El director de CIPPEC, Fernando Straface, aboga en El Cronista por la sanción de una ley de acceso a la información pública, pendiente por parte del Congreso. Ello, en el marco de una iniciativa de varias ONGs (entre ellas, ADC) para que se legisle sobre el derecho a conocer la información de relevancia pública. En la Argentina existe el decreto 1172/03 de Néstor Kirchner que regula el acceso a la información pública sólo del Poder Ejecutivo Nacional.

Una nueva oportunidad para transparentar la información pública

Es un paso fundamental que el Congreso Nacional comience nuevamente a discutir una nueva ley para posibilitar el acceso a la información del Estado

Por Fernando Straface

La lista de beneficiarios de determinados planes sociales, la de proveedores de las dependencias del Estado, los requisitos para acceder a una beca estudiantil o a un medicamento gratuito, el total de causas que tramita y resuelve cada juzgado federal, o a la nómina de empleados con cargos públicos no deberían constituir información controvertida ni de difícil acceso para cualquier ciudadano. Desde 1994, el reconocimiento del derecho humano a la información tiene, en nuestro país, rango constitucional. Sin embargo, el Congreso de la Nación todavía tiene pendiente la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública que asegure un efectivo y ágil acceso a la información del Estado.

En 2003, un proyecto de ley obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero no fue aprobado en la Cámara alta y perdió estado parlamentario en 2006, lo que dejó inconclusa esta iniciativa de la Oficina Anticorrupción. En el nivel regional, la Argentina es de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública, aunque el Decreto 1.172/03, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, regula el acceso en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Pese a la carencia de una ley nacional, 12 de las 24 jurisdicciones del país avanzaron en iniciativas para promover mayores niveles de acceso a la información a través de diversas normativas. Ante la multiplicidad de iniciativas a nivel provincial y local, la necesidad de contar con un marco que articule estas normativas en el nivel federal se torna, entonces, evidente.

En este contexto, el Congreso de la Nación ha sido recientemente el escenario de un renovado impulso por consolidar la promoción de un marco legal que garantice el respeto de este derecho humano fundamental, no sólo útil para impulsar la transparencia del Estado sino también el ejercicio de otros derechos, como la salud o la educación. Más de 17 proyectos de ley sobre acceso a la información pública han sido presentados por distintos legisladores, y algunas de las iniciativas ya se debaten en ambas Cámaras. Al mismo tiempo, el proceso de debate se ha ampliado y se incorporaron recomendaciones de expertos de instituciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, entre ellas CIPPEC.

Algunos de los proyectos adoptan las recomendaciones que al respecto hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) en su “Ley Modelo” y cuentan con cláusulas específicas que crean una sólida autoridad de aplicación de la ley, encargada de asegurar el respeto de los mecanismos de acceso a la información por parte de todas las dependencias gubernamentales. La OEA también aboga por el establecimiento de procesos que respondan a los principios de informalidad, gratuidad y máxima transparencia al definir los mecanismos concretos de acceso a la información. En este sentido, algunas de las iniciativas que se encuentran en debate en el Parlamento proponen cláusulas claras al respecto, y brindan herramientas concretas para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información. Entre otras cuestiones, para asegurar que todos los ciudadanos sean libres de pedir la información adecuada, es necesario reducir los requisitos formales al mínimo indispensable: el patrocinio letrado o la exigencia de aranceles para iniciar los trámites no deberían primar sobre el derecho a la información.

El acceso a la información pública garantiza la existencia de mecanismos de rendición de cuentas del Estado. Abrir nuevas vías de información transparenta procesos históricamente ligados con la reproducción de prácticas clientelares, habilita espacios de monitoreo ciudadano y legitima el trabajo de los buenos funcionarios públicos, entre otras cuestiones. El ejercicio del derecho de acceso a la información mina la cultura del secreto e, incluso, puede resultar en una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Desde CIPPEC celebramos la discusión de estos proyectos de ley en el Congreso, que promueven la transparencia y la rendición de cuentas del Estado. Los actuales debates parlamentarios son una oportunidad única para cancelar una de las deudas pendientes en materia legislativa que dejó la reforma constitucional de 1994 y garantizar la vigencia plena del derecho a la información.

En pleno debate parlamentario

Campaña por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública

Organizaciones de la sociedad civil promueven la adhesión a la campaña ”Saber es un derecho, ¡Que ahora sea ley!”, por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Actualmente, la discusión se da en simultáneo en ambas cámaras del Congreso.

(Buenos Aires, 8 de julio de 2010) – Luego de que el acceso a la información pública recobrara protagonismo en el Congreso, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en pos de la plena vigencia de este derecho en la Argentina, lanzó la campaña “Saber es un derecho, ¡Que ahora sea ley!” para involucrar a la ciudadanía en el reclamo por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

La Campaña, que está abierta a adhesiones a través del sitio http://www.saberesunderecho.org, busca destacar la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales (como la salud y la educación), monitorear la transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.

En un documento entregado a todos los senadores y diputados de la Nación, el grupo de organizaciones reclama la sanción de la demorada ley y plantea los estándares mínimos que debería cumplir para garantizar el ejercicio pleno de este derecho que, desde 1994, está reconocido en forma expresa en la Constitución Nacional.

Si bien el derecho de acceso a la información pública tiene plena vigencia en nuestro país por su recepción constitucional, una ley específica permitiría garantizar reglas claras para su ejercicio y posibilitaría que toda persona pueda reclamar ante los organismos del Estado distintos datos y documentos públicos.

La coalición de organizaciones abajo firmantes sostiene que una ley de acceso a la información pública debe establecer mecanismos claros para poder reclamar y recibir información que se encuentra en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de crear una autoridad de aplicación eficaz, fijar plazos breves para la entrega de estos datos y establecer excepciones concretas en las que sea posible restringir la información, entre otros aspectos relevantes.

La presentación de varios proyectos de ley por parte de un alto número de representantes de todo el espectro político, potenció el debate parlamentario en el Congreso Nacional. La sociedad civil celebra este avance, pero llama la atención sobre el tratamiento simultáneo que se le está otorgando en ambas cámaras y pide a senadores/as y diputados/as, que coordinen el trabajo y generen los consensos necesarios para sancionar la mejor ley posible.

Sucede que, sancionar una ley de acceso a la información es una deuda pendiente en la Argentina. Su tratamiento fue repetidamente postergado desde que a fines de 2005 perdiera estado parlamentario un proyecto que contaba con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y que había sido elaborado con un alto grado de participación por parte de distintos actores sociales.

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