cuestiona ante los estrados judiciales.

La proliferación de demandas irresponsables preocupa al Tribunal, que ya había emitido una señal cuando rechazó, también de modo expeditivo, un reclamo de la provincia de San Luis contra el Fondo del Bicentenario. “Las provincias tienen diputados y senadores, ellos deben defender sus derechos donde corresponde”, comentó informalmente uno de los cortesanos, según informó este diario, meses atrás.

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La suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (“ley de medios”, en adelante) subsiste porque fue establecida en otros expedientes, consecuencia de la hipocondría jurídica de legisladores y grupos empresarios. Esta precisión debe completarse con otra: la Corte estipuló ayer una restricción para las medidas cautelares. Fijó que no es legal que puedan suspender toda la ley en todo el territorio nacional. Así lo apuntaron dos juristas bloggers (Gustavo Arballo y Roberto Gargarella) en recomendables posts escritos al toque.

Ninguna sentencia se propaga a otro juicio, pero la suerte de muchos trámites similares al de Thomas está echada. Así será, por ejemplo, con el iniciado por la diputada peronista disidente salteña Beatriz Daher, adivinen en qué provincia. Es, en sustancia, igual al de Thomas, tiene sentencia favorable en primera instancia, está en Cámara. Si Daher tuviera decoro institucional y deseara evitar un dispendio de actividad a los tribunales, debería desistir su reclamo. Pero el decoro institucional es infrecuente en la corporación política… ni qué decir en el peronismo disidente y, por añadidura, en los pagos del ex gobernador Juan Carlos Romero.

Dicho sea de paso, la Corte estuvo piadosa con el demandante Thomas. Le tiró por la cabeza (a él y a los camaristas de Mendoza) las primeras bolillas de derecho constitucional y procesal, le refregó jurisprudencia y doctrina añosas, pero no sancionó su malicia. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, pleitear con consciente mala fe es un ejemplo y las normas facultan a los sentenciantes a sancionar a quienes incurran en esas tropelías. Si no fue esta vez, podría ser para otros diputados que insistan en reclamos temerarios, tras la diáfana advertencia de ayer.

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La ley de medios seguirá siendo un ítem central de la agenda, aunque se han obturado ciertas vías berretas. Subsistirán para el análisis de la Corte, que (como cuadra) nada dijo sobre esas causas, reclamos de los interesados directos, referidos a puntos más acotados de la norma. San Luis llevó una pretensión a la Corte, el Grupo Clarín tiene rolando otras. Las corporaciones suponen que su punto más fuerte es el cuestionamiento al plazo de desinversión. Aseguran que es exiguo y los fuerza a una venta por precio vil. Dado que de medidas cautelares se trata, es muy improbable y heterodoxo que se abra a prueba la argumentación. Así que, quien sentencie, deberá hacerlo a ojímetro y tomando distancia para no dejarse seducir por la sencillez del razonamiento. ¿Por qué sería corto el lapso fijado? ¿Qué determina que un término más extenso posibilite un mejor precio? ¿Por qué habrían de malvenderse, en un mercado competitivo, excitado y vivaz, bienes de alta cotización? El cronista no cree que las respuestas a esos interrogantes sean sencillas aunque puedan parecerlo en un vistazo distraído.

La Corte encarriló la cuestión, despejó su horizonte de demandas torpes y dejó todo el resto por hacerse. Entre tanto, vale la pena una observación: los opositores a la ley de medios no hacen ni ademán de reformarla por vía legislativa pese a haber mejorado su posición relativa en el Congreso. Nadie se atreve a volver atrás en la materia, que tiene antecedentes oprobiosos. Algunos espontáneos, como Thomas o Daher, quisieron ser operadores jurídicos de las corporaciones, su movida fue desbaratada.

Corridos de la escena los vasallos, tomarán la rienda de la puja jurídica los señores, los poderes fácticos.

09/06/2010

Organizaciones pidieron a la Corte Suprema que restablezca la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Autor: CELS

Más de 20 instituciones, entre las cuales se encuentran universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático que permitió la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y demanda su plena vigencia. El documento fue presentado hoy, en calidad de amicus curiae, ante la Corte Suprema en el marco de un proceso judicial que se inició a fines de 2009, impulsado por el diputado nacional Enrique Thomas. En este proceso, la jueza federal Olga Pura de Arrabal y luego la Cámara Federal de Mendoza hicieron lugar a la medida cautelar solicitada por el diputado y suspendieron la aplicación de la ley. Merced al recurso interpuesto por el Estado nacional, el caso fue admitido por la Corte el 19 de mayo. El miércoles pasado, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que debía revocarse la medida cautelar.

Los argumentos presentados por las organizaciones hacen hincapié en la afectación de derechos que la suspensión de la ley impone a distintos grupos de personas que no participaron del proceso iniciado por Thomas y que se encuentran particularmente protegidos por la nueva ley. Las universidades nacionales, las cooperativas, los trabajadores de la comunicación, los actores, los músicos independientes, los pueblos originarios y las personas con discapacidad, son algunos de esos grupos que ven restringido su derecho al trabajo, a la libertad expresión y al acceso y la participación en el debate público a través de los medios a partir de la suspensión de la ley.

