El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, denunció al directorio de Papel Prensa al detectar inconsistencias en los balances de la empresa (nota de Fernando Krakowiak en Página 12). Asimismo, el ministro de Economía, Amado Boudou, presentará al Congreso un informe sobre “subadministración” en Papel Prensa, por irregularidades anticompetitivas que habría cometido la empresa de la que el Estado forma parte desde 1976 junto a Clarín y La Nación (nota publicada en Página 12, por Cristian Carrillo y Sebastián Premici). Según Sebastian Iñurrieta, de Perfil, el gobierno denunciaría a Papel Prensa también por daño ambiental. La judicialización del caso y las relaciones propietarias de la sociedad con la dictadura militar. Además, la Comisión Nacional de Valores declaró “irregulares e ineficaces” las decisiones que adoptó la reunión de directorio del 4 de noviembre pasado y el secretario Moreno, pidió pericia psiquiátrica para el responsable de relaciones corporativas de Clarín, Jorge Rendo. Nota de Diego Genoud en Crítica.

ECONOMIA › EL SECRETARIO DE COMERCIO ACUSO AL DIRECTORIO DE OCULTAR Y FALSEAR INFORMACION

Papel Prensa, sospechas y denuncia

Moreno los denunció penalmente de haber difundido supuesta información falsa e incompleta sobre hechos relevantes vinculados con la situación económica de la empresa. El delito prevé penas de hasta dos años de prisión.

Por Fernando Krakowiak

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, denunció ayer penalmente al directorio de Papel Prensa por haber difundido supuesta información falsa e incompleta sobre hechos relevantes vinculados con la situación económica de la empresa. El delito está contemplado en el artículo 300 del Código Penal y prevé penas de hasta dos años de prisión. Las irregularidades que denuncia se habrían cometido durante la aprobación del último balance trimestral y ya dieron lugar al inicio de un sumario por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El ministro de Economía, Amado Boudou, ratificó además que se intentará precisar si los diarios Clarín y La Nación, socios mayoritarios, utilizaron a la firma productora de papel para beneficiar a sus empresas vinculadas.

Moreno firmó la denuncia por estar a cargo de los derechos correspondientes al capital que el Estado posee en Papel Prensa. En el escrito, cuestiona la legalidad de dos reuniones consecutivas de directorio efectuadas el 4 de noviembre y una serie de hechos posteriores vinculados que ya están siendo investigados por la CNV. La diferencia es que la CNV analiza si se violaron los procedimientos administrativos que garantizan la transparencia independientemente de los motivos, mientras que Moreno al presentarse en el fuero Penal Económico ya está presuponiendo una intencionalidad delictiva por parte de los accionistas mayoritarios.

Las reuniones de directorio del 4 de noviembre fueron convocadas a las 11.45 y a las 12 horas. En la primera se renovaron las autoridades, siendo elegido Alberto Maquieira como nuevo presidente, en lugar de Luis María Julio Blaquier, mientras que en la segunda se aprobó el balance trimestral. El problema es que la CNV constató durante las verificaciones realizadas los días 6,9 y 10 del mismo mes que el balance fue firmado por Saguier, quien había dejado de ser presidente en la reunión anterior. Además, las actas de directorio se encontraban incompletas y sin la firma de quienes habían estado presentes. Eso motivó el inicio de un sumario a través de una resolución publicada el lunes pasado.

El organismo regulador recordó allí que el artículo 54 del Código de Comercio establece la prohibición no “sólo de alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas (…) sino hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas”, pues los errores u omisiones se deben salvar por medio de un nuevo asiento. Con respecto a las actas incompletas, sostuvo que “el incumplimiento de las firmas de las actas (…) afectan en principio la validez del acto y quebrantan las normas específicas del Código de Comercio”.

La empresa dejó trascender al día siguiente a través del diario Clarín que la CNV “sacó conclusiones sobre actas provisorias” y aclaró que “no existe ninguna norma vigente que establezca que para que las decisiones de una reunión de directorio sean válidas deben redactarse y volcarse en el libro de actas en plazo casi simultáneo con la clausura de la reunión”. Allí también se afirmó que Alejandro Vanoli, flamante titular de la CNV, había publicado la resolución cumpliendo “con las exigencias de Guillermo Moreno”.

“Ahora dicen que soy morenista, pero cuando hay inconsistencias, cuando faltan firmas, cuando no hay actas, eso no es de izquierda ni de derecha, no es kirchnerista ni morenista. Son errores y lo que hizo la CNV es decir que cuando las reuniones de directorio no cumplen las formalidades las decisiones son irregulares e ineficaces”, respondió ayer Vanoli, antes de que se conociera la presentación judicial que realizó Moreno.

