En una causa iniciada por el Grupo Clarín contra la ley de servicios de comunicación audiovisual, la Cámara Civil y Comercial Federal ratificó la suspensión del artículo 161 (plazo de desinversión de los actuales operadores) y en cambio revocó la medida

EN UNA CAUSA QUE HABIA INICIADO EL GRUPO CLARIN

Confirman la suspensión de un artículo de la nueva ley de medios

Es el que establecía el plazo de un año para que las empresas se adapten a la norma.

En un fallo con claras apelaciones a la libertad de prensa y otros derechos constitucionales, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el fallo del juez Edmundo Carbone que, en diciembre pasado, había ordenado una medida cautelar que suspendía la aplicación del artículo 161 de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, que establece el plazo de un año para que las empresas de medios se adecuen a la nueva regulación. El tribunal revocó la suspensión del artículo 41 que había dispuesto Carbone, y que se refiere a la transferencia de licencias.

Así, la Cámara ratificó la validez de las licencias legalmente otorgadas a los medios audiovisuales y la previsibilidad de las inversiones realizadas por estos para el cumplimiento de su objeto.

La causa había sido iniciada por el Grupo Clarín y el fallo de primera instancia apelado por el Estado Nacional. Según indicó el tribunal, “la ley 26.522 modificó las reglas de juego a las cuales las empresas habían ajustado su comportamiento y realizado sus inversiones, con afectación de derechos adquiridos cuando se les otorgaron las licencias”. Para el Tribunal, esta alteración “podría afectar la actividad periodística, con claro desmedro de la libertad de prensa por conductas que serían manifiestamente incompatibles con los principios del artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.

El fallo destacó que en la ley de medios hay una contradicción entre los artículos 41 y 161 de la ley. “La interacción simultánea y conjunta de ambas disposiciones legales conduce a una desinversión forzada que altera el régimen tutelado por la ley 22.285 . con prescindencia de los planes de inversión y de conductas consolidadas al amparo de situaciones conformes al decreto 527/05. Ello es así no obstante que los considerandos de esta última norma expresaron la necesidad de asegurar un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos necesarios para recomponer la situación económico-financiera de los medios audiovisuales, por ser apreciados útiles al desarrollo social y económico en general”, indicó.

Y añadió: “La aplicación conjunta a la parte actora de los artículos 41 y 161 de la ley 26.522 importan consecuencias que modifican de modo sustancial las reglas de juego a las cuales tales empresas habrían ajustado su comportamiento y realizado sus inversiones, con afectación de derechos subjetivos adquiridos al amparo de la legislación vigente al tiempo del otorgamiento de las licencias y autorizaciones, o de su prórroga, o de la suspensión de los términos que estuvieran transcurriendo (art. 1° del decreto 527/05)”.

“La situación expuesta torna verosímil que las demandantes se encuentren forzadas en un plazo sorpresivo, breve y fatal a vender las licencias que permitirían que una actividad sea económicamente sustentable y, a la vez, que les sea jurídicamente imposible en razón del artículo 41 de la ley 26.522, desprenderse de las licencias o autorizaciones cuya explotación no fuese redituable, provocando en forma conjunta un efecto de indefensión patrimonial que afecta la seguridad jurídica y pone en crisis el derecho de propiedad de las actoras (art. 17 y 18 de la Constitución Nacional)”, resaltó.

El Tribunal consideró eliminado “el efecto nocivo de la interacción de las dos normas impugnadas, en razón de la suspensión -que se confirma- de la aplicación del art. 161”.

El fallo lleva la firma de los jueces María Najurieta y Francisco de las Carreras.