En tal sentido, los firmantes cuestionaron la capacidad de Thomas de adjudicarse la representación de todos los “consumidores de medios audiovisuales” del país, sin justificar de ningún modo esa aseveración y dejando de lado a los grupos mencionados, a los cuales, no sólo no representa, sino que además les produce un daño concreto con su acción judicial.

Por último, el escrito afirma que “en el proceso de discusión y aprobación de la ley 26.522, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, existió un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas, los distintos proyectos de ley, los dictámenes de mayorías y minorías, entre otras” y recuerda que el texto discutido en el Congreso sumó un inédito proceso de consulta pública que incluyó la realización de una veintena de foros en distintas ciudades del país y permitió la incorporación de más de 200 aportes de la sociedad civil al texto original. Por esta razón los firmantes entendieron que la decisión de la Cámara Federal de Mendoza “resolvió bloquear” el curso de ese proceso democrático y participativo.

Las organizaciones recurrieron a la figura de amicus curiae —“amigos del tribunal”—, la cual permite a terceras personas participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado del litigio.

La presentación fue realizada de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), instituciones académicas como las facultades de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. A ellos se sumaron los principales sindicatos que reúnen a los trabajadores de los medios de comunicación, como la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato Argentino de la Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines, el Sindicato Único de la Publicidad, la Sociedad Argentina de Locutores, el Sindicato Argentino de Músicos, el Sindicato de Prensa de Rosario y la Unión de Músicos Independientes. También se incorporaron organizaciones que nuclean a radiodifusores como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, y otras ONG interesadas en la defensa de la libertad de expresión, como el Centro Nueva Tierra.

LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION

Una ley en funcionamiento

Más allá de los debates jurídicos que actualmente transcurren, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual necesita ponerse en marcha para optimizar su cumplimiento también a través de la reglamentación. Esto es lo que plantea Alvaro Herrero.

Por Alvaro Herrero *

A más de medio año de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta columna debería haber tenido otro contenido. Querríamos estar enfocados en la evaluación de la implementación de la ley y el funcionamiento de las autoridades de aplicación, en la definición de un proceso de reglamentación transparente y participativo y en la generación de mejoras o normas complementarias al texto legal aprobado. En cambio, lo que está en discusión hoy es la propia aplicación de la ley.

Una lectura integral y cuidadosa del último informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se hace un análisis de la norma, se inscribe en esta línea. Por tratarse de un organismo independiente especializado en la materia, la opinión de la Relatoría se torna relevante en el marco del debate polarizado que ha prevalecido en nuestro país.

El principal organismo de supervisión de la libertad de expresión en la región sostiene, en primer término, que la ley constituye un importante avance. La Relatoría pondera favorablemente la reforma del diseño institucional, el régimen de concursos abiertos y el establecimiento de criterios equitativos de asignación de frecuencias, el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación (comercial, público y comunitario), y los límites a la concentración de licencias para garantizar los principios de diversidad y pluralidad, entre otros puntos. Celebra, además, que el principio rector de la nueva normativa, bajo el cual hay que interpretar todo su contenido, esté constituido por el “respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión”.

El informe también señala puntos problemáticos en el texto legal, como por ejemplo la autorización privilegiada que obtuvo la Iglesia Católica, la vaguedad en la descripción de ciertas conductas que pueden acarrear sanciones, o las insuficientes garantías de independencia y autonomía para los medios públicos. Esto hace necesario, advierte la Relatoría, un cuidadoso proceso de reglamentación e implementación que cumpla con los estándares interamericanos, minimice “los riesgos” y “optimice las oportunidades” que la ley incorpora. Todo esto, por supuesto, presupone una ley en funcionamiento.

La sanción de esta ley llegó luego de años de un sostenido reclamo de un amplio arco de sectores sociales comprometidos con la democratización de las comunicaciones e incluyó varios de los principios postulados por estos grupos. Aunque obviamente no es perfecta, la norma constituye un paso adelante en una serie de cuestiones clave para garantizar un ambiente comunicacional más diverso. En tal sentido, representa un punto de partida, no de llegada, a partir del cual seguir trabajando.

Una agenda post-sanción de la ley para el sector de los medios audiovisuales podría incluir, entre otros puntos, la revisión del régimen de sanciones, procedimientos para asegurar designaciones más transparentes y participativas de las autoridades de aplicación, sistemas de promoción estatal para impulsar a los medios de comunicación alternativos y mecanismos para garantizar auténticos medios públicos no gubernamentales, tanto a nivel nacional como los que vayan a crearse a nivel local bajo el paraguas de la nueva normativa.

Es necesario hacer efectiva la aplicación de la ley. También lo es que los actores interesados en el cumplimiento de los principios que la animan sigan de cerca su implementación y reglamentación, y que se promueva la discusión de mejoras y normas complementarias que amplíen aún más el derecho a la comunicación de todas las personas.

* Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Radiodifusión / Un fallo acorde con la decisión de la Corte

La Justicia de Salta revocó un fallo contra la ley de medios

La Cámara Federal de esa provincia desestimó el planteo de la diputada Daher (PJ Federal)

Adrián Ventura – LA NACION –  Sábado 26 de junio de 2010

La Cámara Federal de Salta revocó ayer una medida cautelar que había suspendido la ley de medios audiovisuales y le facilitó al Gobierno otro paso para aplicar la norma.

Este es el segundo fallo, en un plazo de diez días, que decide dejar sin efecto la suspensión de toda la ley. A comienzos de mes, la Corte Suprema resolvió que un legislador no puede invocar irregularidades en el trámite de sanción de una ley para pedir su inconstitucionalidad. Ninguna de las dos sentencias, sin embargo, se expidió sobre el contenido de los artículos más controvertidos de la norma, sea para aprobarlos o para invalidarlos.

El ex presidente Néstor Kirchner se apresuró a capitalizar el éxito político: “La ley de medios queda en pleno funcionamiento y esto es muy importante” (Ver aparte).

Desde el punto de vista técnico, sin embargo, la ley 26.522 no entrará en vigor inmediatamente: por cuestiones procesales, su aplicación seguirá suspendida hasta que transcurra el plazo para presentar el recurso extraordinario que puede interponer la diputada nacional por Salta Beatriz Daher -quien inició la demanda- y la Cámara Federal decida si concede o deniega la apelación. Esta decisión no se tomará antes de tres semanas.

La primera sentencia que suspendió la ley de medios fue dictada, a instancias del diputado Enrique Thomas, por la justicia federal de Mendoza. Pero, como se dijo, la Corte Suprema revocó el fallo porque -sostuvo el tribunal- un legislador no puede impugnar una ley por irregularidades en el trámite de su sanción.

La presentación de Daher era casi idéntica a la de Thomas y, por eso, el fallo que dictó el juez federal Miguel Medina, en marzo último, tenía un destino inexorable: el tribunal de apelaciones, integrado por los jueces Roberto Loutay Ranea, Renato Rabbi-Baldi Cabanillas y Jorge Villada, aplicó el criterio de la Corte y revocó la decisión.

No obstante, hay varias cuestiones que no deben soslayarse. Primero, a diferencia de la sentencia de la Corte, el nuevo fallo no cierra completamente las puertas para que otro legislador, si demuestre un daño concreto, reedite el caso.

Segundo, la cámara aceptó expresamente que hubo irregularides durante la sanción de la ley y, entre ellas, destacó la violación del Reglamento de la Cámara de Diputados porque no se respetó el plazo de siete días para llevar al recinto un dictamen aprobado en una comisión.

Una vez que la ley recupere plena vigencia, el Gobierno podrá dictar la reglamentación de la norma. Aún así, los artículos más controvertidos seguirán fuera del alcance del Poder Ejecutivo, porque continúan en pie varias medidas cautelares, dictadas por jueces federales de la Capital Federal, Salta y San Juan que señalaron la presunta inconstitucionalidad de esa norma .

En ese sentido, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, afirmó que “aunque hay 17 presentaciones en la Justicia, sólo dos son importantes, porque son demandas de Codelco y Clarín contra el artículo 161 de la ley”.

Varias sentencias suspendieron aspectos puntuales de la norma:

El juez federal Medina, en Salta, a pedido del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), cuestionó los artículos que regulan la oferta de programación televisiva y radial en el interior del país, la multiplicidad de licencias que pueden tener los medios (artículo 45), la emisión en cadena de los contenidos de programación (artículos 60 y siguientes) y la adaptación de los medios a la nueva ley en un plazo de desinversión de un año (artículo 161). El fallo debe ser estudiado por la Cámara Federal de Salta.

El juez federal de la Capital Federal, Edmundo Carbone, y la Cámara Civil y Comercial Federal suspendieron el plazo de desinversión del artículo 161. Para el tribunal, la ley, que obliga a las empresas de medios a vender sus canales y radios en el exiguo plazo de un año, viola el derecho de propiedad.

A pedido del grupo Vila (Canal 8 de San Juan, Supercanal y Diario Uno), otro fallo dictado por el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, suspendió otros seis artículos de la ley, entre ellos los artículos 45 y 161, hasta que se resuelva el tema de fondo.

CONSECUENCIAS

El fallo de Salta: la Cámara Federal de esa provincia revocó una medida cautelar que paralizaba la aplicación de toda la ley. El caso había sido planteado por la diputada Beatriz Daher. Hace nueve días, la Corte había rechazado un pedido similar del diputado Enrique Thomas.

Suspensión: la ley seguirá suspendida por varias semanas más, hasta que se resuelva un recurso de apelación.

Otros casos: los grupos Vila y Clarín también obtuvieron medidas cautelares que paralizan los artículos más controvertidos de la ley.