Los cuestionamientos que formula la CNV probablemente puedan ser subsanados con la realización de otra reunión de directorio donde se apruebe de nuevo el balance. En ese caso, la denuncia penal no tendría demasiado futuro. Sin embargo, Boudou dejó en claro ayer que la intención oficial es ir más allá. “Lo que queremos analizar, porque es nuestra presunción, es si los socios mayoritarios han utilizado eventualmente la firma para beneficiar a sus empresas vinculadas”, aseguró.

ECONOMIA › EL ESTADO RECLAMO QUE LOS ACCIONISTAS DE CONTROL DE PAPEL PRENSA ABRAN LA INFORMACION

El socio que pregunta y no responden

El Estado participa con un 27 por ciento del capital de Papel Prensa. Reclama conocer información comercial, de costos y precios para verificar si no hubo manejos arbitrarios en un mercado sumamente concentrado.

Por Cristian Carrillo y Sebastián Premici

El gobierno nacional solicitó ayer al Congreso la posibilidad de realizar una presentación formal explicando la “marcha” y “devenir” del conflicto con Papel Prensa. El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció en rueda de prensa que explicará en estos días ante la Cámara baja los motivos por los cuales solicita información sobre el manejo de la compañía, de la que el Estado tiene 27 por ciento de participación accionaria. “Nos preocupa que pueda haber existido una subadministración de la empresa”, argumentó el titular del Palacio de Hacienda. Luego del sumario que la Comisión Nacional de Valores (CNV) dictó sobre la compañía con mayoría accionaria de Clarín y La Nación, el Ejecutivo hará esta “jugada política” para presionar a que presente información de sus balances y su estructura de negocios. “Es una ofensiva parlamentaria para generar atención y tensión en el Congreso”, señaló a Página/12 una alta fuente del bloque kirchnerista. El ministro reiteró que la situación de la papelera tiene que dejar de ser un “tema tabú”.

“Hemos pedido a la Cámara de Diputados que nos permita hacer una presentación ante las comisiones de Hacienda y Finanzas, de Comercio e Industria y de Libertad de Prensa”, anunció Boudou en una reducida rueda de prensa, citada sobre la hora. Aseguró que la intención oficial es, “con seriedad y profesionalismo, acceder a la información en calidad de socios”. “Es una estrategia política de poner al Parlamento también en esa discusión”, señaló la fuente del Congreso.

El ministro recordó que la empresa nació en base a beneficios extraordinarios que otorgó el Estado nacional para la fabricación de papel. “A finales de la década del 60 se consolidó, a partir de condiciones ventajosas para poder desarrollarse (trabas a la importación)”, agregó. En los últimos días, la controversia estuvo vinculada con hechos jurídicos de las asambleas de accionistas, la conformación del directorio y la presentación en tiempo y forma de balances en la CNV. El ente regulador decidió sumariar a los directores y síndicos. “Pero es el hecho más ruidoso que menos nos preocupa”, afirmó el ministro.

Boudou informó que hace cuarenta días comenzó a solicitar información a Papel Prensa sobre el detalle de las funciones de costos, precios de ventas, estrategias comerciales y descuentos que reciben algunos socios vinculados. “Eso ya es grave desde el punto de vista de una empresa que cotiza en la Bolsa”, señaló Boudou, quien agregó: “Mucho más grave es cuando quien lo requiere tiene más de un cuarto del capital y ha sido uno de los pilares en la formación de dicha empresa”.

En los últimos días se generó mucho ruido mediático. “Es un debate que tiene menos que ver con los nombres propios y más con las cuestiones objetivas”, opinó el ministro. El Estado nacional podría manifestar que fue perjudicado como socio y además se sancionaría a la empresa por constituir una barrera a la competencia en el “mercado informativo y de publicación de periódicos”. “La libertad de prensa también se defiende por la igualdad de oportunidades en el acceso a los insumos de los distintos medios periodísticos”, manifestó Boudou, agregando fuego a la disputa abierta en oportunidad del debate de la ley de medios audiovisuales.

La investigación que pretende impulsar el Gobierno es para conocer si se utilizó un mecanismo de descuentos que hubiera sido abusivo, como pantalla de un “mecanismo de precios de transferencia”. “Eso hubiera perjudicado a otros diarios del interior del país y de Capital Federal, porque si no lo pueden comprar tienen que importarlo y eso hace que sus costos sean más importantes”, explicó.

Las asambleas estuvieron –según fuentes oficiales– plagadas de desprolijidades, lo que determinó un sumario a la compañía. El órgano regulador, que conduce Alejandro Vanoli, emitió un comunicado desestimando que las medidas se relacionen con los cambios en el ente. “Este tipo de medidas se hacen siempre, se hizo con el apoyo de todo la línea de la CNV y la fiscalización comenzó hace ya varios meses”, argumenta.

medios, negocios y poder

Piensan en denunciar a Papel Prensa por violar la competencia

La estrategia de Néstor Kirchner para hacerse del control de la empresa dominada por Clarín y La Nación contemplaría acusaciones de comportamiento monopólico y daño ambiental.

Por Sebastian Iñurrieta

Ya son siete los funcionarios que dejaron su cargo en apenas cuatro meses empujados en la carrera de Guillermo Moreno para tomar el control de Papel Prensa. Aún sin una estrategia definida en su totalidad para tomar el volante de la fábrica propiedad de Clarín, La Nación y el propio Estado nacional, Néstor Kirchner instruyó al sheriff de los precios para que los representantes oficiales no aprueben los balances contables de la empresa.

Quienes se negaron a obedecer fueron suplantados por hombres de confianza del “soldado”, como se autodenomina. En el listado se encuentran el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Eduardo Hecker, los ex directores por el Estado en Papel PrensanCarlos Mauricio Mazzón y Juan Drucker, luego de que saliera Carlos Collasso, quien denunció “aprietes” contra los directivos del Estado en la compañía.

El último paso de Moreno tuvo como consecuencia la eyección del Síndico General de La Nación, Carlos Alberto Pacios y el de los síndicos, de la compañía por el Estado, que fueron colocados por la SIGEN, Carlos María Vidal y Alejandro Turri. Ayer, se oficializó el reemplazo de Pacios, quien había hecho carrera en el organismo de la mano de Alberto Fernández, por Daniel Reposo, un hombre que le reporta al ministro de Economía, Amado Boudou.

Todos estos cambios comenzaron con la llegada a Papel Prensa de la espada morenista en la intervención en el INDEC, Beatriz Paglieri. Nadie se anima a arriesgar cuáles serán los próximos.

“Después de la Ley de Medios, vamos por Papel Prensa”, auguran varios kirchneristas de paladar negro que siguen festejando el éxito de la batalla legislativa.

Ya sea para asfixiar a los diarios o para mantenerlos en vilo con una eventual amenaza de falta de papel, juran que Néstor Kirchner digita desde Olivos un plan para aumentar el poder de decisión del Estado en la empresa mixta, en la que hoy es el socio minoritario. Los recientes desplazamientos serían una prueba de ello: si los representantes estatales no avalan en los informes contables, como cotiza en Bolsa, podría iniciar una investigación la Comisión Nacional de Valores, cuyo titular fue uno de los que no soportó el embate de Moreno.

Kirchner, además, evalúa tres frentes de batalla para incomodar a Papel Prensa. Uno de ellos es desempolvar una causa por contaminación (ver aparte) y los otros dos conllevan un camino más largo y engorroso pero que serían más terminantes: iniciar un expediente en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y negar judicialmente la validez del traspaso de los activos de la empresa en plena dictadura militar.

La Corte define sobre medio ambiente

En el despacho del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, descanza un expediente por la infracción a la ley 24.951, de Residuos Peligrosos, contra Papel Prensa.

En mayo, el municipio de Baradero se presentó como querellante y el fiscal Juan Murray solicitó un nuevo peritaje.

“Cuesta $160 mil y estamos a la espera de que lo envíe el Consejo de la Magistratura”, relató a PERFIL el intendente Aldo Carossi.

“Esta causa es anterior a la pelea del Gobierno con Clarín, no tiene nada que ver”, agregó el jefe comunal de San Nicolás para desligar la lucha ambiental de los deseos del matrimonio presidencial.

Lo cierto es que Kirchner podría tener una gran oportunidad para darle un fuerte dolor de cabeza a Papel Prensa: la clausura provisoria de la empresa y tener que pagar una millonaria multa.

Incluso la Corte Suprema podría meterse en el medio de la puja. Actualmente, el máximo tribunal tiene pendiente resolver si la supuesta contaminación del río Baradero le corresponde investigarla a la justicia federal o a la provincial.

“Hoy no es un tema prioritario hasta diciembre”, dejaron trascender desde la Corte.

moreno pidió una pericia psiquiátrica a rendo, directivo de clarín y papel prensa

Un vale todo en la guerra por los medios

El mismo día en que la Comisión Nacional de Valores (CNV) observó un acta de la papelera, el secretario de Comercio avanzó contra uno de los principales ejecutivos del Grupo Clarín. Los accionistas privados de Papel Prensa hablan de “hostigamiento”.

Diego Genoud – 24.11.2009

El Estado nacional redobló ayer la embestida contra sus socios en Papel Prensa, Clarín y La Nación. En el mismo día, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se presentó ante la Justicia para solicitar que el Cuerpo Médico Forense realice un “examen de las facultades mentales” del vicepresidente de la compañía y director corporativo de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y la Comisión Nacional de Valores declaró “irregulares e ineficaces” las decisiones que adoptó la reunión de directorio del 4 de noviembre pasado.

El pedido de Moreno fue una respuesta a la denuncia que Rendo había realizado, el mes pasado, contra el funcionario por abuso de autoridad e intimidación tras la presentación que Carlos Collaso, representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de la compañía, había hecho ante un escribano público. Allí, Collaso denunciaba que el secretario de Comercio habría afirmado que “afuera tenía a sus muchachos expertos en partir columnas”.

La resolución 16.222 de la CNV dejó sin efecto las renuncias de los directores que representaban al capital privado: Francisco Acevedo, Luis María Saguier, Ignacio Driollet y Marcelo Trivarelli “por no haberse acreditado la confección de las respectivas actas en debida forma y su trascripción en el libro correspondiente”. La decisión, que lleva la firma del flamante presidente de la CNV, Alejandro Vanoli; del vicepresidente, Hernán Fardi, y del director, Héctor Helman, recuerda que el 5 de noviembre ingresó como hecho relevante a la Autopista de la Información Financiera (AIF) de la CNV una comunicación “que indicaba que el 4 de noviembre de 2009, el directorio aceptó por unanimidad las renuncias de un director titular y de tres suplentes” y sostiene que “según las verificaciones efectuadas en Papel Prensa, no existen actas de directorio que avalen lo informado a través de la AIF, ni tampoco la aprobación de los estados contables”.

En diálogo con Crítica de la Argentina, fuentes de la CNV dijeron que los controles de legalidad “no discriminan empresas” y que la decisión tiene que ver con irregularidades en la redacción del acta del directorio y alteración del orden del día. La CNV le abrió un sumario a la compañía, que debe responder antes de que la entidad avance con los próximos pasos. “Más allá de las suspicacias, no es la primera vez que se abre un sumario. De hecho, está el antecedente TGN”, afirmaron.

En tanto, la presentación de Moreno ante el juzgado de Octavio Aráoz de Lamadrid para reclamar una pericia psiquiátrica para Rendo sostiene que el contenido de la reunión que Collaso relató ante un escribano público “ha sido tergiversado en Clarín, con la utilización de algún ex funcionario confundido en sus intereses”. Moreno afirma que Clarín difunde una “extraviada” y “enajenada construcción de la ‘realidad’ que luego termina llevándola a sede judicial, con el fin de obtener con ello la ‘noticia’ del día siguiente”. “El diario entonces podrá decir que ‘existe ya una pesquisa penal’ sobre un asunto, que adquiriría de esta manera ‘entidad’ propia (…). Con lo cual, este absurdo jurídico, en lugar de nutrirse de la realidad, se nutre de la ‘fantasía mediática’ que el propio diario creó”, sostiene el secretario K.

Pese al juego de pinzas del gobierno nacional sobre la compañía, desde el Poder Ejecutivo aseguraron ayer a este diario que, al menos hoy, la intención no es expropiar ni intervenir “sino representar los intereses del Estado”. Para explicarlo, repiten una frase que adjudican al propio Moreno: “Antes los nuestros se sentaban a tomar cafecito y aprobaban todo. Pero ahora no les vamos a dejar pasar ninguna. Ya no vamos a permitir que se coman al Estado”.

En tanto, fuentes relacionadas con los accionistas privados de Papel Prensa consideraron que la resolución de la CNV “es coherente con el plan de hostigamiento del Gobierno que pretende intervenir la administración de la empresa para manejar el suministro de papel para diarios en un nuevo ataque a la libertad de prensa”.

“No existe ninguna norma vigente que establezca que para que las decisiones de una reunión de directorio sean válidas deban redactarse y volcarse en el libro de actas en plazo casi simultáneo con la clausura de la reunión”. En Clarín y La Nación argumentan que el artículo 73 de la ley de sociedades comerciales establece un plazo de cinco días para la confección y firma del acta que refleje lo resuelto en “asambleas”, pero no fija plazos para las reuniones de directorio. “Pese a que las actas de directorio fueron transcriptas a libros dentro de ese término, la CNV tomó una decisión que carece de todo respaldo legal y constituye una arbitrariedad manifiesta”.